viernes, 23 de noviembre de 2012

Piden el fin de la monarquía en Jordania

AMMÁN.- Nuevas protestas contra el anunciado aumento del precio de los combustibles se repitieron en esta capital hoy, donde de nuevo se escucharon demandas del fin de la monarquía hachemita. Las manifestaciones se centraron en la Gran Mezquita, en el centro metropolitano, bajo la atenta mirada de fuertes contingentes policiales, mientras los protestantes demandaron reformas políticas y económicas.
El anuncio días atrás de la retirada a los subsidios de los combustibles detonó nuevas protestas populares, que se sumaron a las de semanas anteriores contra la celebración de elecciones adelantadas sobre la base de una ley electoral reformada.

"Este Gobierno tiene que irse" y "los que quieren aumentar los precios de los combustibles quieren ver el país arder", fueron las consignas más reiteradas.

Esta semana la policía antimotines evitó que una marcha de protesta se encaminara al Palacio Real y dispersó a los participantes con gases lacrimógenos.

Fuentes oficiales dijeron que dos altos cargos de la Policía murieron en sendos ataques de desconocidos armados.

Víctor Grifols, empresario de éxito internacional: España es "una máquina rota"


BARCELONA.- El presidente de Laboratorios Grifols dejó de lado lo políticamente correcto y pronunció un duro discurso en Barcelona que dejó atónito a más de uno. Arremetió contra las administraciones públicas, contra los sindicatos, contra el sistema autonómico y hasta contra la monarquía. Dijo que su empresa no invertirá más en España mientras “las cosas no cambien” y que en caso de abandonar Cataluña, la compañía nunca se iría a Madrid, “antes me voy a Gibraltar”, indicó.
 
Víctor Grifols advirtió anoche en una cena de gala de la Asociación Española de Analistas Financieros, que premió la trayectoria profesional del empresario catalán, que no se ve capaz de continuar invirtiendo en España y que la compañía se irá marchando a EEUU.


Si la empresa catalana prefiere invertir en EEUU en vez de en España, explicó, no es porque allí las condiciones laborales o salariales sean mejores, sino porque aquí no se garantiza "una cosa tan trivial como el agua", según sus declaraciones.


Víctor Grifols puso como ejemplo el caso de la planta de la compañía de Parets del Vallès, en Barcelona, que necesita millones de litros de agua diarios para funcionar, pero que ni eso tiene asegurado. Por ello, en presencia del conseller de Salud, Boi Ruiz, y de más de un centenar de analistas, insistió: "Grifols no invertirá aquí mientras no tenga agua".


Sobre la difícil situación que vive actualmente España, el empresario afirmó que el origen del problema no es sólo económico o financiero, sino que "se ha roto la máquina” de la democracia. "Tenemos un país", señaló, en el que "la monarquía empieza a patinar", los sindicatos "no saben qué hacen", las autonomías "son accesorios que encima molestan" y existe un Senado que "no se sabe para qué sirve". "Alguien tiene que cambiar algo en esa máquina que está rota" y en la que no se han realizado cambios en los últimos 35 años, remarcó.


Víctor Grifols además dejó claro que el hecho de que su compañía sea española la ha perjudicado. Si hubiésemos nacido en Alemania hoy seríamos más grandes que Pfizer", su principal competidor, indicó y además aseguró que en España "hay empresas buenísimas que nacen castradas" por las limitaciones del propio país.


Además, explicó que "no pueden depender" de un país en el que es el Gobierno el que fija el precio de los medicamentos "y encima no paga". "Vendemos fuera porque allí se cobra y aquí no", aseveró, tras recordar que esta situación no es de ahora, sino que se viene produciendo desde la década de 1980. Ese fue precisamente el motivo por el que la compañía se abrió en 1987 al exterior e internacionalizó su negocio. Hoy en día, el 92% de sus ventas provienen de fuera de España y el 80% de su actividad industrial está también en el extranjero.


Víctor Grifols animó a las empresas a salir al exterior, y negó taxativamente que España sea actualmente un país de emigrantes por el simple hecho de que muchos de sus profesionales hayan tenido que salir del país para desarrollar su trabajo. "Hoy se dice que la gente emigra. ¡Qué coño! Son expatriados, gente a la que se manda fuera y volverá más rica de lo que era", manifestó el empresario catalán, que añadió: "No mandamos muertos de hambre fuera", sino que "exportamos talento".


A pesar de que los analistas financieros otorgaron a Grifols la Insignia de Oro por su trayectoria profesional, el empresario dedicó también unas palabras de reproche a este colectivo, a quienes recriminó que lleven a cabo sus análisis y proyecciones sin consultar siquiera con la propia empresa. Por eso, les explicó: "Grifols va bien. La próxima vez que quieran analizarnos, llámennos".

Crítica marxista de la monarquía / Iñaki Gil de San Vicente *

1. PRESENTACIÓN
Las dificultades que ha tenido que superar la organización de este evento es una muestra más de la incompatibilidad entre democracia y monarquía. La organización de este evento ha sido obstaculizada sistemáticamente por los aparatos de Estado para impedir que se realizase el programa previsto. Gracias a su dedicación y a su voluntad podemos estar ahora aquí para, entre todas y todos, avanzar un poco más en la crítica radical del orden establecido, que es de lo que se trata.

El lema que nos convoca y nos unifica en nuestras reflexiones puestas a debate no es otro que el que surgió al instante en centenares de millones de seres humanos cuando vieron atónitos al rey español arremeter contra el presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez. Aquél «¡¿Por qué no te callas y dejas hablar»?!, mitad mandato imperativo, mitad pregunta furiosa. Millones de personas, muchas de ellas «súbditos de Su Majestad» en el Estado español, quedaron boquiabiertas y sorprendidas por semejante retroceso a los peores tiempos del colonialismo ahora redivivo. Muy pocas, las reaccionarias y añorantes del derrotado imperio español, aplaudieron a rabiar.

El 11 de noviembre de 2007, el presidente de Venezuela, electo mediante un impoluto procedimiento democrático, estaba dirigiendo la palabra a otros presidentes, dignatarios y cancilleres latinoamericanos, y fue interrumpido bruscamente por un iracundo monarca español que le negó por unos segundos el ejercicio del elemental derecho a la libre expresión. Tamaño autoritarismo generó una fulminante reacción internacional de respuesta crítica, de denuncia por semejante arbitrariedad. Ahora, cinco años más tarde, nos encontramos aquí para debatir en esta Contra Cumbre diversos aspectos importantes que se derivan de aquella agresión verbal.

Fue precisamente en verano de 2007 cuando estalló oficialmente la crisis capitalista mundial. Desde entonces, estamos viviendo un áspero y creciente enfrentamiento social, se está agudizando la lucha de clases y la lucha de liberación de los pueblos oprimidos, pero también los ataques del capital contra la humanidad trabajadora se multiplican. El derecho a la libre palabra, a la libertad de expresión y de crítica, corre cada vez más peligro porque la verdad, que siempre es revolucionaria, está descubriendo las causas de las crisis, sus responsables, sus  beneficiarios, y a la vez sus consecuencias terribles, desastrosas, para las clases explotadas.

Siempre es peligroso decir la verdad, pero siempre es necesario decirla. La Contra Cumbre de 2012 tiene como objetivo decir la verdad sobre lo que significa la presente Cumbre Latinoamericana y, en concreto, en nuestro tema a debate, el de que no nos callarán, tenemos la voluntad y asumimos la necesidad, por tanto el deber ético, de decir la verdad sobre lo que se oculta debajo del comportamiento del rey de los españoles cuando intentó hacer callar al presidente  de Venezuela.

2. ACTUALIDAD DE LA CRÍTICA DEL MARX DE 1843
Todos sabemos que en una época tan temprana como 1843, Marx dedicó un capítulo entero en su Crítica de la filosofía del Estado de Hegel a «La Corona», en el que entre otras cosas sostuvo con su sincera radicalidad que: «El monarca es dentro del Estado el factor de la voluntad individual, de la autodeterminación infundada, del capricho». Capricho y monarquía: ¿nos sugieren algo estas palabras de 1843 en los momentos actuales, bajo una Constitución que en el título II, artículo 56, apartado 3, afirma que: «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65,2»? Por mucho que luego la Constitución determine algunos controles de la monarquía, la realidad es que nos encontramos ante un poder monárquico absoluto si lo comparamos con el de otras monarquías de la Europa actual. Capricho e irresponsabilidad, capricho e inviolabilidad.

