lunes, 3 de junio de 2013

Dieciocho años de cárcel para un empresario suizo por una masiva intoxicación por amianto en Italia

TURÍN.- Un tribunal de la ciudad italiana de Turín ha condenado este lunes a 18 años de cárcel y al pago de una multa millonaria a un empresario suizo acusado de negligencia por una intoxicación de amianto gestada en las décadas de los setenta y ochenta y a la que se le atribuyen más de 2.000 muertes, en su mayoría por cáncer.

   La fiscalía había acusado al millonario Stephan Schmidheiny de cometer un delito al no dotar a los trabajadores de las plantas italianas de la empresa Eternit de los medios necesarios para impedir que se contaminasen con amianto. Un tribunal de primera instancia ya le condenó en febrero de 2012 a 16 años de cárcel y este lunes, en un segundo proceso, la sentencia ha sido ampliada a 18 años.
   Pese a la confirmación de la pena, la sentencia todavía no es firme y Schmidheiny, de 65 años, no tendrá que ingresar en prisión hasta agotar todo el proceso de recursos. Un portavoz del empresario ya ha adelantado que llevarán el caso al máximo tribunal de apelaciones para recurrir esta sentencia "escandalosa" y "absurda".
   Más de 6.000 personas, entre las que figuran tanto empleados como habitantes de las cuatro localidades donde estaba instalada la industria, cerrada en 1986, han reclamado compensaciones por los daños sufridos. El Ministerio Público ha expuesto durante el proceso más de 2.000 muertes atribuidas a la contaminación y varios miles de casos más de enfermos detectados durante las últimas cuatro décadas.
   La última sentencia ordena el pago de 20 millones de euros a la región de Piamonte y de 31 millones al Ayuntamiento de Casale Monferrato, donde Eternit tenía instalada su principal planta.
   Cientos de personas, entre ellas familiares de las víctimas, se han concentrado a las puertas de la corte para reclamar "justicia". Tras conocer el fallo, el Observatorio Nacional del Amianto ha aplaudido el veredicto toda vez que avanza hacia "un mundo sin amianto" en el que no se antepondrán los beneficios empresariales a "las vidas humanas".

La OIT ve en Europa el mayor riesgo mundial de disturbios

GINEBRA.- El potencial de disturbios sociales en los países de la Unión Europea es mayor que en ninguna otra parte del mundo y las diferencias abiertas entre ricos y pobres probablemente crezcan en todo el planeta, dijo el lunes la Organización Internacional del Trabajo.

En su informe anual World of Work (Mundo de trabajo), la OIT dijo que los disturbios sociales - huelgas, paros, protestas en las calles y manifestaciones - se habían incrementado en la mayoría de los países desde que comenzó la crisis económica y financiera en 2008.
Pero el riesgo, dijo, "es más elevado entre los 27 países de la UE, aumentó del 34 por ciento en 2006-07 al 46 por ciento en 2011-2012". Sin embargo, el riesgo apenas se ha extendido y no ha crecido en al menos siete de los países miembros.
Entre los más vulnerables, según el texto, están Chipre, República Checa, Grecia, Italia, Portugal, Eslovenia y España. Sin embargo, el riesgo de disturbios sociales había decrecido en Bélgica, Alemania, Finlandia, Eslovaquia y Suecia desde 2010.
En general, el riesgo de revueltas en la UE "probablemente se deba a las respuestas políticas a la actual crisis de deuda soberana y su impacto en las vidas de las personas y en la percepción del bienestar", dijo el organismo de las Naciones Unidas.
"Este descolorido escenario político ha creado un frágil ambiente social a medida que cada vez menos personas ven la oportunidad de conseguir un buen trabajo y mejorar su nivel de vida".
El riesgo de malestar social ha crecido también en Rusia y en los antiguos países soviéticos, además de en el sur de Asia y en economías avanzadas de fuera de la UE.
Pero ha caído en Latinoamérica y el Caribe, donde los gobiernos han perseguido políticas de fomento del empleo, en las crecientes economías del África subsahariana y en el este y sudeste de Asia y el Pacífico.
La OIT dijo que había basado sus hallazgos en la correlación entre el crecimiento económico y los niveles de ingresos con la inflación, el desempleo y la deuda como una parte del Producto Interior Bruto, y la desigualdad de ingresos - todos factores con influencia en los niveles de tensión social.
Las políticas de austeridad gubernamentales de los últimos años han estado acompañadas desde 2010 por un incremento de las desigualdades salariales en las que los ingresos de los grupos con rentas medias cayeron y los de quienes más ganan comenzaron a crecer de nuevo, declararon.
En los países más ricos, los márgenes de beneficios para las empresas más grandes iban en aumento y están en la actualidad en niveles similares a los inmediatamente anteriores a la crisis, dijo la OIT.
"Pero en lugar de colocar estos beneficios a funcionar a través de la inversión productiva en la economía real, los ingresos mayores han sido a menudo canalizados hacia holdings mayores", dijo el organismo.
Las tasas mundiales de desempleo también crecerán previsiblemente, dijo el informe. En la UE y otros países desarrollados, el índice de empleo real, que tiene en cuenta el crecimiento en la población en edad laboral, probablemente no se recuperaría hasta 2018 al nivel en el que estuvo antes de la crisis.

