El CGPJ inicia los trámites para suspender temporalmente al juez Silva

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado los trámites para suspender temporalmente de sus funciones al juez Elpidio José Silva tras recibir el auto de apertura de juicio oral notificado hoy por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Permanente se ha reunido y ha tomado conocimiento de la resolución dictada por el instructor de la querella de la Fiscalía contra Silva, Jesús Gavilán, que le ha abierto juicio oral por un delito de prevaricación, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso en la Administración de Justicia.

Tras ello, ha dado un plazo de tres días al Ministerio Público y al ya acusado, según lo establecido en el artículo 190.3 del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial, para que presenten alegaciones.

Una vez recibidas, la Comisión Permanente resolverá sobre la suspensión provisional del magistrado y acordará la misma si procede en derecho.

El artículo 190.2 del citado reglamento señala que "procederá acordar la suspensión provisional de los jueces y magistrados respecto de los cuales se siga procedimiento por cualquier delito cometido en el ejercicio de sus funciones, cuando en el procedimiento penal se dicte auto de apertura de juicio oral, de prisión provisional, de libertad bajo fianza o de procesamiento, una vez adquieran firmeza".

De acordarse, la suspensión provisional duraría "hasta que recaiga en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento", conforme a lo dispuesto en el artículo 384.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así, el juez o magistrado declarado en suspensión provisional quedaría privado del ejercicio de las funciones jurisdiccionales durante el tiempo de la suspensión, pero tendrá derecho a percibir sus retribuciones básicas, salvo en caso de incomparecencia, rebeldía o paralización del procedimiento disciplinario por causa imputable al mismo.

En caso de que la sentencia contra el titular del Juzgado nº 9 de Madrid, para el que la Fiscalía ha reclamado 30 años de inhabilitación, fuera condenatoria, Silva quedaría definitivamente expulsado de la carrera judicial.

La tasa de paro repunta en España por la caída de la población activa

MADRID.- La tasa de paro en España repuntó ligeramente entre octubre y diciembre de 2013, al neutralizar la destrucción del empleo asociada sobre todo al fin de la temporada turística una tímida caída del número de parados en la recta final del año.

La Encuesta de la Población Activa (EPA), elaborada por Instituto Nacional de Estadística (INE), situó la tasa de desempleo a finales de diciembre en el 26,03 por ciento, frente al 25,98 por ciento del tercer trimestre, rompiendo así una corta racha de dos periodos seguidos de descensos.

El Banco de España estimó el jueves que el Producto Interior Bruto (PIB) del país habría crecido un 0,3 por ciento en el último trimestre, y las previsiones del Gobierno apuntan a un crecimiento para 2014 de un 0,7 por ciento tras una larga recesión, pero los expertos advierten de que la recuperación del mercado laboral será lenta.
Los datos de la EPA mostraron ciertas mejoras en el último tramo de 2013 con respecto a los años anteriores de crisis, con el número de parados cayendo por primera vez en diez años en un cuarto trimestre, en 8.400 personas, hasta 5.896.300 desempleados.
La cifra total de desempleados se redujo en todo el año en 69.000 personas, lo que supone la primera caída anual desde el segundo trimestre de 2007.
Gran parte de esta bajada se debió en cualquier caso a un nuevo descenso de la población activa, que siguió disminuyendo tanto por la salida de ciudadanos extranjeros como por el efecto desánimo en los desempleados.
La habitual destrucción de empleo en el sector servicios al finalizar la temporada de verano supuso que la ocupación disminuyera en 65.000 personas, situando el número de empleos eliminados en todo 2013 en 198.900.
La variación anual de la ocupación, del -1,17 por ciento, hasta 16,758 millones, fue de todas maneras la tasa menos negativa desde el segundo trimestre de 2011, lo que demuestra cierta estabilización en el mercado laboral.
En datos desestacionalizados intertrimestrales, la ocupación subió un 0,29 por ciento, el primer dato positivo desde el inicio de la crisis, mientras que el paro se redujo por tercer trimestre consecutivo, un -1,22 por ciento.
La destrucción de empleo se cebó especialmente en el sector público, que acabó el año con 2,79 millones de ocupados, la cifra más baja en casi 10 años.
Con respecto al tipo de empleo, la EPA mostró una fuerte caída del trabajo a tiempo completo y un incremento del número de personas que trabaja con una jornada parcial (16,34 por ciento del total), en línea con el objetivo del Gobierno de impulsar este tipo de ocupación para reactivar el mercado laboral.
El drama de la estadística del paro se reflejó especialmente en el número de hogares que tienen a todos sus miembros activos sin trabajo -que creció en el trimestre en 24.600, hasta un total de 1,832 millones- y en los desempleados de larga duración, que aumentaron hasta 2,95 millones.
La alta tasa de paro española -entre las más elevadas de la Unión Europea- es el mayor exponente de una recesión que el Gobierno prevé dejar atrás este año con creación neta de empleo.
Aunque en los presupuestos de 2014 las proyecciones del Gobierno apuntaban a una tasa de paro del 25,9 por ciento, el ministro de Economía, Luis de Guindos dijo recientemente que esa cifra podría incluso situarse por debajo del 25 por ciento.

Micro y macro / Juan García Caselles *

Dice Rajoy, convenientemente coreado por los suyos, que la economía va bien, pero dice la gente de a pie que su economía va mal. Y es que cada uno habla de dos cosas distintas. Mientras Rajoy habla de la macroeconomía, los currantes hablan de la microeconomía. Habrá quien diga que esto no hay quien lo entienda, pero no es porque sea difícil, sino porque nunca han querido entenderlo. 

Veamos: la macroeconomía es la economía de las grandes empresas, de los bancos, de las multinacionales, etc., mientras que la microeconomía es la economía del hogar, de los obreros, de las clases medias, de todo aquel que tiene que ganarse el sustento trabajando, tanto si lo hace con el sudor de su frente como si lo hace desgastándose las neuronas, porque la cosa no está en si trabajas con las manos o con el coco, sino en si trabajas para tí o tienes que vender tu trabajo por un precio, tanto si es salario como si no lo es. 

En estas condiciones entra en juego aquello de la lucha de clases, que no consiste en si eres un follonero o tragas sin más, sino de quien es la pela. Si el trabajador se lleva un euro más, el empresario se queda sin él, pero si se lo lleva el empresario, el que se queda sin él es el trabajador, y en esto no hay manera de encontrar una solución definitiva, por mucho que se empeñen los socialdemócratas en lo contrario, que ya visteis lo que le pasó al Zapatero cuando los gallos de la economía europea se le sublevaron. 

O sea, que si la macroeconomía va bien es porque la microeconomía va mal. Y no vale decir que en las épocas ascendentes del ciclo económico, cuando hay un fuerte crecimiento, todos van bien, porque si bien los trabajadores mejoran su nivel de vida, la realidad es que ven disminuir su parte proporcional en el reparto del Producto Interior Bruto, como claramente dicen las estadísticas. De lo que se deduce que cuando le bajas los ingresos a las clases de abajo para añadírselo a las clases de arriba, la macroeconomía se pone boyante mientras los pobretes (los de la microeconomía) las pasan canutas. Que es lo que pasa. 

Pero si seguimos por este camino el paro y el empobrecimiento generalizado de los currantes producen el daño colateral de que los pobres empresarios chinos ya no le pueden vender sus juguetillos electrónicos al rico proletariado europeo, ni los sesudos empresarios alemanes le podrán vender lavadoras u otros utensilios a los depauperados sur-europeos y ni siquiera los de Microsoft podrán seguir renovando el Windows.. Así que parece necesario cambiar la cosa para que el mercado siga funcionando. 

Por eso, le guste a la CEOE o no, como la única manera de atajar el paro consiste en mejorar los ingresos de las clases trabajadoras para que aumente el consumo y mejore la situación de las empresas pequeñas para que empiecen a colocar la gente que ha sido despedida por la jodida política del PP, resulta inevitable acabar con lo de los recortes y suavizar la reforma laboral...

 Así que con un poco de suerte veremos a Rajoy y sus secuaces defender dentro de poco justamente lo contrario de lo que hasta ahora han defendido, porque si siguen recortando y haciendo el bestia nos llevan directamente a la catástrofe. Y de eso se han dado cuenta hasta el FMI y los de Davos. Y a ver qué van a hacer, sino obedecer a los jefes, como siempre.

(*) Notario jubilado

El relator especial de la ONU analiza las medidas sobre violaciones de derechos humanos durante el franquismo

MADRID.- El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, se ha reunido con el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff.

De Greiff visita España para "valorar las medidas adoptadas por las autoridades en relación con las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista", según ha informado la ONU.

En un breve comunicado, el departamento que dirige García-Margallo explica que la visita del colombiano se produce en el marco de la invitación "abierta y permanente" que España extiende a los llamados procedimientos especiales de Naciones Unidas, relatores especiales, expertos independientes o grupos de trabajo, creados por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, para desarrollar mandatos sobre áreas temáticas específicas de derechos humanos o sobre los países concretos.

Exteriores ha organizado una agenda de visitas para el relator especial, desde el 21 al 31 de enero, que se reunirá con los secretarios de Estados de Seguridad y Justicia, la subsecretaria de Defensa, la Defensora del Pueblo, parlamentarios y profesores de universidad, entre otros.

El relator visitará Andalucía, Cataluña y Galicia para mantener encuentros con representantes de la sociedad civil y con familiares de víctimas.

