sábado, 13 de octubre de 2012

El 15M se manifiesta en Madrid "cacerola en mano"

MADRID.- El movimiento 15M había convocado para este sábado a las 18 horas una manifestación desde la sede de la Unión Europea, en Madrid, ubicada en el Paseo de la Castellana, en las inmediaciones de la Plaza Emilio Castelar, hasta la Puerta del Sol, pasando por Neptuno, para rechazar "cacerola en mano" el pago de la que consideran una deuda "ilegítima y odiosa".

   Bajo el lema 'No debemos, no pagamos', los indignados hicieron pacíficamente un recorrido por los principales "centros de poder" ubicados en la capital, tales como la sede de la Unión Europea, el Congreso o el Banco de España, donde querían "señalar a los culpables" de "convertirlo todo en mercancía con la que hacer negocio" y de la "especulación".
   Según explican en su web, con esta protesta desean exigir "la moratoria en el pago de la deuda hasta realizar una auditoría ciudadana", la "creación de una banca pública", el "cese inmediato de las privatizaciones y recortes", la "anulación" de la reforma laboral" así como "responsabilidades civiles y penales a los gestores políticos y económicos que han generado la deuda ilegítima".
   La protesta, que había recibido el respaldo de la Coordinadora 25S, que organizó las manifestaciones en los alrededores del Congreso, se enmarcaba dentro de una convocatoria a nivel internacional bajo el lema 'Global Noise' (Ruido Global), a la que ya se habían sumado, además de Madrid, decenas de ciudades en todo el mundo, para hacer "una cacerolada internacional".
   "Vamos a salir a la calle cacerola en mano en cientos de ciudades de todo el mundo. Dado que no nos quieren escuchar, vamos a hacer ruido para mostrar nuestra repulsa a las desigualdades y la opresión de un sistema económico injusto que pone al capital delante de las personas", defienden.
Miles de personas salieron hoy, pues, a las calles de Madrid y de otras ciudades de España para denunciar el pago de lo que consideran una deuda ilegítima y odiosa.
Cacerola en mano, los manifestantes, convocados por el Movimiento 15M -bautizado así por las multitudinarias protestas del 15 de mayo de 2011- marcharon desde la sede de la Unión Europea en Madrid hasta la Puerta del Sol, sitio donde nació esta plataforma social.

Bajo el lema "No debemos, no pagamos", el 15-M o los indignados, como también se conocen, exigieron la moratoria en el pago de la deuda hasta realizar una auditoría ciudadana, la creación de una banca pública y el cese inmediato de las privatizaciones y los recortes.
Reclamaron, además, la anulación de la reforma laboral del gobierno conservador de Mariano Rajoy, que abarata y facilita el despido de los trabajadores, así como responsabilidades civiles y penales a los gestores políticos y económicos que generaron la deuda ilegítima.
Las protestas en Madrid y otras ciudades españolas se enmarcan dentro de una jornada denominada Global Noise (Ruido Global), a la que se sumaron varias urbes en todo el mundo para hacer una cacerolada internacional.
El objetivo de esta acción global es mostrar el rechazo al pago de una deuda que, consideran sus promotores, la gran parte de la ciudadanía no ha contribuido a engrosar.
En España, el 80% de ese débito es privado en manos fundamentalmente de bancos y empresas, que han obtenido suculentos beneficios especulando con la vivienda y otros productos financieros, precisaron.
Con los rescates y las ayudas a la banca ese adeudo privado se está convirtiendo en público, que pagamos todos a costa de nuestros derechos sociales y laborales, aseguraron los promotores de la iniciativa en un comunicado.
Los indignados subrayaron que existen alternativas a estas políticas económicas que no se aplican porque, según su criterio, los gobiernos, instituciones, bancos, multinacionales y grandes fortunas sólo miran por sus propios intereses, contrarios a la democracia y la ciudadanía.
El sonido de cacerolas, sartenes, cencerros y panderetas también se sintió en urbes como Barcelona, Valencia, Sevilla y Santander.

