domingo, 7 de octubre de 2012

Varias miles de personas se manifiestan en Madrid contra los recortes

MADRID.- Varias miles de personas se manifestaron este domingo en Madrid, convocadas por los sindicatos, contra la política de austeridad del gobierno del Partido Popular (PP), en un momento en que el país intenta evitar un rescate global de su economía.

"Más paro, más recortes, menos protección social. Quieren arruinar el país. Hay que impedirlo", afirmaba la pancarta que abría la manifestación, llevada por los líderes sindicales a los que se unieron representantes de partidos de izquierdas, entre ellos del PSOE.
Entre las banderas rojas y blancas de los sindicatos, destacaban algunas pancartas con el "NO" acompañado de unas tijeras, símbolo de los recortes presupuestarios que asfixian a una amplía parte de la población mientras el desempleo no deja de aumentar, situándose en el 24,63% de la población activa.
"Ahora mismo en España están las cosas muy mal, muchos recortes, mucha pobreza, mucha miseria por culpa del gobierno", dice Fabiola Guerra, una manifestante, de 51 años, que trabaja en la hostelería.
En la manifestación se puede ver también a jóvenes con una pancarta en la que se lee "tengo un contrato basura": son las primeras víctimas de la crisis, con un paro de más del 53% entre los menores de 25 años.
"La situación de los jóvenes en España es terrible, sobre todo por un motivo: aquí no hay futuro para nosotros, estamos teniendo que emigrar, estamos teniendo que irnos fuera de España a buscar un empleo", explicó Alex Martín, de 27 años, responsable de juventud del sindicato UGT.
Los grandes sindicatos españoles, UGT y CCOO, convocaron este domingo manifestaciones en 57 ciudades, como vienen haciendo desde el invierno pasado.
Ahora consideran la posibilidad de convocar una huelga general el 14 de noviembre, que podría coincidir con otra acción similar en Portugal.
El gobierno de Mariano Rajoy, presionado por sus socios europeos para que reduzca el déficit público del país al 6,3% del PIB este año, al 4,5% en 2013 y al 2,8% en 2014, está inmerso en una política de austeridad draconiana que prevé un ahorro de 150.000 millones de euros en tres años.
Entre las últimas medidas anunciadas, algunas afectan de lleno al conjunto de la población, como la subida del IVA desde el primero de septiembre.
Pero, en un momento en que el país se encuentra en recesión, con una caída del PIB del 1,5% prevista para 2012, este ahorro podría no ser suficiente para sanear las cuentas públicas: la deuda pública sube y debería alcanzar el 85,3% del PIB a finales de año, mientras el déficit podría situarse en el 7,4% del PIB.
En este contexto, el Gobierno busca evitar un plan de rescate global para su economía, que tendría pesadas repercusiones sociales y políticas, aprovechando una pequeña calma en los mercados que permite al país financiarse a un interés aceptable.

Elogios y burlas se mezclan en el 60 cumpleaños de Putin

MOSCÚ.- Partidarios del presidente ruso, Vladimir Putin, llevaron su retrato a lo alto de una montaña hoy domingo en uno de los numerosos actos por su 60 cumpleaños que recordaron la adulación de la era soviética, aunque algunos se burlaron calificándole de pensionista que se merece la jubilación.

Una oleada de sátiras incluyó comparaciones con el líder soviético Leonidas Brezhnev, cuyo mandato de 18 años podría superar si es reelecto para un cuarto mandato en 2018, ha dañado su imagen de macho mientras afronta las mayores protestas desde que llegó al poder en 2000.
Pero sus partidarios más fieles celebraron numerosos homenajes, con una tarta inflable gigante sobre el río de Moscú y retratos colocados en puentes, edificios e incluso una de las cumbres más altas del país en el Cáucaso norte, a más de 4.000 metros de altura.
El movimiento juvenil del partido en el poder, la Guardia Joven, publicó un vídeo en su página web mostrando a Putin como el hombre deseado por todas, al que espera un grupo de mujeres con las piernas largas. Otros actos en todo el país explotaron la imagen de tipo duro que ha sido fundamental para su atractivo político.
Activistas anti-Putin sostienen que el presidente logró su tercer mandato en el Kremlin manipulando las elecciones presidenciales de marzo y ridiculizaron las celebraciones, calificándolas de culto a la personalidad. Aunque abandonaron los planes para llevar a cabo una manifestación en Moscú, un grupo de ellos fueron detenidos por una acción llamada "Enviemos al abuelito a la jubilación", cerca de la Plaza Roja.
Sus detractores dicen que la reticencia del antiguo espía del KGB a la hora de aplicar reformas y su represión de la oposición desde que volvió al Kremlin en mayo repetirán el tipo de represión politica y estancamiento economico asociado al a era de Brezhnev.
Putin restó importancia a las críticas y exudó confianza en una entrevista con la televisión estatal emitida el domingo, en la que dijo que una "abrumadora mayoría" de rusos lo apoyan y sus decisiones están dictadas por un interno "sentido de la justicia".
"Desde el principio todo lo que hice fue criticado", manifestó en el canal cercano al Kremlin NTV. "Lo principal es que la gran mayoría de la gente aún me apoya".
"Pero lo más importante, es difícil de explicar, es cierto tipo de química interna, sentido de justicia, de lo correcto en lo que estoy haciendo y en cómo reacciona la gente", declaró.
Putin defendió el encarcelamiento de tres integrantes de la banda femenina de música Pussy Riot por irrumpir en la principal catedrál de Moscú y cantar una "oración punk" insultando a Putin.
"Es correcto que fueran arrestadas y es correcto que el tribunal tomara esta decisión, porque no se puede menoscabar los cimientos morales, destruir el país", dijo.
"Querían esto y lo consiguieron", bromeó, repitiendo que la oposición debe actuar dentro de la ley.

Cayo Lara ve "poco fundamento" en la denuncia presentada contra él por policías

VIGO.- El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha lamentado la denuncia presentada por la Confederación Española de Policía (CEP) contra él y otros diputados de IU como José Luis Centella y Alberto Garzón y ha remarcado que tiene "muy poco fundamento".

