lunes, 30 de junio de 2014

El socialista Pedro Sánchez se declara partidario de una reforma constitucional en clave federal

MADRID.- El candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez ha insistido este lunes en que él empezó su carrera "solo" y que ha ido creciendo "y mucho, en apoyos". 

 "Ahora somos una mayoría los que aspiramos a un cambio auténtico, desde abajo, no a un cambio dirigido, es a lo que yo aspiro", ha dicho.
Sánchez se ha expresado así en una entrevista en Onda Cero después de conocerse que fue el aspirante más avalado, con más de 41.000 avales frente a los más de 25.000 de Eduardo Madina y de los apenas 10.000 de José Antonio Pérez Tapias.
Además, se ha mostrado "muy orgulloso" del fuerte apoyo que ha recibido en Andalucía pero ha subrayado que ha tenido un buen resultado en toda España. "Lo importante es convertir ese depósito de confianza en una alta participación y respaldo", ha añadido.
El diputado madrileño ha admitido que corresponde a los militantes dirimir entre los "matices" que existen entre sus propuestas y las de Madina y Pérez Tapias, pero ha hecho valer su condición de "profesor de Economía" para propugnar la creación de un modelo económico "alternativo y diferente" al del PP.
También ha destacado que el principal empeño del PSOE debe ser combatir la desigualdad, y ha destacado que este lunes en Castilla y León hablará de las complicaciones para acceder a la Justicia a causa de las tasas judiciales y del abandono de los abogados del turno de oficio.
Según ha dicho, él es partidario de la intervención del Estado en la economía y en el funcionamiento de los partidos, restringiendo al máximo el aforamiento de los diputados, limitando a dos los mandatos del presidente del Gobierno, y acabando con la injerencia del Ejecutivo en el judicial, en asuntos como los indultos.
En materia territorial, ha destacado que su propuesta es la Declaración de Granada, no un referéndum "legal y pactado" sobre Cataluña, sino una reforma federal de la Constitución para resolver éste y otros problemas.
A Sánchez le han preguntado si se considera guapo y ha respondido: "Si es bien intencionado no tengo ningún problema, pero no estoy en política por eso sino para defender las ideas del socialismo, y si no es bien intencionado me da exactamente igual".

Los socialistas andaluces relativizan la importancia de la procedencia de los apoyos recibidos por los candidatos

SEVILLA.- El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha tildado hoy de "chorrada" alguna de las interpretaciones sobre los avales de los militantes de esta federación a los candidatos a la Secretaría General del partido porque "cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana".

"No cabe ninguna interpretación, cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana, todo lo demás es ruido", ha aseverado Cornejo en conferencia de prensa, en la que se ha preguntado si el aval de un militante de Badajoz, por ejemplo, es "distinto" al de un afiliado de Sevilla.
El dirigente socialista se ha referido de esta forma, a preguntas de los periodistas, al hecho de que Pedro Sánchez haya conseguido más de un tercio de los apoyos en Andalucía, algo que cree que ha podido deberse a "cuestiones diversas", tras lo que ha recordado que se trata de la fase de recogida de avales y que las primarias para elegir al nuevo secretario general del PSOE serán el día 13.
Interpelado sobre si el hecho de que Eduardo Madina solicitara formalmente que se conociera la procedencia de los avales ha podido suponer una cierta "mancha" a los "aparatos" del partido, el número dos del PSOE andaluz ha replicado visiblemente molesto: "¿Qué aparato", tras lo que ha recordado que el propio Madina ha sido durante varios años miembro de la Ejecutiva federal.

Podemos critica la ´ola´ de ´difamaciones´ hacia Iglesias

MADRID.- Podemos ha criticado este lunes que se utilice el terrorismo como "arma arrojadiza" contra su líder, Pablo Iglesias, de la misma manera, según ha afirmado, en que le ocurrió al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por las conversaciones de su Gobierno con la banda terrorista.

Así se ha defendido el partido de Iglesias ante la información publicada por el diario 'El Mundo' sobre posibles contactos del líder de Podemos con la organización de apoyo a los presos de ETA, la desmantelada Herrira.