Además de Madrid, otras ciudades españolas han acogido este sábado manifestaciones contra la deuda. Así, en Barcelona, unos 1.500 'indignados', según datos de los Mossos d'Esquadra', han secundado la acción convocada a nivel mundial bajo el lema 'No debemos, no pagamos'.
   La convocatoria de Barcelona, encabezada por los 'iaioflautas', ha recorrido calles como la Gran Via de les Corts Catalanes, plaza Catalunya, paseo de Gràcia, Aragó y Roger de Llúria, pasando por las sedes de la Delegación del Gobierno en Cataluña, la Bolsa y CiU, custodiadas por la policía.
   En Valencia, decenas de personas han secundado la convocatoria para mostrar asimismo su rechazo a las ayudas públicas a la banca bajo el lema 'No debemos, no pagamos'. La Plaza del Ayuntamiento ha sido el escenario elegido para la protesta, convocada en Valencia por el colectivo 15M, Democracia Real Ya, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Valencia y la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute País Valencià.
   En Sevilla han sido varias decenas de personas, cerca de 300 según los organizadores, los que han secundado la protesta que recorre las calles del centro de la capital hispalense que ha partido de la Puerta de Jerez a las 18,00 horas y que terminará frente a la sede del Banco de España, en la Plaza de San Francisco.
   Según ha informado fuentes del 15M Sevilla, colectivo que ha organizado esta acción en la capital, se pretendía generar "un ruido global de protesta que inunde de forma simultánea las calles de cientos de ciudades de todo el mundo y rechazar que sobre la ciudadanía recaiga el pago de una deuda ilegítima y odiosa, que no es nuestra y que ha sido contraída contra los intereses de la mayoría de la población".
   En Santander, unas 80 personas han respaldado la cacerolada contra las "desigualdades y la opresión de un sistema económico injusto que pone al capital por delante de las personas" que se ha celebrado en la Plaza Porticada a las 18.00 horas.

El presidente de Ecuador considera "absurdo" el Nobel para un "ente burocrático"

QUITO.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, consideró hoy "absurdo" que se le haya otorgado el Premio Nobel de la Paz 2012 a la Unión Europea (UE), en su opinión, un "ente burocrático", aunque señaló que tiene "cosas buenas".

"Tiene cosas buenas la Unión Europea, pero me parece un absurdo que a un ente burocrático le den el Premio Nobel, pero bueno, ya sabemos (...) los juegos de poder a esas alturas", dijo en su informe semanal de labores.
Aseguró que respeta "mucho", pero no comparte "en absoluto" la decisión de haberle otorgado el Premio Nobel a la UE y se preguntó "cuál será el próximo bombardeo que decidan".
Consideró que Ecuador debe estar orgulloso de su vicepresidente de la República, Lenín Moreno, que fue candidato "muy merecidamente" al Premio Nobel de la Paz.
"Doscientas veces más se lo merecía nuestro querido Lenín Moreno Garcés, pero allá sabrán ellos", comentó.
El Nobel de la Paz 2012 distinguió los "esfuerzos exitosos" de la UE por la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en el continente, en una decisión recibida con polémica.
El Comité Nobel resaltó en su fallo los avances logrados por la UE y sus predecesores en las últimas seis décadas, actuando como factor "estabilizador" que ha ayudado a "transformar la mayor parte de Europa de un continente en guerra a un continente en paz".
Entre sus contribuciones mencionó por encima de todo haber logrado la reconciliación entre Alemania y Francia, dos "enemigos históricos" que habían librado tres guerras en setenta años, algo "impensable" ahora entre quienes son "socios cercanos".
La UE también ha influido en la introducción de la democracia en países como Grecia, España y Portugal, además de ayudar al fin de la división entre Este y Oeste tras el fin de la Guerra Fría, sostuvo el fallo del jurado.
El trabajo de la Unión representa "la fraternidad entre las naciones", con lo que cumplirían con los criterios señalados por Alfred Nobel para otorgar el premio de la Paz, según el fallo revelado ayer.