A preguntas de los medios en una rueda de prensa en Vigo, Cayo Lara ha sostenido "no conocer todavía" esta denuncia que ha dicho "tiene poco fundamento".
Así, ha recordado que en los vídeos difundidos sobre la manifestación del pasado 25 de septiembre en el Congreso de los Diputados en Madrid puede escucharse "la expresión de un supuesto policía" diciendo "si sois compañeros".
"No sé si pretenden con esta medida intimidar más a la gente que reclama en las calles una democracia de verdad y que los ciudadanos no paguemos los fiascos de la banca", ha sostenido.
En este sentido, ha incidido en que la población "reclama que se cumplan elementos fundamentales de la Constitución" española que, según dijo, "se está violando de una manera descarada".
"No tenemos ninguna preocupación, porque pedimos que el Parlamento investigue las actuaciones policiales del 25S, algo que compete al Gobierno", ha precisado Lara.
En todo caso, ha afirmado que "lamenta profundamente" que se presente una "denuncia por injurias y calumnias" contra "los que defendemos el derecho de los policías a que no les quiten su salario".
Asimismo, ha explicado que esta denuncia tiene que ser primero admitida a trámite por el Tribunal Constitucional.

El PSOE estará en las movilizaciones en la calle "siempre que se convoquen"

MADRID.- El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha afirmado que su partido "estará en las movilizaciones siempre que se convoquen", si bien ha recordado que respecto a su posible participación en una huelga general todavía "habrá que esperar a conocer" el anuncio de los sindicatos.

   En declaraciones antes de participar en las movilizaciones convocadas hoy en Madrid por los sindicatos y organizaciones sociales que conforman la Cumbre Social, López ha señalado que la huelga "le corresponde convocarla" a las organizaciones sindicales y el PSOE "acompaña y acompañará acciones" similares a la celebrada este domingo.
   "La huelga le corresponde a los sindicatos convocarla y el PSOE acompaña y acompañará acciones como ésta de manifestaciones en la calle. Cuando los sindicatos den otro paso, el PSOE también dirá cuál es su posición al respecto", ha apuntado.
   En este sentido, ha apuntado que su partido "continuará cumpliendo su obligación como oposición" también desde las instituciones, principalmente el Congreso de los Diputados, planteando alternativas a las propuestas del Ejecutivo y "acompañando a millones de ciudadanos que no están de acuerdo" con su política.
   "El PSOE ha planteado alternativas en el Congreso para que pague más quien más tiene y se pueda preservar aquello que hemos construido en España, que es un sistema de Estado de Bienestar. Cada día hay una muestra más de que el Gobierno debe rectificar ese camino equivocado que está haciendo que la crisis la paguen doblemente sus victimas", ha señalado.
   Así, ha apuntado que la crisis "está durando ya demasiado tiempo y esta causando demasiado dolor a demasiada gente", por lo que ha pedido al Ejecutivo terminar con los "recortes brutales" que está perjudicando a la sanidad y a la educación pública.
   "Van ya nueve meses de Gobierno en los que han utilizado la mentira permanentemente como herramienta, Rajoy llegó al Ejecutivo mintiendo y ha seguido mintiendo", ha señalado. De esta manera, ha criticado a Rajoy por asegurar que "iba a seguir diciendo la verdad", puesto que a su entender esta afirmación resulta "un sarcasmo, cuando no ha parado de mentir".

La Policía estudia instalar cámaras en los cascos de los antidisturbios españoles

MADRID.- La Policía estudia la posibilidad de instalar cámaras de vídeo en la uniformidad habitual de los antidisturbios que participan en manifestaciones susceptibles de derivar en enfrentamientos para grabar a sus agresores y también la propia actuación de los agentes en este tipo de situaciones, según han informado fuentes policiales.

   Estas mismas fuentes indican que la opción más viable sería incorporarlas a los cascos, un elemento de protección al que recurren siempre los miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en momentos de tensión o antes de proceder a alguna intervención. No obstante, se barajan otras opciones como situarlas en las solapas del uniforme o en los vehículos policiales, donde se establecería un dispositivo que grabase espacios más amplios y que proporcionaría imágenes más nítidas y sin movimiento.
   En caso de llevarse a cabo esta medida, supondría un paso más de las cámaras de mano que ya en la actualidad utiliza la UIP para captar imágenes en concentraciones. De momento, la Dirección General de la Policía ha adquirido once de estas videocámaras, tipo 'handycam' y se tiene previsto dotar a cada Grupo de las Unidades de este tipo de medios audiovisuales. Pero la intención es que los policías puedan llevar las manos libres y poder captar imágenes más directas.  
   Las fuentes consultadas no ocultan que uno de los objetivos de estas cámaras de video sería despejar las dudas sobre la actuación de los policías en las manifestaciones, además de servir de instrumento para identificar de manera más efectiva a los radicales violentos. Según indican, "supondría una mejora en la seguridad de todos".
   Otras fuentes consultadas añaden que ya se han hecho algunas pruebas en el Centro de Prácticas Operativas de 'La Enira', situado en Linares (Jaén). Se trata del lugar donde se imparten todos los cursos a las Unidades de Intervención Policía (UIP). Se han realizado este año cursos de fotografía y vídeo operativo, en los que han participado varias decenas de funcionarios de todas las Unidades de Intervención Policial.
   Este recurso --que ya se emplea en otros países de Europa-- es del agrado de los responsables policiales. Sin embargo las fuentes consultadas advierten de que la implantación de estas cámaras supondría un coste económico difícil de afrontar en el momento de actual. De hecho indican por el momento no se ha aprobado ninguna partida presupuestaria específica para esta cuestión.
   Otro factor a tener en cuenta, según estas fuentes, es la legislación vigente sobre el uso de cámaras de vídeo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que viene regulada por una Ley Orgánica de 1997 y un Real Decreto aprobado dos años después.
   La ley establece que en casos excepcionales de urgencia máxima (...) se podrán obtener imágenes y sonidos con video cámaras móviles, dando cuenta en el plazo de 72 horas, mediante un informe motivado al máximo responsable provincial de las Fuerzas de Seguridad y a una Comisión presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.
   Además en el año 2006 se elaboró una Instrucción sobre tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras que establece que se debe respetar el principio de proporcionalidad, dando preferencia a otros medios menos intrusivos en la intimidad.

