Están supuestamente delinquiendo ahora, aquí en Murcia, varios ayuntamientos con el
servicio municipal del agua y lo están haciendo con publicidad y
alevosía.
Debemos denunciarlo
públicamente y tenemos que denunciarlo a la Fiscalía, es nuestra
obligación como ciudadanos, y también la de algunos profesionales, como
es mi caso, en cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art.
262 que dice que "Los que por razón de sus
cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán
obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal
competente, al Juez de instrucción, ..")
Dada
la situación de quiebra de algunos ayuntamientos, la "mafia del agua"
está repartiéndose el mercado público del agua potable, comprando al parecer la
voluntad de sus gobernantes para asegurarse el blindaje del servicio del
agua durante varias legislaturas, lo que no solamente es presuntamente ilegal, es un supuesto
delito, de prevaricación, de alteración del precio del servicio y
posiblemente de cohecho.
Es
absolutamente ilegal la prórroga del servicio de agua ya que supone una
alteración sustancial de las condiciones de contratación, tal como lo
ha informado el Consejo Jurídico Consultivo de la Región de Murcia, en el caso del
ayuntamiento de Cartagena.
Es
absolutamente ilegal el entregar el precio adelantado de un servicio
que no se ha prestado, tal como está informado por la Junta Consultiva
de Contratación de España, como se hace con lo que llaman el "canon
anticipado", que no es más que presunta compra de voluntades para asegurarse el
servicio.
Canon anticipado de
varios millones de euros, que los gobiernos municipales utilizan para
cubrir sus "pufos" y que las empresas concesionarias se lo cobran con
intereses a los ciudadanos a través de las tarifas del agua, con
blindaje además.
Esto
es lo que dice, según una noticia publicada en la prensa local, que va a hacer el ayuntamiento
de Alcantarilla, pero lo que llaman "oxígeno" es un delito.
Es
lo mismo que ha sucedido recientemente en Santomera y en La Unión, con
la consecuencia de una subida inmediata de tarifas del agua del orden
del 40%.
Es lo mismo que hizo el
ayuntamiento de Cartagena en el año 2003, prorrogando el servicio hasta
el 2042. Pero el primer contrato vence, creo, en el 2017 y habrá que
denunciar antes la prórroga por lesividad y conseguir la resolución del
contrato con Aquagest).
Fernando Urruticoechea
