martes, 11 de noviembre de 2014

Carmen Lomana llama 'ladrona' a la Infanta Cristina

MADRID.- Carmen Lomana ha querido dejar claro cual es su posición en uno de los temas más más candentes de la actualidad, el de la imputación de la Infanta Cristina: "Otro agravio comparativo, el de la Infanta con la Pantoja, han hecho exactamente lo mismo", ha señalado en Barcelona.

"Isabel Pantoja tiene que pagar lo que ha hecho si los jueces lo han decidido. Ha habido una sentencia y el juez ha dicho que tiene que ser ejemplar, pero no tiene que ser ejemplar de nada por que sea cantante, como le pasó a la pobre Lola Flores. Pues no, mucho más ejemplarizante sería ver a la Infanta sentada en el banquillo por ladrona", ha indicado.
Además, Carmen Lomanaha mostrado su enfado e indignación con lo que está pasando con la Infanta: "Les estamos pagando los guardaespaldas en Suiza cuando se lo han llevado de los fondos públicos".

La Audiencia Nacional ratifica que el PP se lucró con Gürtel

MADRID.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la negativa del juez Pablo Ruz a que el PP se persone en el caso Gürtel como perjudicado, ya que considera que pudo beneficiarse de las comisiones que cobraron alcaldes miembros la trama y que "tuvo que tener conocimiento de aquellos dispendios".

En un auto rechazando el recurso del PP contra la negativa de Ruz, la sección cuarta afirma, como ya dijo el juez, que "existen indicios de que el Partido Popular se benefició de las cuantías que los imputados dedicaron a realizar actividades propias de dicha formación política, la cual tuvo que tener conocimiento de aquellos dispendios, pues repercutió en su propio peculio".
En concreto, el PP pudo beneficiarse de 236.864 euros procedente de comisiones de la trama Gürtel que cobraron los exalcaldes populares de Majadahonda y de Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, dinero que benefició al PP porque, según la sala, el partido dejó de abonarlo como gasto de las campañas electorales de esos municipios.
Respecto al papel del partido en la causa como "partícipe a título lucrativo" del artículo 122 del Código Penal que le imputa Ruz, la sección cuarta acoge las tesis del juez y explica que en el juicio se determinará "con exactitud los contornos de dicha supuesta responsabilidad civil y su exacta cuantía".
Ruz imputó al partido esta condición cuando abrió una pieza separada para facilitar el futuro enjuiciamiento de 45 imputados en esta causa, entre ellos el extesorero Luis Bárcenas, por hechos de la primera época de la red (1999-2005).
El PP recurrió esta decisión porque consideraba que no hay indicios para establecer "un nexo causal entre las actuaciones ilícitas presuntamente realizadas por los imputados y el supuesto beneficio ilícito del partido", lo cual rechaza ahora la sala.
El partido también alegó que todos sus gastos están contabilizados y fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, por lo que no es posible que hubiera recibido dinero de los alcaldes populares, un argumento que la sala también rechaza porque, según afirma, es "preferente e ilimitada" la jurisdicción penal para averiguar conductas delictivas y sus consecuencias civiles.
Contra la decisión de abrir pieza separada presentaron recurso el PP y doce imputados más, que ahora ha resuelto en un solo auto el tribunal, compuesto por los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel.
Además del recurso del PP, el juez rechaza los interpuestos por Pablo Crespo (considerado número dos de la trama), Alfonso García-Pozuelo (expropietario de Constructora Hispánica), Antonio Martín, Alicia Mínguez, Antonio Villaverde, Javier Nombela, Pablo Ignacio Gallo-Alcántara, Inmaculada Mostaza, Carlos Ignacio Hernández, Luis de Miguel, Felisa Isabel Jordán y María del Mar Rodríguez Alonso.
La sala considera acertada la decisión de Ruz de abrir una pieza separada en la que se juzguen los hechos ocurridos en esos años, dentro de la que se podrían sentar en el banquillo 45 personas, de los cuales 21 están solo imputados en esta pieza.
Las otras 24 siguen como imputadas en la causa principal o en las piezas separadas que se abrieron en momentos anteriores.
Los hechos investigados en esta pieza alcanzan los primeros seis años de la trama y a operaciones en Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Estepona.
Según Ruz, existió toda una operativa desarrollada en estos municipios por los 45 imputados para conseguir adjudicaciones ilícitas para sus empresas mediante un entramado de sociedades por las que se canalizaban las dádivas y pagos de comisiones y a proveedores a través de un sistema de facturación falsa.

El Senado español acuerda aumentar el control de los viajes

MADRID.- Todos los grupos parlamentarios del Senado han coincidido hoy en la necesidad de aumentar el control de los viajes de los senadores tras la polémica por los desplazamientos a Canarias del presidente de la Junta de Extremadura, el popular José Antonio Monago.