La confianza del consumidor español baja 5,9 puntos en mayo por las peores expectativas

MADRID.- La confianza del consumidor español bajó 5,9 puntos en mayo en relación al mes anterior, hasta situarse en 50,8 puntos, según el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) publicado este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

   Este descenso del indicador, que se produce después de dos meses consecutivos de subidas, es consecuencia del empeoramiento del indicador de situación actual, que bajó 1,9 puntos, hasta situarse en 35,8 puntos, y, especialmente, de las peores expectativas de los consumidores.
   En concreto, el indicador de expectativas disminuyó en mayo en 9,8 puntos, hasta los 65,8 puntos, debido a la desfavorable percepción del futuro de la economía y, en menor medida, de los hogares y del empleo.
   El CIS ha destacado que, en porcentaje, el indicador de confianza de los consumidores descendió en mayo un 10,4% respecto a abril. En términos interanuales, la confianza de los consumidores se encuentra más o menos en el mismo nivel de hace un año (50,5 puntos).
   Por componentes y en comparación con el dato del mismo mes de 2012, el indicador de situación actual es 4,8 puntos superior, mientras que el de expectativas es 4,2 puntos inferior el valor de un año atrás.
   El ICC recoge mensualmente la valoración de la evolución reciente y las expectativas de los consumidores españoles relacionadas con la economía familiar y el empleo, con el objetivo de anticipar sus decisiones de consumo. El indicador recoge valores de entre 0 y 200, considerándose que por encima de 100 la percepción es positiva y por debajo, negativa.
   El retroceso en casi dos puntos de la valoración que hacen los consumidores de la situación actual se debe, sobre todo, a la valoración sobre la situación económica general, que baja cuatro puntos, y, en menor medida, al mercado laboral, que disminuye 3,1 puntos. Por el contrario, la valoración sobre la situación de los hogares repunta 1,5 puntos y alcanza su máximo dentro de los últimos 14 meses.
   En relación a los datos de mayo de 2012, la valoración actual de la situación económica del país es 4,5 puntos superior, las opciones que ofrece el mercado de trabajo se valoran 6,1 puntos por encima del año pasado, y la situación en los hogares ha mejorado 3,8 puntos desde entonces.
   Por su parte, el índice de expectativas descendió casi diez puntos, hasta los 65,8 puntos, debido a las peores expectativas sobre la futura evolución de la economía, que caen más de 11 puntos, y las del empleo, que bajan más de nueve puntos. Las expectativas sobre los hogares también se redujeron, en este caso casi nueve puntos.
   En términos interanuales, los datos de expectativas muestran descensos muy similares en sus tres componentes. Así, se encuentran 4,6 puntos por debajo respecto a la situación económica del país, 3,8 puntos por debajo en el caso del empleo y son 4,3 puntos inferiores a las expectativas que tenían los hogares un año antes.
   En general, casi ocho de cada diez encuestados por el CIS entiende que la situación económica actual es peor que la de hace seis meses, mientras que el 13,5% no aprecia cambios y sólo el 6,1% estima que ha mejorado.
   De cara a los próximos seis meses, los españoles no son muy optimistas, ya que sólo el 17,8% de los entrevistados confían en que el estado de la economía será mejor, frente al 59,5% que auguran un empeoramiento y el 15,9% que no espera cambios.
   El ICC de mayo, para cuya elaboración el CIS ha realizado 1.400 entrevistas, muestra que al 46,1% de los entrevistados llega justo a fin de mes y que el 26,6% ahorra poco dinero cada mes. De hecho, el 16,2% afirma que ha tenido que echar mano de sus ahorros familiares. Por el contrario, sólo el 2,1% dice que ahorra bastante cada mes.
   En línea con estas respuestas y de cara al próximo año, el 42,9% de los españoles asegura que sus posibilidades de ahorro serán menores, un porcentaje algo más elevado cree que serán iguales (46,4%) y únicamente un 7,4% cree que dentro de un año tendrán más posibilidades de ahorrar.
   La encuesta refleja además que el 51% de los entrevistados percibe la situación económica actual de su familia peor que hace seis meses, mientras que el 43,9% asegura que es igual y sólo el 4,9% afirma que ha mejorado. Entre las razones más apuntadas por los que sostienen que la situación es peor se encuentra el alza continuada de los precios, la disminución de los ingresos familiares y la pérdida de empleo de alguno de los miembros del hogar.
   Entre el 4,9% de los que aseguran que su situación ha mejorado, el 39,7% indica que se debe a que un miembro del hogar ha encontrado empleo, mientras que el 23,5% explica que han aumentado los ingresos familiares y el 14,7% señala que ha cubierto o cubrirá las deudas pendientes o el pago de la hipoteca.
   Sobre la situación del mercado laboral, más de uno de cada cinco encuestados afirma que ninguna persona de su entorno se encuentra en paro, mientras que el 13,9% dicen conocer a una persona en esta situación, el 9,9% a dos y el 8,8% a tres. Casi el 7,1% asegura que conoce a más de diez personas en paro.
   El 28,8% de los entrevistados afirma que ahora hay más personas en paro en su entorno que hace seis meses, y el 77,5% piensa que la situación en España para encontrar un empleo es peor que la de hace seis meses, mientras que el 15,9% cree que la situación no ha cambiado y el 3,8% que ha mejorado.
   Cuando se les pregunta por la evolución del empleo de cara a los próximos seis meses, un 56,4% de los encuestados piensa que la situación empeorará, frente al 18,9% que cree que mejorará y el 15,6% que considera que permanecerá sin cambios.