Enfrentamientos en Sudáfrica entre policía y manifestantes

JOHANNESBURGO. - La policía sudafricana lanzó gases lacrimógenos y balas de goma a los manifestantes que lanzaban cócteles molotov después de que una manifestación en una mina de Anglo American Platinum (Amplats) se volviera violenta durante la noche, en la última muestra de la insatisfacción laboral latente.

La mayor economía africana se está viendo bajo una creciente presión para reparar las relaciones con la industria. Casi 100.000 trabajadores, en su mayoría de minas, han celebrado huelgas a menudo ilegales y violentas desde agosto, dañando la confianza de los inversores y un crecimiento ya inestable.
El viernes, un colectivo de camioneros firmó un acuerdo salarial que puso fin a una huelga de tres semanas que había afectado a los suministros de combustible, efectivo y bienes de consumo. Pero ese paso adelante se vio empañado por una rebaja de la calificación crediticia sudafricana por parte de Standard & Poor's.
Unos 1.000 manifestantes se reunieron el viernes por la noche en un barrio de chabolas cerca de Rustenburg, 120 kilómetros al noroeste de Johannesburgo, y marcharon hacia el pozo Khomanani 1 de Amplats, según un comunicado del Servicio Sudafricano de Policía.
"Se emplearon gases lacrimógenos y rondas de balas de goma para dispersar al grupo demasiado alterado", dijo.
La multitud respondió con cócteles molotov, dañando un vehículo policial, según la Policía. No hubo noticias de heridos y cuatro personas fueron detenidas.
Amplats, como se conoce a la compañía, es el primer productor mundial de platino. Los líderes huelguistas de Amplats y otras minas se reunieron el sábado para plantear su estrategia.
"Todas las minas que sabes que están en huelga, sus líderes (de huelga) están aquí", dijo el líder sindical Evans Ramokga. "Ahora mismo estamos hablando del camino hacia delante (...) No tenemos miedo de los despidos".
Amplats, que ha dicho que está perdiendo una media de 107 kilos de producción por cada día de huelga, ha despedido a 12.000 trabajadores que hicieron huelgas ilegales. Otras empresas de minería han seguido su ejemplo.
Más de 50 personas han muerto en disturbios relacionados con conflictos laborales en los últimos dos meses, incluyendo 34 que murieron por despidos de la policía el 16 de agosto ante la mina Marikana de platino de Lonmin, en el incidente de seguridad más sangriento desde el final del apartheid.
El sábado, cientos de mineros desfilaron hacia la sede de Impala Platinum en la capital para ofrecer una lista de demandas a la empresa.
"Estamos aquí, estamos en Impala", dijo Lesiba Seshoka, portavoz de la Unión Nacional de Mineros (NUM, en sus siglas en inglés) mientras los mineros coreaban y cantaban de fondo.

Decenas de personas piden con una cacerolada en Valencia el fin de las ayudas para rescatar a bancos

VALENCIA.- Decenas de personas han secundado este sábado en Valencia una cacerolada en el marco de la convocatoria 'Global Noise' ('Ruido Global'), con la que han mostrado su rechazo a las ayudas públicas a la banca bajo el lema 'No debemos, no pagamos'.

   La Plaza del Ayuntamiento ha sido el escenario elegido para la protesta, convocada en Valencia por el colectivo 15M, Democracia Real Ya, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Valencia y la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute País Valencià.
   A las 17.00 horas, decenas de personas se han concentrado en el centro de la plaza, donde se ha leído un manifiesto en el que los organizadores han reclamado el fin de las ayudas a los bancos y la realización de una "auditoría ciudadana de la deuda". "No pagaremos la deuda ilegítima creada por aquellos que provocaron la crisis y que ahora, incluso, se están beneficiando de ella".
   Asimismo, han abogado por el mantenimiento de una educación y sanidad gratuitas, de financiación y gestión pública y de calidad, han criticado el "repago" y han defendido un "reparto justo del trabajo y la riqueza".
   En este sentido, han censurado la precarización laboral, el aumento de la edad de jubilación y la reforma laboral, al tiempo que han exigido el derecho a una vivienda digna y la puesta en marcha de la dación en pago retroactiva.
   El manifiesto también reclama una reforma fiscal "justa" para redistribuir la riqueza, así como una renta básica universal o la persecución del fraude fical, a través de la creación de una Fiscalía de delitos económicos. Por último, los congregados han mostrado la necesidad de defender los derechos de reunión, manifestación y huelga.
   Tras la lectura del manifiesto, los congregados han iniciado la denominada 'Martxa del porquets indignats' ('Marcha de los cerdos indignados'), en referencia a la denominación 'PIGS' (cerdos en inglés) utilizada en ocasiones para nombrar a las economías de Portugal, Irlanda, Grecia y España, hacia el Parque del Dijous de Alaquàs, donde se celebra la el festival solidario 'Nadie sin techo', organizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Un profesor de la UMU ve "muy difícil" restringir el derecho a la libertad de reunión y manifestación

