viernes, 5 de abril de 2013

Un exconcejal del PP acusa a Rajoy de ser el "máximo responsable" de Gürtel

BARCELONA.-   El exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) y denunciante de la trama Gürtel, José Luis Peñas, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de ser "el responsable político" del caso.

   "Rajoy conocía todo el tema, que no sea hipócrita y mentiroso. Sabía lo que pasaba dentro del partido y lo continúa sabiendo", ha afirmado en una entrevista de Rac1, en la que ha reconocido que no imaginaba que la trama llegaría tan lejos.
   Peñas ha criticado la actuación del presidente del Gobierno y del PP ante toda esta trama: "Después de todo esto Mariano Rajoy no sería presidente del Gobierno ni en un país normal ni en una república bananera".
   El exconcejal popular, también imputado en la trama Gürtel, ha explicado también que el 'cabecilla' de la trama, Francisco Correa, y el extesorero del PP Luis Bárcenas "tenían una relación muy íntima" y comían juntos cada día.
   "En aquella época el PP era una máquina de hacer dinero de forma ilegal", ha continuado Peñas, que ha aplaudido que, según ha dicho, gracias al 'caso Bárcenas' la gente haya tomado conciencia de la realidad.

Médicos y enfermeras acuerdan 85 medidas para evitar que se vaya "al garete" la sanidad pública española

MADRID.-   Los consejos generales de colegios de médicos y personal de Enfermería de toda España, que en total representan a cerca de 500.000 profesionales sanitarios, han presentado un conjunto de 85 medidas consensuadas para garantizar la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) e impedir que el modelo español se vaya "al garete".

   "El problema es grave, muy grave", ha reconocido el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, quien considera que la unión de ambas profesiones constituye un "punto de inflexión" ante el futuro de la sanidad pública y los recortes que se están llevando a cabo.
   En este sentido, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha reconocido que existe "muchísimo miedo" entre los profesionales por el devenir del actual sistema sanitario cuando, a su juicio, "no es verdad" que el modelo esté en crisis sino que "falta financiación y gobernanza".
   "Los gestores sanitarios no pueden decirnos ahora que no son capaces de gestionar bien la sanidad cuando tienen el BOE en la mano, y que sólo hay posibilidad de hacerlo cuando se privatiza", ha aseverado.
   El presidente de los médicos ha mostrado así su preocupación ante las alternativas de privatización que están proponiendo algunas comunidades.
   "Cualquier avance de colaboración público-privada debe contar con el suficiente consenso profesional y social, no como los que tenemos ahora a la vista", ha añadido, lamentando que se están tratando de introducir "otros intereses y ánimo de lucro" en el sistema público.  
   Las medidas más prioritarias, según médicos y enfermeros, son las destinadas a dotar de más gobernanza y menos politización a la sanidad pública, dando una mayor capacidad de decisión a los propios profesionales.
   "No puede ser motivo de debate político cuándo hay que hacer las mamografías a las mujeres, esto lo tienen que decir los profesionales, que además son los que se la juegan", ha espetado Rodríguez Sendín.
   Para ello, entre las principales iniciativas está la creación a través de una Ley Orgánica de una Agencia estatal de alta inspección para todo el SNS, con capacidad ejecutiva y con un órgano de Gobierno "a modo de consejo de administración" formado por poderes políticos, profesionales y pacientes.
   Además, proponen mecanismos de gobierno más participativos, "empezando por la propia gerencia de los centros, donde los profesionales tengan la responsabilidad de decidir como aplican los recursos que tienen".
 "Porque esto ahora está en las mismas manos de los que pretenden privatizar", ha recordado Rodríguez Sendín.
   El documento de propuestas ha sido elaborado por un panel de 80 expertos y posteriormente ha sido respaldado en una encuesta por 4.508 médicos, 2.724 enfermeros y 2.000 ciudadanos.
   Todos ellos han dado también respaldo a otras propuestas como la implantación de sistemas de compras centralizadas, la armonización de las competencias sanitarias, una política "agresiva" en materia de medicamentos genéricos o la puesta en marcha definitiva de la receta electrónica o la historia clínica digital interoperables en todo el territorio. Algunas de estas medidas, según avisan, supondrían un ahorro del 30 por ciento.
   "No queremos tener toda la razón, pero hay cosas que son discutibles, y por eso ponemos encima de la mesa que hay muchas cosas por hacer, y que no es verdad esos eslóganes que nos están dando para cambiar de rumbo la joya de la corona", ha insistido el presidente de la OMC.
   Las propuestas van a ser presentadas en los próximos días al Ministerio de Sanidad y las comunidades, a los partidos políticos y a la sociedad, confiando en que "no caigan en saco roto".
   No obstante, el presidente de los enfermeros ya ha avanzado que, si no son tenidos en cuenta, podrían barajar otras formas de llevar a la práctica sus propuestas, como la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular.
   "Lo queremos hacer desde la oferta, y desde la mayor y mejor disposición con la clase política, pero esto no puede caer en saco roto. Pero si la mano que tendemos no se quiere recoger, tendremos toda la legitimidad para hacer exigencias de responsabilidad política. Y afortunadamente en un sistema democrático las urnas son las que pasan factura", ha defendido González Jurado.
   También ha insistido en ello Rodríguez Sendín, quien avisa de que el sector sanitario "tiene mucho poder y está bien organizado".
   "Somos un sector que exige evidencia científica, porque es la misma que se nos exige a nosotros. Por ello, deberíamos exigirle a los políticos lo mismo, y juzgarlos en función de la evidencia que pongan en juego cada vez que tomen decisiones", ha dicho.