La Junta de Portavoces ha tratado hoy el asunto a propuesta de José Manuel Barreiro, del PP, quien ha abogado por incrementar los mecanismos de control, mientras que María Chivite, del PSOE, ha propuesto que los senadores justifiquen los desplazamientos que realicen fuera de su circunscripción y que, sin en quince días no los acreditan, el coste se detraiga del sueldo.
El portavoz del PP ha insistido en la necesidad de que exista la mayor transparencia en los viajes de los parlamentarios y que para ello se establezcan las fórmulas de control oportunas que, en su opinión, deben ser estudiadas por la Mesa de la Cámara alta.
Ha precisado que los senadores deben tener capacidad para ejercer su tarea bien en su circunscripción o fuera de ella, porque son "senadores del reino de España" y, por tanto, pueden realizar su actividad en cualquier punto del territorio nacional.
Barreiro ha asegurado su plena confianza en el buen uso de los dineros públicos por parte de los senadores, porque, según ha dicho, saben que los fondos que pone el Senado a su disposición deben destinarse a su trabajo como parlamentarios y no para cuestiones privadas.
No obstante, ha señalado que no le parece mal que haya un mayor control con fórmulas que den más transparencia a la acción de los senadores, ya que el régimen económico de sus viajes lleva vigente desde que hay democracia, por lo que "a lo mejor, igual es bueno ver su adaptación a los momentos actuales".
La portavoz del PSOE ha aceptado el planteamiento del PP, pero ha recalcado que "lo que hay que justificar de verdad son los viajes de Monago" y ha calificado de "muy injusto" que de una "particularidad" se haga una "generalidad".
Chivite ha apostado por la transparencia de la vida pública y ha asegurado que los socialistas no tienen ningún problema en que se pidan las justificaciones que se consideren precisas y se establezcan controles.
En este ámbito ha enmarcado su propuesta de hoy en la Junta de Portavoces, que también ha remitido a la Mesa y que además plantea que tanto el control de los viajes como de las declaraciones de bienes de los senadores se estudie en la Comisión de Reglamento del Senado.
El portavoz de CiU, Josep Lluis Cleries, ha coincidido con Chivite en que la polémica en torno a los viajes del presidente extremeño no debe extenderse al conjunto de los senadores, porque "hay una gran mayoría de políticos que hacen las cosas como se deben hacer".
Ha abogado por un mayor control de los desplazamientos para los días que son un "poco raros", en los que la actividad no está marcada en el calendario del Senado y que los senadores aprovechan para asistir a actos fuera de la cámara relacionados con su condición parlamentaria.
El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha mostrado hoy la disposición de su grupo a estudiar medidas sobre los viajes de los parlamentarios para evitar abusos, pero ha expresado su confianza en la responsabilidad de los propios diputados: "Esto no es el colegio", ha dicho.
En rueda de prensa en el Congreso, Alonso ha respondido así a las preguntas sobre la necesidad de introducir mayores controles sobre los viajes que realizan los parlamentarios tras lo ocurrido con el presidente de Extremadura, José Antonio Monago.
Alonso ha defendido que los diputados y senadores viajen "con libertad" por el territorio nacional para poder ejercer su función y que cada parlamentario sea libre de elegir su lugar de residencia.
El portavoz popular ha apelado en todo momento a la libertad de acción política que deben tener los diputados, que no tendrían que verse sometidos a una fiscalización de su trabajo, y ha pedido que se mire este asunto con "perspectiva" y no poner bajo sospecha a todos los diputados y senadores porque sería "francamente injusto".
Ha recordado que desde 1977 los diputados y senadores, que ejercen su labor constitucional en todo el territorio, tienen esa posibilidad de viajar a cargo del Parlamento desde el lugar del que proceden y acudir a otros puntos cuando sea necesario en el ejercicio de su función.
"Lo lógico y normal es que esa posibilidad, que parece inherente a la función, se ejerza con responsabilidad", ha exclamado Alonso, quien también ha subrayado que hasta ahora no se había planteado de otra forma y han sido los casos de Monago y del diputado Carlos Muñoz los que han hecho saltar las alarmas.
Los viajes forman parte de un acuerdo suscrito por la Cámara con la agencia de viajes y la compañía aérea, que es desde donde se gestionan, aunque Alonso sí ha recordado que los grupos gestionan y pagan el kilometraje de sus diputados.
"Si la Cámara quiere alguna colaboración por parte de los grupos nosotros estamos abiertos", ha dicho Alonso sobre la posibilidad de que se estudien fórmulas para controlar los viajes de los parlamentarios, pero ha insistido en que esta iniciativa tiene que partir de la Mesa y no de los grupos como ha planteado el presidente del Congreso, Jesús Posada.
"Yo tengo que confiar en la responsabilidad de los diputados. Esto no es el colegio", ha afirmado el portavoz popular, quien también ha defendido que las cámaras sufraguen los viajes de partido de sus parlamentarios.
Al respecto, ha señalado que "es muy difícil desvincular a un diputado de su posición política o de su partido", y ha subrayado que desde el año 77 se ha tratado de "proteger" así la pluralidad política.
Ha hecho hincapié, en cualquier caso, en que los parlamentarios tienen que utilizar los medios que tienen a su disposición con responsabilidad y ha justificado que el Congreso pague también los viajes de los parlamentarios incluso fuera de periodo de sesiones si es que los traslados se realizan por motivos de trabajo.
Sobre la dimisión del diputado Carlos Muñoz después de que trascendiera que también realizó viajes a Canarias, como Monago, Alonso ha señalado que ni el grupo popular ni él le solicitaron abandonar el escaño, sino que ha sido una decisión "personal" porque no quería verse sometido a la presión mediática.
En cualquier caso, ha defendido su labor parlamentaria y ha insistido en que no le corresponde a él examinar dónde viven los diputados de su grupo ni si están obligados a residir en su circunscripción.