MURCIA.-El profesor titular del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia (UMU), Luis Alberto Gálvez Muñoz, considera que es "muy difícil" cambiar la legislación actual que regula el derecho a la manifestación y libre reunión para limitar su ejercicio, puesto que la Constitución Española "es muy clara al respecto".

Gálvez ha contestado de esta manera al ser preguntado sobre la polémica suscitada por las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, al afirmar que la Ley es "muy permisiva y amplía" con el derecho de reunión y manifestación y apostar por "modularla" para "racionalizar el uso del espacio público".

En este sentido, Gálvez recuerda que la Constitución Española reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas en su artículo 21, en lo que constituye el núcleo "más relevante de los derechos fundamentales recogidos por la Carta Magna". Asimismo, el derecho a la manifestación está regulado por una Ley posterior, de 1983.

  Gálvez considera que una nueva Ley podría, en todo caso, "ordenar levemente" el derecho de reunión en aspectos muy concretos y dejarlos en manos de la autoridad, como las "modificaciones del itinerario y casos de concentración de muchas manifestaciones en un radio determinado que pudiera afectar al mantenimiento de servicios esenciales en una zona".

No obstante, apunta que "cualquier modificación de la Ley puede encontrarse con un recurso de constitucionalidad y una sentencia desfavorable a la reforma legal, precisamente porque el derecho a la manifestación y libre reunión es "uno de los más relevantes y protegidos" recogidos por la Carta Magna.

Concretamente, Gálvez recuerda que este derecho está contemplado en la sección primera del capítulo segundo del título 1 de la Constitución Española, que es la sección más protegida por la Carta Magna, y recoge los derechos fundamentales, desde el derecho a la vida en el artículo 15, hasta el derecho de petición del artículo 29.

Por ejemplo, explica que el derecho a la manifestación entra en conflicto muchas veces con el derecho a la libertad de circulación de los demás ciudadanos y el derecho al trabajo, entre otros, pero afirma que la Constitución "ya hizo en su momento una ponderación y primó el derecho de reunión".

Gálvez insiste en que el derecho a la manifestación y libre reunión "es uno de los más relevantes" y que la Constitución le da prioridad frente a otros "porque está conectado a la libertad de expresión, el pluralismo político y social y la participación en la vida pública, que son la base de nuestra democracia".

Al respecto, Gálvez explica que la Constitución Española establece algunas prescripciones para las manifestaciones como, por ejemplo, que el ejercicio de este derecho no necesita autorización previa, aunque las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, que lógicamente son las más problemáticas, deben comunicarse previamente a la autoridad.

"Esto quiere decir que se debe notificar a la autoridad que se va a hacer una manifestación, pero no hay que pedirle permiso", aclara el profesor de Derecho Constitucional.

La Constitución, igualmente, establece que la autoridad sólo puede prohibir estas manifestaciones cuando "existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes", lo cual excluye "molestias o perturbaciones del tráfico, en general", destaca Gálvez.

Este profesor universitario explica que la Constitución Española "ha sido muy favorecedora del derecho de reunión" y puntualiza que, cuando la Constitución "habla claramente", la Ley "lo tiene muy difícil para restringir".