A este respecto, Podemos recuerda que la "posición de condena al terrorismo" tanto del propio partido como de su portavoz es "clara y conocida" y ha explicado que en su etapa de conductor del programa 'La Tuerka', Pablo Iglesias "ha mantenido diferentes reuniones con asociaciones legales de toda índole que a diario se relacionan con periodistas y medios de comunicación".

En opinión de Podemos, es "preocupante que se haya convertido en moneda corriente que determinados medios de comunicación usen el terrorismo como arma arrojadiza". Esto, asegura, es lo que le sucedió a Zapatero cuando fue "acusado de complicidad con ETA".

"Esta actitud contrasta con el hecho de que todos los presidentes de la democracia, así como dirigentes de los dos grandes partidos, hayan participado en conversaciones con miembros de ETA", apunta Podemos.

El CGPJ reclama al fiscal Horrach que no desacredite al juez Castro

MADRID.- La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reclamado hoy al fiscal anticorrupción Pedro Horrach que no utilice expresiones que puedan desacreditar "injustificadamente" la labor del juez del caso Nóos, José Castro.

Aunque en ningún momento el acuerdo del CGPJ cita el caso ni al juez ni al fiscal, la declaración ha sido aprobada esta tarde después de que de los vocales progresistas del Consejo del Poder Judicial pidieran que se actuase contra el fiscal por las "imputaciones" que aseguran que ha hecho contra el juez en su recurso contra la imputación de la infanta Cristina.
El CGPJ considera necesario en su acuerdo, aprobado por unanimidad, solicitar "de todas las partes en cualesquiera tipo de procesos y actuaciones judiciales, que no utilicen expresiones que puedan desacreditar, injustificadamente y al margen de las consideraciones jurídicas del procedimiento, la labor jurisdiccional" de los jueces y magistrados.
El órgano de gobierno de los jueces ha advertido de que la utilización en escritos o alegaciones procesales de expresiones "que puedan sembrar dudas sobre la objetividad e independencia" de los jueces en el ejercicio de su cometido, "más allá de la legítima y necesaria crítica a las resoluciones judiciales, no contribuye a reforzar la confianza de los ciudadanos en la Justicia".
El pasado jueves, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach sostuvo que el juez del caso Nóos basaba su decisión de mantener la imputación de la hermana del Rey en "meras conjeturas", al tiempo que consideró que sufría "contaminación judicial por la influencia de los medios de comunicación" y despreciaba indicios exculpatorios.
El Poder Judicial ha recordado que el pasado 23 de enero ya puso de manifiesto en otro acuerdo que los jueces asumen la decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar los derechos y libertades "en condiciones de independencia, imparcialidad y responsabilidad".
Subraya, asimismo, el CGPJ que la confianza pública que merecen los jueces en su trabajo reclama "de todos los agentes públicos y de la ciudadanía en general el necesario respeto a la actuación de los órganos judiciales".
La reacción del Poder Judicial se ha producido a instancia de los seis vocales progresistas, que reclamaron que el CGPJ manifestara la necesidad de que las partes, en cualquier proceso, "mantengan el respeto y la lealtad institucional debidos y se cuiden de no desacreditar la labor jurisdiccional de los jueces y magistrados".
Los vocales que mostraban su preocupación "por las imputaciones" del fiscal fueron Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáenz y Pilar Sepúlveda.
Estos vocales han considerado que en el recurso el fiscal utilizó expresiones como que el juez se fundamenta en "el pilar inicial" de la "certeza absoluta" de la culpabilidad de la infanta o que el instructor tenía "el puerto de destino determinado antes de iniciar la investigación", con relegación de "los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia".
En su recurso contra la imputación de la infanta Cristina, el fiscal sostuvo en su escrito que el juez ha actuado "imbuido por oleadas previas de interesados inputs mediáticos" y le ha achacado que despreciara "indicios de notable fuerza exculpatoria" hacia la infanta.
Según el fiscal, el instructor ha construido "un andamiaje probatorio con una falsa apariencia de solidez" para imputar a la infanta, que se desmoronaría con "una leve brisa" porque se basa en tres circunstancias de "nulo valor incriminatorio": que es socia de Aizoon, esposa de Iñaki Urdangarin y pagó gastos personales con cargo a dicha empresa que poseen al 50 %.
El propio juez contestó, en declaraciones a los periodistas, que el fiscal tendría que haber presentado "una querella" contra él "por prevaricación" si considera que ha cometido este delito, tal como le atribuye en el escrito con el que recurre el auto en el que el magistrado mantiene la imputación de la infanta Cristina.
"Creo que si el Ministerio fiscal cree lo que escribe, y habría que suponer que sí, lo que tiene que hacer es presentar, tenía que haberlo hecho ya, una querella contra mí por prevaricación", afirmó el juez a su llegada a los juzgados.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha evitado hoy pronunciarse sobre la polémica: "No nos corresponde al Gobierno establecer ningún tipo de valoración ni opinión sobre un asunto que está en tramitación judicial", ha señalado.