El Papa carga contra los corruptos: Son el "anticristo"

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa Francisco ha advertido durante la Misa de este lunes en la Casa Santa Marta de "los corruptos" que, según el apóstol Juan son "el anticristo" y que "hacen mucho mal a la Iglesia porque son adoradores de sí mismos".

   "Así como los corruptos hacen tanto mal a la Iglesia, los santos hacen tanto bien. De los corruptos, el apóstol Juan decía que son el anticristo, que están en medio de nosotros pero no son de los nuestros. De los santos, la Palabra de Dios habla como de la luz", ha remarcado.
   En la misa, concelebrada por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Amato, y en la que participaron algunos colaboradores de este dicasterio, el Pontífice ha reflexionado sobre la parábola evangélica de los labradores malvados para detenerse en tres modelos de cristianos en la Iglesia: los pecadores, los corruptos y los santos.
   Concretamente, se ha detenido en los corruptos para señalar que incluso en las comunidades cristianas este tipo de personas piensan sólo "en ellos". Así, ha hecho una comparación con Judas que comenzó como "pecador avaro y terminó en la corrupción".
   Acerca de los pecadores, el Papa ha indicado que "no es necesario hablar mucho, porque todos" son pecadores y ha añadido que si alguno no se siente así, debe visitar "al médico espiritual" porque "hay algo que no funciona".
   Por otro lado, el Pontífice ha destacado otra figura de la parábola: los que quieren "apoderarse de la viña y han perdido la relación con el patrón de la viña", un patrón que, según ha precisado, llama "con amor" y "da la libertad".
   El Papa también ha recordado el 50º aniversario de la muerte de Juan XXIII, "modelo de santidad", y ha destacado que los santos "obedecen al Señor, lo adoran y no olvidan el amor con el cual el Señor hizo su viña". 
Por ello, ha pedido la gracia de los santos para "no convertirse en corruptos: pecadores sí, corruptos no".