Gálvez puntualiza que el derecho recogido en la Constitución Española está regulado por una Ley de 1983 que "también favorece al derecho a la manifestación".

En este caso, la Ley lo que hace es "desarrollar el artículo de la Carta Magna", por ejemplo, en lo relativo a los plazos. Así, la norma general es notificar la manifestación con diez días de antelación, para que la autoridad gubernativa pueda determinar si hay peligro o no de alteración del orden público para personas o bienes.

Asimismo, este plazo establecido también da tiempo a la autoridad para "proteger el ejercicio del derecho a la manifestación, establecer el recorrido y que la administración colabore a que se desarrolle correctamente". E incluso sirve que los jueces puedan pronunciarse antes de que tenga lugar la manifestación sobre el ajuste a Derecho de la decisión de la autoridad gubernativa que la limite o prohíba.

No obstante, la Ley establece una excepción cuando, por razones de urgencia, el plazo se reduce a 24 horas. Es el caso, por ejemplo, de una manifestación motivada por un atentado terrorista, o contra una medida adoptada por el Gobierno antes de que la apruebe el Parlamento, puntualiza Gálvez.

En cualquier caso, el profesor de Derecho Constitucional de la UMU explica la importancia que tiene que las decisiones de la autoridad gubernativa "se pueden recurrir a la jurisdicción Contencioso-Administrativa". Los jueces, con su preparación técnica y su independencia de criterio, son una garantía de que las decisiones gubernativas sean acordes con la Constitución.

Precisamente, Gálvez explica que la autoridad gubernativa "intenta restringir en muchos casos" las manifestaciones, pero los tribunales "siempre hacen una interpretación favorecedora del derecho de reunión".

De esta manera, la Justicia "echa para atrás casi todas las prohibiciones o modificaciones de itinerarios de manifestaciones", y "suele dar casi siempre la razón a los manifestantes, en base a la Constitución, que es muy favorecedora".

En definitiva, Gálvez precisa que "sólo se puede prohibir la reunión cuando es convocada por grupos violentos, dependiendo de los antecedentes que tengan, o en circunstancias especiales en las que se entiende que hay peligro para las personas, como cuando se obstruye la salida de un hospital".

Gálvez recuerda que la manifestación que tuvo lugar el pasado 25 de septiembre en las inmediaciones del Congreso de los Diputados "estaba autorizada", y los problemas comenzaron cuando algunos manifestantes "movieron las vallas".

"Cuando unos convocantes tienen antecedentes de problemas de orden público en manifestaciones anteriores, la autoridad gubernativa puede llegar a la convicción de que va a haber problemas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes", añade el profesor. Esto es lo que pasaba, por ejemplo, con Herri Batasuna, porque "se trataba de los mismos convocantes y siempre había problemas de orden público".

Gálvez puntualiza que el derecho de reunión "está muy conectado al derecho a la libertad de expresión y también a la participación en la vida política de los ciudadanos". Afirma que es "una forma de protestar", y considera "bueno" que la gente "tenga cauces de protesta para presentar sus reivindicaciones pacíficamente a los poderes públicos", de hecho para muchos grupos y ciudadanos "es uno de los pocos medios de que disponen en la realidad para expresar públicamente sus reivindicaciones", por lo que apuesta por "facilitar el ejercicio del derecho de reunión".

La Policía desaloja por segunda vez el centro social Casablanca, en Madrid

MADRID.- La Policía Nacional ha desalojado esta noche un edificio de la calle Santa Isabel, número 23, de Madrid ocupado ayer viernes y que era hasta hace unos días sede del centro social Casablanca.