El PP vasco dice que "a Batasuna" nunca le ha importado "ningún desahucio"

BILBAO.- El presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, advierte de que no todo el movimiento social contra los desahucios es "ETA o son terroristas", aunque los acosos a políticos son similares a la 'kale borroka'. En este contexto, ha señalado que "a Batasuna" nunca le han importado "ningún desahucio", ni los de "vascos no nacionalistas en vida".

   En declaraciones a Radio Popular, el líder de los populares vascos ha criticado que el movimiento antidesahucios esté siendo copado por "Batasuna y el mundo de ETA", por lo que les ha instado a que no se dejen "contaminar" y no caigan en formas antidemocráticas".
   Basagoiti, que no ha confirmado si este viernes estará en la sede del PP en Bilbao, donde Stop Desahucios tiene previsto llevar a cabo un 'escrache', ha defendido que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha sido "el único que ha movido ficha" en el tema de los desahucios y ha creado un fondo social de viviendas o ha puesto coto a "algunas actitudes de los bancos".
   Tras negar que haya afirmado que todo el movimiento contra los desahucios es "ETA o sean terroristas", sí ha considerado que acudir a las casas de políticos a acosar es "parecido" a la que él ha sufrido en el pasado con la 'kale borroka'.
   "He vivido en una casa en Bilbao en la que han venido a insultar, acosar e intentar condicionar la política penitenciaria del PP mientras vivía con una abuela de 80 años al borde del infarto", ha criticado.
   En este sentido, ha advertido de que "gente de Batasuna" se está introduciendo en estos movimientos sociales, lo que acaba por contaminarlos. "A la gente de Batasuna nunca le ha importando ningún desahucio, ni los desahucios de vascos que no eran nacionalistas en vida", ha añadido.
   A su juicio, el movimiento contra los desahucios, es "loable", pero deben "cuidar las formas", ya que hay fotos que demuestran la presencia en las manifestaciones de personas vinculadas al mundo de Batasuna.
   "Gentes como Tasio Erkizia , condenado por colaboración con banda armada, están en la cabeza de la manifestación o como Periko Solabrarria, dirigente histórico de HB. Las formas me recuerdan aquello y el movimiento está siendo contaminado, lo que es muy peligroso", ha añadido.
   Asimismo, ha considerado "sospechoso" que las plataformas antidesahucios acudan a manifestarse a la sede del PP cuando el Ejecutivo de Rajoy es "el único que ha movido ficha en los desahucios", al haber creado "un fondo social de viviendas y haber puesto coto a algunas actitudes de los bancos".
   A su juicio, es necesario encontrar una solución al problema de los desahucios, pero ha recordado que cuando estaba en el Gobierno el PSOE "no hizo nada" y el actual Ejecutivo vasco del PNV tampoco "ha hecho nada".
   Por ello, ha considerado que se puede llegar a la conclusión de que en las concentraciones ante las del PP "puede haber otros intereses colados". 
"Venir con Batasuna a montar un lío político con intereses que son distintos a los sociales es muy peligroso y eso es lo que pasa", ha concluido.

Verstrynge desde el 'escrache' a la vicepresidenta: "Si tratan a la gente como a perros, acaban mordiendo"

MADRID.- El ex secretario general de la antigua Alianza Popular, Jorge Verstrynge, ha participado este viernes en el 'escrache' convocado por la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca (PAH) frente al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, desde donde ha advertido a los políticos que se "atengan a las consecuencias".