La directa referencia a la identidad entre capricho y monarquía no es casual en Marx. De hecho la desarrolla y profundiza poco después, en la carta a Ruge de mayo de 1843, escribe:
«La monarquía no tiene otro principio que el hombre deshumanizado y despreciable (…) Allí donde el principio monárquico se halla en mayoría, los hombres se encuentran en minoría; donde se halla por encima de toda duda, no hay hombres. ¿Por qué un hombre como el rey de Prusia -que no tiene por qué sentirse problemático- no va a seguir simplemente su capricho? ¿Y qué pasará si lo hace? ¿Planes contradictorios? Bueno, pues no se hace nada. ¿Impotencia de las diversas orientaciones? Así como así no hay otra realidad política. ¿El ridículo y los apuros? No hay más que un ridículo y un apuro: tener que descender del trono. Mientras el capricho se halle en su sitio, tendrá razón. Ya puede ser tan voluble, atolondrado, despreciable como se quiera; siempre bastará para gobernar a un pueblo que nunca ha conocido otra ley que el arbitrio de sus reyes. Esto no quiere decir que un sistema descabellado y el desprestigio dentro y fuera carezcan de consecuencias, no seré yo quien garantice el barco de los locos; pero lo que si aseguro es: el rey de Prusia será un hombre de su tiempo, hasta que el mundo al revés deje de ser el mundo real».

Es innegable la actualidad de estas palabras de Marx simplemente imaginando que en vez del rey de Prusia se habla del rey de España, y en vez de «impotencia de las diversas orientaciones» se habla de la impotente sumisión filomonárquica de los partidos políticos supuestamente progresistas y hasta de «izquierdas», o sea, de la denominada muy correctamente «oposición de Su Majestad», y del ideario monárquico de la burguesía española. Los «caprichos» del rey son mundialmente famosos, y uno de ellos fue el exabrupto autoritario y filofascista con el que pretendió hacer callar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en una reunión internacional en América Latina. Un presidente electo por mayoría probada en elecciones sin mancha alguna, electo democráticamente, y que pone su cargo a disposición del pueblo venezolano cada determinado tiempo, cosa que nunca ha hecho el rey de España, impuesto a perpetuidad. En este sentido, el exabrupto de Juan Carlos I contra Hugo Chávez era a la vez un ataque a la toda Venezuela, representada a sí misma en la persona de su presidente electo.

Ya que por capricho se entiende una acción o propósito vehemente, un antojo que se realiza sin razón aparente, de manera súbita, podría decirse que el fallido mandato autoritario del rey de España a Hugo Chávez no fue un capricho sino un acto decidido, meditado y pensado. Pero el problema es otro, es el de valorar realmente qué se entiende en la práctica política del rey lo que se define como «capricho». Dicho de otro modo, a un presidente de gobierno, o a un presidente de una república no se le permite ningún capricho porque está sujeto a la voluntad democrática expresada libremente en las elecciones, al menos así dice la propaganda burguesa. Incluso un pequeño tirano filofascista como Berlusconi, casi omnipotente, ha terminado dimitiendo y teniendo serios problemas con la justicia oficial, entre ellos algunos que pueden estar relacionados con supuestos «caprichos sexuales». Semejante comportamiento, sin embargo, era normal, cotidiano en las monarquías y poderes regios hasta no hace mucho, y todo indica que pueden seguir siéndolo pero bajo el silencio oficial.

Lo que debemos estudiar es la pervivencia política medieval y esclavista de la impunidad del rey, de su inviolabilidad e irresponsabilidad legal, aunque se nombren algunos tímidos controles. Impunidad unas veces disfrazada de capricho, otra de excentricidad, o de afición personal al deporte selecto, a la caza, al esquí, y hasta de «exceso de hombría».  Precisamente esta es la cuestión a debate, la que emergió abiertamente en la interrupción de la plática del presidente venezolano, Hugo Chávez, por el rey de España: ¿Qué mensaje primitivo, duro y cortante pervive incluso ahora en el abuso de poder del monarca español? ¿Qué continuidad de símbolos de poder arcaico se materializó en el gesto y en la voz monárquica española contra Venezuela? ¿Por qué aquella arbitrariedad real fue sentida como un insulto, un desprecio insoportable por millones de seres humanos, que no sólo por los y las venezolanas?

Entendemos mejor lo que estoy preguntamos si avanzamos un poco en el tiempo y analizamos el demoledor efecto desprestigitador que tuvo en la ya muy debilitada legitimidad de la monarquía española aquella terrible foto del rey matando elefantes, de cacería en África mientras la crisis empobrece hasta la miseria a millones de sus «súbditos», mientras la corrupción de miembros de la Familia Real amenaza con destapar un olla podrida. Millones de «súbditos» comprendieron al instante lo anacrónico e injusto de la monarquía, de cualquiera, lo insoportable ética y políticamente de una estructura oprobiosa, dilapidadora e inaccesible e indiferente a la razón crítica, democrática. 

3. POLÍTICA BURGUESA Y DERECHO AL TIRANICIDIO
Pues bien, en la historia de las ideas políticas, de la llamada filosofía política, o recientemente teoría política, el problema de la deslegitimación del rey por sus caprichosos abusos es uno de los más tratados; además, lo es en su extrema y decisiva profundidad, la de plantearse la cuestión del derecho a la resistencia a los abusos y caprichos del poder en general, y del monarca en nuestro caso, o de la oligarquía o tiranía establecida, u otra forma de gobierno como la democrática de la Grecia clásica ya en decadencia. No voy a extenderme en las reflexiones de Platón sobre el derecho a la resistencia a la tiranía, que siempre han de recordarse precisamente por venir de un reaccionario de tomo y lomo, padre espiritual de una fecunda estirpe reaccionaria que hoy campea a sus anchas incrustada en el imperialismo. Tampoco voy a hablar de la doctrina católica sobre la resistencia al poder injusto, ya sistematizada en el siglo IV-V por Isidoro de Sevilla, entre otros, y enriquecida por Tomás de Aquino en el XIII y en el XVI-XVII por el padre Juan de Mariana, por citar algunos exponentes.

Lo que recorre a esta doctrina es la supeditación del monarca a Dios, a la ley divina, que cuando es atacada manifiesta y reiteradamente por el monarca da a otros poderes inferiores, que apenas al pueblo explotado, el derecho a intervenir corrigiendo los abusos y caprichos, o en caso extremo a deponer al rey y a «hacer justicia». Pero no nos hagamos ilusiones demasiado pronto, exceptuando movimientos heréticos radicales, siempre perseguidos a  muerte por el poder civil y eclesiástico, que eran uno solo en la práctica, la «voluntad de Dios» prohibió bajo pena de excomunión que el pueblo explotado utilizase la mortífera, barata y democrática ballesta, porque con ella podía vencer a las acorazados caballeros feudales, expropiarles sus tierras -muchas de ellas de la Iglesia- y hacerlas comunes, colectivas, o repartirlas entre las familias más necesitadas. La ballesta era un arma democrática por excelencia, fácil de hacer y de usar, pero demasiado efectiva por su alto poder de perforación. La «voluntad de Dios» fue comunicada a las clases explotadas en el segundo Concilio de Letrán, en 1139: los explotadores podían seguir tranquilos con sus caprichos, entre ellos el de derecho de pernada, porque las clases explotadas tenían prohibido el derecho a usar ballestas, lo que les volvía inofensivas e inoperantes. ¿De qué sirve, en estas condiciones, el derecho a la resistencia al tirano si se te impone el desarme?

Pero las masas campesinas insurrectas, las naciones oprimidas como la checa y su movimiento husita, los albigenses y cátaros, los anabaptistas y munzerianos, y los príncipes y Estados protestantes, calvinistas y luteranos, estos y otros movimientos complejos y contradictorios entre sí, incluso enemigos a muerte por representar intereses opresores y oprimidos, no respetaron la versión católica de la «voluntad de Dios», sino que crearon sus propios derechos a la rebelión contra la monarquía tiránica y contra Roma, justificados por interpretaciones exclusivas y excluyentes del mismo dogma religioso. Maravillosa dialéctica esta que llegó a plasmarse en el radical «movimiento antiabsolutista» que afirmaba en los siglos XVI y XVII que el absolutismo negaba la libertad humana creada por Dios, por lo que éstos tenían el derecho a la resistencia al  monarca, movimiento que influyó en autores fundamentales como Althusius.