El Partido Comunista chino continúa con su «purga» de exlíderes corruptos

PEKÍN.- El Partido Comunista de China (PCCh), formación política que mañana celebra el 93 aniversario de su creación, ha anunciado este lunes la expulsión de cuatro importantes ex altos cargos del régimen acusados de corrupción, lo que deja finalmente estos casos en manos de la justicia, tras meses de especulaciones. 

El Comité Central del PCCh, formado por los principales líderes del régimen y encabezado por el presidente Xi Jinping, confirmó la expulsión de Xu Caihou (número dos de la jerarquía militar hasta 2012), Jiang Jiemin (antiguo responsable de gestión de las empresas estatales), Li Dongsheng (viceministro de Seguridad Pública) y Wang Yongchun, quien fue ejecutivo de la mayor petrolera estatal, CNPC.
Sus nombres sonaban desde hace meses, años incluso, como protagonistas de investigaciones del comité anticorrupción del PCCh, aunque se ignoraba que el partido gobernante desde 1949 iba a sancionarlos simultáneamente y en la simbólica víspera de su principal efeméride. Destaca especialmente la expulsión de Xu, exgeneral del Ejército de Liberación Popular y antiguo vicepresidente de la Comisión Militar Central, ya que confirma el mayor escándalo de corrupción en las Fuerzas Armadas chinas, una institución que por su enorme poder sobre el PCCh se consideraba "blindada" ante los órganos antifraude.
"Las investigaciones hallaron que Xu se aprovechó de su cargo para ayudar en el ascenso de algunas personas, y aceptó sobornos personalmente o a través de familiares", indicó hoy en un comunicado el Comité Central. Durante meses los analistas barajaron la posibilidad de que el caso de Xu fuera "sobreseído" por el régimen comunista, debido a su delicado estado de salud, pero también a la enorme influencia del Ejército de Liberación Popular en la política china.
También hoy se anunció, aunque desde una instancia inferior al Comité Central, el departamento de disciplina del PCCh, la destitución del hasta ahora secretario del partido en Cantón, Wan Qingliang, también acusado de prácticas corruptas durante su gobierno en la cuarta mayor ciudad del país. La "purga" que hoy ha confirmado la formación política da gran publicidad a la campaña contra el fraude en las instituciones públicas que el presidente Xi ha convertido en una de las principales banderas de su mandato, iniciado en marzo de 2013.
Sin embargo, en los anuncios de hoy sigue habiendo un gran ausente, el exministro de Seguridad Pública y antiguo miembro del Comité Permanente del PCCh Zhou Yongkang, sobre el que también hay sospechas de corrupción y que, de un modo u otro, está ligado a los cuatro exlíderes expulsados por el Comité Central. Zhou coincidió con Li Dongsheng en la cúpula del Ministerio de Seguridad Pública, cuya cartera ocupó entre 2002 y 2007, y su ascenso político comenzó en los años 90 desde la directiva de CNPC, donde Wang Yongchun ya era un ejecutivo provincial y Jiang Jiemin fue posteriormente director general y presidente.
Menos directa es la relación de Zhou con el exgeneral Xu, aunque se les considera viejos aliados políticos y en 2012 llegaron a publicarse en la prensa sensacionalista informaciones, nunca confirmadas, de que Zhou y Xu habían estado detrás de un intento de golpe de Estado para apoyar a Bo Xilai, exlíder entonces destituido por corrupción y condenado a cadena perpetua en 2013. Decenas de políticos chinos, especialmente a nivel local y provincial, han sido destituidos o son investigados en la campaña contra la corrupción iniciada por el presidente Xi Jinping tras su llegada al poder en 2013.
Junto a los hoy expulsados, importantes "víctimas" de esta campaña han sido el exministro de Ferrocarriles Liu Zhijun, condenado a muerte el pasado año (aunque su pena será probablemente conmutada por cadena perpetua) y el exviceministro de planificación económica Liu Tienan, acusado la semana pasada de aceptación de sobornos (aunque lleva ya 13 meses detenido). Sin embargo, las autoridades chinas también han perseguido desde 2013 a militantes de organizaciones civiles como el movimiento "Nuevo Ciudadano" que buscaban, en la misma línea, denunciar públicamente a altos cargos corruptos o pedir a los líderes comunistas que hicieran públicos sus patrimonios.