Confirman la expulsión del PP como acusación popular en el "caso Gürtel"

MADRID.- La Audiencia Nacional ha confirmado la expulsión del Partido Popular (PP) como acusación popular en el 'caso Gürtel' al objeto de "evitar futuras situaciones ambivalentes y generadoras de un verdadero caos procesal donde una misma parte tenga la condición de acusadora pero de facto realice actos más cercanos a la defensa de determinados imputados".

Así consta en un auto dictado este lunes por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en el que se confirma la decisión adoptada por el juez instructor, Pablo Ruz, el pasado 26 de abril y se califica de "encomiable" la labor "depuradora" que ha realizado en el procedimiento, en el que se investigan las actividades que las empresas de Francisco Correa llevaron a cabo para conseguir contratos públicos de administraciones gobernadas por el PP en Madrid y la Comunidad Valenciana.
El auto señala que el cometido del PP en esta causa "no ha sido plenamente congruente con el verdadero ejercicio de la acusación popular, pues más bien corresponde a una auténtica parte coadyuvante en la defensa de los tres imputados", en referencia al extesorero del PP Luis Bárcenas; su mujer, Rosalía Iglesias; y el exdiputado Jesús Merino.
Los magistrados Ángela Murillo, Juan Francisco Martel (ponente) y Carmen Paloma González sostienen que las alegaciones del PP en el sentido de que obraba para la preservación de las decisiones judiciales que se iban acordando "carecen de consistencia y no resultan compatibles con la labor de una verdadera acusación popular de la que dice hacer gala la parte recurrente".
En este sentido, respalda la decisión de Ruz de expulsar al PP como acusación popular a la luz de los "cada vez más diáfanos datos" de que pueda ser "responsable civil" tanto en los hechos que se investigan en la causa principal como en la separada, en la que se realizan pesquisas sobre una "contabilidad marginal" de esta formación política. "Debemos descartar cualquier atisbo de artificiosidad e improcedencia en su expulsión como acusador popular en este procedimiento", señala el tribunal.
El tribunal también critica la "incontinencia expresiva" que el PP mostraba en su "desdibujado" recurso de apelación contra la decisión del juez Ruz, al considerar que utilizaba "innecesarios epítetos" para calificar de "sorprendente, injusta, incomprensible, arbitraria e inverosímil" y "absoluto sarcasmo" la decisión del instructor.
Estas manifestaciones constituyen, a juicio de los magistrados, "un innecesario exceso que no debe encontrar amparo en el ejercicio del derecho de defensa y que encuentra sus raíces en determinado momento procesal acaecido hace años, cuando a la misma parte interviniente le fue recriminada una conducta similar en la sede del entonces órgano judicial competente por el aforamiento de que gozaban determinados imputados", en referencia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El PP también alegó que intervino "activamente" en la fijación de medidas cautelares para Bárcenas después de que el pasado 25 de febrero declarara que llegó a acumular 38 millones de euros en Suiza. El tribunal recuerda que el abogado del PP, Álexis Godoy, se limitó a no oponerse a las comparecencias quincenales y retirada del pasaporte solicitadas por la Fiscalía.
"Tibia actuación que luego repitió al impugnar de forma extremadamente parca (...) el recurso de apelación interpuesto por Luis Bárcenas contra el auto de adopción de medidas cautelares a él afectantes", recalca la resolución judicial.
En relación con la "buena fe procesal" que, según el PP, ha venido manteniendo en este procedimiento, la Sección Cuarta señala que "el recorrido procesal" realizado por el juez Ruz en el auto en el que acordó la expulsión del PP "no favorece esa visión acusadora activamente implicada en el procedimiento" que esta parte quiere transmitir.
Tras apuntar que el instructor "en ningún momento" ha "cercenado" el derecho del PP a formular las alegaciones que haya considerado pertinentes, el tribunal recuerda que el "cambio de posicionamiento" de la Fiscalía en relación con la documentación bancaria reclamada a Suiza resulta "intrascendente" e "irrelevante" para resolver este recurso.
La formación dirigida por Mariano Rajoy recurrió en mayo pasado su expulsión del 'caso Gürtel' asegurando que el juez Ruz les colocaba en una situación de indefensión "incomprensible e injustificada".
 "Tanto el Ministerio Fiscal como el juez instructor se han aferrado a cualquier excusa, por muy débil que sea, para prejuzgar y apartar como sea a esta parte de la acusación popular", señalaba el PP.