Deberemos esperar a que, coincidiendo en el tiempo pero no en la mentalidad ni en el objetivo social con el padre Mariana, irrumpiera la teoría de Maquiavelo explicando el derecho del pueblo a sublevarse contra el Príncipe cuando este incumpliese las leyes de respeto y buen gobierno. Maquiavelo era demasiado inteligente y crítico, demasiado peligroso para el poder, y fue apartado de la vida pública y torturado. Surgió entonces Bodin para matizar, recortar y acomodar en pleno siglo XVII el derecho de resistencia a los intereses de la monarquía, en un período sangriento al extremos por las guerras hugonotes en el reino de Francia, por ejemplo, sin hablar ya de las «civilizadas atrocidades» europeas en América y en África, Pero aún así Bodin no se atreve a negar el derecho a la rebelión, aunque intenta encorsetarlo y reducirlo a su mínima pero factible posibilidad.

Hemos hablado de Althusius, que murió a comienzos del siglo XVII, que militó políticamente en defensa de los derechos del pueblo calvinista a resistirse a las imposiciones católicas. Pero ni incluso Althusius da plena libertad al pueblo explotado para decidir él mismo cuando y cómo ha de resistirse sino que como todos los pensadores anteriores, intenta mediatizarlo con vericuetos legalistas puestos en manos poderes que deben decidir si se practica ese derecho o no, y cómo se ejerce, hasta qué punto de radicalidad. Naturalmente, las masas europeas explotadas, los pueblos aplastados por el naciente colonialismo europeo, tenían la descortesía de no prestar oídos a Althusius y demás intelectuales. Podríamos extendernos a otros autores como Pufendorf, también de esa época, que si bien admiten y argumentan el derecho a la resistencia al monarca, lo limitan de diversos modos; pero lo decisivo es que, como hemos dicho, las clases explotadas actuaban frecuentemente aplicando su visión empírica de la resistencia como necesidad. Tal fue el caso de la Guerra de los Ochenta Años, de 1568 a 1648, guerra de liberación nacional y de clase burguesa del pueblo holandés contra la ocupación imperial española que aplicaba métodos atroces y brutales. Pero al democracia holandesa, orgullo de la civilización del capital, también se asentó en la represión de sus movimientos radicales, marginándolos y reforzando el orden burgués.

Muy significativamente, fue esta guerra la que marcó el nacimiento del capitalismo, tema en el que ahora no podemos extendernos, cuando Hobbes (1588-1679) se convirtió en el defensor más acérrimo del poder absoluto del soberano, del Estado, negando abiertamente el derecho a la rebelión contra la injusticia y defendiendo la obligación del acatamiento de las leyes por injustas que fueran. Mientras que Hobbes exigía la obediencia ciega, en su Inglaterra la burguesía comenzaba otro largo proceso de revoluciones violentas al negarse a pagar impuestos en 1639 y 1640, degollando nobles y reyes, pero también a miles de católicos  irlandeses, llevando al poder al republicano Cromwell en 1649, que implantó un régimen democrático para la burguesía pero dictatorial para las fuerzas reaccionarias, régimen decisivo para asentar lo que luego sería el imperio británico. Pero ese régimen democrático burgués también y sobre todo fue represor y reaccionario, dictatorial, contra sus bases populares radicalizadas, contra los pequeños campesinos y artesanos libres, contra la empobrecida pequeña burguesía que querían repartir o colectivizar las tierras y los bienes de la nobleza vencida. Cromwell los aplastó, como poco antes lo había hecho la burguesía holandesa revolucionaria con los artesanos y campesino radicales. Las convulsiones sociales continuaron hasta que en 1688-1689, mediante la Gloriosa Revolución, se afianzó definitivamente el poder formado por la alianza entre la burguesía en ascenso y la fracción más lúcida de la nobleza terrateniente.

Durante estos años decisivos en los que nació la civilización del capital, ninguna fuerza progresista siguió los consejos de Hobbes, pero sí los argumentos diferentes de Spinoza (1631-1677) y Locke (1633-1704) sobre el derecho a la resistencia. Spinoza fue bastantes más progresista en el sentido histórico que Locke, y por eso fue expulsado de la cofradía judía al ser acusado de hereje, mientras que Locke teorizó el derecho de la burguesía a defender su propiedad privada contra los abusos y caprichos del monarca. El capitalismo de la época no se enfrentaba aún a una clase trabajadora fuerte y cohesionada, como empezaría a  ocurrir desde finales del siglo XVIII en Inglaterra y sobre todo desde 1830-1848 en el resto de Europa, por lo que todavía dominaba abrumadoramente el derecho burgués a la rebelión contra la monarquía absolutista y tardomedieval.

Pero el derecho burgués a la rebelión contra la tiranía se limitaba a la esfera política, y siempre a la política dominante. Las masas quedaban excluidas, pero a la vez quedaba excluida una parte elemental del derecho a la resistencia, me refiero al derecho a la resistencia intelectual, a la libertad de crítica intelectual. La Inquisición católica era el terrorismo institucionalizado, pero también eran terroristas las versiones luteranas y protestantes del cristianismo.  El caso de Meslier (1664-1729), o cura ateo, es paradigmático ya que no sólo revela cómo y en qué condiciones de clandestinidad debía ejercitarse el derecho a la rebelión intelectual, sino también muestra el colaboracionismo con el poder opresor de lo más florido de la casta intelectual, como el caso de Voltaire (1694-1778)  quién en 1762 laminó el ateísmo materialista de Meslier, amputando su esencia revolucionaria y convirtiéndolo en una simple opinión discordante y algo incómoda, pero nada más. Voltaire, tenido como el summun del librepensamiento, fue en realidad el escribano progre del absolutismo tardofeudal.

Meslier se atrevió a argumentar la irreprochable lógica atea tal como se entendía a Dios en aquel tiempo. Aunque hoy su ateísmo debe ser contextualizado y enriquecido, es innegable que tenía y sigue teniendo razón en el punto crítico que latía en el ateísmo de su época: si Dios no existe ¿de dónde viene la legitimidad del rey? Si Dios es una mentira de los ricos, de los poderosos para engañar a los explotados y exprimirles pacíficamente hasta la última gota de sudor y de aliento, ¿qué otra cosa es la monarquía sino un engaño para beneficiar a los poderosos e idiotizar a los explotados? La carga revolucionaria de este ateísmo es obvia. Hay que partir de aquí para comprender el debate que se mantuvo entre grupos ateos clandestinos y el poder intelectual: Voltaire dijo que «si Dios no existiera habría que inventarlo», a lo que los ateos clandestinos respondieron: «Si Dios existiera habría que ejecutarlo».

En realidad, este ateísmo argumentaba indirectamente la ejecución del monarca simbolizada en la ejecución de Dios. El derecho de rebelión intelectual como anuncio de la rebelión física.  Pero el problema era más profundo y, sobre todo, era directamente político. Fue Diderot (1713-1784) quien puso el dedo en la llaga al afirmar que «el hombre sólo será libre cuando el último rey sea ahorcado con las tripas del último sacerdote». Diderot sabía que la Iglesia era  un poder terrenal decisivo para la supervivencia de la monarquía, pero su crítica no llegaba a las profundidades de la alienación y de la deshumanización unidas a la propiedad burguesa, sino que se quedaba a media distancia, la de las conexiones entre la Iglesia y el rey, por un lado, y la libertad abstracta del ser humano por otro lado.

A pesar de esta limitación, era una denuncia radical en su época que, como hemos dicho, puso el dedo en la llaga: la libertad humana no podría conquistarse sin acabar con la monarquía y con la Iglesia. El derecho a la resistencia se transformaba con Diderot en necesidad de la resistencia, o más concretamente, necesidad del tiranicidio, de la ejecución del tirano en cualquiera de sus formas, fuera rey o sacerdote. Al dar el salto del derecho a la necesidad, Diderot abría la puerta para la posterior llegada del derecho socialista a la rebelión, es decir, de la necesidad de la revolución proletaria como materialización práctica de tal derecho, como luego veremos al estudiar a Engels.