Las políticas de la vergüenza / Josep Ramoneda

En los carteles de la campaña electoral gallega, el candidato Feijóo aparece solo, sin referencia alguna al Partido Popular, cuya lista encabeza. Las siglas del PP se han caído como las hojas de otoño. El PP siente vergüenza de sí mismo. No estoy convencido de que este acto de cobardía ayude al candidato de la derecha.

Un director de un banco importante decía recientemente que la morosidad no para de crecer, la atonía es absoluta, la fractura en las clases medias se agrava y una parte de ellas parece haber agotado las pocas reservas que les quedaban y el pesimismo paraliza a los que todavía tendrían algunos recursos para gastar. En las escuelas, en los comercios, en las oficinas, todo el mundo transmite experiencias que confirman que cada día hay más gente que está pasando apuros graves y que no tiene para gastar en las cosas más elementales. Sin embargo, el Gobierno acelera las transferencias de los recursos de los trabajadores para salvar el sistema financiero, con un aumento de la presión fiscal sin precedentes y con recortes sociales cada vez más insoportables, al tiempo que se anuncia un nuevo rescate, promesa de más sacrificios para los ciudadanos a mayor gloria de los bancos. Y, sin el menor gesto reparador de una crisis tan desigualitaria. Conclusión: todo el mundo dice que la situación está peor que nunca, pero se insiste en las mismas y fracasadas políticas.

Una periodista holandesa me preguntaba: “¿Hay alguien al mando en España?”. Hay un Gobierno atado al dogma de la austeridad, sin empatía alguna con lo que está ocurriendo en la calle. Que toma a las personas como medios para conseguir unos resultados que no llegan por ninguna parte, y no como fines en sí mismos, como requiere la dignidad de cualquier ciudadano. Si detrás de las magnitudes macro y microeconómicas con las que definen sus políticas fueran capaces de ver los rostros de las personas que las sufren, probablemente, las cosas irían mejor. Quizá alguno no lo soportaría y dejaría el oficio. Y otros aumentarían su sadismo, porque también hay quien goza con la desgracia ajena. Pero estoy seguro de que la mayoría harían las cosas de otra manera. Aunque los números están para eso: para ocultar con abstracciones la cruda realidad de la vida cotidiana. No vaya a ser que nuestros gobernantes se hicieran humanos, conocieran la compasión y la empatía. Pronto les declararían no aptos para el servicio.

Sí que hay alguien al mando, destruyendo los equilibrios sociales que tanto costó construir. Pero alguien que se esconde porque no sabe cómo justificar lo que hace y porque es incapaz de dibujar un horizonte que devuelva la ilusión a la ciudadanía. Tanto es así que, en los últimos días, el Gobierno ha dado señales de querer construir, a costa de la democracia, un sistema de ocultamiento. Así, nos hemos enterado de que ha puesto al servicio de inteligencia a investigar filtraciones a la prensa extranjera; hemos visto cómo la policía era premiada por actuar de un modo absolutamente desmesurado contra las manifestaciones del 25 de septiembre; se ha lanzado un globo sonda sobre la limitación del derecho de manifestación, e incluso se ha hablado de penalizar las críticas a las instituciones. Por lo visto, algunos querrían montar un manifestódromo, lejos del mundanal ruido, para que los malos —según Rajoy, los que no respeten los modales de la mayoría silenciosa— expresen su irritación lejos de los oídos de los gobernantes y de sus conciudadanos. No es nada nuevo. Desde hace tiempo, este Gobierno lleva a cabo una política sistemática de ocultación que podríamos definir por estos parámetros: negación de la alternativa, satanización del conflicto, ninguneo del Parlamento, discurso del miedo, humillación de los perdedores, desprecio a las voces discrepantes, cultura de casta, minimización de las condiciones básicas de igualdad propias de la democracia. Una clara deriva hacia el autoritarismo posdemocrático.

Dicen que el fracaso de los países depende mucho de las instituciones que tienen. Las instituciones españolas están en manifiesta crisis: desde la Corona hasta los tribunales, desde el Parlamento hasta el Estado autonómico, desde el Gobierno hasta los partidos. Y en vez de afrontar esta crisis, que podría ser uno de los acicates para recuperar la motivación colectiva, se juega a esconderse, a retardar las decisiones, a pensar en cómo poner sordina a las voces incómodas. Y, con este panorama, se sorprenden de que el descontento crezca y de que alguna comunidad prefiera embarcarse en proyectos propios, por inciertos que sean.


La mitad de los españoles considera que Rajoy debería presentar su dimisión

MADRID.- El programa 'El Gran Debate' de Telecinco presentó este sábado 6 octubre 2012 un sondeo realizado en la población española acerca del descontento existente con el Gobierno de Mariano Rajoy, apenas diez meses después de su victoria electoral. Esta encuesta, realizada por Sigma Dos, llega pocas horas antes de que 'El País' difundiera su último Barómetro de Metroscopia con una titular a cuatro columnas en portada: "La crisis acentúa el malestar contra Gobierno y partidos".