A través de las redes sociales se informó por parte de los jóvenes que estaban en el inmueble del desarrollo del desalojo del edificio en el que se iba a iniciar un nuevo proyecto social bajo el nombre de centro okupado Magerit.
Tras personarse en el lugar los agentes antidisturbios han procedido a derribar la puerta de entrada y a identificar a los ocupantes del edificio, algunos de los cuales permanecieron dentro del mismo vigilados por los agentes.
En la retransmisión en directo a través de la página Livestream se ha podido ver como los vecinos de los edificios colindantes protagonizaban una gran cacelorada gritando "fuera la policía de nuestros barrios" y "vergüenza".
Los jóvenes, en número cercano a 50 según cálculos de ellos mismos, se quejan de que no se les ha presentado ninguna orden judicial de desalojo y advierten que "esto es lo que nos espera en los próximos años".
En el lugar permanecen al menos seis furgones policiales con varios agentes distribuidos por la calle y algunos que entran y salen del edificio.
El centro social Casablanca situado en el edificio de la calle Santa Isabel desde hace aproximadamente dos años y medio fue desalojado por primera vez el pasado 19 de septiembre sin incidentes.
Aquel día varias asambleas del 15-M solicitaban la presencia de voluntarios en la zona para sacar del edificio el material acumulado y unos 10.000 libros que aseguraban que había dentro.

Los portugueses rechazan más recortes y no creen en su Gobierno, según un sondeo

LISBOA.- Una amplia mayoría de los portugueses ha perdido la confianza en su Gobierno y rechaza la adopción de más medidas de austeridad, según se desprende de una encuesta divulgada hoy por varios medios lusos.

El sondeo, realizado por Eurosondagem en base a más de un millar de entrevistas, apunta que cerca de un 70 % de los ciudadanos ya no confía en el Ejecutivo conservador luso, elegido en las urnas en junio de 2011.
Este mismo porcentaje considera que los recortes ya sobrepasaron "los límites que se podían soportar", un dato que se conoce apenas unos días antes de que se debata en el Parlamento la propuesta de Presupuestos del Gobierno para 2013, y que incluye un significativo aumento de impuestos.
Interrogados sobre si los "sacrificios" exigidos a los portugueses han sido bien distribuidos entre las diferentes clases sociales, un abrumador 86 % de los encuestados consideró injusto este reparto.
Las primeras diferencias surgidas en el seno del Ejecutivo, formado por la alianza de socialdemócratas (PSD) y democratacristianos (CDS-PP), también han calado en la sociedad lusa, a tenor de este sondeo, y más de la mitad de quienes participaron auguró elecciones anticipadas.
El sondeo, sin embargo, también muestra cierta resignación entre la población lusa -10,5 millones de personas viven en el país-, ya que un 36 % de los encuestados admitieron que no existen alternativas a la adopción de más medidas de austeridad para reducir el déficit público hasta los niveles comprometidos con la troika.
En cuanto a la intención de voto, el Partido Socialista, actualmente principal grupo de la oposición, volvería a ser ahora el más votado (34,8 % de los apoyos), casi cinco puntos más que el PSD.
En apenas un mes, esta distancia entre ambos partidos se ha incrementado en cuatro puntos.
Portugal atraviesa en la actualidad la considerada como peor crisis desde la llegada de la democracia, en 1974, y esta misma semana están previstas varias manifestaciones y protestas en contra de la política de ajustes del Gobierno.
El Ejecutivo luso, por su parte, defiende la necesidad de continuar con los recortes para respetar lo acordado con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que prestaron al país 78.000 millones de euros a cambio de un severo programa de reformas que pretende modernizar su economía.

La Corona pierde la cabeza / Federico Jiménez Losantos *

Siendo penosa, antidemocrática y rabiosamente anticonstitucional la bronca del Rey ayer al Presidente del Gobierno por tener a Wert como ministro y a Wert como ministro del Gobierno de España (cinco horas después, desmentida a medias por la Casa Real) aún fue peor la reedición en papel cuché del Príncipe de Asturias del tomo en rústica de su padre.

Al Rey, despóticamente entrometido, puede excusársele –si es que queda alguien que lo quiera- por el desgaste propio de los años, el peso de su oscura fortuna o las malas compañías, íntimas cuanto onerosas. Pero al Príncipe puede achacársele algo mucho peor: seguir la torcida senda de su padre, que se resume en halagar a la izquierda y el separatismo mientras se preocupa de silenciar a la derecha nacional. El intolerable comportamiento del Rey ayer fue la prueba de que esta corona no merece la Jefatura del Estado. La locuacidad desnortada del Príncipe augura que el futuro Jefe del Estado Español no llevará corona, si ésta es incapaz de conservar la cabeza y de guardarle el respeto debido a la nación.