Rousseau (1712-1778) fue el máximo exponente de los años de gloria del derecho burgués en su versión reformista, pero también anunciaba en sus ambigüedades y lagunas los límites sociales e históricos insalvables que contradecían ese derecho y lo enfrentaban cada vez más al auge de la clase obrera que practicaba su específico derecho a la rebelión, un derecho que llegaría a ser socialista. También laten en Rousseau las contradicciones crecientes entre el derecho burgués europeo, eurooccidental, y el derecho a la resistencia no escrito apenas, oral, pero masivo en su aplicación desesperada de los pueblos americanos, africanos y asiáticos. En Rousseau y en muchas de las utopías de la época el «buen salvaje» apenas cuadraba con la realidad de la explotación colonial, pero tampoco con la realidad de la explotación interna entre las naciones que ahora llamados «originarias», y menos con la inhumana práctica de la esclavitud.

4. EXPLENDOR DE LA REVOLUCIÓN BURGUESA ANTIMONÁRQUICA
El punto álgido, supremo, del derecho burgués a la rebelión se produjo en el último tercio del siglo XVIII, con las revoluciones norteamericana y francesa. En la primera, se reconoce explícitamente ese derecho recogido en la declaración de independencia estadounidense en 1776, «la ley natural le enseña a la gente que el pueblo está dotado por el creador de ciertos derechos inalienables y puede alterar o abolir un gobierno que destruya esos derechos». En la segunda, en la francesa, «el fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión», en el artículo 2 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano del 26 de agosto de 1789, derecho vuelto a reafirmarse en 1793 con esta otra declaración: «Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes». Por falta de tiempo, no voy a citar a los ideólogos franceses y yanquis que alimentaron intelectualmente a ambas revoluciones burguesas.

Eran derechos burgueses que se negaron al pueblo trabajador, a las mujeres y a las naciones oprimidas esclavizadas o no, en cuanto empezaron a exigir con sus acciones su derecho a la justicia, a la libertad, a la no explotación. Tanto en Estados Unidos como en el Estado francés, la burguesía victoriosa no dudó en lanzar sus ejércitos para reprimir a quienes habían sido las verdaderas fuerzas revolucionarias que les habían aupado al poder con sus sacrificios y sus vidas. Del mismo modo, en Gran Bretaña de la misma época, la burguesía que había derrocado reyes y peleado a muerte con el feudalismo católico, no dudó en masacrar al movimiento obrero nacido de la primera industrialización, al que negó todo derecho a la resistencia, e impuso el deber supremo de la obediencia pasiva, del mismo modo en que Cromwell había reprimido al ala revolucionaria del ejército republicano, como hemos visto.

En cuanto la burguesía tomaba el poder político, material, comenzaba a girar a la derecha su poder intelectual, cultural. La revolución en Haití, feroz y larga, de 1791 a 1804, fue un hecho de transcendencia mundial porque además de ser esta isla la primera productora de azúcar también fue la primera revolución antiesclavista e internacionalista por esencia, sin cuya ayuda masiva en armas y dinero al ejército de Bolívar se hubiera retrasado mucho la independencia latinoamericana a la que todavía no le han perdonado su atrevimiento. Por ello los Estados se lanzaron con odio genocida contra esta heroica isla revolucionaria. La revolución haitiana, junto a la francesa, marcó el inicio del giro contrarrevolucionario del pensamiento burgués en todos los aspectos. No voy a extenderme en los ideólogos monárquicos franceses e ingleses de la época, ni tampoco en la segunda oleada de conservadurismo contrarrevolucionario, la que llega a su máxima expresión ideológica en la década de 1840-1850.

Para el tema que tratamos, el de la respuesta social a los abusos caprichosos de la monarquía irresponsable, nos interesa más dejar constancia del giro derechista de la filosofía política alemana en dos de sus grandes teóricos, Kant y Fichte, y de las dificultades de un Hegel que no podía resolver la contradicción que minaba su dialéctica idealista. Es importante detenernos rápidamente en la «escuela alemana» porque buena parte de los argumentos políticos posteriores anclan en sus ambivalencias y tesis. Por ejemplo, Kant (1724-1804) estaba muy cerca de las tesis de Hobbes, rechazando como este el derecho a la resistencia, pero matizando en una crítica suave a Hobbes que el deber de la obediencia al Príncipe no anula todos los derechos del pueblo, sino afirmando que debían existir cauces pacíficos de expresión del pueblo. Fichte (1762-1814) comenzó defendiendo el derecho a la rebelión pero impresionado por la violencia impactante de las revoluciones de finales del siglo XVIII, de las guerras napoleónicas y de otros conflictos, terminó derivando hacia un neoplatonismo que justificaba la necesidad del «gobierno de los mejores» sobre el pueblo llano, y absteniéndose él mismo, Fichte, de dar alternativas concretas al problema de la opresión.

Hegel (1770-1831) vivió y pensó siempre dentro de contradicciones: daba clases a cargo del Estado pero era vigilado por la policía secreta por sus ideas; pensaba la dialéctica como lucha de contrarios, pero la reducía a la lucha interna en la Idea Absoluta; era idealista pero con un poso de materialismo no reconocido; estudiaba el cambio permanente en el mundo entero, pero desde una visión de realización definitiva de la Idea en la cultura alemana, etc. Su visión de la violencia legítima contra la tiranía también es contradictoria porque todo su método dialéctico le lleva a afirmar la inevitabilidad del choque de contrarios, del salto cualitativo mediante la negación de la negación, es decir, mediante la ruptura revolucionaria, pero reduce esta dialéctica a su aspecto idealista, abstracto, formal. Las revoluciones estallan así en la Idea como efecto de las contradicciones del sistema político, pero no estallan en la realidad, o si lo pensó no lo escribió ¿por miedo?

Hegel no vivió la fase de súbita radicalización de las masas trabajadoras entre 1830 y 1848, por lo que no pudo disponer de las nuevas «expresiones del Espíritu» que tumbaron todas las certidumbres burguesas y forzaron a los ideólogos de esta clase a realizar la segunda oleada de filosofía política contrarrevolucionaria, a la que nos hemos referido arriba. Pero es sabido que el pensamiento y la inteligencia humana viven gracias a las contradicciones, alimentándose de ellas y dentro de ellas, de modo que fueron las limitaciones de Hegel, más otros conocimientos sociopolíticos, económicos, históricos, científicos, etc., lo que ayudaron a la aparición del marxismo y del derecho socialista a la rebelión, irreconciliable con el derecho burgués. Antes de que Marx escribiera el demoledor ataque a la monarquía, Buonarroti (1761-1837), Babeuf (1760-1797) y Blanqui (1805-1881), por citar unos pocos, ya practicaban en Europa el derecho a la resistencia desde perspectivas políticas situadas a la izquierda del socialismo utópico. Me limito al marco europeo porque sería alargar en exceso mi intervención si enumerase la impresionante lista de personas buenas, dignas y heroicas que en el mundo entero luchaban contra la injusticia en general y contra el colonialismo occidental en concreto.

5. ACTUALIDAD DE LA CRÍTICA DE ENGELS DE 1845 Y 1884
Tras este repaso sucinto de las reflexiones de la teoría política sobre cómo controlar, frenar o sencillamente enfrentarse a las arbitrariedades del rey, podemos volver al Marx de 1843 y a su devastadora crítica de cualquier monarquía, de la institución en cuanto tal, aunque él se volcase contra la prusiana. La crítica marxista va al corazón del problema, a su esencia que no es otra que la deshumanización inherente a todo régimen monárquico. Y después, sobre esta base, plantea reflexiones políticas. En 1845 Engels escribió su imprescindible investigación sobre La situación de la clase obrera en Inglaterra, obra en la que no critica en concreto a la monarquía británica pero en la que, por un lado, se afirma que en aquel entonces la lucha por la democracia significaba la lucha por el comunismo y, por otro lado,  está siempre presente el derecho de la clase trabajadora a la resistencia contra la burguesía monárquica. Tras una larga exposición de luchas y experiencias organizativas, afirma: «Estos hechos son prueba suficiente de que en Inglaterra, inclusive en períodos de negocios fluidos como a fines de 1843, la guerra social está declarada y se lleva a cabo abiertamente».