Hasta el 67,8% de los entrevistados para Telecinco se sienten "decepcionados por Rajoy" debido a lo ocurrido en estos diez últimos meses desde su triunfo el pasado 20-N.
De este modo, más de dos de cada tres españoles estarían defraudados por la actual situación del Gobierno, mientras que apenas un 27,9 declara no sentirse defraudado por Rajoy y su equipo.
El 4,3% restante responde, simplemente, "no sabe / no contesta" a la pregunta realizada.
Además, el 47% de los encuestados consideran que Rajoy debería presentar su dimisión en este momento, mientras que un 38,7 opina que no debe cesar en el cargo como máximo representante político español.
En otra pregunta, realizada únicamente a los votantes del PP en los últimos comicios generales, el 68,7% de los mismos asegura no arrepentirse de haber otorgado su sufragio a dicha formación, mientras que un 28,7% de los mismos sí se arrepiente de la decisión tomada.
Una de las conclusiones del sondeo hecho por Metroscopia para el diario del Grupo PRISA es que dos de cada tres ciudadanos españoles apoya los argumentos de la protesta del 25-S y el 91% augura más manifestaciones.
La mitad de los encuestados asegura compartir los argumentos de la convocatoria y también las manifestaciones, lo que no coincide con la valoración del presidente del Gobierno en la que daba a entender que la mayoría la forman los españoles que se quedan en casa porque apoyan al Ejecutivo.
Hay otro 27% que está en sintonía con los motivos de la protesta, aunque no con que se celebrara esa manifestación, en las proximidades del Congreso de los Diputados.
Escribe Fernando Garea en 'El País', en su análisis general, que las encuestas de Metroscopia muestran que ya la mayoría de los ciudadanos son partidarios de cambios en la Constitución, en las instituciones y en el modelo de Estado.
Una amplia mayoría de españoles cuestiona el Estado autonómico.
Hace dos años, predominaban de forma clara (58% frente a 37%) quienes pensaban que la Constitución solo precisaba retoques parciales, ahora los porcentajes se han invertido. Un 49% pide reformas y cambios profundos, mientras que el 44% se queda en los retoques parciales.
Sumando ambos porcentajes, la conclusión es que hasta el 93% de españoles está a favor de modificar, en distinto grado, la Constitución, y solo un 7% está satisfecho.
También indican las encuestas, casi sin excepciones, que los ciudadanos se sienten huérfanos de líderes políticos y lamentan la falta de consensos básicos.
El descrédito politico crece con la banalización del incumplimiento de programas electorales.
El sondeo del CIS sobre Galicia y el País Vasco indica que esa desafección ciudadana es real y puede traducirse en una alta abstención.
Se une a esa impresión de pesimismo ciudadano el deterioro de la imagen exterior de España, porque hace pocos años las portadas de la prensa internacional mostraban a los grandes cocineros españoles y hoy reflejan la imagen de la búsqueda de comida en la basura.
Y algunos candidatos en Francia y EE UU ponen a España como ejemplo a evitar.

¿Has probado a vivir sin miedo? / Pablo Prieto *

Dicen las anarquistas que nuestro problema no es la crisis, ni el paro, ni la hipoteca... Es la obediencia. Es una cosa curiosa, la obediencia. ¿Qué es lo que nos hace actuar contra nuestra voluntad, sólo porque alguien nos lo ordena? ¿Por qué aceptamos tan a menudo que coarten nuestra libertad individual? ¿Es una conducta innata o aprendida? ¿Es racional?

En el mundo animal, la obediencia proviene de la sumisión y la aceptación de la jerarquía, y tiene un único combustible: el miedo.

En el mundo humano, complejo, superpoblado, y enormemente social, hemos aprendido a poner la cultura por encima de los instintos, la razón por encima del impulso. Sin embargo, el instinto del miedo sigue casi intacto, y es el motor de la mayoría (sí, la mayoría) de las acciones que realizamos. Miedo al despido, a la soledad, a la pobreza, al dolor, al desorden...

Una de las expresiones más conspicuas y palpables del miedo se observa en los ataques de la UIP, un peligroso grupo de violentos armados, organizados y anónimos, al que algunas llaman 'antidisturbios' (¿?). En los vídeos vemos cómo una gigantesca masa de personas adultas corre despavorida, huyendo de... ¡una porra! ¿De verdad? ¿Así pretendemos cambiar algo?

Cualquier manual de activismo te lo dirá claramente: si los violentos sacan las porras, lo último que debes hacer es correr. Lo que sea, menos correr. Correr es legitimar la violencia como método disuasivo. Si corres, les das la razón. En sus pequeñas mentes lineales solo cabe un pensamiento: "Si huye de la Policía, algo malo habrá hecho". Si, en vez de eso, nos sentamos en el suelo tranquilamente y nos abrazamos, en unos segundos dejarán de pegarnos (ojo: esto sólo vale para masas de cientos o miles de personas; no lo intentes si sois menos), y buscarán otros métodos. Es así como se pasa al siguiente nivel (pregúntale a Gandhi). Si no, quedaremos estancadas en este hasta la desesperación y la depresión. Y todo seguirá igual.

Si de verdad quieres cambiar las cosas, tienes que vencer al miedo. Es más fácil de lo que parece, solo tienes que tener claro que se puede vivir sin él. Sí, se puede. Y saber también que el miedo es hijo de otro gran monstruo: el ego.

Una medicina muy buena para el miedo es la información (otra mejor aún es el hambre, pero esta la recomiendo menos). Por ejemplo, ¿sabías que...

...los porrazos duelen bastante poco? Lo peor que te puede pasar es estar unos días con moratones y un leve dolor, parecido a las agujetas. Me parece un precio minúsculo a cambio de todo lo que podemos conseguir.

...aunque no siempre lo cumplen, los UIP tienen orden de no pegar por encima de la cintura?

...si no tienes dinero en el banco eres inmune a las multas? Además, estamos ganando casi todos los recursos que ponemos. Es difícil que una multa de estas se llegue a cobrar.

...pase lo que pase, no vas a ir a la cárcel? Por encima de todo, no quieren que haya prisioneros. No van a encerrar a nadie, porque se volvería en su contra. Eso sí, si te detienen pasarás uno o dos días horribles, posiblemente los peores de tu vida. Según Amnistía Internacional, la ONU o la propia Justicia española, en España se tortura de manera demasiado habitual, así que no te dejes detener. Por cierto, mira lo que opinan futuros policías sobre la tortura.

...los manuales de autodefensa civil, como éste, te pueden ayudar mucho?

Sin miedo, ya no hay motivo para la obediencia. Sin miedo serás más libre, más feliz, y podrás por fin desplegar tu superpoder, que de no usarlo, se te está olvidando que lo tienes. Eres mucho más fuerte que tu enemigo. No olvides que una sola persona puede cambiar el mundo. Eso sí, siempre que no corra.