   Verstrynge ha dicho que en caso de que él hubiese sufrido un escrache en su época de dirigente político "lo hubiera entendido".
 "Si yo me hubiera portado mal lo hubiera entendido", ha explicado al tiempo que ha manifestado que "la política está para servir al pueblo, cuando no sirve tiene que atenerse a las consecuencias".
   "A mi Soraya (Sáenz de Santamaría) no me cae mal, esa no es la cuestión, la cuestión es que hay una iniciativa legislativa popular y los políticos tienen que escuchar a la gente, si no escuchan y la tratan como a perros acaban mordiendo, ahora por el momento solo ladran", ha insistido.
    Verstrynge, quien ha sido identificado por la Policía y podría ser multado, ha dicho que la situación "ha transcurrido con calma y normalidad hasta que ha llegado una orden la Delegación del Gobierno".
 "Justo cuando la gente se iba a disolver han empezado a identificar y cuando una manifestación se disuelve no te puede poner a identificar porque encrespas los ánimos", ha opinado.
   En ese sentido, ha defendido que "el comportamiento de la Policía hasta que ha llegado la orden ha sido ejemplar". Según informaron fuentes policiales, el dispositivo de seguridad estaba formado por un Grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) formado por 50 antidisturbios de la Policía Nacional. "Ha habido una provocación manifiesta no de la policía sino de la delegada del gobierno (Cristina Cifuentes)", ha reiterado.
   De este modo, Verstrynge se ha sumado a los más de 200 activistas que han acudido a la casa de la portavoz del Gobierno para reclamarle, en el marco de la campaña de 'escrache' 'Hay vidas en juego', que apoye la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la PAH sobre dación en pago.
   De hecho, el que fuera secretario general de Alianza Popular ha sido uno de los asistentes que ha tratado de calmar la situación cuando la Policía ha comenzado a desalojar a los activistas de los alrededores de la vivienda de Sáenz de Santamaría, produciéndose como consecuencia un forcejeo entre agentes y manifestantes.

El PP descarta definitivamente aprobar la dación en pago general y retroactiva

MADRID.- El PP ha descartado de forma definitiva la posibilidad de aprobar la dación en pago general y retroactiva que pedía la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) en la iniciativa legislativa popular (ILP) que presentó en el Congreso acompañada de casi un millón y medio de firmas, y opta --como ya había anunciado-- por reservar esta opción para determinados colectivos en situación de especial vulnerabilidad.