En una monarquía industrializada y con «controles democráticos y parlamentarios» burgueses, el derecho socialista a la resistencia se expresa mediante la «guerra social» declarada y abierta incluso en períodos de expansión económica. Que se trata de una «guerra social» vuelve a quedar patente cuando más adelante Engels analiza la «declaración bélica» de la burguesía contra el proletariado, consistente en el malthusianismo y en la nueva ley de pobres. Ahora existe la moda intelectual de hablar de la «biopolítica» y del «biopoder», pues bien toda la obra de Engels aquí citada es un impresionante compendio teórico de ambas cosas, pero escrito con mucha antelación. Del mismo modo, y para ir concluyendo este apartado, vamos a citar al tardío Engels también sobre el problema de las leyes monárquicas antisocialistas y la prohibición explícita del derecho a la resistencia, o lo que es lo mismo, del derecho a la revolución. Me refiero a la muy actual carta de Engels a Bebel del 18 de noviembre de 1884, en la que el viejo revolucionario rechaza sin contemplaciones la exigencia del Estado prusiano de que los socialistas, y sólo ellos, renuncien al derecho a la revolución, a la rebelión, para ser legalizados.

Así,  en 1843 Marx ataca a la monarquía por su inhumanidad; en 1845 Engels, estudiando la explotación humana en un Estado monárquico afirma que la democracia significa el comunismo y la práctica de la «guerra social», de la resistencia; y por último, en 1884, Engels se opone frontalmente a que se renuncie al derecho a la rebelión para que el partido socialista sea legalizado por un Estado monárquico. Sin mayores análisis ahora descubrimos una nítida línea roja que une 1843 y 1884 que se enfrenta en lo elemental a la crítica burguesa: el derecho socialista a deponer al rey, derecho que en determinado momento se transforma en necesidad por la dialéctica de la lucha de clases. Aquí está la esencia de la crítica marxista a toda monarquía: hay que acabar con ella para afirmar prácticamente la humanidad humana.

La diferencia cualitativa entre el derecho burgués a la resistencia al tirano, el que fuera, y el derecho socialista a la revolución radica en que el socialismo pone en el centro del problema la cuestión de la propiedad privada de las fuerzas productivas, siendo la tiranía, el rey, la opresión, la Iglesia, meros efectos de las contradicciones sociales desatadas por la propiedad burguesa. En 1843 Marx no había descubierto aún la teoría de la plusvalía, la ley del valor-trabajo, etcétera, y no había desarrollado la crítica del fetichismo de la mercancía, pero la insistencia en la deshumanización inherente a la monarquía y/o al Estado, que viene a ser lo mismo en ese contexto, se mantendrá como elementos constante en todo el marxismo.

La propiedad burguesa, en su desenvolvimiento social, impone la deshumanización, la alienación, la fetichización, la cosificación. Todas ellas, sin extendernos ahora en el tema, son características de la mentalidad monárquica dentro del capitalismo. Del mismo modo que el patriarcado precapitalista tuvo que transformarse en sistema patriarco-burgués para servir con eficacia al capital, como antes se había transformado para servir al feudalismo y al esclavismo y en parte al modo tributario, del mismo modo la monarquía fue transformada al sistema capitalista primero en la revolución holandesa y después en la revolución inglesa tras la muerte de Cromwell y sobre todo desde 1688-1689.

Aunque es innegable que la monarquía capitalista mantiene rituales, ceremonias y pompas idénticas en la parafernalia suntuosa y ostentosa a las que se realizaban en los imperios persa, chino, etc., con sus actos de sumisión y acatamiento al poder real, siendo esto así, sin embargo la monarquía capitalista se diferencia cualitativamente de todas las anteriores en que ahora la propiedad privada, la burguesa, está en sí, legalmente, fuera de la propiedad real, de la Casa Real, de modo que el rey, por muy poderoso que fuere, no puede apropiarse a su antojo, capricho y libre arbitrio o cumplimiento trámites muy simples, de las propiedades de otros burgueses. 

Una vez que se impone la propiedad burguesa, el problema del derecho a la rebelión contra la tinaría monárquica sufre un cambio cualitativo porque la monarquía pasa de ser el problema crucial a superar, como sucedía en el feudalismo, a ser una simple cuestión de eficacia gubernativa, es decir, de eficacia para la explotación asalariada. Si la forma-monarquía deja de ser efectiva para el capital, la burguesía impone la forma-república, y si, por lo que fuese, ésta se vuelve en un freno, la burguesía puede optar por cualquier forma de bonapartismo, militarismo, nazifascismo o incluso por volver a la forma-monarquía pero bajo nuevas exigencias. Si en el feudalismo la caída de la monarquía era el inicio de la caída del feudalismo, más o menos bruscamente, en el capitalismo la caída de un reyezuelo bribón y corrupto puede ser necesaria para recuperar la tasa de beneficio.

Bajo la dictadura del sistema salarial el derecho a la rebelión burguesa pierde toda su razón de ser, manteniéndose en todo caso ese derecho burgués como derecho a intervenir con la violencia más terrorista imaginable contra las clases y los pueblos que quieren acabar con el capitalismo, o que, sin quererlo conscientemente, frenan u obstaculizan de manera importante la expansión imperialista al negarse a claudicar a sus exigencias. Por esto es conveniente releer siempre la carta de Engels a Bebel del 18 de noviembre de 1884 ya que en ella, y a parte de otras consideraciones, se afirma el derecho/necesidad socialista a la revolución como derecho inalienable. Mientras que Diderot defendía la necesidad de ejecutar al monarca, Engels defiende la necesidad de la revolución socialista. Por tanto, acabar con la monarquía es un paso para acabar con la propiedad privada, para avanzar hacia la socialización de las fuerzas productivas como exigencia objetiva para la extinción histórica simultánea de las clases sociales, de la explotación asalariada, del patriarcado y de la opresión nacional. Obviamente, en este proceso los reyes y reinas habrán pasado al basurero de la historia y al museo de los horrores e ignominias.

6. EL REPUBLICANISMO DE LA CULTURA POPULAR VASCA
Hemos visto el antagonismo irreconciliable que existe entre democracia y monarquía en general, y lo hemos visto mediante un muy breve seguimiento de la historia de las luchas antimonárquicas burguesas y seguidamente de las luchas socialistas y comunistas. En realidad, la crítica a la monarquía que hago desde mi independentismo comunista vasco se mueve dentro de este parámetro, pero aplicado a mis condiciones de existencia. Por un lado, como ser humano libre, como parte del ser-humano-genérico, soy natural y socialmente antimonárquico, republicano, y por otra parte, en el mismo acto soy comunista vasco que lucho por la independencia socialista de Euskal Herria, y por tanto por una República Socialista Vasca. Consiguientemente mi crítica de toda monarquía, la que fuera, se materializa tanto en la crítica del Estado español como, positivamente, en la lucha por la República vasca. Seguiré este esquema en lo que resta de exposición.

Hay que empezar diciendo que la institución monárquica, cualquiera, nunca ha compaginado bien con las formas sociopolíticas vascas y con nuestra cultura popular. Sin extendernos ahora en una exposición de la historia política vasca, es un hecho que las instituciones de poder en Euskal Herria se han movido siempre en un complejo e inestable equilibrio entre una tendencia autoorganizativa local, y una tendencia centralizadora a escala media, lo cual no anula en modo alguno la existencia de la explotación de clases y patriarcal, la existencia de poderes opresores que no dudaban en reprimir a un pueblo explotado que tampoco se dejaba oprimir. Sin embargo, las tendencias a la excesiva centralización del poder en pocas manos y a su absolutización monárquica tradicional siempre chocaron en Euskal Herria con una resistencia tenaz por parte del pueblo trabajador y con resistencias más o menos duras, según los casos e intereses, por parte de las sucesivas clases dominantes autóctonas. Basta comparar la historia sociopolítica vasca con la de los Estados español y francés para confirmarlo.

El ejemplo de las denominadas guerras carlistas por la historiografía española es concluyente. Para las masas explotadas vascas, campesinas, artesanas, pescadoras, trabajadoras urbanas, para la empobrecida pequeña nobleza rural y la casta sacerdotal de base, para sectores amplios de la pequeña burguesía e incluso de la mediana burguesía, la defensa del carlismo era casi exclusivamente la defensa de los Fueros Vascos, símbolo y práctica de las leyes y usos propios del País, antes que la defensa de una parte de la monarquía de un Estado mayoritariamente visto como extranjero, la menos centralizadora y españolizadora. La larga y desesperada resistencia armada popular, su masividad, se explica por la defensa de unos Fueros que protegían mal que bien las decisivas propiedades comunales y otros usos y costumbres -hoy llamados «derechos sociales»-  que asumían como propios del país.