Pero ¡atención! El miedo no es sólo un lastre que nos impide avanzar. También es un gran peligro. Porque, como ya sabes, lleva al odio, el odio a la ira, y la ira lleva al lado oscuro.
Vamos a derrocar este régimen explotador y parásito. Lo vamos a hacer. La fuerza nos acompaña.

(*) Biólogo y activista, Movimiento 15-M

Vuelven los antidisturbios

MADRID.- Los antidisturbios dejan sus cuarteles y vuelven a la calle como salidos del túnel del tiempo. Reaparecen cuestionados e investigados por sus cargas del 25-S y su entrada en la estación madrileña de Atocha donde golpearon a periodistas, a personas ajenas a los alborotadores y crearon el pánico entre los viajeros. ¿Quiénes son y cómo se forman los miembros de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP)? ¿Quién ordena sus cargas? ¿Cómo deben usar su fuerza?

La UIP nació en 1989 para sustituir a las Compañías de Reserva del Cuerpo de la Policía Nacional, que tenían un carácter militar. Sus 12 compañías están distribuidas por las comunidades autónomas más estrategicas desde el punto de vista policial y cuentan con una Unidad Central de Intervención en Madrid. Dos mil setecientos cuarenta y cuatro hombres acuartelados, disponibles las 24 horas y siempre localizados mediante un minucioso plan de concentración. Entre sus misiones está la protección de los Reyes y de altas personalidades.
Para acceder a la UIP hay que tener un mínimo de un año de permanencia en el Cuerpo Nacional de Policía. En la preselección se tiene en cuenta si el candidato tiene algún título de artes marciales, educación física, tiro o defensa personal, protección civil, idiomas u otras titulaciones académicas. Las pruebas de selección son físicas (natación, trepa, resistencia y velocidad), técnicas (un supuesto operativo) y psicotécnicas (evaluación de aptitudes y rasgos de personalidad). En estas dos últimas se le considerará apto o no apto. “Aquí es donde caen la mayoría”, asegura un agente.
Un curso intensivo de un mes en el Centro de Prácticas de La Enira, en Linares (Jaén), es la prueba final en la que se decide si los alumnos son aptos para ingresar en la UIP. Todos los miembros de la unidad se reciclan una vez al año en este centro. Cada cuatrimestre se imparten en las bases de las unidades 24 horas de materias jurídicas y policiales. Todos los días los agentes dedican una hora a ejercicios de defensa personal y otra a táctica y estrategia.
¿Quién decide una carga policial de la UIP? “Las cargas son ordenadas por la Delegación del Gobierno. Ningún mando policial actúa por su cuenta sin la aprobación del delegado del Gobierno”, responde un portavoz oficial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. “En ocasiones el delegado del Gobierno sigue instrucciones del director general de la policía o del secretario de Estado para la Seguridad. Te piden tu aprobación y tú la das o la deniegas. Yo siempre pedía que fuera proporcional y que se evitaran heridos”, añade un exdelegado que pide que se omita su nombre. “Nosotros teníamos un enlace policial de la delegación en el terreno. Él informaba y la delegada tomaba la última decisión”, afirma una ex subdelegada del Gobierno.
Las intervenciones de la UIP en grandes manifestaciones se siguen desde un centro operativo instalado en la Jefatura Superior de Policía de Madrid desde el que se visiona el desarrollo de la manifestación, pero el 25-S Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid, coordinó el desarrollo de la manifestación junto a los mandos policiales desde el palacio de los Marqueses de Borghetto, sede de la delegación.
La orden de carga de los antidisturbios transcurre por una cadena que va desde el inspector jefe a cargo de la unidad al jefe superior de policía y delegado del Gobierno. No se produce una carga sin la autorización política. “Depende del perfil de cada político el que la cadena termine ahí o siga hasta el ministro del Interior. Un político dando órdenes operativas se puede convertir en un peligro”, afirma un ex alto funcionario.
“Los agentes de la UIP hacen lo que les mandan. Cuando el 15-M se les dijo que aguantaran y aguantaron. Ahora se les dice que carguen y cargan, El 25-S la delegada del Gobierno había dado la orden de cargar si se rompían las vallas que rodeaban el Congreso”, asegura José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP).
Intervención mínima de la fuerza y menor lesividad para lograr restablecer la seguridad ciudadana. Esa es la norma para cualquier agente de la policía, pero a los antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que cargaron el 25-S en Madrid se les exige todavía más: “Su superior capacidad de respuesta exige una especial meticulosidad en el empleo progresivo de la fuerza y de los medios a su alcance”, dicen sus normas básicas de actuación. La carga policial del 25-S acabó con un balance de 35 detenidos y 64 heridos, 27 de ellos policías.
“Hay que verse ahí delante de un grupo de personas que te tiran piedras. Un policía infiltrado en la manifestación del 25-S ha perdido el 30% de la visión de un ojo. Cuando fue a detener a uno de los cabecillas empezaron a gritar: ‘¡madero!, ¡madero! y le golpearon”, relata un agente. Cifuentes aseguró que el 25-S se recogieron 267 kilos de piedras, tirachinas, punzones, bolas y escudos elaborados con tapas de cubos de basura.
La policía reconoce que infiltra a agentes en las manifestaciones para recoger información. Sus comunicaciones son en clave y los jefes de las unidades efectúan “juicios críticos con objetivos didácticos”.
Los resultados de la información interna abierta a los agentes de la UIP que intervinieron el 25-S con acciones desproporcionadas se conocerán en varias semanas. Un portavoz policial asegura desconocer el número de expedientes sancionadores que acumula estas unidades. “Están agrupados y no podemos saber cuántos corresponden a estas unidades”, afirma.