Erdogan suplica "calma" y pide a la población turca que no se deje provocar por los "elementos extremistas"

ESTAMBUL.- El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha instado este lunes a la "calma" tras las manifestaciones antigubernamentales de este pasado fin de semana y ha pedido a la población que no se deje provocar por los "elementos extremistas".

   "Calmaos, tranquilizaos, todo esto se superará", ha declarado Erdogan durante una rueda de prensa en el aeropuerto de Estambul, justo antes partir de visita oficial a Marruecos.
   Manifestantes y Policía se han enfrentado nuevamente en la madrugada del lunes en Estambul, Ankara e Izmir, entre otras ciudades. Se trata de la cuarta jornada de protestas, que comenzaron siendo pacíficas, contra la decisión de las autoridades turcas de destruir el parque de la plaza Taksim de Estambul para construir un centro comercial y viviendas. Unas 1.700 personas han sido detenidas en 67 ciudades.
   El diario turco 'Hürriyet' ha informado de que los peores disturbios de esta madrugada se han registrado en el distrito de Besiktas, en concreto en el barrio de Akaretler, donde se ubica la oficina de Erdogan.
   El propio Erdogan anunció ayer domingo que no se construirá un centro comercial en Taksim porque "no hay ningún proyecto concreto", pero ha insistido en que se derruirá el Centro Cultural Atatürk para erigir un teatro o una mezquita. El sábado, el primer ministro reconoció que la Policía había hecho un uso "excesivo" de la fuerza.

Turquía investiga una posible injerencia extranjera en las protestas

ANKARA.- El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha revelado que los servicios secretos están investigando la posible implicación de potencias extranjeras en las manifestaciones y disturbios registrados en los últimos días para protestar contra la remodelación de la plaza Taksim, de Estambul.

   "Nuestra inteligencia está trabajando (para determinar la intervención de agentes extranjeros). Por el momento no se pueden revelar los nombres, pero hemos tenido reuniones con sus responsables", ha afirmado Erdogan, según recoge el diario turco 'Hürriyet' en su edición digital. Además, ha denunciado la presencia de "extremistas" en las protestas.
   Erdogan también ha respondido a las peticiones de contención lanzadas desde la comunidad internacional. "Quienes nos aconsejan moderación deben ser moderados ellos mismos en primer lugar", ha afirmado.
   El mandatario turco ha destacado que el país ya vive una Primavera Turca y que no cederá ante quienes quieren convertirla en un invierno. Erdogan ha destacado así los frutos que está dando el desarrollo y crecimiento económico de los últimos años y ha recordado que el ingreso anual per capita ha alcanzado los 10.500 dólares (unos 8.000 euros), lo que ha provocado "envidias".
   Por otra parte, el presidente de Turquía, Abdulá Gül, ha pedido "sentido común" a los manifestantes y ha asegurado que sus mensajes bienintencionados ya han sido escuchados. "La democracia no es sólo votar. El mensaje ha llegado. Se hará lo que sea necesario", ha señalado Gül en declaraciones a la prensa este lunes.
   El jefe del Estado turco ha pedido contención a todas las partes y ha expresado su preocupación por la presencia de organizaciones ilegales en las manifestaciones. "Esta ha sido una prueba para la democracia turca", ha reconocido.
   Las protestas comenzaron para manifestar el rechazo a los planes de reconstruir un edificio militar histórico de la época otomana en el parque Gezi de la plaza Taksim, en el centro de Estambul, talando varios árboles centenarios, pero la dureza con la que se empleó la Policía contra los manifestantes ha provocado una masiva reacción contra el Gobierno en las calles de las principales ciudades del país.
   Amnistía Internacional ha denunciado la muerte de al menos dos personas durante las protestas, pero este dato no han sido confirmados por las autoridades turcas. Además se ha informado de millares de heridos y detenidos en estos disturbios.

El Parlamento y la Generalitat de Cataluña piden tres años por el asedio a la cámara

BARCELONA.- El Parlamento de Cataluña pide tres años de cárcel para 20 manifestantes que participaron en el asedio a la cámara el 15 de junio de 2011, al considerar que cometieron un delito contra las instituciones del Estado impidiendo la entrada de parlamentarios, y la Generalitat pide la misma pena para cuatro de ellos.