Rajoy anuncia que se prevé reducir el número de aforados

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy ante el Comité Ejecutivo del PP la intención de estudiar una posible reducción del número de aforados que hay en España, han informado fuentes asistentes al encuentro.

Ese ha sido uno de los mensajes que ha lanzado hoy Rajoy a la dirección del PP, después de que varios partidos de la oposición hayan pedido abrir una reflexión sobre la conveniencia de reducir los casi 10.000 aforamientos que hay en España, entre los que se incluyen miembros del Gobierno, diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, y jueces y magistrados.
En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha explicado que la reducción del número de aforamientos -que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)- será uno de los asuntos que podrá estudiarse en la Escuela de Verano del PP, que se celebrará los días 10,11 y 12 de julio, en la que se abordarán medidas de regeneración democrática.
De esas medidas, Rajoy ha citado la reducción de los aforados y la elección directa de alcaldes, aunque estos asuntos -ha subrayado- se estudiarán en la escuela de verano de mediados de este mes.

Diego Torres alega que la Casa Real supervisaba todo en Nóos

PALMA DE MALLORCA.- La defensa de Diego Torres y de su esposa, Ana María Tejeiro, defiende en su recurso contra la imputación de ambos en el caso Nóos que la Casa Real realizaba un "exquisito y escrupuloso seguimiento" de toda la actividad de Iñaki Urdangarin que considera una garantía de su legalidad.

La representación del exsocio de Urdangarin, que ha presentado hoy un recurso de reforma contra el auto dictado el pasado día 25 por el juez José Castro, subraya que todo en el Instituto Nóos era "validado, autorizado, auspiciado, consentido, conocido, consolidado y demás por los más altos y prestigiosos asesores del Estado".
Según el abogado Manuel González-Peeters, los hechos que relata el juez, por los que le atribuye ocho delitos distintos tanto a Torres como a su mujer, no son ciertos; de serlo no constituirían infracción penal, y si fueran delitos ni Torres ni Tejeiro tenían idea de cómo actuar en contra de la ley.
El letrado manifiesta "asombro" por "el empecinamiento" del juez en mantener a Ana María Tejeiro imputada en la causa, algo que considera "sangrante" en comparación con la infanta, y asegura que "a ella eso de la igualdad de todos ante la Ley no le es de aplicación".
En el escrito detalla 71 diferencias entre la conducta de las dos mujeres imputadas en esta causa, como que la esposa de Torres no era socia del Instituto Nóos ni parte de su junta directiva ni figura en ningún folleto de la entidad y la hermana del Rey sí. Añade que "Ana María Tejeiro no pinta nada, nunca fue nada".
"No fue Ana María Tejeiro quien le pidió a su padre que hablase con su amigo Aga Khan para que asistiese o enviase a alguien al Valencia Summit", afirma el abogado entre otras cuestiones que en su opinión señalan a la infanta.