Chalecos anónimos

Las Unidades de Intervención Policial (UIP) dependen de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y están al mando de un inspector jefe. Las integran tres Grupos Operativos, cada uno de ellos compuesto por 50 agentes dirigidos por un inspector. Cada Grupo Operativo lo integran a su vez tres subgrupos de 15 agentes cada uno al mando de otro inspector. Los subgrupos se dividen en dos equipos de siete funcionarios dirigidos por un oficial.
Cada agente dispone como material individual de una pistola, grilletes, defensa, chaleco anti-traumas, casco, silbato, máscara anti-gas y bastón anti-motines. Cuando se colocan el chaleco desaparece su identificación. Una reciente campaña ha recogido miles de firmas para obligarles a exhibir su número. El material colectivo lo integran, entre otras armas, escopeta Benelli lanza pelotas de gomas, un subfusil Z-70, escopeta Franchi, tres clases de escudos y Cetme. Los subgrupos operativos cuentan, además, con una cizalla y una maza. Entre otros materiales de las UIP destacan los botes de humo ATF cuyo uso está regulado.


El 77% comparte los motivos del 25-S

MADRID.- La protesta del 25-S era solo la espuma de un mar de fondo de malestar que ha calado entre los ciudadanos, aunque el presidente del Gobierno se apunte a su favor a los silentes.

Mariano Rajoy alabó la pasada semana a “la mayoría de españoles que no se manifiestan, que no salen en las portadas de la prensa y que no abren los telediarios” y la contrapuso al 25-S o a cualquier otra muestra de descontento ciudadano en las calles. Daba a entender que las protestas son minoritarias. Sin embargo, es mayoritario el número de ciudadanos que están indignados aunque se mantengan aún silentes. En la Plaza de Neptuno solo estuvieron varios miles de ciudadanos, pero hay un caldo de cultivo evidente para lo que se ha dado en llamar el otoño caliente.
Hasta un 77%, tres de cada cuatro ciudadanos, comparte los argumentos de los manifestantes del 25-S en las proximidades del Congreso, según la encuesta de Metroscopia para El País.
La mitad de los encuestados asegura compartir los argumentos de la convocatoria y también las manifestaciones, lo que no coincide con la valoración del presidente del Gobierno en la que daba a entender que la mayoría la forman los españoles que se quedan en casa porque apoyan al Ejecutivo. Hay otro 27% que está en sintonía con los motivos de la protesta, aunque no con que se celebrara esa manifestación, en las proximidades del Congreso de los Diputados.
El Gobierno ha pretendido identificar la protesta con la intentona golpista del 23-F, con un acto de radicales violentos y con actitudes que tenían que ver con delitos contra las instituciones del Estado. Para eso aprovechó que la manifestación carecía de una organización estructurada y que tenía un programa de máximos que incluía reivindicaciones imposibles como la dimisión del Gobierno y hasta la apertura de un proceso constituyente. Sin embargo, solo un 17% dice no compartir los argumentos de la protesta, porque los ciudadanos deducen que se trataba de mostrar el malestar por la crisis económica y política. Significativamente, hasta un 61% de los votantes del PP, es decir, seis de cada diez, comparte los motivos, lo que refleja que el pesimismo, la desilusión y el malestar llegan incluso a quienes apoyaron a Rajoy hace 11 meses.
La comprensión hacia la protesta hace que cale la idea de que la actuación policial ese día fue excesiva. Esta tesis la apoya el 57% de los encuestados, frente al 32% que dice que fue adecuada y el 5% que hubiera estado a favor de mayor dureza contra los concentrados. El mensaje del Gobierno apoyando la actuación policial y tachando de violenta la protesta no ha prendido.
En este apartado, hay discrepancias notables entre los votantes populares y los socialistas: entre los que apoyaron al PP son mayoría quienes ven adecuada la conducta de los policías (66%) y, entre los segundos, quienes creen que se excedieron (80%). De esa manifestación y los posteriores incidentes, hubo una secuela en forma de propuesta de restringir el número de manifestaciones. O, más concretamente de “modular” el derecho de manifestación, según el verbo utilizado por la agitadora de la polémica, la omnipresente delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.
La política del PP pretendía subirse a una ola de supuesto malestar ciudadano frente a la avalancha de protestas que supuestamente colapsan la capital. Sin embargo, esa sensación no es mayoritaria porque solo el 22% considera que el número de protestas es excesivo. El 50% entiende que es el adecuado y un 22% asegura que es insuficiente, es decir, que debería haber más protestas en las calles. Obviamente, la encuesta se ha hecho en toda España y no solo en la capital que es donde, según Cifuentes, la abundancia de manifestaciones incómoda a los ciudadanos.
En todo caso, los ciudadanos vinculan las protestas a la situación de crisis y a los recortes y auguran que las manifestaciones no han hecho más que empezar. Un 91% de los encuestados asegura que en breve habrá manifestaciones masivas frecuentes y un 79% ve próximas protestas ciudadanas violentas.
Hoy mismo hay una manifestación en Madrid convocada por el Foro Social que agrupa a sindicatos y asociaciones y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo ayer un llamamiento a sus militantes a sumarse a las protestas contra los Presupuestos.
Las otras consecuencias en las calles de la recesión y las dificultades de los ciudadanos serán, según el sondeo, mayor inseguridad ciudadana (84%), asaltos a comercios (64%) y boicots a bancos (61%). Un panorama muy negro acorde con el sentimiento de pesimismo que domina casi todas las respuestas de la encuesta. Por ejemplo, un 86% asegura que la situación política es mala o muy mala y un 46% culpa de los líderes políticos.
El malestar no solo toma la forma de disposición a salir a la calle y en rechazo a los políticos, sino también en una crítica a las instituciones y al marco legal. La Constitución, el referente del actual sistema democrático, sufre el desgaste por ese rechazo y aumenta notablemente el porcentaje de españoles que desean modificaciones en profundidad. Hace dos años, predominaban de forma clara (58% frente a 37%) quienes pensaban que solo precisaba retoques parciales, ahora los porcentajes se han invertido. Un 49% pide reformas y cambios profundos, mientras que el 44% se queda en los retoques parciales. Sumando ambos porcentajes, la conclusión es que hasta el 93% de españoles está a favor de modificar, en distinto grado, la Constitución, y solo un 7% está satisfecho. Mientras, los dos principales partidos han mantenido bloqueadas hasta este momento todas las reformas. La única excepción fue la reforma hace poco más de un año para incluir la llamada regla de oro contra el déficit, que se hizo en tiempo récord. Hubo acuerdo entre PSOE y PP para el cambio constitucional urgente porque fue impuesto por la UE.
El PSOE ahora ha empezado a promover una reforma constitucional en profundidad, que requeriría la celebración de un referéndum y que llevaría a convertir el Estado autonómico en un Estado federal. El PP se opone pero, significativamente, no hay casi diferencias entre los votantes de los dos partidos al defender la necesidad de cambiar la Constitución.
La desazón de los ciudadanos hace que se añoren los tiempos de los pactos y los consensos de la Transición. Ese periodo de la historia reciente, del que es heredero el actual sistema democrático, sigue situado en el ideario de los españoles, como ejemplo para afrontar los momentos de dificultad. Un 73% asegura que ese periodo debe ser motivo de orgullo y solo un 18% lo rechaza. Ese tiempo de pactos y consensos se contrapone con el actual en el que lo extraño y llamativo es el acuerdo. La rareza en este momento es la foto del comunicado conjunto de la Conferencia de Presidentes celebrada esta semana en el Senado. El consenso es más añorado por los votantes del PP que por los del PSOE. El 78% asegura que en la Transición los partidos anteponían el interés general a sus propias estrategias del corto plazo. El 90% de los españoles considera que se ha abandonado ese espíritu. Ese porcentaje era doce puntos más bajo hace dos años, cuando había un Gobierno en minoría obligado a pactar cada una de sus decisiones, mientras que ahora hay un Ejecutivo con mayoría absoluta y en disposición de sacar adelante todas sus iniciativas. En la mayoría de los casos lo hace con decretos que ni siquiera requieren una larga tramitación parlamentaria. Ese 90% entiende que los partidos solo piensan en sus exclusivos intereses y no en lo que sea más conveniente para la sociedad en su conjunto.
La pulsión de cambio institucional alcanza al modelo de Estado, en el momento en el que un partido (PSOE) ha modificado su estrategia para pedir el avance hacia un Estado federal y otro (CiU) promueve una consulta de autodeterminación en Cataluña.
Según el sondeo, solo un 26% defiende el mantenimiento del actual estado de las autonomías. Este porcentaje es el más bajo de toda la serie histórica de encuestas de Metroscopia. El efecto, no obstante, es centrípeto y la opción más apoyada es la de ir hacia un Estado centralista. La opción del Estado federal solo la apoya el 19% de los encuestados.