En los últimos años, por razones de mera prudencia histórica –el ya lejano fracaso de las dos repúblicas- y de razonable precaución nacional –el Rey como último valladar político y militar frente al separatismo- hemos querido mantener la esperanza de que el Príncipe no seguiría el camino de baldosas doradas que su padre transita desde el 23F de 1981 y la llegada del PSOE al Poder en 1982.

Las maneras educadas que suelen mostrar los Príncipes, lejos de la falsa campechanía del Rey, no hacen difícil –aunque siempre no resulte fácil- este trato cortés. Sin embargo, ayer Felipe asumió como propias tan groseras mentiras, tan burda colección de majaderías progres, que comprometió, sin necesidad, a la propia institución cuya continuidad debe asegurar. Si lo que el heredero del Trono quiere mantener es esta Corona que su padre ha convertido en coartada vagamente medieval de una política rabiosamente antinacional, tal vez disfrute del afecto de su familia. Del cargo, le va a resultar dificilísimo.

Mediante la fórmula oscurantista del off the record, es decir, del secretismo a voces y del discreteo indiscreto, el Príncipe dijo ayer, según El País - órgano oficioso de la Zarzuela, corroborado por las agencias y demás medios- que "Cataluña no es un problema". ¿Pero en qué país vive Felipe? Debe de ser el único que no se ha enterado del abierto separatismo catalán, porque hasta su padre firmó hace pocos días en la web de la Casa Real una torpe disquisición sobre galgos y podencos en la que exhibía una cobarde cuanto inútil equidistancia entre españoles y antiespañoles.

Pero el hijo fue ayer aún más lejos que el padre: "Confío más en la Cataluña real que en la espuma que estamos viendo con lo que hacen unos y otros". O sea, que la manifestación por la independencia promovida por la propia Generalidad, el espectáculo secesionista del Nou Camp, la votación en el Parlamento catalán de un referéndum separatista, la aún más apabullante votación en el Parlamento Nacional declarando ilegal ese referéndum, la salida a la calle en el mismo momento en que el Príncipe desvariaba ante los periodistas de decenas de miles de catalanes contra el proyecto separatista de Artur Mas no son manifestaciones de la Cataluña real, ente esquivo, invisible para la mayoría de catalanes y españoles, sólo al alcance intelectual de Don Felipe.

Puesto a meterse en jardines y pisar arenas movedizas, el Príncipe aseguró que hay catalanes que "no encuentran siglas para su opción política". No sé tanto como él de la Cataluña real pero hasta donde sé esos insatisfechos pueden formar el partido que quieran y con las siglas que les dé la gana. En cuanto a opciones políticas, hoy en Cataluña hay dos: independizarse de España o continuar formando parte de ella. "La Casa Real seguirá haciendo lo que hemos hecho siempre", añadió el Príncipe. O sea, nada.

Pero lo peor es eso de "lo que hacen unos y otros". Lo que hacen unos es atacar a España y lo que hacen otros es defenderla. Si al Príncipe de Asturias le parecen actitudes política y moralmente similares, si el heredero del Trono de España piensa que su tarea es mantener la misma distancia con los que atacan y los que defienden esa nación que él debería cuidar, siquiera para reinar en ella, reconozco que me he llevado un chasco. Me equivoqué al pedir que su progenitor, cómplice de Zapatero y Mas en el Estatuto de Cataluña que ha destruido el régimen constitucional, abdicara en un Príncipe libre de ataduras y negocios.

No hay atadura más fuerte que la intelectual ni peor negocio que la obcecación dinástica. Si la abdicación supone la continuidad política y no sólo institucional, puede seguir el Rey atropellando la nación española y protegiendo el naciente Estat Catalá. No será por mucho tiempo ni le queda demasiado al Príncipe para rectificar. Si no lo hace, acaso dentro de poco le sobren horas para pensarlo. Hoy, mi obligación es avisar lealmente, como español, de que una corona sin cabeza acaba siendo, fatalmente, una cabeza sin corona.