Antes de viajar a España, De Greiff aclaró que los mecanismos de la llamada "justicia transicional no tienen como fin abrir heridas del pasado, ni están animadas por un espíritu revanchista". Buscan simplemente "remediar el legado de abusos que afectaron a cientos de miles de víctimas".

El relator independiente centrará su atención en las medidas adoptadas en favor de la verdad y la memoria, la rendición de cuentas, el acceso a la justicia, y la reparación integral de las víctimas y sus familiares. Tiene intención de ofrecer una rueda de prensa en Madrid el próximo 3 de febrero para hacer una primera valoración de su visita.

En septiembre será cuando Greiff presente un informe final con recomendaciones para España al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Los 85 más ricos acumulan la misma riqueza que la suma de la mitad más pobre de la Humanidad

MADRID.-   La élite de las 85 mayores fortunas del mundo acapara la misma porción de la riqueza global que la correspondiente a la mitad de la población mundial más desfavorecida, que equivale a más de 3.500 millones de personas, según denuncia un informe elaborado por Oxfam Intermón, que advierte de que la democracia ha sido "secuestrada" en beneficio de las élites económicas.

   El documento, 'Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica', que será difundido esta semana en el Foro Económico Mundial, que se celebra del 22 al 25 de enero en la localidad suiza de Davos, señala que actualmente el 1% de las familias más poderosas acumula el 46% de la riqueza del mundo.

   En España, por ejemplo, el trabajo elaborado por Oxfam Intermón pone de manifiesto que las 20 personas más ricas poseen una fortuna similar a los ingresos del 20% de su población más pobre.

   Según explica la organización, en los últimos años se han venido adoptando políticas que claramente benefician a quienes más tienen, como la desregulación y la opacidad financieras, los paraísos fiscales, la reducción de los tipos impositivos sobre las rentas más altas o los recortes en inversión y protección social.

   "Desde finales de 1970, los tipos impositivos sobre las rentas más altas se han reducido en 29 de los 30 países de los cuales se dispone de datos, lo que significa que en muchos lugares los ricos no sólo ganan más, sino que también pagan menos impuestos", expone el trabajo de Oxfam, para incidir en que se trata de un "manifiesto secuestro de los procesos democráticos por parte de las élites y a expensas de la clase media y los más pobres".

   El director de Oxfam Intermón, José María Vera, afirma que España "no escapa a esta dinámica", pues los casos en los que los intereses de una minoría económicamente poderosa se han impuesto a los de la ciudadanía "son numerosos en su historia" y la crisis que padece "tiene buena parte de su origen precisamente, en esas dinámicas perniciosas".

   Entre estas 'dinámicas' señalan el caso de Europa, donde "las tremendas presiones de los mercados financieros ha impulsado drásticas medidas de austeridad que han golpeado a las clases baja y media, mientras los grandes inversores se han aprovechado de planes de rescate públicos", destaca el informe.

   En cuanto a Estados Unidos, apunta que la desregulación financiera ha propiciado que se incremente el capital acumulado por el 1% más rico de la población hasta el nivel más alto desde la Gran Depresión, hace 80 años. Mientras, en India, el número de multimillonarios se multiplicó por diez en la última década, "gracias a una estructura fiscal altamente regresiva y el aprovechamiento de sus vínculos con el gobierno".

   En África, las grandes transnacionales (en particular del sector extractivo) "han aprovechado su influencia para renegociar contratos con condiciones fiscales mucho más ventajosos, limitando la capacidad de estos gobiernos para luchar contra la pobreza", conforme señala el trabajo de Oxfam.

   El informe destaca asimismo que se estima que 21 billones de dólares se escapan cada año al control del fisco a nivel mundial, porque "las personas más ricas y las grandes empresas ocultan miles de millones a las arcas públicas a través de complejas redes basadas en paraísos fiscales".

   Como resultado, en la actualidad casi la mitad de la riqueza mundial está en manos del uno por ciento más rico de la población, (110 billones de dólares) y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. En Europa, la fortuna de las 10 personas más ricas supera el coste total de las medidas de estímulo aplicadas en la UE entre 2008 y 2010 (217.000 millones de euros frente a 200.000 millones de euros).

   Aunque la desigualdad ha escaldo posiciones en la agenda global en los últimos años, consiguiendo que incluso el propio Foro Económico Mundial haya identificado su incremento como el segundo riesgo más importante a nivel mundial para los próximos 12-18 meses; la organización exige medidas urgentes para frenar y revertir la tendencia.

   La entidad incide en que sus reclamaciones tienen respaldo social, como probó una encuesta realizada para Oxfam en media docena de países (España, Brasil, India, Sudáfrica, el Reino Unido y Estados Unidos), según la cual, la mayor parte de la población cree que las leyes están diseñadas para favorecer a los ricos. En España, ocho de cada diez personas están de acuerdo con esta afirmación.

   "No podemos pretender ganar la lucha contra la pobreza sin abordar la desigualdad. Esta creciente lacra está creando un círculo vicioso en el que la riqueza y el poder están cada vez más concentrados en las manos de unos pocos, dejando al resto de la ciudadanía las migajas", afirma Vera.

Bruselas avisa: Encontrar trabajo en España no garantiza salir de la pobreza

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha avisado este martes de que encontrar trabajo en España y otros Estados miembros como Rumanía, Bulgaria o Grecia no es una garantía suficiente para salir de la pobreza debido a la elevada proporción de contratos temporales o a tiempo parcial.

   La población en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado en España del 23,3% en 2007 al 28,2% en 2012 debido al impacto de la crisis y al amento del paro, según el informe anual sobre la evolución del empleo y la situación social en Europa publicado este martes por el Ejecutivo comunitario.

   De acuerdo con este estudio, sólo alrededor del 35% de los españoles en riesgo de pobreza entre 18 y 59 años que encuentra un trabajo logra salir de la pobreza, un porcentaje similar al que se registra en Grecia. Únicamente Rumanía y Bulgaria ofrecen cifras inferiores.

   De media en la UE, el 50% de los ciudadanos que eran pobres en 2008 y encontraron un trabajo salieron de la pobreza en 2009. Los mejores resultados corresponden a Portugal y Suecia, con porcentajes superiores al 65%. Las diferencias dependen, según Bruselas, del tipo de empleo así como de la composición del hogar y de la situación de la pareja en el mercado de trabajo.

   "Desafortunadamente, no podemos decir que tener un trabajo equivale necesariamente a un estándar de vida decente", ha dicho el comisario de Empleo, László Andor, en rueda de prensa. De hecho, el 12% de los trabajadores españoles viven en situación de pobreza, un porcentaje que sólo superan Grecia y Rumanía.

   "Incluso si el paro se reduce gradualmente, como se prevé, esto podría no ser suficiente para revertir el crecimiento de la pobreza, especialmente si la polarización salarial continúa sobre todo por el aumento del empleo a tiempo parcial", ha subrayado Andor.

   "Debemos creer empleo, pero de calidad, para lograr una recuperación sostenible que no tenga sólo como efecto combatir el paro sino igualmente reducir la pobreza", ha insistido el comisario de Empleo.

   De acuerdo con el informe, el aumento de la pobreza en España se explica por la elevada proporción de hogares con todos los miembros en paro, el alto nivel de paro de larga duración, un escaso impacto de las prestaciones sociales y un alto nivel de pobreza entre los trabajadores.

   El Ejecutivo comunitario sostiene que las personas que se benefician de prestaciones por desempleo tienen más posibilidades de encontrar trabajo que las que no las reciben. Este análisis se cumple en particular para los sistemas bien diseñados, en particular aquellos donde el nivel de los pagos disminuye progresivamente, acompañados de condiciones adecuadas, como la obligación de buscar trabajo.

   Este tipo de sistemas permite una mejor adecuación entre las cualificaciones y las necesidades del mercado, lo que a su vez facilita lograr empleos de mejor calidad y ayudar a salir de la pobreza.

   Según el estudio, el 35% de los hogares españoles en riesgo de pobreza no reciben una cobertura adecuada de prestaciones sociales, un porcentaje que supera la media comunitaria (30%). Finlandia, Suecia, Holanda y Dinamarca son los países con menos hogares sin cobertura social mientras que Grecia, Chipre e Italia se sitúan a la cola.

   Además, el 15% de los hogares españoles en riesgo de pobreza dependen para sobrevivir de la pensión de los abuelos, una de las tasas más altas de la UE junto con Chipre, Grecia, Bulgaria, Letonia y Polonia.

   El informe desvela igualmente que persiste la desigualdad entre hombres y mujeres en la participación en el mercado laboral. El número de horas trabajadas por las mujeres sigue siendo muy inferior al de los hombres, lo que según Bruselas perjudica a las posibilidades de sus carreras, su remuneración y su nivel de pensiones.

   Esta desigualdad adopta características distintas según el Estado miembro de que se trate. En España o en Irlanda, la tasa de empleo femenino es inferior a la de los hombres, pero cuando trabajan las mujeres tienden a tener horarios más largos. En cambio, en Holanda, Alemania, Austria o Reino Unido, un gran número de mujeres trabajan pero con horarios restringidos. Sólo en los países nórdicos y bálticos estas diferencias se reducen.

