MADRID.- Podemos no quiere
quedarse fuera del Debate del estado de la Nación de la próxima semana
y, aunque su voz no va a escucharse en el Congreso, Pablo Iglesias se prepara para responder al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un acto en Madrid tras escuchar la intervención del jefe del Ejecutivo.
El líder de Podemos,
según han confirmado fuentes de la formación, responderá a Rajoy
el miércoles en un acto con formato de mitin abierto al público, y será
entonces cuando Iglesias dé su réplica y contraponga al discurso del
Gobierno su "proyecto de país".
Así logrará no estar completamente ausente en el debate político
más importante del año, que esta vez tiene la particularidad de que en
un periodo con una acumulación de elecciones sin precedentes no recogerá
las opiniones de todos los que en pocos meses concurren a las urnas.
Iglesias
no tendrá a Rajoy enfrente para decirle que sus medidas económicas y
recortes no han servido para solucionar lo que considera los grandes
problemas de España y Europa -la deuda, el desempleo y la desigualdad-;
pero le responderá desde fuera del Parlamento.
En el debate del estado de la nación se hablará de la situación económica, capítulo en el que el rechazo a las políticas de austeridad es el eje de las propuestas de Podemos, que prepara un plan de rescate ciudadano con medidas como la derogación de la ley hipotecaria para paralizar los desahucios.
Si
nos guiamos por lo propuesto por Podemos Andalucía en su programa para
las elecciones del 22 de marzo, las medidas para rescatar a los más
vulnerables incluirían garantizar los suministros vitales básicos
(alimentos, luz y agua) y una renta mínima de inserción.
En el ámbito de política europea, Podemos aboga por un BCE que deje de estar al servicio de los bancos y que ayude a los estados a cumplir sus obligaciones con los ciudadanos.
Uno
de los primeros planteamientos de Podemos es la reestructuración
ordenada de la deuda y ahí llega el momento de mirar a Grecia y
defender, como ha hecho hasta ahora, las medidas adoptadas por el
Gobierno de Syriza.
Otro de los temas que
previsiblemente se abordarán en el debate es la lucha contra el fraude y
la evasión fiscal, materia en la que Podemos ha pedido un informe con
propuestas al exinformatico Hervé Falciani que sustrajo del HSBC una lista de miles de defraudadores.
Podemos
está a favor de que se publique los nombres de los españoles que
figuran en esa "lista Falciani", así como el de los contribuyentes que
se acogieron a la amnistía fiscal.
Además, ha avanzado que si
gana las elecciones el límite del delito fiscal pasaría de los 120.000
euros actuales a 50.000 y aumentarían los plazos de prescripción del
delito.
Como objetivo el partido de Pablo Iglesias no se ha marcado eliminar impuestos, sino cambiar la estructura impositiva
para subir la recaudación con una reforma fiscal, según adelantó su
responsable económico, Alberto Montero, bajo los principios de
suficiencia, igualdad y progresividad para preservar el estado social.
Sin
duda, la próxima semana en el Congreso volverá a hablarse también de
corrupción y "barrer la corrupción" del panorama político es otra de las
promesas de Podemos que, ante el Parlamento Europeo, presentó la
"directiva Villarejo", en la que plantea limitar los mandatos de altos
cargos, recortar sus sueldos y prohibir los créditos de los bancos a los
partidos.
Medidas que con toda probabilidad trasladaría al ámbito nacional junto la prohibición de las llamadas "puertas giratorias".
No es aventurar mucho pensar que si Podemos
estuviera en el debate otros grupos sacarían también a relucir las
informaciones sobre su financiación o las dudas suscitadas por la forma
en la que el número tres del partido, Juan Carlos Monedero, tributó por
los trabajos de asesoría que realizó para varios países latinoamericanos
por los que cobró 425.0000 euros a través de una empresa.
Y otro
de los grandes temas sobre los que Podemos tendría la ocasión de
definirse es el debate territorial, asunto en el que hasta ahora ha
defendido el derecho a decidir de los catalanes sobre "todas las cosas"
tras abrir un proceso constituyente.