   En sus escritos de acusación, el Parlamento y la Generalitat recogen los incidentes que ocurrieron la mañana del 15 de junio durante la protesta convocada contra los recortes bajo el lema 'Paremos el Parlament. No dejaremos que aprueben los recortes', en la que algunos diputados fueron increpados, golpeados y pintados, y que obligaron al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a la del Parlament, Núria de Gispert, a acceder en helicóptero.
   Ambas instituciones, que actúan como acusación particular, consideran que los acusados retrasaron la entrada de los diputados y obligaron a modificar el orden del día, pese a que finalmente pudieron acceder y se pudo celebrar el pleno previsto.
   "Pese a que mayoritariamente los parlamentarios que acudieron a la sesión del día 15 de junio de 2011, pudieron acceder a su escaño, cambiando sus hábitos de transporte, la gran mayoría de ellos en medios inhabituales (vehículos policiales, helicópteros o protegidos  por cápsulas policiales), lo cierto es que debieron recurrir a esas extraordinarias medidas de protección por el temor e impedimento de deambulación", recoge el escrito del Parlamento autonómico.
   En el escrito también se refleja que algunos diputados fueron rodeados, increpados y golpeados por los manifestantes y tuvieron que refugiarse en la comisaría de la Guardia Urbana de la calle Nàpols y en la sede de UDC de la misma calle, entre otros.
   La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido cinco años de cárcel para estos 20 manifestantes acusados, al considerar que provocaron "un fundado temor en la seguridad" de los diputados que intentaban entrar en la cámara.
   En un escrito de acusación, la fiscal Teresa Sandoval atribuye a los acusados un delito contra las Instituciones del Estado en concurso ideal con otro de atentado contra la autoridad, y reclama que a cada uno se le imponga además una multa de 7.500 euros; por su parte, Manos Limpias, que ejerce de acusación popular, solicita ocho años y medio de cárcel para los 20 acusados.
   Por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Velasco envió la causa a los juzgados de Barcelona en febrero de 2012 aunque el Supremo resolvió en noviembre que la Audiencia Nacional era la competente para investigar estos hechos por considerar que el Parlamento catalán debe considerarse una institución del Estado.
   Una campaña en Internet está recogiendo firmas para pedir al Parlament que retire su petición de cárcel para los acusados.

Jueces y grupos anticorrupción ven en la limitación de la acción popular impunidad para banqueros y políticos corruptos

MADRID.- La propuesta de la comisión nombrada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para prohibir a los partidos, sindicatos y asociaciones ejercer la acusación popular es criticada por jueces o formaciones políticas y organizaciones que, en algunos casos, se personan en delitos de corrupción. 