España es el país europeo con más desigualdades tras Letonia

BARCELONA.- España es el país europeo con más desigualdades y se sitúa sólo por detrás de Letonia, según un estudio de Oxfam Intermón, que constata que los 20 españoles más ricos acumulan una fortuna de 77.000 millones de euros, el equivalente a la renta del 20 % de las personas más pobres.

El director general de Oxfam Intermon, José María Vera, ha presentado hoy en Barcelona el informe "Gobernar para las élites", que incluye una encuesta a un millar de españoles, de los que 8 de cada 10 opinan que "en España las leyes están hechas para los ricos", mientras que 7 de cada 10 europeos opinan lo mismo.

Vera ha explicado que "las políticas subyugadas a los poderes financieros" son las culpables del crecimiento de las desigualdades y ha indicado que si en España antes de la crisis el 20 % de los españoles más ricos ganaban más de 5,3 veces más que el 20 % de los más pobres, esta diferencia creció en 2011 a 7,5 veces.

"Si la tendencia continua, para el año 2025, el 20 % de los españoles más ricos podrían ganar de media 18 veces más que el 20 % más pobre", ha señalado Vera.

Tras constatar que las decisiones políticas "están secuestradas por las élites y los poderes económicos", y denunciar que en España "las grandes empresas no pagan impuestos, sólo los pagan las pymes y los particulares", Vera ha pedido a las grandes empresas que cierren sus filiales en paraísos fiscales y dejen de eludir el pago de impuestos.

Según el director de Oxfam Intermón, "el 85 % de las empresas del IBEX español tienen filiales en paraísos fiscales. "¡Que las cierren! Y que no utilicen su poder financiero para influir en las políticas", ha pedido Vera, partidario de aplicar una tasa a las transacciones financieras, la denominada 'tasa Tobin', que reportaría más de 5.000 millones anuales a las arcas del Estado.

"Erradicar la pobreza pasa hoy por eliminar las desigualdades extremas agravadas en los últimos 25 o 30 años por culpa de la desregulación, la opacidad financiera y una distribución impositiva sin equidad porque se han reducido los impuestos a las rentas más altas y se recortan derechos a las clases más bajas", según Vera.

Para el responsable de la ONG, "estamos viviendo un momento extremo que puede tener consecuencias dramáticas, sobre todo para la cohesión social".

El agravamiento de las desigualdades por las políticas favorables a los poderes financieros está causando, según el informe, que "la desafección democrática en España es evidente y creciente, y se vuelve peligrosa".

"Lo que se vive en España y Europa es una ruptura entre las decisiones políticas y los compromisos con la ciudadanía. Una nueva fase del capitalismo donde las instituciones del Estado han sido secuestradas por las élites y los poderes económicos, degradando el sistema democrático (...) que sólo sirve para encubrir una progresiva concentración de poder", denuncia la ONG.

Según el informe, "la desilusión se extiende desde el político, en el que se percibe el asco con un sistema 'partitocrático', hacia otras instituciones del Estado y hacia las instituciones y organizaciones formales, lo que contribuye al desprestigio de las mismas y aventura futuros conflictos político-sociales".

Entre sus recomendaciones, Oxfam Intermon pide "no usar paraísos fiscales para evadir impuestos, no usar la riqueza económica para obtener favores políticos, hacer públicas todas las inversiones, una fiscalidad progresiva sobre la riqueza y exigir a los gobiernos que usen su recaudación fiscal para proporcionar sanidad, educación y protección social".

En la presentación del informe en Barcelona ha participado también el exministro de Industria Joan Majó, quien ha dicho que el principal problema del aumento de las desigualdades es que con la reforma tributaria, que separó las escalas impositivas del IRPF entre rentas salariales y las rentas de ahorro o especulativas, "se truncó su efecto reequilibrante".

"Se suprimió el impuesto por patrimonio, y ahora las rentas por trabajo pagan el 30, 35 o 50 % mientras que las rentas por ahorro o especulativas sólo pagan un máximo del 18 %, y si son herencias no pagan nada porque también se ha suprimido el impuesto de sucesiones", ha denunciado Majó.

Para el exministro, el actual sistema fiscal español "no es redistributivo sino regresivo e incrementa las desigualdades".

Veinte españoles tienen tanto dinero como los 10 millones más pobres

MADRID.- La élite de las 85 mayores fortunas del mundo acapara la misma porción de la riqueza global que la correspondiente a la mitad de la población mundial más desfavorecida, que equivale a más de 3.500 millones de personas, según denuncia un informe elaborado por Oxfam Intermón, que advierte de que la democracia ha sido "secuestrada" en beneficio de las élites económicas.

   El documento, 'Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica', que será difundido esta semana en el Foro Económico Mundial, que se celebra del 22 al 25 de enero en la localidad suiza de Davos, señala que actualmente el 1% de las familias más poderosas acumula el 46% de la riqueza del mundo.

   En España, por ejemplo, el trabajo elaborado por Oxfam Intermón pone de manifiesto que las 20 personas más ricas poseen una fortuna similar a los ingresos del 20% de su población más pobre.

   Según explica la organización, en los últimos años se han venido adoptando políticas que claramente benefician a quienes más tienen, como la desregulación y la opacidad financieras, los paraísos fiscales, la reducción de los tipos impositivos sobre las rentas más altas o los recortes en inversión y protección social.

   "Desde finales de 1970, los tipos impositivos sobre las rentas más altas se han reducido en 29 de los 30 países de los cuales se dispone de datos, lo que significa que en muchos lugares los ricos no sólo ganan más, sino que también pagan menos impuestos", expone el trabajo de Oxfam, para incidir en que se trata de un "manifiesto secuestro de los procesos democráticos por parte de las élites y a expensas de la clase media y los más pobres".

   El director de Oxfam Intermón, José María Vera, afirma que España "no escapa a esta dinámica", pues los casos en los que los intereses de una minoría económicamente poderosa se han impuesto a los de la ciudadanía "son numerosos en su historia" y la crisis que padece "tiene buena parte de su origen precisamente, en esas dinámicas perniciosas".

   Entre estas 'dinámicas' señalan el caso de Europa, donde "las tremendas presiones de los mercados financieros ha impulsado drásticas medidas de austeridad que han golpeado a las clases baja y media, mientras los grandes inversores se han aprovechado de planes de rescate públicos", destaca el informe.

   En cuanto a Estados Unidos, apunta que la desregulación financiera ha propiciado que se incremente el capital acumulado por el 1% más rico de la población hasta el nivel más alto desde la Gran Depresión, hace 80 años. Mientras, en India, el número de multimillonarios se multiplicó por diez en la última década, "gracias a una estructura fiscal altamente regresiva y el aprovechamiento de sus vínculos con el gobierno".

   En África, las grandes transnacionales (en particular del sector extractivo) "han aprovechado su influencia para renegociar contratos con condiciones fiscales mucho más ventajosos, limitando la capacidad de estos gobiernos para luchar contra la pobreza", conforme señala el trabajo de Oxfam.

   El informe destaca asimismo que se estima que 21 billones de dólares se escapan cada año al control del fisco a nivel mundial, porque "las personas más ricas y las grandes empresas ocultan miles de millones a las arcas públicas a través de complejas redes basadas en paraísos fiscales".

   Como resultado, en la actualidad casi la mitad de la riqueza mundial está en manos del uno por ciento más rico de la población, (110 billones de dólares) y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. En Europa, la fortuna de las 10 personas más ricas supera el coste total de las medidas de estímulo aplicadas en la UE entre 2008 y 2010 (217.000 millones de euros frente a 200.000 millones de euros).

   Aunque la desigualdad ha escaldo posiciones en la agenda global en los últimos años, consiguiendo que incluso el propio Foro Económico Mundial haya identificado su incremento como el segundo riesgo más importante a nivel mundial para los próximos 12-18 meses; la organización exige medidas urgentes para frenar y revertir la tendencia.

   La entidad incide en que sus reclamaciones tienen respaldo social, como probó una encuesta realizada para Oxfam en media docena de países (España, Brasil, India, Sudáfrica, el Reino Unido y Estados Unidos), según la cual, la mayor parte de la población cree que las leyes están diseñadas para favorecer a los ricos. En España, ocho de cada diez personas están de acuerdo con esta afirmación.

   "No podemos pretender ganar la lucha contra la pobreza sin abordar la desigualdad. Esta creciente lacra está creando un círculo vicioso en el que la riqueza y el poder están cada vez más concentrados en las manos de unos pocos, dejando al resto de la ciudadanía las migajas", afirma Vera.

Miles de ucranianos se manifiestan contra las leyes antiprotesta del Gobierno

KIEV.- Hasta 100.000 ucranianos se concentraron el domingo en Kiev desafiando las nuevas leyes dirigidas a erradicar las protestas antigubernamentales. Manifestantes que estaban en las inmediaciones se enfrentaron con la policía antidisturbios y los atacaron con bastones, intentando impedir el paso de un autobús con el que la policía pretendía bloquear la carretera que lleva al Parlamento.

La manifestación, la mayor este año en un ciclo de protestas proeuropeas que han convulsionado a la antigua república soviética durante los pasados dos meses, fue espoleada por la ley aprobada precipitadamente en el Parlamento la semana pasada que según la oposición llevará a un estado policial.

En un gesto que seguramente aumentará la confrontación con el presidente Viktor Yanukovich, los líderes de la oposición anunciaron un plan para recoger firmas expresando la falta de confianza en su líder y en el Parlamento.