sábado, 6 de octubre de 2012

La CEP denuncia ante el Supremo a Cayo Lara, Garzón y Centella

MADRID.- La Confederación Española de la Policía (CEP) ha presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una denuncia contra los diputados de IU Cayo Lara, José Luis Centella y Alberto Garzón a los que acusa de cometer un delito de injurias y calumnias contra la Policía por acusar a los agentes antidisturbios de provocar los incidentes registrados durante la protesta del 25S frente al Congreso de los Diputados.

   En concreto, la denuncia acusa a estos tres dirigentes de haber responsabilizado a las Fuerzas de Seguridad "de actuar premeditadamente para disolver ilegítimamente una manifestación causando conscientemente lesiones a los congregados, señalando al Cuerpo Nacional de Policía como único causante, instigador de todo". La denuncia se presenta ante el Tribunal Supremo atendiendo a la calidad de aforados de los diputados en el Congreso.
   El sindicato policial se basa en las propias declaraciones públicas de los tres políticos, las cuales se adjuntan en la denuncia. Como ejemplo citan las palabras de coordinador federal de IU, Cayo Lara quien denunció que "el normal funcionamiento de los diputados se vio molestado y perturbado por la Policía y nunca por los manifestantes".
    El texto también recoge otras declaraciones de Garzón: "Hemos asistido a un exceso policial brutal en las calles que no atendía a ninguna lógica (...) empezaron a echar a todo el mundo a empujones de malas formas, hacia el Paseo de la Castellana para que allí pudiera cargar la Policía.
   La CEP entiende que "las gravísimas imputaciones" de Cayo Lara, José Luis Centella y Alberto Garzón "constituirían uno o varios delitos de calumnias". Apelan al artículo 504.2 del Código Penal sobre "los que injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad" por el que serían "castigados con la pena de multa de doce a dieciocho meses".
   A juicio de este sindicato policial, "no cabe duda que se trata de un comportamiento injurioso y amenazante contra las fuerzas de seguridad". "No se trata de una opinión, una hipótesis por parte del diputado, sino la imputación clara, directa e inequívoca de que los agentes de policía fueron los provocadores de los hechos", denuncian los policías, al tiempo que consideran que los tres diputados atribuyeron a los agentes "hechos delictivos con claro conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad".
   Insiste la CEP en que esas declaraciones no se pueden amparar bajo la nmunidad ni la invocación al derecho de libertad de expresión y por ello piden a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que "previos los trámites legales, se reciba declaración en calidad de imputados a los denunciados".

Pedraz, el juez amigo íntimo de Garzón

MADRID.- No es la primera vez que el magistrado Santiago Pedraz está en el centro de la polémica. Sus decisiones no dejan indiferente al sector político, que en muchas ocasiones ve con hastío sus resoluciones. Fuentes próximas al magistrado le califican de “políticamente incorrecto”. 