   Así consta en el texto refundido de la ILP y del proyecto derivado del decreto ley del Gobierno, que finalmente se titulará Ley de los deudores hipotecarios, de reestructuración de la deuda y del alquiler social, y no llevará el nombre de la iniciativa popular, como en un primer momento se dijo.
   El texto incorpora finalmente la treintena de enmiendas presentadas por el Grupo Popular y medio centenar de propuestas planteadas por el PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, el PNV y el Grupo Mixto. El documento resultante será debatido el próximo martes por la Ponencia designada por la Comisión parlamentaria de Economía.
   Según los 'populares', "con este texto se da un paso esencial en la protección del deudor hipotecario, consiguiendo un equilibrio para que el mercado hipotecario siga funcionando y todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda, a partir de ahora también".
   Así, se descarta definitivamente aplicar la dación en pago de forma generalizada y retroactiva, y se reserva esta opción únicamente para los colectivos de alta vulnerabilidad según se definen en el Código de Buenas Prácticas, ampliando eso sí los umbrales de aplicación en el sentido en que ya lo anunció el Ejecutivo.
   Es decir, familias con rentas inferiores a tres veces el IPREM. No obstante, se eleva el dato a cuatro veces el IPREM si hay algún discapacitado, dependiente o incapacitado y, como novedad, hasta cinco veces el IPREM si el titular de la deuda sufre parálisis cerebral, enfermedad mental, enfermedad grave o discapacidad intelectual a partir del 33% o discapacidad física o sensorial a partir del 65%.
   Para este último grupo, además, se rebaja al 40% el peso de la hipoteca sobre los ingresos netos de la unidad familiar que es necesario para poder acogerse al Código, mientras que en el resto de casos deberá suponer al menos el 50%.
   No obstante, la familia deberá haber sufrido en los cuatro años anteriores una "alteración significativa" de sus circunstancias familiares o económicas, entendiendo por éstas que la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 salvo si el banco puede acreditar que cuando se concedió el crédito esa carga era igual o superior.
   Además, se deberán cumplir los requisitos familiares ya anunciados (ser familia numerosa, monoparental con dos hijos, familia con discapacitados o con algún meno de tres años). Para poder acogerse (más allá de la reestructuración de la deuda) a la quita o la dación en pago, la vivienda debe ser el domicilio habitual y los afectados no pueden tener otras propiedades con las que afrontar la deuda. El resto de requisitos son los que ya se aprobaron en el Código de Buenas Prácticas.
   Una vez solicitado acogerse a estas opciones, el interés moratorio aplicable por el banco será, como máximo, "el resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 2% sobre el capital pendiente". Además, se podrá solicitar permanecer dos años en la vivienda con un alquiler anual del 3% del importe total de la deuda.
   Por otra parte, se incluye en el texto un bloque de modificaciones para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (TJUE). En este sentido, se autoriza a tribunales y notarios a paralizar las ejecuciones hipotecarias si detectan cláusulas abusivas, que podrán conllevar la revisión de la deuda pendiente o la anulación del desahucio si está causado por dicha cláusula. También se limitan las costas no podrán superar el 5% de la cantidad reclamada.
   Además, más allá de limitar los intereses de demora de las nuevas hipotecas --o los que se devenguen a partir de ahora o no hayan sido satisfechos-- a tres veces el interés legal del dinero, se introduce una previsión para que sólo se apliquen sobre el principal de la deuda y para que no se puedan capitalizar, es decir, que no se puedan acumular de tal manera que no puedan devengar nuevos intereses.
   Asimismo se regula por primera vez el orden de prelación de la deuda si la ejecución resulta insuficiente para satisfacerla en su totalidad. Así, tras pagar los intereses remuneratorios se pagará el principal, los intereses moratorios y las cosas, de tal manera que lo primero que se reduzca sea la deuda original para que el incremento de la deuda como consecuencia de los intereses se vea limitado.
   Otras previsiones para prevenir el sobreendeudamiento consisten en limitar los préstamos al 80% del valor de tasación de la vivienda --60% si la hipoteca sirve para garantizar otro préstamo-- y que el plazo de amortización sea de 30 años como máximo. También se prevé que tras la ejecución, se quede liberado de la deuda si se paga el 65% en cinco años o el 80% en diez años. Esta medida se aplicará retroactivamente a las adjudicaciones de vivienda anteriores a la ley "siempre que a esa fecha no se hubiere satisfecho completamente la deuda y que no haya pasado los plazos de cinco o diez años", según precisan desde el Ministerio de Economía.
   No obstante, si con la venta del inmueble se obtiene una plusvalía, el 50% de la misma servirá para reducir la deuda pendiente y, si es beneficio es superior a la propia deuda, se deberá poner a disposición del deudor el remanente. En el caso de subastas sin postor, la adjudicación de una vivienda habitual no podrá ser inferior al 70% del primer valor de subasta o el 60% si la deuda es inferior a ese valor.
   "Cuando el deudor consienta en la inspección del inmueble y colabore adecuadamente ante los requerimientos del tribunal para facilitar el mejor desarrollo de la subasta del bien hipotecado podrá solicitar al tribunal una reducción de la deuda hipotecaria de hasta un 2% del valor por el que el bien hubiera sido adjudicado", se añade.
   Se exigirá firma manuscrita de haber sido informado de los posibles riesgos del contrato, particularmente cuando sean hipotecas de tipo variable con cláusulas techo o suelo, multidivisas o con cobertura del riesgo del tipo de interés.
   Por otra parte, se mantiene la moratoria de dos años en las ejecuciones hipotecarias que ya se había anunciado, si bien sólo se aplicará a las familias con ingresos que no superen en tres veces el IPREM, en cuatro veces si el deudor está parado y no tiene prestaciones o si hay discapacitados, dependientes o incapacitados; o en cinco veces si el ejecutado sufre parálisis cerebral, enfermedad mental, enfermedad grave o discapacidad intelectual (a partir de 33%) o física o sensorial (a partir del 65%).
   También las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos, las familias con un menor de tres años, las víctimas de violencia de género o aquéllas con algún miembro discapacitado. Asimismo, se deberán cumplir los requisitos económicos del Código de Buenas Prácticas (que el peso de la hipoteca sobre los ingresos se haya multiplicado al menos por 1,5, cuota hipotecaria superior al 50% de los ingresos netos y que sea la vivienda habitual).
   Por otra parte, se mantienen los cambios anunciados para fomentar la independencia de las sociedades de tasación con respecto a las entidades bancarias, y se autoriza a que los titulares de vivienda protegida estatal no deban devolver las ayudas públicas en caso de reestructuración o quita.