Insisto en que esta realidad no anulaba ni negaba la existencia cierta de la lucha de clases interna a Euskal Herria, que es una hecho incuestionable del que ya hay datos inequívocos desde el siglo XII, e incluso desde antes. Pero confirma que nuestra nación fue desde el siglo XVI, como mínimo, coincidiendo con el fortalecimiento de la burguesía comercial e industrial del hierro, un marco autónomo de lucha de clases, especificidad que se fue reforzando conforme el capitalismo avanzaba de su fase comercial y colonial a su fase imperialista, hasta llegar al presente, en donde es ya una realidad obvia. La lucha de clases vasca empezó a dar un salto cualitativo en lo que concierne al profundo rechazo popular a todo rey o reina,  conforme las monarquías absolutistas francesa y española intervenían con sus ejércitos en defensa del bloque de clases dominante autóctono desde el siglo XVI en adelante, con la invasión del Estado vasco de Nafarroa, en primer y decisivo lugar.

Desde entonces y de manera ascendente hasta finales del siglo XVIII, la monarquía iba siendo identificada por el pueblo vasco cada vez más como un enemigo invasor en vez que como un simple Señor que se había comprometido a acatar los Fueros, leyes y costumbres del país. Fue desde finales del siglo XIX en la parte de Euskal Herria bajo dominación española cuando la monarquía intervino de manera brutal y aplastante en apoyo de la burguesía industrial en ascenso, en contra del pueblo trabajador vasco. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX la sensación popular sobre el papel represor de la monarquía y del Estado liberal español, sobre el retroceso de las libertades y de los derechos sociales, culturales, lingüísticos, etc., en contraste con la tradición democrática del país era tan masiva que lo tuvieron que reconocer autores como Max Weber, además de un PSOE que no dudó en ensalzar las virtudes democráticas del himno vasco prohibido, el Gernikako Arbola, himno de 1853 que defendía los valores de los Fueros y la identidad nacional vasca y cuyo autor, Iparragirre, tuvo que exiliarse.

Una especie de «triple alianza» formada por la monarquía, el ejército y la burguesía vasca actuó al unísono para consolidar el Estado español y para aplastar los derechos nacionales vascos, defendidos desde entonces y cada vez más por las clases trabajadoras, muy especialmente desde la década de 1920-1930 en adelante. Es larga la lista de intervenciones sociopolíticas directas del ejército y de la monarquía en defensa de la burguesía industrial vasca para reprimir el ascenso de las luchas obreras y populares, el ascenso del nacionalismo y del independentismo, y sobre todo para abortar la fusión de la lucha independentista con la lucha socialista y comunista, que comenzó a insinuarse en la década de 1920, creció entre 1931 y 1937 y dio un salto cualitativo e irreversible entre 1959 y 1967. 

La monarquía reinstaurada por el dictador Franco y aceptada por el grueso de la «oposición de su Majestad», muy especialmente por el PCE y restantes «izquierdas» que aprobaron la Constitución de 1978, fue la legitimadora del terrorismo de Estado contra el pueblo vasco que el PSOE masificó desde su llegada al gobierno. La importancia de la monarquía para el bloque de clases dominante en el Estado español al poco de la muerte del dictador Franco fue creciendo en la medida en que necesitaban una nueva legitimidad. La industria político-mediática se lanzó a lavar la imagen del rey franquista, sobre todo después del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Posteriormente, la prensa se ha esforzado hasta lo indecible por acallar todos los rumores y comentarios sobre múltiples aspectos de la monarquía.

7. DERROTA ESTRATÉGICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA
En lo que concierne a Euskal Herria, hay que decir que esta institución fue decisiva en el intento de dar una cobertura «democrática» a la ofensiva general contra nuestros derechos nacionales. Ya desde el mismo «fracaso» del golpe de Estado de 1981, el rey fue la pieza clave para la imposición de la LOAPA, un duro y rápido programa de recentralización, parando en seco la tímida descentralización autonómica anterior. Con la llegada del PSOE al gobierno se redoblaron los esfuerzos por limpiar a la monarquía de toda duda y sospecha sobre sus implicaciones en el golpe de Estado, a la vez que se silenciaban sin pudor hasta la más mínima información que no favoreciera a la Casa Real. El gobierno del PSOE tenía en el rey la figura publicitaria por antonomasia para legitimar el terrorismo de Estado y la aplicación del Plan ZEN, así como la implacable estrategia de desindustrialización del tejido económico vasco que se ocultaba debajo de la «reconversión industrial». Además, estas y otras medidas se vieron reforzadas por la política de facilitar la rendición de un sector de ETA p-m y su integración en el sistema, debilitando transitoriamente a la izquierda abertzale.

La imagen pública y oficial del «rey demócrata», «chistoso y bonachón», «campechano», imagen mimada y cuidada segundo a segundo por la industria político-mediática, por los poderes del Estado y hasta por la Iglesia, nunca fue aceptaba en Euskal Herria, pese a los esfuerzos directos o indirectos del bloque constitucionalista, del bloque que aceptó la Constitución monárquica y la defendió como una única «garantía de las libertad». Al contrario, ya en 1981 los junteros de Herri Batasuna protestaron a voz en grito cantando el Eusko Gudariak Gara, himno al soldado vasco, delante del rey español en un acto en la Sala de Juntas de Gernika; desde entonces, una y otra vez, la izquierda abertzale ha mostrado su oposición frontal a la monarquía española con una coherencia admirable y sin parangón en las izquierdas del Estado español.

La izquierda abertzale ha hecho una verdadera pedagogía democrática y republicana que ha anulado cualquier intento de anclaje en el imaginario popular vasco del principio monárquico, actualizando en el capitalismo de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI la larga tradición antimonárquica inserta en la cultura popular vasca. Además, el desprestigio de esta institución se acelera entre los pueblos y clases explotadas del Estado español no sólo por lo irracional que es en sí la monarquía, sino también por las corrupciones que le acompañan. De cualquier modo, el problema no está resuelto porque debemos ser conscientes del papel que la monarquía juega en estos momentos de crisis estructural del Estado español.

En efecto, en la vital carrera por la productividad del trabajo a escala mundial, el capitalismo español va perdiendo posición lenta pero irremisiblemente, va quedando rezagado, es superado por burguesías que sí cuidan las inversiones necesarias para aumentar su productividad. Como marxistas sabemos que, a la larga, la ley de la productividad del trabajo es la que rige el futuro de los Estados y de las naciones. Producir más y mejor con menos tiempo de trabajo es el secreto del beneficio burgués. Pero el bloque de clases dominante en el Estado español, excepto fracciones burguesas vascas y catalanas, apenas se ha preocupado por sistematizar políticas globales destinadas a aumentar la competitividad productiva. Se han volcado más en el látigo que en la zanahoria, más en la plusvalía absoluta impuesta por la represión que en la plusvalía relativa sostenida por el consenso alienador.

El desprecio de la cultura dominante española por la técnica y la ciencia, es muy antiguo, pero con el capitalismo llegó a su máxima expresión. En 1909 Unamuno, crítico mordaz, dijo aquello de: «¡Que inventen ellos!», refiriéndose a la dejadez e indiferencia española por el conocimiento. La intelectualidad española, que ya arrastraba el trauma de 1898, buscaba alternativas a la decadencia del Estado y fue Ortega y Gasset el que en 1914 expresó en una sola frase lo que sería luego el sueño incluso del franquismo desde la década de 1960 «¡España es el problema, Europa es la solución!». La caída de la monarquía y la instauración de la II República en 1931 no resolvieron el problema de fondo. Maeztu dijo en 1934: «Me duele España», mostrando cómo el bloque de clases dominante somatizaba el desastre en vez de buscar alternativas.

Desde la primera crisis seria de la dictadura autárquica franquista, al calor del turismo la burguesía optó definitivamente por el capital financiero-inmobiliario desligándose poco a poco del industrial; luego, también optó por el capital servicios que por el industrial, ya en retroceso. La «reconversión industrial» aceleró la financiarización económica y su progresiva e imparable dependencia del capitalismo exterior. La mal llamada «década milagrosa», de 1997 a 2007 fue un frenesí de egoísmo miope, de ceguera consumista, de desprecio por la inversión en I+D+i. Este supuesto «milagro» también se basó en la entrada de capitales extranjeros; en la entrada de dinero negro del narcocapitalismo y de mafias internacionales; en la corrupción administrativa, política y cultural inherente al clientelismo social español; en la economía sumergida y en el fraude fiscal masivo; en el «dinero de plástico», barato y fácil de pedir a la banca, interesadamente dadivosa; y en la pasividad del movimiento obrero desmoralizado y destrozado por el giro al reformismo descarado y corrupto de la «oposición de Su Majestad», una ex izquierda que alegremente había creado la nueva doctrina del «marxismo-ladrillismo».

