MADRID.- La Coordinadora 25S ha decidido no
comunicar oficialmente a la Delegación del Gobierno de Madrid la
protesta convocada para el próximo martes 23 en los alrededores del
Congreso de los Diputados al considerar que el haberla difundido
públicamente es suficiente para que el departamento dirigido por
Cristina Cifuentes tenga conocimiento de sus intenciones.
Tal y como han manifestado en varias ocasiones, los organizadores
de la protesta que llama a rodear el Congreso entienden que la
Constitución ampara el derecho de reunión de la ciudadanía "sin la necesidad de hacer más peticiones".
"No se va a pedir autorización. Entendemos que ya está comunicado y
que la Delegación del Gobierno conoce nuestros pasos. Es una acción de
desobediencia civil pacífica", explicaba
una de las portavoces de la Coordinadora.
En esta misma línea, otro de los portavoces afirmaba el viernes en
declaraciones a los medios a las afueras del Congreso, tras registrar
un documento de rechazo a los Presupuestos Generales del Estado, que
dicha comparecencia ya bastaba para comunicar "públicamente" la
convocatoria del martes.
"A la Delegación no se le pide permiso, se le comunica que se van a
hacer determinadas actuaciones. Están aquí los medios, estamos
comunicando públicamente esto, supongo que se dan por enterados. El
derecho de manifestación está amparado por la Constitución, y no tenemos
obligación de pedir permiso a nadie", señalaban.
Aunque el artículo 21 de la Constitución reconoce que el ejercicio del derecho de reunión "no necesitará autorización previa", la Ley Orgánica
9/1983 que regula este derecho establece que "la celebración de
reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán
ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente
por los organizadores o promotores de aquellas".
Los organizadores también argumentan que comunicar oficialmente a la Delegación del Gobierno sus planes "poco tiene que ver con la propuesta de desobediencia civil"
que defienden. Así lo manifestaron cuando un particular, R. O. G. R.,
comunicó por iniciativa propia las primeras protestas convocadas por la
Coordinadora el pasado 25 de septiembre, particular que esta semana ha
sido sancionado con 6.000 euros por la Delegación.
Según la Coordinadora, el hecho de que esta persona haya sido multada les da "más razones que nunca"
para no comunicar sus acciones por los cauces oficiales. "Da lo mismo
pedirlo que no pedirlo. A la persona que legalizó las acciones del día
25 se le ha multado igual. Por ello no vemos la necesidad de comunicar",
señalaba una de las portavoces.
La Delegación del Gobierno ha alegado como motivos para sancionar
al particular que durante las protestas que tuvieron lugar el día 25 en
Neptuno no se garantizó "la seguridad de la protesta", que se saldó con 35 detenidos y 64 heridos a raíz de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios.
El departamento que dirige Cristina Cifuentes fundamenta el
escrito, firmado el 15 de octubre, en el artículo 4.2 de la Ley que
regula del Derecho de Reunión, que especifica que la responsabilidad de
los actos derivados de una manifestación es de sus organizadores y que
éstos deben garantizar el buen orden y la seguridad de las protestas
para conseguir el buen curso de las mimas.
"En ningún momento se pudo apreciar por parte de la Policía la
existencia de medidas de seguridad adoptadas por los organizadores de
los actos ni de la actuación de un servicio de orden que velase por los
mismos", apunta el escrito sancionador, que también recuerda a partir de
las 19.00 horas, "se produjo un lanzamiento de objetos contundentes
contra la Policía, intentos de traspasar el área de seguridad y
agresiones a policías".