Ciutadans propone un acuerdo electoral con UPyD

BARCELONA.- El presidente de Ciutadans (C's), Albert Rivera, ha anunciado hoy que la ejecutiva de su partido ha acordado por unanimidad proponer definitivamente a UPyD ir juntos, en "una lista única", a las próximas elecciones municipales y autonómicas a nivel de toda España.

Albert Rivera ha asegurado que los dos partidos negocian ofrecer una sola lista electoral y un solo proyecto porque, tal y como ha dicho, "tienen más coincidencias que divergencias".
Según Rivera, la condición de Ciutadans para la consumación de un "acuerdo global" es que exista la "garantía" de que los candidatos se elijan mediante un proceso de primarias.
El líder de Ciutadans ha hecho estas declaraciones en la sede del partido, instantes después de presentar el documental cinematográfico sobre terrorismo '1980', de Iñaki Arteta, que retrata el año que hubo más víctimas mortales por terrorismo.

Detectan desvíos de fondos 'injustificados' para formación

MADRID.- El Tribunal de Cuentas ha observado una "excesiva, y en ocasiones, injustificada subcontratación" de empresas para el desarrollo de formación subvencionada por parte de la patronal y los sindicatos.

Así lo asegura en su 'Informe de Fiscalización sobre la gestión de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo', en relación con el subsistema de formación profesional de oferta, con cargo al ejercicio presupuestario 2010.
El Tribunal señala que esta excesiva subcontratación hace que determinadas empresas "se hayan convertido 'de facto' en beneficiarias de significativas cuantías de la subvención concedida, en principio, por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a las organizaciones empresariales y sindicales".
Concretamente, el informe apunta que se ha superado el porcentaje de subcontratación establecido en la Ley General de Subvenciones, fijado en un 50%. Hasta en 227 de los 300 convenios formalizados en los planes de formación de la convocatoria de 2010, el 75,6%, superaba ese límite, mientras que en el 25,3% de los mismos (76 convenios) se llegó a subcontratar la totalidad de la subvención concedida.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas subraya la necesidad de estudiar la idoneidad de mantener la excepción a la Ley General de Subvenciones, que permite obviar el principio general de solicitud de ofertas a diferentes proveedores para proceder a la subcontratación de las actividades subvencionadas, "lo que en la práctica está ocasionando una adjudicación directa a favor de las empresas proveedoras de formación".
Así, la CEOE contrató de forma directa, al menos, 4,3 millones de euros sin solicitud previa de tres ofertas de proveedores, mientras que Cepyme lo hizo por importe de 6,1 millones de euros, a los que habría que añadir 1,6 millones de euros imputados a su plan de formación sin formalizar instrumento jurídico alguno entre esta entidad beneficiaria y las empresas subcontratadas.
Por su parte, UGT contrató, al menos, 1,1 millones de euros de forma directa, lo que, según el Tribunal, "vulnera los principios de transparencia, concurrencia, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos, mientras que la Fundación Laboral de la Construcción lo hizo por, al menos, un importe de 12,2 millones de euros.
Asimismo, el informe señala que la Federación Nacional de Clínicas Privadas subcontrató el 100% de su plan de formación con una empresa proveedora, lo que, a pesar de contar con la autorización previa de la Dirección General del SEPE, resulta para el tribunal "de difícil justificación, ya que convierte a dicha federación a un mero intermediario".
Tampoco hay evaluación
El informe del Tribunal de Cuentas observa además incumplimiento también a la hora de evaluar y medir la calidad de los programas de formación, obligatoria por ley, que se limitó sólo a medir mediante encuestas la satisfacción de los alumnos beneficiarios, sin efectuar un verdadero análisis del impacto de dichas acciones formativas en la mejora de la productividad de las empresas, así como en la empleabilidad de los trabajadores.
"La entidades beneficiarias de las subvenciones no disponían de medios internos o sistemas de control horarios para determinar, de forma objetiva, el número de horas realmente dedicadas por su propio personal a la ejecución de los planes de formación", añade.
La consecuencia de esta ausencia de controles es que no es posible verificar la exactitud del coste en personal de los planes de formación, así como de las acciones de apoyo y acompañamiento, fijado en 2010 en un total de 50,2 y 4,02 millones de euros, respectivamente.
El Tribunal de Cuentas entiende que los rendimientos financieros de los recursos públicos percibidos por las entidades beneficiarias para la ejecución de planes de formación y de las acciones de apoyo a la misma fueron "muy escasos", en concreto apenas 197.390 euros en relación a 412,3 millones de euros de fondos transferidos para los planes de formación en 2010 y 23.307 euros en relación a un total de 14,1 millones de euros de fondos para la segunda de estas partidas.
Y es que sólo el 44,6% de las entidades beneficiarias que gestionaban planes de formación y el 30,4% de las que desarrollaron las acciones de apoyo declararon la obtención de dichos rendimientos financieros.
Además, finaliza el Tribunal de Cuentas, ni el SEPE ni la Fundación Tripartita han requerido a estas entidades beneficiarias los motivos de esta falta de obtención de rendimientos financieros, lo que ha generado un "menoscabo de caudales públicos".