Tras denunciar como inconstitucional la precipitada votación del jueves pasado por parte de los partidarios de Yanukovich, pidieron iniciativas para establecer una estructura de poder paralela, incluida una asamblea popular y una nueva constitución.

"Yanukovich y su bancada quieren robar nuestro país. Ucrania está unida como nunca antes en su lucha contra quienes hoy están en el poder, en su determinación para no permitir una dictadura", dijo el exboxeador convertido en político Vitaly Klitschko, el candidato potencial más fuerte para la presidencia.

Klitschko acudió al lugar de los enfrentamientos, a 100 metros de la plaza de la Independencia de Kiev, para tratar de persuadir a los manifestantes de que no atacaran a la policía. Sin embargo, no retrocedieron y continuaron lanzando bengalas y otros objetos contra los agentes, que se protegían con escudos.

Aunque el establecimiento de una estructura de poder alternativa podría no ser realista, la protesta del domingo sugería que podría ser difícil para las autoridades intentar resolver la crisis con el uso de la fuerza a pesar de la prohibición judicial y las nuevas leyes.

Otro líder de la oposición, el nacionalista de centroderecha Oleh Tyahnibok, dio que las leyes eran inconstitucionales en un discurso desde la tribuna en la plaza.

"Así que tenemos el derecho de no acatarlas y las sabotearemos", dijo.

Yanukovich avivó las manifestaciones proeuropeas cuando en noviembre dio marcha atrás en un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y prefirió afianzar vínculos económicos con la antigua potencia Rusia.

Esto llevó a que decenas de miles de personas se echaran a las calles y los manifestantes montaran un campamento permanente en la plaza de la Independencia. Aunque desde entonces se ha reducido la presencia, cientos de personas siguen acampadas allí y ocupan edificios como el del Ayuntamiento.

La prohibición judicial de las protestas publicada el 15 de enero y la ley aprobada el jueves para prohibir cualquier forma de protesta pública inflamaron de nuevo las tensiones.

Las leyes - denunciadas por Estados Unidos y otros gobiernos occidentales como antidemocráticas - prohibirían cualquier instalación no autorizada de tiendas, escenarios o el uso de altavoces en lugares públicos.

También prohíben, con al riesgo de fuertes penas de cárcel, la participación en "desórdenes masivos", llevar máscaras o cascos de protección y la difusión de información "extremista" o difamatoria sobre los líderes del país.

Decenas de miles de opositores se congregan en el centro de Kiev

KIEV.- Decenas de miles de manifestantes se congregaron hoy en la plaza de Independencia de Kiev, donde desde hace casi dos meses la oposición se manifiesta de manera ininterrumpida, para protestar contra las políticas del presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich.

Pese a las bajas temperaturas, en torno a los 10 grados bajo cero, en la capital ucraniana, hacia el mediodía local, los manifestantes habían colmado la plaza más importante del país, tomada por la oposición desde noviembre pasado, cuando Yanukóvich decidió aplazar la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

El mitin de hoy es la séptima "veche" (asamblea) popular convocada por los opositores en el centro de Kiev desde el comienzo de la protestas.

Esta semana, los líderes de la oposición ucraniana acusaron al Gobierno de "destruir el orden constitucional" y "usurpar el poder" por aprobar una serie de leyes, incluidos Presupuestos Generales de 2014, sin debate en Parlamento.

Además, la formación oficialista propició la adopción de una ley que, en opinión de los opositores, restringe el derecho a la libertad de reunión y de expresión.

Los temores de la oposición ucraniana fueron avalados por la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, quien este viernes pidió a Yanukóvich modificar, por antidemocráticas, las normas recién aprobadas.

"Insto al presidente de Ucrania a que revise estas decisiones y las ponga en línea con los compromisos internacionales de Ucrania", señaló Ashton en un comunicado.

La responsable de la política exterior de la Unión Europea explicó que las nuevas leyes restringen los derechos fundamentales de los ciudadanos y parecen no respetar los principios democráticos ni los propios procedimientos parlamentarios.

Un relator especial de la ONU viaja a España por los crímenes del franquismo

NUEVA YORK.- Un relator especial de la ONU visitará España el 21 de enero para valorar las medidas adoptadas por las autoridades en relación con las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, informó este viernes la ONU.

"Los mecanismos de justicia transicional no tienen como fin abrir heridas del pasado, ni están animadas por un espíritu revanchista", dijo el colombiano Pablo de Greiff, relator especial en justicia transicional de la ONU.

"Estos mecanismos buscan hacer frente y remediar el legado de abusos que afectaron a cientos de miles de víctimas, promoviendo el reconocimiento de sus derechos, cimentando la confianza cívica, especialmente en la fiabilidad de las instituciones, y fortaleciendo el Estado de derecho", agregó De Greiff, al anunciar la primera visita oficial a España de un experto independiente en justicia transicional.

De Greiff explicó que los cuatro elementos de la justicia transicional -la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición- deben abordarse como procesos interdependientes que se refuerzan mutuamente.

Durante su visita a España, prevista hasta el 3 de febrero, el relator de la ONU visitará Madrid, Andalucía, Cataluña y Galicia.

De Greiff se reunirá con representantes del Estado, víctimas y sociedad civil para fundamentar su análisis y tener una visión amplia sobre las diversas iniciativas adoptadas en España, y hacer recomendaciones para abordar los retos subsistentes.

Al final de la visita, el 3 de febrero, De Greiff llevará a cabo un conferencia de prensa en Madrid, donde comunicará sus primeras conclusiones y recomendaciones preliminares.

El experto presentará un informe final sobre la visita al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2014.

Cae entre los españoles la confianza en la política al nivel más bajo de la década

BARCELONA.- La Encuesta Social Europea evidencia un importante descenso de la confianza en los políticos españoles y en los partidos, que se sitúan en los niveles más bajos desde hace diez años, con un claro suspenso del 1,9 como nota, desde un 2,7 obtenido en el anterior sondeo (2009-2010).

El catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pompeu Fabra y coordinador nacional de la encuesta en España, Mariano Torcal, ha informado hoy en rueda de prensa en Barcelona de los resultados de la sexta edición de este estudio, realizado entre finales de 2011 y principios de 2012 con encuestas a más de 2.500 españoles.

Los datos de confianza de la encuesta constatan una fuerte desafección de los españoles, no sólo hacia los políticos y hacia los partidos, sino también de las instituciones, como el Parlamento español, que tampoco aprueba e incluso baja su nota, del 4,3 en la edición 2009-2010, a un 3,4 en la encuesta presentada hoy.

La desconfianza hacia las instituciones es general, incluso hacia el Parlamento europeo o las Naciones Unidas, y tampoco se libra el sistema judicial español, que sigue por debajo de cinco (3,7).

La única institución que aprueba en confianza es la Policía, con una nota de 5,8 aunque también desciende desde un 6,2, indican los resultados.

A juicio de Torcal, la crisis económica influye en el mayor desapego y menor valoración, aunque no de forma fundamental, y considera que la baja valoración pone de manifiesto que "los ciudadanos sienten que los políticos no responden a sus demandas".

"El sistema político tiene que reaccionar porque, de lo contrario, esta situación puede llevar hacia movilizaciones más radicales. Esto es una llamada de atención a los políticos para que impulsen reformas institucionales", ha opinado.

Paradójicamente, y a pesar del difícil contexto actual, el nivel de felicidad de los españoles se sitúa en la parte alta de la media europea (7,2 de nota), aunque el coordinador de la encuesta en España alerta de que este resultado responde sólo a una pregunta y no profundiza más.

La crisis económica, social y política ha empujado al alza todos los indicadores de participación política, a la protesta y a la organización de los ciudadanos, según la encuesta.

En este sentido, todos los indicadores de la encuesta europea crecen, como el de firmar peticiones o boicotear ciertos productos por razones políticas.

El porcentaje de ciudadanos que afirman colaborar con partidos políticos es del 7,7 %, frente a un 3,7 % de media en Europa, y las plataformas de acción ciudadana congregan a un 21,9 % de españoles y sólo a un 14,3 % de media en Europa.

La crisis también ha supuesto a una mayor participación en los actos de protesta y un 25,8 % de los encuestados aseguran haber participado en alguna manifestación autorizada, cuando la media en Europa se sitúa en el 6,7 %.

"España es el país que registra un mayor porcentaje de participación en manifestaciones autorizadas", asegura Torcal a la vista de los resultados del estudio, que ha detectado también un aumento de la movilización en el periodo 2010-2012 en toda Europa, especialmente en los países donde la crisis económica tiene consecuencias duras, como Grecia, Portugal e Italia.

El estudio también pregunta por la valoración de los sistemas sanitario y educativo, y mientras el primero aprueba con un 5,2, a pesar de que ha bajado más de un punto desde la anterior consulta, el segundo suspende con un 4,5 por primera vez desde el año 2002.

En la presentación de estos resultados han participado también el director del Área de Ciencia y Medio Ambiente de la Obra Social La Caixa, Enric Banda, ya que la entidad ha colaborado económicamente con la realización de la misma, y la consejera técnica del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Mónica Méndez.

Qué está pasando en Burgos / Ignacio Escolar

Como siempre que un conflicto estalla, las causas rara vez se pueden explicar con lo que sucedió el día anterior. Para entender qué está ocurriendo en Burgos y a qué viene la durísima oposición de los vecinos hay que remontarse mucho. Al menos un par de décadas, si no más.