IU-ICV: La propuesta del PP sobre desahucios "es un placebo que no resuelve" el problema

MADRID.- El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela ha expresado este viernes su rechazo al texto que han presentado los 'populares' para aglutinar el proyecto de ley Antidesahucios con la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago al considerar que es un "placebo que no resuelve" el problema que atraviesan miles de familias españolas.

   En un comunicado, el diputado catalán ha acusado a los 'populares' de estar "sordos" ante las movilizaciones ciudadanas y los tribunales, así como de "dar la espalda" a la ILP y al millón y medio de personas que la respaldaron con su firma ya que "se niegan todas y cada una de las propuestas" incluidas en la iniciativa ciudadana.
   "No sólo se rechaza la dación en pago en la versión de la ILP, sino que no se proponen alternativas, ni tan siquiera se amplían las posibilidades de otras formas de renegociación de la deuda como la quita o la reestructuración. La única quita prevista lo es para el resto de la deuda una vez el deudor se ha quedado sin vivienda y el inmueble ya ha sido adjudicado al deudor o un tercero", lamenta Coscubiela.
   Así, a su entender las modificaciones que el PP ha incluido en el texto con respecto a su proyecto inicial son "de menor entidad y, en algunos casos, superficiales o cosméticos", ya que "se mantiene la misma filosofía" y hasta se conserva la estructura del decreto ley de Protección a Deudores Hipotecarios que dio lugar a esta reforma.
   Como ejemplos, cita el aumento de uno a tres impagos para poder ejecutar la hipoteca, que "no supone ningún cambio porque se mantiene el vencimiento anticipado del total de la deuda sin, además, modificar los intereses de demora sobre el conjunto de la deuda y no sólo de los impagados"; o las condiciones de acceso a la suspensión del lanzamiento, que "se amplían, pero continúan excluyendo a una gran parte de las familias hipotecadas por el elevado grado de requisitos exigidos".
   Además, para el diputado de ICV la propuesta de los 'populares' hace una lectura "restrictiva" de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y de las posibilidades de oposición a las cláusulas abusivas al determinar que únicamente serán motivo justificado de oposición por parte del afectado las cláusulas que causen la ejecución.
   "La presión social ha obligado al PP a aceptar propuestas que hasta ahora había rechazado durante meses, pero son absolutamente insuficientes, sobre todo porque continua negándose a aceptar las únicas que podrían resolver el drama, que son una ampliación de las posibilidades de reestructuración de la deuda, incluida la dación en pago", ha resumido.  
    Por todo ello, la Izquierda Plural mantendrá todas sus enmiendas para el debate --el martes en Ponencia y, posteriormente, en Comisión--, en las que se recoge el texto original de la ILP. Además, Coscubiela ha llamado a "continuar manteniendo e incrementando la presión social" mientras continúe la tramitación parlamentaria.

CiU cree que el texto del PP sobre desahucios "sigue siendo un parche"

MADRID.-   La diputada de CiU Lourdes Ciurò, ponente de los nacionalistas catalanes en la tramitación del proyecto de ley Antidesahucios, cree que el texto presentado este viernes por el PP donde se funden la propuesta del Gobierno y la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago "sigue siendo un parche" y avisa de que su formación no podrá apoyarlo si se mantiene en los actuales términos.

   Ciurò ha reconocido su "decepción" con el texto de los 'populares', que ha tachado de "muy tibio". "Lo que propone el PP no es una reforma duradera de la Ley Hipotecaria, sino que continúa siendo un parche. Parece que el Gobierno de Rajoy se limita simplemente a esperar que en dos años pase el temporal para que la situación se arregle sola", ha afirmado.
   A renglón seguido, ha concretado que entre las carencias que encuentra destacan la "falta de la dación en pago, que no se ver por ninguna parte" así como regulaciones para las cláusulas suelo, que "se mantienen con la justificación de que se informa al deudor y se da por hecho el conocimiento de esa cláusula".
   Asimismo, Ciurò cree que el texto "no da respuesta a las expectativas que habría creado la reforma" legislativa entre la ciudadanía, y tampoco satisface las carencias de la legislación hipotecaria española que había detectado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
   "Parece que la sentencia de la UE no va con el PP, porque la propuesta que nos hace no corrige el desequilibrio existente en detrimento del deudor hipotecario y no traspone bien la sentencia, al no recoger su espíritu de dar protección a los intereses de los consumidores hipotecarios", añade la diputada.
   Por todo ello, ha avanzado que CiU "no podrá ni dar un aprobado" al texto si es que se mantiene en sus actuales términos, y ha reclamado al PP que "acerque el texto legislativo a la ILP". El próximo martes, durante la reunión de la Ponencia, Ciurò trasladará estas consideraciones al Grupo Popular.