Dos tercios de los catalanes decidieron no participar finalmente en el "simulacro de consulta" soberanista

MADRID.- El Gobierno español ha valorado positivamente que en el denominado proceso de participación ciudadana que el pasado domingo se celebró en Cataluña, una mayoría de catalanes, dos tercios, decidieran no participar en un "simulacro de consulta". Asimismo, avisa de que el Gobierno catalán no sacará ningún rendimiento político, por lo que el Ejecutivo central volverá a rechazar la petición anunciada por Artur Mas de celebrar un referéndum oficial.

   Por otra parte, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está a la espera de la decisión que adopte la Fiscalía General del Estado sobre las investigaciones que ha iniciado a raíz de que el Gobierno catalán decidiera llevar hasta el final el denominado proceso de participación ciudadana que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
   Según las fuentes gubernamentales, el Gobierno destaca que, pese a la campaña sistemática de "movilización y propaganda" realizada en los últimos meses por el Gobierno autonómico, una mayoría de catalanes decidió no participar, lo que es valorado positivamente por el Ejecutivo de Rajoy.
    En el denominado proceso de participación celebrado en Cataluña, podían votar aproximadamente 6.228.531 personas, de las cuáles acudieron a las urnas 2.305.290 personas, según los últimos datos divulgados por la Generalitat de Cataluña. De los que acudieron a votar, 1.861.753 votaron a favor de que Cataluña sea un Estado independiente.
   Las fuentes citadas advierten de que la convocatoria de este domingo "no cambia nada" y avisan de que "nadie va a sacar ningún rendimiento político del simulacro de consulta". Esta respuesta implica que el Gobierno rechazará la petición anunciada por Artur Mas de solicitar por carta la convocatoria de otro referéndum oficial sobre la independencia.
   En este asunto, el Ejecutivo reitera que la soberanía nacional es única e indivisible, como dice la Constitución, el Tribunal Constitucional y como ha manifestado el Congreso de los Diputados en diversas ocasiones. De manera que la única vía que tiene el Gobierno catalán es buscar apoyos para reformar la Constitución.
    Asimismo, el Gobierno está a la espera de las decisiones que pueda tomar la Fiscalía General del Estado tras las investigaciones abiertas por la misma después de que la Generalitat catalana decidiera incumplir el fallo del Tribunal Constitucional de suspender el denominado proceso participativo.
   Anoche, en un comunicado, la Fiscalía General aseguró que continuaba recabando datos para valorar las "responsabilidades penales" derivadas del proceso y para si se diera el caso "ejercer las oportunas acciones legales".
   En los días anteriores, la Fiscalía Superior de Cataluña pidió a la Consejería de Educación que le informara si la Generalitat había ordenado la puesta a disposición de centros educativos para la consulta y si había participado en el buzoneo de la propaganda.