Durante años, antes incluso de la llegada de la burbuja inmobiliaria, Burgos fue una de las ciudades con la vivienda más cara de España, solo superada entre las capitales de provincia por Madrid, Barcelona y San Sebastián. ¿La causa? A simple vista parecía inexplicable. Burgos no es ni mucho menos una gran urbe, unos 180.000 habitantes. Su población es estable desde hace años. No tiene tampoco ninguna barrera natural para su expansión: está en mitad de un llano, sin esos límites que en otras ciudades pone la montaña o el mar. No tuvo tampoco un desarrollo económico excepcional: ni es un Silicon Valley, ni ha vivido ningún repunte industrial. Es una ciudad conservadora donde nunca parecía pasar nada, más allá de esa aparente maldición que obliga a la mayoría de los jóvenes a escapar. Conozco bien de lo que hablo. Nací en Burgos, estudié un año allí, en el Instituto Cardenal López de Mendoza, y gran parte de mis compañeros de estudios viven hoy en Madrid, forzados a emigrar por la falta de oportunidades en la ciudad.

Solo hay una razón que explique por qué en Burgos la vivienda se disparó: la corrupción urbanística. Durante años, un constructor y sus amigos manejaron las recalificaciones del Ayuntamiento, que controlaba el Partido Popular. Ese constructor se llama Antonio Miguel Méndez Pozo, aunque todo el mundo le conoce como Michel Méndez Pozo. O como "el jefe". No solo se dedica al ladrillo. Es también dueño del Diario de Burgos, el periódico más leído y con más influencia en la provincia. 

Sus componendas con el Ayuntamiento llegaron a juicio. El propio José María Aznar –entonces presidente de la Junta de Castilla y León y líder regional del partido, además de amigo íntimo de Méndez Pozo– tuvo que declarar por sus estrechas relaciones con el constructor. En 1992, el alcalde fue inhabilitado y Méndez Pozo se llevó la condena más dura: siete años y tres meses de prisión. Solo cumplió nueve meses antes de salir de la cárcel en tercer grado.

La cárcel no fue un obstáculo en la carrera de Michel Méndez Pozo. Al contrario. Tras pasar por la trena, no solo no se convirtió en un apestado sino que aumentó aún más su fortuna, sus relaciones y su poder. Su grupo de comunicación, Promecal, se expandió a Castilla-La Mancha. Allí puso en marcha varios periódicos que fueron muy leales al PSOE hasta que ganó el PP. De paso, sacó tajada: sus empresas constructoras están entre las principales deudoras de la quebrada Caja Castilla-La Mancha. En Valladolid, se alió con el grupo Prisa para lanzar El Día de Valladolid. Y también pactó con su antiguo rival, el constructor José Luis Ulibarri, para montar juntos la televisión autonómica semipública –la paga la Junta– de Castilla y León.

Burgos fue y ha seguido siendo el bastión de Méndez Pozo. Con la ayuda del periódico, se ha impuesto antes y ahora al propio Partido Popular, en una extraña relación donde un hombre que nunca ha sido militante del partido es el auténtico poder. El Diario de Burgos un día calla y al otro se convierte en referente del periodismo de investigación, al destapar un escándalo con la factura telefónica de uno de los concejales del Ayuntamiento, casualmente uno con mala relación con el constructor. De fondo de estos navajazos, un proyecto: el del aparcamiento en el barrio obrero de Gamonal.

El Vallecas de Burgos

Para entendernos, Gamonal es el Vallecas (o el Hospitalet) de Burgos. Un antiguo pueblo en las afueras de la ciudad que acabó anexionado por la capital provincial. El franquismo llevó a Gamonal el mayor polígono industrial de la ciudad y la inmigración rural convirtió el antiguo pueblo en un barrio obrero de aluvión, de inmensos bloques de pisos de ladrillo visto, donde hoy viven cerca de 70.000 personas en el barrio más densamente poblado de la ciudad.

La principal avenida de Gamonal, esa calle Vitoria donde el alcalde quiere construir el aparcamiento, es la antigua carretera N-1, que unía al antiguo pueblo con la ciudad. Por las noches, funciona un pactado sistema de aparcamiento en doble fila. Los vecinos se organizan entre ellos, según sus horarios, para dejar sus coches sin el freno de mano puesto. El barrio, tan poblado, apenas tiene aparcamientos. Cuando se construyó, los obreros no tenían coches. Hoy Gamonal, donde el paro se ha disparado, es el barrio de Burgos donde más se nota la crisis, donde viven las personas más castigadas por la situación económica.

Los vecinos se oponen al aparcamiento porque dejará la vía que une la ciudad con solo un carril en cada dirección –ahora hay cuatro–, y porque se quedarían sin sitio donde aparcar. Los nuevos aparcamientos son muy caros: 19.800 euros por cada plaza, que además no es en propiedad sino en alquiler por 40 años, por lo que después no se podrán vender con facilidad. Además, los vecinos no entienden que esa obra de ocho millones de euros sea la prioridad en un barrio sin apenas equipamientos y en un Ayuntamiento cuyas cuentas están al borde de la bancarrota.

Por supuesto, detrás del aparcamiento en Gamonal hay una sombra, omnipresente en la ciudad: la de Méndez Pozo. Ha sido una de sus empresas quien ha diseñado el proyecto y es la constructora de uno de sus socios habituales quien se ocupará de llevarla a cabo, si es que los vecinos no la logran parar.

El Ayuntamiento confiaba en acabar con las protestas por la vía habitual: a través del silencio en los medios. El Diario de Burgos es de Méndez Pozo y el otro periódico de la ciudad, El Correo, es de su socio en la televisión autonómica, José Luis Ulibarri, otro constructor, imputado en la Gürtel. El Correo, para más señas, se distribuye de forma conjunta con El Mundo. Y estos negocios entre los editores de Madrid y los prohombres del ladrillo explican también por qué el nombre de Méndez Pozo apenas se conoce fuera de Burgos. Sin embargo, el silencio de los periódicos no sirvió esta vez. El Ayuntamiento ha olvidado algo fundamental: que ahora existe Internet y las redes sociales, donde la información es mucho más difícil de controlar.

Gamonal no es muy distinto a otros barrios obreros. Pero nadie podría imaginarse que fuese una ciudad aparentemente tan conservadora como Burgos donde se viviese un estallido así. Los turistas que visitan la Catedral olvidan que un tercio de sus habitantes vive muy lejos del elegante paseo del Espolón, en el barrio obrero de Gamonal.

Su partido está alarmado y ha llamado a capítulo al alcalde de la ciudad, Javier Lacalle. Su miedo es razonable. Lo que hemos visto en Burgos no es muy distinto a lo que ha pasado antes en otros disturbios como los de Londres o París. O a lo que podría pasar en otras ciudades españolas. Por mucho que el PP quiere mezclar esta protesta con la kale borroka, asegurando que los jóvenes violentos venían de otra ciudad –han inventado el "turismo manifestante"–, la realidad es que los detenidos son tan de allí como la morcilla o la catedral. Es lo que pasa cuando el paro juvenil se dispara y hay una última gota que desborda el vaso.

Dice Noam Chomsky que la violencia nunca surge de la nada. Tampoco en Gamonal.

http://www.eldiario.es/escolar/pasando-Burgos_6_217738233.html 

La baraja rota / Javier Marías

Yo ya no sé si, entre el grueso de la población, muchos se acuerdan de cómo nos regimos, ni de por qué. Cuando se decide convivir en comunidad y en paz, se produce, tácitamente o no, lo que suele conocerse como “contrato o pacto social”. No es cuestión de remontarse aquí a Hobbes ni a Locke ni a Rousseau, menos aún a los sofistas griegos. Se trata de ver y recordar a qué hemos renunciado voluntariamente cada uno, y a cambio de qué. Los ciudadanos deponen parte de su libertad de acción individual; abjuran de la ley del más fuerte, que nos llevaría a miniguerras constantes y particulares, o incluso colectivas; se abstienen de la acumulación indiscriminada de bienes basada en el mero poder de adquirirlos y en el abuso de éste; evitan el monopolio y el oligopolio; se dotan de leyes que ponen límites a las ansias de riqueza de unos pocos que empobrecen al conjunto y ahondan las desigualdades. Se comprometen a una serie de deberes, a refrenarse, a no avasallar, a respetar a las minorías y a los más desafortunados. Se desprenden de buena parte de sus ganancias legítimas y la entregan, en forma de impuestos, al Estado, representado transitoriamente por cada Gobierno elegido (hablamos, claro está, de regímenes democráticos). Por supuesto, dejan de lado su afán de venganza y depositan en los jueces la tarea de impartir justicia, de castigar los crímenes y delitos del tipo que sean: los asesinatos y las violaciones, pero también las estafas, el latrocinio, la malversación del dinero público e incluso el despilfarro injustificado.

A cambio de todo esto, a cambio de organizarse delegando en el Estado –es decir, en el Gobierno de turno–, éste se compromete a otorgar a los ciudadanos una serie de libertades y derechos, protección y justicia. Más concretamente, en nuestros tiempos y sociedades, educación y sanidad públicas, Ejército y policía públicos, jueces imparciales e independientes del poder político, libertad de opinión, de expresión y de prensa, libertad religiosa (también para ser ateo). Nuestro Estado acuerda no ser totalitario ni despótico, no intervenir en todos los órdenes y aspectos ni regularlos todos, no inmiscuirse en la vida privada de las personas ni en sus decisiones; pero también –es un equilibrio delicado– poner barreras a la capacidad de dominación de los más ricos y fuertes, impedir que el poder efectivo se concentre en unas pocas manos, o que quien posee un imperio mediático sea también Primer Ministro, como ha sucedido durante años con Berlusconi en Italia. Son sólo unos pocos ejemplos.