(*) Profesor de Enseñanza Secundaria 

La Generalitat critica las cifras que dio el Gobierno de la manifestación españolista

BARCELONA.- El conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, ha lamentado este sábado que la Delegación del Gobierno intenta introducir "su visión" cuando contabiliza la asistencia a actos, como la concentración antiindependentista del viernes en Barcelona.

   En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha dicho que esta situación se da "en los últimos tiempos", y considera evidente que no había 65.000 personas en la concentración en plaza Catalunya, como decía la Delegación, sino unas 6.000 ó 7.000, como decía la Guardia Urbana.
   Puig ha recordado que la Delegación del Gobierno ya no tiene competencias en seguridad ciudadana y orden público, y ha celebrado que, aunque sí hubo "mucha gente", no se produjeron incidentes violentos.
   Preguntado por la presencia de 500 policías, la ha justificado porque había amenazas, y se ha mostrado "satisfecho" por como se desarrollaron los acontecimientos.
   Respecto a la celebración del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, ha afirmado que desde el resto de España "no hacen nada" para que los catalanes sientan esta celebración los 364 días del año restantes.

Los líderes más autoritarios no apuestan por las redes sociales

MADRID.- Un estudio confirma que los líderes de los principales regímenes totalitarios y unipartidistas tienen una presencia nula o muy escasa en las redes sociales. En cuanto a aquellos que sí están presentes en las redes sociales, el líder sirio Bashar al-Assad y el de Ruanda Paul Kagame son los que más seguidores tienen en Facebook y Twitter respectivamente. 

   Las máximos dirigentes de estos regímenes han visto en Internet y en sus herramientas de comunicación un problema más que una oportunidad. Este tipo de sistemas de comunicación han sido limitados o directamente censurados en este tipo de países y las redes sociales no han sido una excepción. La intención de los gobiernos ha sido la de controlar estos canales de comunicación espontáneos para que no se difundiesen ideas que pusiesen en tela de juicio su control.
   Un estudio de Top Position ha confirmado que los responsables de esos países en su mayoría han optado por no participar en las redes sociales. En concreto, ha confeccionado una clasificación denominada SocialDictador, en donde se analiza el papel que juegan los líderes de determinados países en las redes sociales de Facebook y Twitter. En el caso de Facebook, las páginas analizadas en el estudio no figuran todas como oficiales.
   El objetivo es conocer si utilizan las herramientas que después prohíben en sus países. En el caso de Facebook, el dirigente con más seguidores dentro de este grupo es Bashar al-Assad, de Siria. Actualmente al-Assad cuenta con una página en la red social de Mark Zuckerberg que dispone de 70.000 seguidores. En dicha página se emiten mensajes del líder sírio y se ensalzan sus acciones.
   Por detrás de Bashar al-Assad en la clasificación se sitúa el líder supremo de la revolución en Irán, el ayatola Sayyid Ali Khamenei, que cuenta con una página con 53.000 fans. Lo curioso de estos casos es que en Irán y en Siria no está permitido el uso de Facebook, por lo que el éxito de estas páginas es llamativo.
   Por detrás de estos dos gobernantes en Facebook están figuras como la de Paul Kagame de Ruanda (22.139 seguidores), Paul Biya de Camerún (19.859) o Blaise Compaoré de Burkina Faso (11.548).
   En cuanto a Twitter, el líder que encabeza la lista es Paul Kagame de Ruanda, que dispone de 77.000 seguidores. Por detrás se coloca Raúl Castro, con 24.000 'followers'. Paul Biya de Camerún completa esta lista, con 1.032 seguidores.
   El presidente de Top Position, Ricardo Carreras Lario, ha hecho una valoración sobre los datos registrados: "Se confirma que los dictadores tienen alergia a las redes sociales, si bien sorprende constatar cómo los mismos que las reprimen en ocasiones tienen presencia en ellas".