    Ven en la medida un intento por "controlar" asuntos seguidos contra "poderosos", políticos y banqueros que deja "totalmente indefensa" a la sociedad civil y "aniquila" un derecho consagrado en la Constitución.
    El artículo 125 de la Carta Magna propugna el derecho de los ciudadanos a "ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine".
   Ahora bien, la propuesta del Código Procesal Penal elaborada por un grupo de expertos acota el tribunal de jurado a los homicidios y asesinatos consumados y también limita la personación y la lista de delitos que son susceptibles de ser denunciados por la acusación popular.
   Para el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, con esta propuesta la "gran mayoría" de procesos de corrupción "no se hubieran destapado" ya que la Fiscalía, en algunos casos, no ha querido actuar. "Han seguido adelante gracias a las acciones populares", ha añadido.
   Asuntos de gran trascendencia mediática en los que se indaga el perjuicio que han sufrido las arcas públicas son investigados gracias al impulso de sindicatos, asociaciones o partidos políticos que ejercen la acción popular. Así ha ocurrido en los casos instruidos contra entidades financieras como Bankia o Novacaixagalicia o contra personalidades como el exbanquero Miguel Blesa o el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en el llamado 'caso de los trajes'.
   Bosch admite que pueden haberse producido "excesos" en su utilización pero que ello no justifica la "práctica supresión" de "una forma de participación que ha aportado mucha información de interés público y ha servido para que lleguen a juicio asuntos sobre los que, al menos, era oportuno que se pudiera resolver". 
"Si esta nueva regulación sale adelante, la acusación popular va a desaparecer en los términos que está concebida".
   "Da la impresión de que el Gobierno pretende controlar políticamente la instrucción penal y, por otro lado, evitar que se produzcan acusaciones que no puedan ser controladas desde el poder político", reconoce. En su opinión, esta medida "puede generar impunidad" en un momento en el que no paran de aflorar casos de corrupción contra políticos o personalidades del mundo financiero.
   La propuesta también ha levantado ampollas en el sindicato Manos Limpias, que mantiene una posición activa en las investigaciones llevadas a cabo contra el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa o contra el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin.
   La organización se ha puesto en pie de guerra y planea llevar la ley al Tribunal Constitucional e incluso a instancias europeas si el Gobierno la aprueba en estos términos. Su secretario general Miguel Bernard ve esta idea "totalmente inconstitucional" porque "se carga, extermina y aniquila" el artículo 125 de la Constitución. "Me recuerda a la política del nazismo", ha agregado.
   "Esto no puede quedar así porque es un golpe al Estado de Derecho. No lo vamos a consentir", ha enfatizado Bernard, para remarcar que detrás de este planteamiento está el intento de "los poderosos por cubrirse" y por "dejar totalmente indefensa a la sociedad civil". 
"Es un retroceso a regímenes totalitarios nazis".
    La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), con mayor representación en la Administración de Justicia, reivindica la "función social" de los sindicatos y se opone a cualquier  "injerencia del poder político".
 "No puede haber resquicio que permita la impunidad de conductas delictivas", ha añadido.
   "La limitación del ejercicio de la acción popular es una 'vuelta de tuerca' más al derecho de tutela judicial efectiva que, últimamente, se ha visto vapuleado con reformas como la de las tasas judiciales, recurrida ante el Tribunal Constitucional por excesiva", precisa.
   La propuesta de la comisión institucional designada por Gallardón excluye del ejercicio de la acción popular a partidos políticos, sindicatos y personas jurídicas públicas o privadas, salvo a colectivos de víctimas en casos de terrorismo.
   El borrador, en fase de estudio por el Gobierno, limita los delitos que son perseguibles mediante esta acusación, que actualmente actúa en cualquier delito de naturaleza pública, incluidos los económicos.
   De ser aprobado, solo podrá actuar en delitos de prevaricación judicial, cohecho, tráfico de influencias o aquellos que hayan sido cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y por particulares partícipes en los mismos.
   La ristra de delitos incluye aquellos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, el medio ambiente, los delitos electorales, el terrorismo o la provocación a la discriminación, al odio o a la violencia contra asociaciones, así como la difusión de información injuriosa sobre estos grupos.

Cospedal evita valorar la situación de la ministra Ana Mato

MADRID.- La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha evitado este lunes entrar a valorar la situación de la ministra de Sanidad, Ana Mato, al hilo de las informaciones sobre presuntos regalos de la trama Gürtel, limitándose a decir que a los ministros los nombra el presidente del Gobierno.

  "A los ministros los nombra el presidente del Gobierno y hace lo que corresponde", ha declarado Cospedal en una rueda de prensa en la sede del PP cuando se le ha preguntado si considera que Ana Mato debe seguir en su puesto y si cree que es un buen ejemplo.
   Previamente, al hilo de las informaciones que señalan que Mato presuntamente veraneó seis años en Cádiz gracias a la red Gürtel, se ha preguntado a Cospedal si considera que la situación de la titular de Sanidad es sostenible. También ha sido interrogada acerca de si sabe quién le paga sus viajes, ya que la ministra alega desconocerlo.
   "¿Esto me lo está preguntando usted en serio?", ha espetado Cospedal a la periodista que le ha formulado esta cuestión. "Usted está en su derecho, es una gran periodista, está buscando un titular, pero ése no se lo voy a dar. Perdóneme que se lo diga, con todo el respeto", ha apostillado.
   La secretaria general del PP tampoco ha querido valorar la información publicada por el diario 'El País' acerca de que la trama Gürtel pagó también el sonido de la boda entre la hija de Aznar y Alejandro Agag, argumentando que hay un proceso judicial en marcha.
  "Saben que hay un proceso judicial en marcha y hay que respetar el procedimiento. Y no voy a hacer mayor aportación que la que hacen los  jueces, que es lo que tiene que valer en este sentido", se ha limitado a decir la secretaria general de los 'populares'.