Lo cierto es que nuestro actual Gobierno del PP y de Rajoy, en sólo dos años, ha hecho trizas el contrato social. Si se privatizan la sanidad y la educación (con escaso disimulo), y resulta que el dinero destinado por la población a eso no va a parar a eso, sino que ésta debe pagar dos o tres veces sus tratamientos y medicinas, así como abonar unas tasas universitarias prohibitivas; si se tiende a privatizar el Ejército y la policía, y nos van a poder detener vigilantes de empresas privadas que no obedecerán al Gobierno, sino a sus jefes; si el Estado obliga a dar a luz a una criatura con malformaciones tan graves que la condenarán a una existencia de sufrimiento y de costosísima asistencia médica permanente, pero al mismo tiempo se desentiende de esa criatura en cuanto haya nacido (la “ayuda a los dependientes” se acabó con la llegada de Rajoy y Montoro); es decir, va a “proteger” al feto pero no al niño ni al adulto en que aquél se convertirá con el tiempo; si las carreteras están abandonadas; si se suben los impuestos sin cesar, directos e indirectos, y los salarios se congelan o bajan; si los bancos rescatados con el dinero de todos niegan los créditos a las pequeñas y medianas empresas; si además la Fiscalía Anticorrupción debería cambiar de una vez su nombre y llamarse Procorrupción, y los fiscales y jueces obedecen cada día más a los gobernantes, y no hay casi corrupto ni ladrón político castigado; si se nos coarta el derecho a la protesta y la crítica y se nos multa demencialmente por ejercerlo …

Llega un momento en el que no queda razón alguna para que los ciudadanos sigamos cumpliendo nuestra parte del pacto o contrato. Si el Estado es “adelgazado” –esto es, privatizado–, ¿por qué he de pagarle un sueldo al Presidente del Gobierno, y de ahí para abajo? ¿Por qué he de obedecer a unos vigilantes privados con los que yo no he firmado acuerdo? ¿Por qué unos soldados mercenarios habrían de acatar órdenes del Rey, máximo jefe del Ejército? ¿Por qué he de pagar impuestos a quien ha incumplido su parte del trato y no me proporciona, a cambio de ellos, ni sanidad ni educación ni investigación ni cultura ni seguridad directa ni carreteras en buen estado ni justicia justa, que son el motivo por el que se los he entregado? ¿Por qué este Gobierno delega o vende sus competencias al sector privado y a la vez me pone mil trabas para crear una empresa? ¿Por qué me prohíbe cada vez más cosas, si es “liberal”, según proclama? ¿Por qué me aumenta los impuestos a voluntad, si desiste de sus obligaciones? ¿Por qué cercena mis derechos e incrementa mis deberes, si tiene como política hacer continua dejación de sus funciones? ¿Por qué pretende ser “Estado” si lo que quiere es cargárselo? Hemos llegado a un punto en el que la “desobediencia civil” (otro viejo concepto que demasiados ignoran, quizá habrá que hablar de él otro día) está justificada. Si este Gobierno ha roto el contrato social, y la baraja, los ciudadanos no tenemos por qué respetarlo, ni que intentar seguir jugando.

http://elpais.com/elpais/2014/01/09/eps/1389270298_757946.html 

Mucha coincidencia en que con 2014 comienza la recuperación económica / Francisco Poveda *

Más de la mitad de los ciudadanos del Planeta, encuestados en 23 países, cree que la economía será más sólida en 2014 y hasta un 76% que se reforzará la economía global. Suecos, franceses, japoneses e italianos (33%) no son tan optimistas aunque chinos, hindues, indonesios, brasileños y argentinos sí que lo son. Lo cierto es que, tanto norteamericanos como europeos de la Eurozona, experimentan índices de mayor confianza pese a que un 3% de la Humanidad seguía detentando el 20% de la riqueza a final de 2013.

Algunos indicadores confirman cierta tendencia a la recuperación económica aunque otros hacen augurar que será asimétrica y a diferente velocidad, según países y hasta bloques económicos. Por ejemplo, Alemania va hacia el endeudamiento cero desde la máxima solvencia. Mientras Francia se sigue endeudando, hasta niveles peligrosos, según su propio Tribunal de Cuentas, al tiempo que pierde solvencia su deuda soberana. Sigue creciendo el PIB pero el desempleo no remite pese a los incentivos sociales propuestos por el presidente Hollande.

La que sí parece un hecho constatable es la recuperación norteamericana pese a la retirada gradual de incentivos por parte de una Reserva Federal que verá en febrero un cambio en su presidencia. Los nuevos rectores auguran ya un crecimiento del 3% del PIB en 2014, pese a haber perdido el liderazgo mundial exportador en favor de China, cuando el sector manufacturero da síntomas de fuerte actividad frente a cierta ralentización del sector servicios. Obama ha elegido zonas deprimidas de EE UU y determinados sectores productivos para reducir esa masa de 50 millones de pobres en un país de 300. Hasta Canadá conoce hoy un insólito 7% de desempleados.

También existe una incipiente pero cierta recuperación de la economía española.  El PIB creció un 0,3% en diciembre. Y se espera, desde varias instancias internacionales neutrales, que siga creciendo trimestre a trimestre. Pero el alto desempleo, la débil demanda interna y la práctica ausencia de crédito para las pequeñas empresas suman muchas dificultades para afianzar esa recuperación, todavía muy lenta y casi imperceptible, que obliga a más reformas efectivas para acercanos a un Reino Unido, que anuncia recortes públicos de 25.000 millones de libras esterlinas en 2015, y alejarnos de una Francia con tendencia a la voracidad fiscal impuesta por su onerosa burocracia.

El vecino Portugal también ve ya algún horizonte al caer la presión sobre su deuda pública y quedar situado en la antesala de la salida del rescate, algo mucho más lejano en Grecia y que ha sido posible en Irlanda. Por contra, el desempleo sigue demasiado alto en España (donde han vuelto las inversiones extranjeras) y Grecia, que trata de hacer un paréntesis en las obligaciones con sus acreedores desde su presidencia semestral de la UE. Mientras el desempleo ha subido en la Eurozona un 0,8% hasta alcanzar un 12% (todavía quedan 15.600.000 desempleados en los países del sur en la Unión Europea) desciende en Alemania y Reino Unido, pese a la fuerte presión inmigratoria que ahora se trata de amortiguar intrafronteras comunitarias, incluso en Bélgica.

La crisis del euro (la moneda internacional de mayor rendimiento en 2013 por cierto) está en vías de superación. El riesgo-país de España e Italia (donde se ha alcanzado un récord de pobreza) se refuerza. Y, tanto el BCE como el BoE, mantienen al mínimo del 0,25% los tipos de interés del euro y la libra esterlina para conjurar un riesgo de 'estanflación' como el vaticinado por George Soros para la Eurozona, donde la inflación creció un 0,8% y dos décimas de media en los países de la OCDE.

Y para sostener tanta coincidencia sobre la recuperación económica que se aventa (en España parece que mucho mejor a partir del segundo trimestre) las bolsas europeas como la de Wall Street siguen al alza al igual que el petróleo por mayores demandas de capitales y energía; en el último caso porque las potencias emergentes lo precisan para su desarrollo cuando Rusia se alza como el primer productor mundial de petróleo y gas, en espera de que EE UU le arrebate ese liderazgo, y ya por encima de Arabia Saudita.

Para concluir, China sigue ahí reorientando su modelo económico, ahora hacia la satisfacción de su demanda interna, según las nuevas directrices del PCCh, en pleno liderazgo mundial exportador alcanzado en 2013. Sin embargo hay dos datos para la reflexión de los expertos: sus ayuntamientos tienen una deuda de dos billones de euros mientras la deuda fiscal de las empresas alcanza más de veinte billones de yuanes.

(*) Periodista y profesor

http://economiavanzada.blogspot.com.es/2014/01/mucha-coincidencia-en-que-con-2014.html

Los sindicatos turcos reúnen 20.000 manifestantes contra la corrupción

ANKARA.- Unas 20.000 personas han participado hoy en Ankara en una protesta convocada por varios sindicatos para denunciar los casos de corrupción en el Gobierno y pedir su dimisión.

Los manifestantes corearon consignas como "Gobierno, dimisión", "Sólo el pueblo puede limpiar esa suciedad" y "Tayyip, ladrón", en alusión al primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan.

La Confederación de Trabajadores, los sindicatos de funcionarios y las asociaciones profesionales de médicos y arquitectos eran los principales convocantes de una protesta que tuvo como punto de encuentro la Plaza Sihhiye.

La concentración transcurrió sin apenas incidentes, aunque un grupo juvenil de izquierdas protagonizó un choque contra los numerosos agentes de Policía que controlaban la plaza e iban controlando uno a uno a todos los que acudían al lugar.

Mehmet Soganci, presidente de Tmmob, una organización que agrupa a 450.000 ingenieros y arquitectos, denunció que en Turquía hay menores de edad que son condenados a largas penas de prisión por robos insignificantes mientras hay ministros "que guardan en casa millones de dólares en cajas de zapatos".

