MADRID.- El Gobierno español asegura haber
rechazado un total de 49 peticiones de indulto durante 2013 por delitos
contra la Administración Pública y de Justicia y garantiza que aquellos
que sí concedió de forma "puntual" no afectan a su objetivo de
"erradicar la corrupción".
Ésta es la respuesta que el Ejecutivo ha dado a la portavoz
nacional de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien quería
conocer los motivos que llevaron al Gobierno a indultar el pasado 3 de
septiembre a una condenada a tres años de prisión por malversación de
bienes públicos.
En concreto, se trata de María Dolores Mateos Sánchez, miembro de la
dirección del PSOE en un barrio de Sevilla y colaboradora de
un diputado autonómico socialista imputado en el caso del escándalo de
los ERE en Andalucía.
La formación magenta pedía saber las razones de justicia, equidad o
utilidad pública para conceder dicho indulto, e instaba, además, al
Gobierno a pronunciarse sobre si este tipo de indultos son "compatibles"
con su discurso de regeneración democrática y lucha contra la
corrupción.
En su respuesta, el
Ejecutivo explica que acordó el indulto de Mateos Sánchez "absolutamente
de acuerdo" con el parecer manifestado tanto por el Tribunal
sentenciador como por el Ministerio Fiscal, que en sus informes
favorables a la concesión de esa medida de gracia resaltaban el tiempo
transcurrido desde la comisión del delito y la posibilidad de propiciar
la suspensión de la condena a fin de evitar su ingreso en prisión.
Además, apunta que para la concesión del indulto se tuvieron en
cuenta "numerosos factores", entre los que destaca la ausencia de
antecedentes penales y policiales, la íntegra satisfacción de las
responsabilidades civiles impuestas en sentencia, así como el mencionado
informe favorable por parte del Tribunal Sentenciador y del Ministerio
Fiscal.
Dicho esto, el Gobierno deja claro en su texto que el indulto no
supone una "exoneración" de la "gravedad" de los delitos cometidos, ni
de su "importancia", ni del "reproche social" que "merecen" tales
hechos.
"Delitos como el de malversación son recriminables por parte de la
sociedad, pero la concesión del indulto tiene la capacidad de moldear
los posibles efectos penitenciarios sobre los condenados --subraya--. No
se indulta el delito, pues el delito ha sido cometidos y así se ha
dictado en sentencia judicial firme, lo que se indulta es una parte de
la condena impuesta".
Además, el Gobierno subraya que la medida de gracia de la citada
socialista es un caso "puntual y parcial" y que, en cambio, en 2013
rechazó 49 indultos por delitos contra la Administración Pública y de
Justicia, si bien no precisa cuántos acabó concediendo. En todo caso, el
Ejecutivo insiste en que estas medidas puntuales no afectan a su
propósito de erradicar la corrupción.
El Gobierno tiene sobre la mesa para próximas semanas algunas
famosas peticiones de indulto por este tipo de delitos, como la del
exministro y expresidente balear Jaume Matas, que el ministro Alberto
Ruiz Gallardón a priori no ve motivo para conceder; del exalcalde de
Torrevieja (Alicante), Pedro Hernández Mateo, y del expresidente del
Sevilla C.F., José María del Nido, en su caso avalado por buena parte de
los clubes de la Liga.
