EL CAIRO.- La
Corte Suprema egipcia convalidó este jueves la candidatura del último
primer ministro del depuesto jefe de Estado Hosni Mubarak y declaró
ilegítimo al Parlamento dominado por los islamistas, que denunciaron un
"golpe de Estado militar" a dos días de las presidenciales.
"La Corte Constitucional afirmó en el detalle de su veredicto que las
elecciones parlamentarias no fueron constitucionales y que toda la
composición del parlamento es ilegítima desde su elección", indicó la
agencia oficial Mena.
Los miembros del Consejo Militar estaban reunidos y no se
pronunciaron sobre el veredicto inmediatamente pero según una fuente
castrense esta decisión devolvería al ejército el poder legislativo.
El veredicto abre además el camino para una posible disolución o neutralización del parlamento.
"No lo queremos (el poder) pero de acuerdo con la decisión de la
Corte y esa ley (el poder) vuelve a nosotros", indicó esta fuente.
Tras la rebelión popular del año pasado que derrocó a Hosni Mubarak,
el ejército suspendió la Constitución y dejó el poder en manos de los
generales, que dirigen el país a través de un Consejo Supremo de las
Fuerzas Armadas (CSFA).
Faruq Sultan, el jefe de la Corte Constitucional, aseguró que esta
decisión deja "vacío" el parlamento y que tiene que ser respetada por
las autoridades.
Por su parte un alto responsable de los Hermanos Musulmanes consideró la decisión como "un golpe de Estado militar".
"Es un golpe de Estado militar total en el que el Consejo Militar
borró el periodo más honorable de la historia de nuestra patria", dijo
Mohamed Beltagui en la página Facebook de los Hermanos Musulmanes.
La cofradía tiene más de la mitad de los escaños del parlamento tras
las elecciones legislativas que se celebraron entre noviembre y febrero.
Según este diputado y dirigente del Partido de la Libertad y la
Justicia (PLJ), la vitrina política de los Hermanos Musulmanes, "este
golpe de Estado empezó con la absolución de los altos responsables de la
seguridad en el juicio de Mubarak", el pasado 2 de junio.
"Y (el golpe) se termina dos días antes de la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales, con la invalidación de la llamada ley de
aislamiento político", añadió.
En otra decisión este jueves, la Corte Suprema decidió invalidar esta
ley, que prohíbe a los ex altos cargos del régimen de Hosni Mubarak
presentarse a las elecciones, lo que permitirá a Ahmed Shafiq ser
candidato a las presidenciales que se celebran este fin de semana.
Shafiq, último primer ministro de Mubarak, se enfrentará en la
segunda vuelta de las presidenciales, el 16 y el 17 de junio, a Mohamed
Mursi, candidato de los Hermanos Musulmanes.
El edificio de la Corte Suprema, en el sur de El Cairo, fue puesto
bajo vigilancia del ejército y varias personas se manifestaron para
protestar contra estas decisiones.
"Esto quiere decir que la revolución se ha terminado", dijo un
manifestante que vino a protestar contra la decisión de mantener a
Shafiq como candidato, acusado por sus detractores de ser el favorito
del consejo militar que dirige el país.
"No queremos más 'fulul'", gritaron los manifestantes, un término peyorativo para designar los "restos" del antiguo régimen.
La ley invalidada este jueves prohibía ejercer derechos políticos
durante diez años "a cualquier presidente de la República,
vicepresidente, Primer Ministro, presidente del Partido Nacional
Demócrata (PDN, partido de Mubarak), hoy disuelto, secretario general o
miembro de su consejo político".
Esta ley, calificada de "selectiva y vengativa" por la defensa de
Ahmed Shafiq, concierne a las personas que ocuparon alguno de estos
puestos durante los diez años anteriores al 11 de febrero de 2011, la
fecha de la caída de Mubarak por la presión popular.
Durante un mitin electoral, Shafiq se mostró satisfecho con una "decisión histórica" del Tribunal Constitucional.
Excomandante del ejército del aire y luego ministro de la Aviación
Civil, Shafiq, de 70 años, fue nombrado primer ministro justo antes de
la caída de Mubarak y sus detractores consideran que su victoria en las
presidenciales arruinaría las esperanzas prodemocráticas de la revuelta
popular.