"La gente concentrada aquí protesta principalmente por la corrupción", aseguró.

El Gobierno islamista y conservador de Erdogan está en el centro de un escándalo de corrupción y sobornos, que ha provocado ya la dimisión de cuatro ministros.

Una encuesta publicada esta semana asegura que el gobernante partido de Justicia y Desarrollo de Turquía de Erdogan está perdiendo seguidores en medio de este escándalo.

El sondeo del instituto Sonar señala que el AKP, que lleva 11 años en el poder, baja en la intención de voto del 49,8 por ciento obtenido en las elecciones del año 2011 hasta un 42,3 por ciento actual.

Turquía celebra el próximo marzo unas importantes elecciones municipales y también comicios presidenciales en agosto.

España no es país para jueces, dice el magistrado Elpidio Silva

MADRID.- Hace ocho meses el juez instructor Elpidio José Silva estaba investigando un caso de corrupción de primer nivel que llevó unos días a la cárcel al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, un banquero con excelentes conexiones políticas.

Ahora Silva está preparando su propia defensa después de que Blesa, que presidió la caja de ahorros ahora integrada en Bankia entre 1996 y 2009, se querellara contra él argumentando que estaba siendo perseguido.

La delicada situación del juez nace de una garantía procesal española que permite a los acusados querellarse contra jueces, uno de los muchos factores que han ralentizado una serie de destacados casos de fraude, mermando la confianza en el sistema judicial y planteando dudas sobre la influencia política, según las encuestas.

Silva, que niega que actuara de forma contraria a la ley, fue apartado del caso y aunque luego fue reasignado, finalmente se abstuvo por conflicto de interés ya que podría enfrentarse a un juicio por prevaricación en la investigación de los posibles delitos cometidos en Caja Madrid antes de que la entidad se integrara en Bankia, que luego precisó el mayor rescate bancario de la historia de España.

Los abogados de Blesa declinaron hacer comentarios en esta historia, pero en documentos judiciales han negado los delitos de falsedad en documento mercantil, y apropiación indebida en la compra de un banco en 2008.

Silva continúa trabajando en otros casos y está escribiendo un libro. Dice que lo va a titular: "La justicia desahuciada: España no es país para jueces".

La percepción que la población tiene del fraude en España es una de las más altas de Europa. Más de un 90 por ciento dijo sentirse frustrado por el tiempo que se demoran las investigaciones y culpan mayoritariamente a los recursos de los acusados, según una encuesta independiente de Metroscopia.

"Por las demoras, a la gente le da la impresión de que hay poco interés en investigar, o que hay algún tipo de colusión entre el Gobierno y los jueces. El proceso lento da la sensación de unos estándares bajos", dijo José Juan Toharia, presidente de Metroscopia.

España también cuenta con un número de jueces proporcionalmente menor que Alemania, Francia, Italia o Portugal, y muchos cambian de puesto a mitad de la instrucción, lo que contribuye a los retrasos.

Silva ha lanzado una campaña mediática para afirmar que las acusaciones en su contra tienen motivaciones políticas y tienen un efecto negativo en las investigaciones de casos de corrupción.

"La querella contra mí es una querella abusiva y política, no es jurídica. Tendrían que haberla archivado ya. No tienen nada contra mí", dijo Silva en su piso de Madrid, mientras respondía a llamadas de personas que estaban recogiendo firmas para apoyarle.

Baltasar Garzón, el exjuez español internacionalmente conocido por perseguir al dictador chileno Augusto Pinochet, también fue acusado de prevaricación y suspendido de la carrera judicial en 2010 por grabar ilegalmente las conversaciones de algunos sospechosos del "caso Gurtel".

Garzón, que ahora es asesor en derechos humanos a nivel mundial, afirma que fue perseguido políticamente por intentar investigar los delitos cometidos durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

Tras la muerte de Franco, el sistema judicial se rediseñó para salvaguardar los derechos de los acusados, pero las querellas sin fundamento contra jueces han conllevado largos retrasos en varios casos, como los ocho años que transcurrieron hasta que se condenó a políticos y promotores inmobiliarios en Marbella y la década que pasó hasta que el político del PP Carlos Fabra fue juzgado por fraude a la Hacienda Pública. Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel, pero ha recurrido el caso.

Incluso la familia real española se ha visto salpicada por una larga investigación por corrupción cuya fase de instrucción aún no ha terminado. El juez lleva más de tres años investigando al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, por malversación y fraude, entre otros, a través de una fundación sin ánimo de lucro. El juez imputó el martes a su esposa, la infanta Cristina, por un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales.

La infanta y su marido, que defienden la legalidad de sus acciones, no han presentado ninguna querella para ralentizar el proceso, pero el juez y el fiscal anticorrupción han discrepado sobre cómo continuar la instrucción del caso.

La élite política española también se ha visto sacudida por la acusación de que Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, acumuló hasta 48 millones de euros en cuentas bancarias en Suiza y llevaba una contabilidad paralela de la formación en el poder con dinero de los magnates de la construcción.

Cuatro años después de iniciarse la investigación, está en prisión provisional acusado de blanqueo de capitales y otros delitos, pero el juicio podría demorarse aún varios años. También niega haber cometido ninguna irregularidad.

Aunque pocas personas querrían volver a un sistema menos garantista con los acusados, y cada año se plantean un puñado de casos contra jueces por conducta impropia, el lento ritmo de la rendición de cuentas ha dañado la fe en las instituciones públicas, según las encuestas, que muestran que los partidos minoritarios podrían salir beneficiados en las próximas elecciones.

La investigación de Silva -suspendido cuatro meses el año pasado por falta de motivación de otras de sus resoluciones- siempre iba a ser un caso delicado, ya que Caja Madrid, como muchas cajas de ahorros españolas, estaba estrechamente ligada al poder político, y Blesa era amigo del expresidente del Gobierno José María Aznar.

Caja Madrid se vio inmersa en problemas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Fue rebautizada como Bankia tras fusionase en 2010 con otras seis cajas, pero con miles de millones de préstamos tóxicos a promotores inmobiliarios, pronto necesitó un rescate de 22.500 millones de euros.

El rescate de la caja, su desastrosa salida a bolsa de 2011, y los complejos instrumentos de deuda disfrazados de depósitos de ahorro desencadenaron una serie de investigaciones penales.

Silva estaba investigando si Blesa esquivó las normas sobre la gestión de riesgos cuando Caja Madrid compró City National Bank of Florida en 2008. En junio emitió un auto en el que dijo que había evidencias de cuatro delitos: societario, de administración desleal, falsedad de documento mercantil, y apropiación indebida y decretó prisión provisional para Blesa.

Blesa quedó en libertad tras pagar una fianza y sus abogados luego se quejaron de que Silva había abusado de su autoridad. La fiscalía de Madrid abrió una investigación sobre el juez por prevaricación y retardo malicioso en la administración de justicia y delitos contra la libertad individual de Blesa.

El sustituto de Silva en el caso ordenó el martes a Blesa comparecer este mes para responder sobre la compra en Florida y determinar si perjudicó a Caja Madrid. Los abogados de Blesa no han contestado aún al auto.

Mientras, Silva recoge firmas para demostrar que tiene apoyo público.

"Si no me condenaran es porque lo pararíamos, porque toda la ciudadanía se movería".

Evo Morales defiende un mundo "sin oligarquías ni monarquías" al asumir el G77

NUEVA YORK.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, abogó hoy por un mundo diferente, "sin oligarquías ni monarquías", al asumir formalmente la presidencia del Grupo de los 77 países en desarrollo (G77) y China, desde la que aseguró que trabajará para "socializar la riqueza para erradicar la pobreza".

"Estamos en tiempos de pueblos y no de imperios (...) Queremos un mundo sin monarquías, oligarquías ni jerarquías", dijo Morales durante un acto en la sede del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (Ecosoc) en el que recibió la presidencia del G77 de manos del ministro de Exteriores de Fiji, Ratu Inoke Kubuabola.

El presidente boliviano, que defendió el respeto a la diversidad de visiones y enfoques de modelos de desarrollo "sin imposiciones y sin exigencias paternalistas ni colonialistas", dijo que el mundo capitalista se enfrenta a una crisis sin precedentes, por lo que ahora "es el tiempo de los países del sur".

"Para el pueblo boliviano, el 8 de enero de 2014 es un día histórico e inédito por confiarnos presidir y coordinar este año el G77", dijo Morales durante el acto, en el que estuvo acompañado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente de la Asamblea General, John Ashe.

En este sentido, aseguró que trabajará en los próximos doce meses para que el G77 se convierta en uno de los principales "actores de cambio en este momento histórico" y resumió sus objetivos para su presidencia: "socializar la riqueza para erradicar la pobreza, universalizar los servicios básicos y ampliar la democracia".

Para ello, planteó diez "tareas fundamentales" que van desde pasar de un desarrollo sostenible a uno integral, y que los servicios básicos sean un derecho universal hasta "descolonizar" la economía, la cultura y el mundo, erradicar el hambre y la pobreza y poner la ciencia y tecnología al servicio de la Humanidad.

Morales abogó también por "refundar la democracia" para que sea "participativa y comunitaria", una nueva arquitectura económica mundial, restablecer la soberanía sobre los recursos naturales, crear instituciones internacionales al servicio del pueblo y promover la integración complementaria de los pueblos del mundo.