La catástrofe de 2007 en adelante cogió desprevenida a la burguesía y a sus peones. Uno a uno fueron desplomándose con desconcertante rapidez todas las euforias superficiales y pueriles de hacía solamente unos pocos años. La crisis era y es incluso cualitativamente más grave que la de 1898, la de 1929-1936, la de 1959, la de 1975, etcétera. La crisis es tan grave que hasta el sector burgués que poco antes jugueteaba con la idea de cambiar la monarquía por una III República autoritaria, neoconservadora y españolizada a tope, ha dejado ese proyecto en el cajón, por ahora, y ha salido en defensa de una Casa Real agujereada en sus muros y podrida en sus raíces. Hay que hacer piña, mientras en Catalunya y en Euskal Herria, las ansias soberanistas e independentistas avanzan con respectivos proyectos republicanos. Hay que hacer piña, y la monarquía vuelve a aparecer como el centro salvador, por ahora. Pero ya no es el único, como en 1978, sino que ahora la gravedad de la crisis es tal, que el sector dominante en la gran burguesía española lo ha dicho abiertamente por boca del banquero Botín: «El euro y la integración de Europa no tienen vuelta atrás».

El rey, en este contexto, es y será la figura central que como el eje de la rueda, cohesione todos los radios, manteniendo la ficción de la «soberanía nacional española», que desapareció definitivamente en 2010-2011 con la aceptación incondicional de las exigencias de la Unión Europea y de Estados Unidos. Por eso, la monarquía será durante un tiempo el punto de bóveda en el que confluyan los diversos intereses fraccionales de la burguesía y simbolice el nacionalismo imperialista español, progresivamente enfurecido y fanatizado en contrapartida a la pérdida de soberanía efectiva. Pero esta función no anula el hecho de que la monarquía ha sufrido una derrota estratégica irrecuperable: además de la corrupción y del gasto injustificable que supone mantenerla, la monarquía es ya lógicamente insostenible para cualquiera que argumente con una racionalidad objetiva. Pero lo decisivo radica en que ha fracasado en la función política que se le asignó con respecto a Euskal Herria.

(*) Revolucionario e intelectual vasco

Publicado en Euskal Herria

IU propone un mecanismo que permita revocar a quien incumpla sus promesas electorales

MADRID.- Izquierda Unida (IU) quiere que el Gobierno ponga en marcha un mecanismo para controlar el contenido de los programas con los que los partidos se presentan a las elecciones que incluya la posibilidad de revocar a aquellos políticos que lo incumplan.

   Éste es uno de los puntos que el grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha incluido en la moción, que se debatirá el próximo martes en el Pleno del Congreso y que es consecuencia de la interpelación que su portavoz, José Luis Centella, planteó a finales de octubre a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
   De la misma, la federación de izquierdas emplaza al Ejecutivo a reformar las condiciones laborales de todos los cargos públicos, de manera que se incluyan en el Régimen General de la Seguridad Social,
y que fije los salarios de todos ellos, incluidos diputados, senadores, alcaldes y concejales, y que realice un control rígido de las incompatibilidades.
   También plantea, entre otras medidas, modificar la vigente Ley Electoral para hacerla más justa, reformas legales para hacer efectivos todos los artículos de la Constitución, regular la convocatoria de referendos vinculantes, mejoras en las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) y la "desvinculación total del Estado con cualquier confesión religiosa".
   Y para analizar estas propuestas y otras que pudieran presentar otros grupos de la oposición, el texto de IU propone la puesta en marcha de una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso para que durante un año en la misma se estudien las reformas legales o medidas que debieran tomarse para revitalizar el sistema democrático.
   Dicho órgano parlamentario, en el que IU sugiere que puedan participar colectivos sociales y ciudadanos, debería servir para encontrar fórmulas que profundicen en la participación directa de la ciudadanía en la vida política y mejoren la identificación entre representantes y representados y del propio funcionamiento del Congreso.
   Por último, el grupo parlamentario que capitanea Cayo Lara aprovecha su iniciativa para pedir que el hemiciclo reconozca formalmente que el pasado 25 de septiembre, cuando tuvo lugar la primera protesta de 'Rodea el Congreso', no se alteró el funcionamiento normal de la Cámara y para instar a la no criminalización de los movimientos ciudadanos que se manifiestan contra las consecuencias de la crisis.
   En la misma sesión plenaria se analizará una proposición de ley de IU-ICV-CHA y BNG que abre la puerta a celebrar un referéndum consultivo sobre los recortes acometidos por el Gobierno desde su llegada al poder, una idea defendida también por los sindicatos en la huelga general del pasado 14 de noviembre. La toma en consideración de esta propuesta, que supone una reforma de la Ley Orgánica de 1980 que regula las distintas modalidades de referéndum, se discutirá dos semanas después de esa jornada de huelga.
   En la proposición se argumenta que las medidas anunciadas por Rajoy el pasado 11 de julio --entre las que figuraba la retirada de la paga extra a los funcionarios y la subida del IVA--, son "muy similares" a las que adoptaron Grecia, Portugal e Irlanda, y que supusieron un "fracaso", y son, además, "socialmente injustas y de extrema gravedad" para la ciudadanía.
   Pese a que los 'populares' aplican "con mano de hierro" estos recortes, a su juicio el Gobierno carece de legitimidad para ello por cuanto que esas medidas "no cuentan con el aval democrático de los electores" al no estar contempladas en el programa con el que el PP concurrió a las generales hace ahora un año. De hecho, destacan que alguna de las medidas adoptadas, como el incremento de los tipos en el IVA, "contradice abiertamente" los compromisos electorales del PP.
   De ahí, apuntan, la necesidad de que los ciudadanos, en tanto que depositarios de la soberanía, "tomen la palabra y se pronuncien sobre este programa de recortes".
 "Es necesaria la convocatoria de un referéndum que dé voz a la ciudadanía para que se pronuncie sobre unas medidas que están empeorando muchos de sus derechos", indican.
   Para abrir estos "canales de participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones", la idea pasa por desarrollar el artículo 92 de la Constitución, que establece la posibilidad de que las decisiones políticas de especial trascendencia puedan ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
   En concreto, abogan por reformar la Ley de Referéndum para introducir la obligatoriedad del presidente del Gobierno de someter a consulta las cuestiones que afectan a derechos económicos, sociales y laborales. "Es el momento de aplicar más democracia, dejando que sean los ciudadanos los que tomen la palabra y se pronuncien sobre decisiones vitales que van a afectar de manera decisiva a su futuro --proclaman--. Es el momento de dejar de aplicar el rodillo de la mayoría absoluta y contar con los habitantes del Estado español, de incrementar la calidad democrática".

Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes en el centro de Bangkok

BANGKOK.- Las fuerzas de seguridad han hecho uso de gases lacrimógenos y otras medidas de dispersión de manifestaciones en Bangkok en el marco de las protestas contra el Gobierno convocadas por el partido opositor Pitak Siam.