El presidente anunció que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G77 y China se celebrará en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra el próximo 15 de junio -el mismo día en que se fundó el grupo hace cincuenta años- y aseguró que el secretario general de la ONU aceptó hoy su invitación para asistir a la cita.

El G77, fundado en 1964 por 77 estados en vías de desarrollo, agrupa a casi toda América Latina, África y las naciones del sur de Asia, y en la actualidad incluye a un total de 133 países que representan dos tercios de los miembros de Naciones Unidas y en torno al 60 por ciento de la población mundial.

Después del acto protocolario y de agasajar a los invitados con un almuerzo en el que el producto estrella fue la quinua, Morales ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que su próxima tarea será retirar a la hoja de coca de la lista de estupefacientes de la Convención antidrogas de la ONU de 1961.

"Hoy hemos comido nuevamente la quinua y lo único que me falta es pijchear (mascar) la hoja de coca, y será en la próxima con muchas autoridades", advirtió el presidente, quien defendió entre sus bondades medicinales que "algunos bolivianos y sudamericanos se curan de diabetes".

Por otro lado, reiteró ante la prensa su intención de seguir trabajando para que su país tenga energía atómica "con fines pacíficos y medicinales" de tal manera que a los bolivianos "no les falte energía", después de defender nuevamente la nacionalización de los hidrocarburos decretada por su gobierno.

Sobre la situación que atraviesan algunos países africanos como Mali o República Centroafricana, Morales denunció que se enfrentan a conflictos "muy preocupantes" que son "provocados, organizados y financiados por el imperio" para, según dijo, poder adueñarse de sus recursos naturales.

Por último, en cuanto al problema del cambio climático, uno de los temas que dominarán los debates de la cumbre del G77 de junio, el mandatario boliviano criticó a los países "exageradamente industrializados" por no asumir sus responsabilidades y echar las culpas a los países del sur.

50 millones de estadounidenses viven bajo el umbral de pobreza

NUEVA YORK.- Hace hoy 50 años, el presidente Lyndon Johnson declaró ante el Congreso "una guerra incondicional contra la pobreza en EEUU". Su arsenal incluyó los programas de salud públicos Medicaid y Medicare, los cupones de alimentos, más gastos en educación y recortes de impuestos para ayudar a crear empleos.

En 1964, 1 de cada 5 estadounidenses era pobre. Hoy, un 16% sigue siéndolo, según un informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Las cifras plantean una inevitable pregunta: ¿ha fracasado la guerra contra la pobreza? En 2012, había 49,7 millones de americanos por debajo de la línea de la pobreza, incluyendo a 13,4 millones de niños, según las cifras de la Casa Blanca.

Existen muchas discrepancias sobre cómo se calcula quién es pobre en EE.UU. El índice que utiliza el informe de la Casa Blanca es el que usa la oficina del Censo, que tiene en cuenta, además de los ingresos por renta, si las familias obtienen ayuda de algunos de los programas del gobierno. De esta forma, el umbral de pobreza para una familia compuesta por dos adultos y dos niños fue de 23.283 dólares (unos 17.100 euros) en 2012.

Otro estudio de la Universidad de Michigan señala que uno de cada 10 niños afroamericanos y 3 de cada 10 latinos son pobres. 1,7 millones de hogares en EEUU viven en pobreza extrema según la definición del Banco Mundial (menos de 2 dólares de dinero en efectivo por persona al día). "Nuestro trabajo está lejos de terminar", ha dicho el presidente Barack Obama en un comunicado. "En la nación más rica de la tierra, demasiados niños todavía nacen en la pobreza, demasiados pocos tienen posibilidades de escapar de ella".

Cincuenta años después del discurso de Johnson, el debate sobre el papel que debe cumplir el gobierno para fomentar las oportunidades económicas está más vivo que nunca. Los programas como los seguros de desempleo y los cupones de alimentos mantienen a millones de familias a flote. Los republicanos están intentando recortar ambos programas en una muestra del intenso desacuerdo de los dos partidos sobre la mejor solución.

Demócratas y Republicanos coinciden en que la mejor ayuda para los más pobres sería una recuperación económica más fuerte que bajara el nivel de desempleo más allá del 7% actual. La tasa de pobreza para trabajadores a tiempo completo es del 3%; para los que no trabajan es del 33%. Sin embargo, no hay acuerdo en cómo conseguir que la economía se recupere y cómo ayudar a los necesitados mientras eso ocurre.

Obama ha dicho que la desigualdad "es el desafío que define nuestro tiempo". Para afrontarlo, quiere expander el programa de salud para los pobres, Medicaid, y conseguir un aumento del salario mínimo y de los fondos para las escuelas infantiles. "Si no hubiéramos declarado la guerra incondicional a la pobreza en EEUU, millones más de estadounidenses estarían viviendo en la pobreza hoy", ha escrito Obama. "Eso significa que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para asegurarnos de que nuestra economía funciona para todos los estadounidenses que trabajan".

Para el presidente, eso supone "ayudar a nuestras empresas a crear nuevos trabajos con salarios más fuertes y beneficios, expandir el acceso a la educación y la sanidad, reconstruir las comunidades que están al margen de la esperanza y construir nuevas laderas de oportunidad para que nuestra gente escale". Los Republicanos argumentan que la debilidad de la economía y el sufrimiento de las familias son la prueba de que las iniciativas demócratas han fracasado.

Los conservadores, como el Congresista Paul Ryan, miran a las estadísticas de pobreza con más escepticismo. Consideran que el gobierno malgasta dinero en la red de protección social y necesita destinarlo a la economía y oportunidades de empleo.

Varias iniciativas en el Congreso ilustran la batalla entre los dos partidos. El Senado debate prorrogar los subsidios para desempleados de larga duración. Los pagos del seguro expiraron al final del año pasado porque los republicanos se negaron a renovarlos, con el argumento de que el programa tenía naturaleza temporal y su extensión disuade a quienes están en paro de buscar activamente un nuevo puesto laboral. Además, existe la propuesta de aumentar el salario mínimo a 10,10 dólares la hora, desde los 7,25 actuales. Según un estudio de la Universidad de Massachusetts, eso permitiría reducir el índice de pobreza en 1,7 puntos porcentuales o lo que es lo mismo, sacar a 5 millones de personas de la pobreza.

Tanto Ryan como Marco Rubio presentarán sus propuestas para reducir la pobreza esta semana. "El presidente ha definido la pobreza y la desigualdad de ingresos como el hecho que define nuestro tiempo y su solución es aumentar los impuestos a los americanos más ricos y aumentar el salario mínimo a los 10,10 dólares la hora", dijo Rubio. "Eso no es una solución, 10,10 dólares no es el sueño americano. Yo quiero que ganen 50 dólares". Entre las ideas republicanas está fijar requisitos de empleo para conseguir ayudas, mejorar la formación y educación y reducir impuestos a los más necesitados. Los demócratas argumentan que las ideas republicanas recortarán la red de seguridad con el pretexto de reformarla y que la economía necesita más apoyo para salir de la recesión.

La Infanta Cristina, imputada por presunto delito fiscal y de blanqueo

PALMA DE MALLORCA.- El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha imputado a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales y la ha citado a declarar el 8 de marzo mediante un auto de 227 páginas que ha dictado este mismo martes.

   La hija del Rey Don Juan Carlos será de este modo interrogada por su participación en el impulso de la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria junto a su marido Iñaki Urdangarin, así como en torno a la supuesta defraudación a Hacienda y los gastos en los que incurrió a través de esta mercantil.

   La decisión está avalada únicamente por la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias, ya que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, así como los propios Duques de Palma, se oponen a este extremo al considerar que los indicios que pesan sobre la hija del Rey son meras conjeturas y sospechas sin fundamento penal.

   Ya el pasado mes de abril el juez encausó a la Infanta al considerar que habría incurrido en los mismos delitos que presuntamente cometió su marido a través del Instituto Nóos, si bien la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares dejó sin efecto esta imputación, dejando, no obstante, las puertas abiertas a que fuese investigada por blanqueo y fraude a la Hacienda pública. Unas pesquisas que el magistrado ha llevado a cabo a lo largo de estos nueve meses.

   Y es que, según el tribunal, tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos -que a su vez percibió cantidades de dinero público- así como de los fondos supuestamente defraudados a Hacienda a través de la empresa de la que ambos son cotitulares.

   El tribunal recalcaba así que el dinero que, de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos, no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible "conocimiento del origen ilícito y delictivo" de estos fondos.

Cesan a 350 mandos policiales tras la operación anticorrupción en Turquía

ANKARA.- Las autoridades turcas han destituido en la noche del lunes al martes a unos 350 mandos policiales en Ankara tras la operación policial contra la corrupción que llevó a la detención de los hijos de tres ministros el pasado 17 de diciembre, ha informado la cadena de televisión CNN Turk.

   Desde la operación policial contra esa red de sobornos y fraude en contratos públicos que llevó a la detención de los hijos de tres ministros y a su posterior dimisión, cientos de mandos policiales han sido cesados o reasignados.

   Las autoridades han nombrado a unas 250 personas para ocupar los destinos de los relevados, que ahora realizarán su trabajo en secciones de tráfico de la Policía o en comisarías de barrio, ha informado la cadena de televisión turca NTV. La Policía de Ankara no ha querido realizar declaraciones sobre estos últimos movimientos.