   El primero de los enfrentamientos se ha registrado frente al puente Makawan Rangsan, ubicado cerca del Parlamento, cuando los manifestantes han intentado atravesar una de las barricadas plantadas por las fuerzas de seguridad para acceder a la Plaza Real, donde termina la manifestación.
   El Ministerio de Interior ha desplegado un gran dispositivo de seguridad de cara a la protesta y ha cerrado un total de nueve calles que rodean la zona, permitiendo el acceso a la plaza únicamente por una de las calles. En los alrededores del puente Makawan Rangsan han sido detenidas 132 personas, mientras que cuatro han resultado heridas por la inhalación de gases lacrimógenos.
   En un segundo enfrentamiento, las fuerzas de seguridad han disparado gases lacrimógenos contra algunos manifestantes que intentaron atravesar una segunda barricada ubicada en la intersección de Miskawan, también incluida en las zonas restringidas por el Gobierno, según ha informado el diario tailandés 'The Nation'.
   Al margen del cierre de nueve calles del centro, una segunda orden prohíbe el tráfico de vehículos en otras nueve calles, mientras que una tercera prohíbe a la gente portar armas en la vía pública. El ministro de Defensa, Sukumpol Suwanatat, ha establecido un comando central para trabajar junto al Ejército, el Comando Supremo, el Ministerio de Interior y el Comando de Operaciones de Seguridad Internas.
   Las autoridades han movilizado a más de 20.000 agentes de Policía de cara a la protesta, que ha sido descrita por la primera ministra, Yingluck Shinawatra, como un intento de derrocar al Ejecutivo.
   Hoy viernes, la jefa de Estado tailandesa invocó el Acta de Seguridad Interna (ISA) en tres distritos de Bangkok, una medida que da a las fuerzas de seguridad mayores poderes para bloquear parte de la ciudad, imponer el toque de queda o incluso prohibir las protestas.
   Analistas políticos citados por el diario británico 'The Telegraph' han apuntado que la decisión de Shinawatra tiene como objetivo garantizar la lealtad del Ejército, que derrocó a su hermano y exprimer ministro Thaksin Shinawatra, actualmente en el exilio.
   También de cara a la protesta, la Policía estableció un total de 53 puestos de control para controlar la entrada de vehículos a la capital, una medida que tenía como foco las furgonetas, autobuses y camiones en los que viajara más de un pasajero. Dichos vehículos han tenido que registrarse antes de acceder a Bangkok.
   A pesar de las medidas impuestas por las autoridades, el líder de Pitak Siam, Boonlert Kaewprasit, ha solicitado que la convocatoria siga su curso, al argumentar que las medidas provocarían que más personas se adhirieran a la protesta.

Hijos y nietos de consumidores pagarán la deuda eléctrica durante 30 años

MADRID.- El secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, ha asegurado este viernes en el Senado que los consumidores, "sus hijos y sus nietos" van a tener que devolver la actual deuda eléctrica durante "20 ó 30" años, y ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno para controlar el déficit de tarifa y evitar una "quiebra".

   "¿Sabe cuánto tiempo van a pagar nuestros hijos y nietos el exceso de primas y de déficit de tarifa? Veinte o treinta años", afirmó Martí en una comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Senado, en la que se mostró especialmente molesto con las críticas del senador socialista Jesús Alique a su gestión.
   Martí atribuyó el déficit de tarifa a "decisiones regulatorias anteriores mal hechas", y consideró que su departamento se enfrenta a "un bache provocado por un endeudamiento no deseado", de modo que "el Estado tiene ahora que cubrir la deuda subiendo tarifas, poniendo impuestos eléctricos o atendiendo a un parón de energías porque no se pueden desarrollar más".
   "Nos dicen que no tenemos política energética. La mejor política energética del país es poder pagar todos los costes. Se ha formado un déficit de tarifa tan grande que probablemente el sistema quebraría" si no se hubiesen adoptado las decisiones aprobadas este año por el Gobierno, señaló.
   El secretario de Estado de Energía aseguró además que su departamento ha sido el primero en "quitar" dinero al "oligopolio" eléctrico, en concreto 3.000 millones, para evitar con ello una "quiebra" del sistema provocada por el abultado déficit de tarifa.
   "Por primera ves se quita al oligopolio de Endesa e Iberdrola 3.000 millones. Y usted dice que protegemos al oligopolio", afirmó Martí en respuesta a Alique. No obstante, en una intervención posterior negó haber reconocido la existencia de un oligopolio y elogió a las empresas del sector.
   "No he reconocido ningún oligopolio. Son cinco empresas, grandes empresas generadoras, y miles de pequeños generadores. No he reconocido que haya oligopolio", aclaró el secretario de Estado, quien aseguró además que su departamento sí dialoga con el sector.
   "Le voy a mandar la relación mes a mes de las entrevistas que el director general de Energía, el IDAE y el secretario de Estado han tenido con el sector. Se va a asombrar y verá si dialogamos o no con el sector", afirmó.
   Por otro lado, Martí explicó que el Gobierno, tras aprobar la fiscalidad eléctrica, no subirá los peajes de la tarifa de luz en 2013, y sostuvo que, "una vez ordenado el déficit de tarifa", el Ministerio de Industria va a "seguir ordenado el sector eléctrico". Entre los temas que están "en estudio", figuran la situación del carbón, indicó.
   El secretario de Estado aseguró que el problema del déficit de tarifa "no es nada fácil" y recordó, como exvicepresidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que el regulador "no vio venir" el desajuste hasta 2005, ya que hasta ese momento "no tenía relevancia". "Cuando el desfase presupuestario fue grande, se empezó a avisar al Gobierno. Todos le hicimos esa advertencia", señaló.
   "Atenta a la historia y a mi prestigio profesional", le espetó Martí a Alique cuando el segundo atribuyó a los gobiernos de José María Aznar el problema del déficit de tarifa. Posteriormente, recordó su etapa CNE para aludir a "dos momentos muy especiales" para la gestación del problema.
   El primero fue "cuando el déficit superó los 5.000 millones, y se avisó de ello", y el segundo se produjo en 2008, cuando se pidió al Gobierno que "controlase" el exceso de potencia fotovoltaica "y la respuesta fue no". La fotovoltaica tenía previsto instalar 450 megavatios (MW) y al final alcanzó 4.000 MW, aseguró.
   "En los últimos años no se ha hecho nada, y ese es el drama. No es hacer las cosas mal, sino que no se haya hecho nada", afirmó. Martí también dijo a Alique: "No me dé las gracias por venir. Soy un servidor público y estamos para servir a los ciudadanos".
   Por su parte, el senador socialista reclamó al Gobierno que retire la fiscalidad eléctrica o, al menos, evite que los nuevos impuestos se trasladen al consumidor doméstico e industrial y provoquen una fuerte subida de la luz. La norma, afirmó, es una "chapuza recaudatoria".
   Además, acusó a los gobiernos populares de "sacarse de la manga" el déficit de tarifa para no subir la luz y de "inventarse ahora" una liberalización para no asumir el coste político de tener que encarecer el recibo eléctrico.

Adicae presentará una propuesta para afrontar el "grave problema" hipotecario

MADRID.- La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) presentará la próxima semana una propuesta con diferentes medidas para afrontar el grave problema hipotecario que hay en España.

   Así lo ha señalado Adicae en un comunicado, donde ha resaltado las "masivas muestras de apoyo" que están recibiendo las iniciativas que promueve la plataforma hipotecaria de Adicae en España, como las jornadas de concienciación y protestas que se llevarán a cabo este sábado en 18 capitales españolas.
   En Madrid, por ejempleo, personas disfrazadas de banqueros y notarios embargarán "simbólicamente" el oso y el madroño y, tal y como afirma la asociación, lo que provocará que madrileños y turistas se fotografíen ante el monumento.
   Con este tipo de acciones, la asociación quiere reclamar la modificación de la "abusiva y anticuada" legislación hipotecaria y la aprobación de una moratoria que paralice durante tres años las ejecuciones hipotecarias.
   A su parecer, la constatación del "nulo efecto" del 'Código Guindos' y lo limitado de las medidas de suspensión de desahucios aprobadas hace poco mas de una semana refuerzan la necesidad de nuevas medidas "verdaderamente eficaces".

Asociaciones podrán presentar reclamaciones colectivas contra productos financieros

MADRID.- Las asociaciones y organizaciones representativas de usuarios de servicios financieros, tales como la Plataforma Hipotecaria de Adicae, podrán presentar quejas o reclamaciones colectivas contra la comercialización de productos financieros, siempre que no transcurran más de seis años desde el momento de la supuesta infracción.

   Esta nueva vía de reclamación de clientes, hasta ahora improbable, consta en una orden ministerial aprobada por el Ministerio de Economía, en la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
   Estas quejas colectivas aglutinarán las reclamaciones de varios clientes afectados por conductas similares de varias entidades o de una misma. La reclamación se canalizará a través de un único representante y conllevará un único expediente y una única resolución.
   La nueva orden ministerial, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor en mayo de 2013, también contempla la novedad de que el reclamante pueda pronunciarse sobre las alegaciones realizadas por la entidad en cuestión. Tendrá un plazo para ello de 15 días hábiles.
   Todas las quejas o reclamaciones contra las malas prácticas en las entidades financieras se deberán presentar en un plazo máximo de seis años, cuando hasta ahora no existía ningún límite.
   La mayoría de las reclamaciones en 2011 resultaron a favor de los inversores, según la última memoria publicada por la CNMV correspondiente al pasado ejercicio. Los productos contra los que más reclamaciones se han presentado, por orden de mayor quejas, fueron: permutas financieras, los bonos estructurados, los bonos convertibles y las participaciones preferentes.