Su testarudez le ha hecho investigar el asesinato del periodista José Couso en la guerra de Irak aunque supusiera un conflicto diplomático con Estados Unidos por la imputación de tres militares norteamericanos. Hasta en tres ocasiones, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ordenó archivar el asunto hasta que el Tribunal Supremo le permitió seguir investigando.
No sólo se opuso a las reclamaciones políticas y diplomáticas de que aparcara el asunto sino que organizó un viaje, con periodistas incluidos, a Bagdad para analizar el hotel donde fue asesinado el operador de cámara español. La prensa también le acompañó a un viaje a Guatemala para interrogar a víctimas de los crímenes cometidos en el país latinoamericano entre 1978 y 1986, y denunciados en España por la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú.
En su auto por la manifestación ante el Congreso de los diputados del pasado 25 de septiembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 hace una férrea defensa a la libertad de expresión, lo mismo que ha hecho en numerosas ocasiones con manifestaciones proetarras celebradas en el País Vasco al entender que de prohibirlas se estaría vulnerando el derecho de reunión y manifestación y atacaría al derecho fundamental de la libertad de expresión.
Marido e hijo de periodistas, Santiago Pedraz ya suscitó mucha polémica como miembro del tribunal que consideró que las asociaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi no eran parte del entramado etarra. Como ponente de la sentencia, Pedraz consideró que únicamente se trataban de asociaciones ilegales, tirando por tierra la tesis, implantada por Baltasar Garzón, de que ETA no la componen sólo los que disparan y ponen bombas, sino todos los satélites que tiene alrededor, como el económico, político o internacional. Estas organizaciones agrupaban a los cachorros de la banda que comenzaban con actos de 'kale borroka' para después ser captados para los comandos o formaciones políticas. El Supremo le dio un fuerte varapalo y confirmó que efectivamente sí se tratan de miembros de la banda.
Muy criticada fue también su decisión de archivar la última causa al terrorista José Ignacio de Juana Chaos, cuando éste estaba a punto de ser excarcelado en 2005 tras 18 años en prisión. Entendió que el histórico etarra, condenado a más de 3.000 años de cárcel, no había cometido otro delito de pertenencia a la banda ni de amenazas terroristas por la publicación de dos artículos en los que señalaba, entre otros, a la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. Sus superiores jerárquicos tampoco estuvieron de acuerdo con él en esa ocasión y le obligaron a procesar al etarra y llevarle a juicio, donde fue condenado a doce años de cárcel, pena que posteriormente fue rebajada por el Tribunal Supremo a tres.
Hombre tímido y afable, Pedraz fue íntimo compañero y amigo de Garzón mientras compartían la segunda planta de la Audiencia Nacional de la calle Génova. Era diaria la imagen de ellos dos, junto a otro juez, Fernando Andreu, saliendo a tomar el aperitivo hasta que Garzón fue, primero, suspendido cautelarmente y después inhabilitado tras ser condenado por prevaricación por las escuchas ilegales en el 'caso Gürtel'. 
Pedraz fue uno de los compañeros que salió a las puertas de la Audiencia Nacional a aplaudir al exjuez su último día en el órgano judicial y uno de los que le acompañaron el primer día de juicio en el Tribunal Supremo.

Rajoy, increpado en Malta: "¡Tu pueblo pasa hambre!"

LA VALETTA.- Mariano Rajoy ha tenido escuchar las quejas de sus conciudadanos en La Valeta, la capital de Malta. El jefe del Gobierno español salía del Albergue de Castilla de la ciudad maltesa, donde había compartido un almuerzo con los otros cuatro primeros ministros que integran el grupo 5+5, que celebra una cumbre en el mencionado país mediterráneo. 

Según ha informado la Cadena Ser, mientras realizaban el paseíllo hacia el Palacio de Verdala para reanudar los trabajos de la reunión, un grupo de españoles que se encontraba en la isla le ha increpado con numerosos reproches. El más incisivo ha sido: "¡Rajoy, tu pueblo pasa hambre!".
Rajoy había llegado a Malta para participar en la cumbre del mencionado grupo, un foro de diálogo que une a países de ambas orillas del Mediterráneo y que se reúne por vez primera al más alto nivel tras la primavera árabe. 
A la cita estaban invitados los jefes de Estado o de Gobierno de España, Francia, Italia, Portugal, Malta, Túnez, Libia, Argelia, Marruecos y Mauritania, que han compartido el almuerzo en el Albergue de Castilla, de La Valetta.

Quien es Rafael Hernando, diputado del PP por Almería

Nace en Guadalajara un  13 de noviembre de 1961.A pesar del escepticismo de sus amigos y conocidos y en particular del claustro de profesores, se licenció en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y previo pago obtuvo un Master en Administración y Dirección de Empresas por ICADE.

Tras las primeras elecciones democráticas de 1977, preso de un ataque compulsivo, Rafa decide dedicarse a la política atraído por la figura de Manuel Fraga Iribarne y  por no menos centrista tío Rafael Pérez Escolar con los años procesado por el llamado Caso Banesto y metido en todo los fregaos de los últimos 49 años. Con carácter previo, rumores confirmados le sitúan en esas fechas como un aventajado entusiasta de la extrema derecha , hoy  electoralmente integrada en el centrismo redentor, de los denominados patriotas de Fuerza Nueva

Joven de Alianza Popular en las segundas elecciones locales celebradas el 8 de mayo de 1983 fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Guadalajara y en los siguientes comicios autonómicos del 10 de junio de 1987, obtuvo escaño de diputado aliancista por la provincia de Guadalajara en el Parlamento de Castilla-La Mancha, cargo este último del que dimitió en 1989. Durante aquella época manchega, no se le conoce grandes virtudes. Se limita a insultar. Con el tiempo se irá haciendo un experto en esta materia.

Con anterioridad, en septiembre de 1987, Rafa había sido nombrado por D. Manuel presidente de Nuevas Generaciones de AP (NN.GG), y como tal pasó a formar parte del Comité Ejecutivo del partido así como de la Directiva Nacional del mismo, puestos que compatibilizó con su actividad de  abogado.

No obstante, y antes de ser elegido presidente de NN.GG desempeñó los puestos de: secretario de Acción Territorial de Castilla-La Mancha, presidente provincial de Guadalajara y miembro de la Comisión Permanente de Cargos Electos.

En 1989 para su sorpresa, Hernando, quien en un principio se había hecho a la idea de que  iba a formar parte de la candidatura del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Guadalajara en las elecciones generales del 29 de octubre, concurrió finalmente por la citada circunscripción, pero al Senado. De su época senatorial, los Diarios de Sesiones apenas dan señales de vida de su presencia. Eso si cobró todos los meses.

En el transcurso del VIII Congreso de NNGG, celebrado en Madrid, en febrero de 1990 fue sustituido al frente de la organización juvenil por Tomás Burgos y el 6 de junio de 1993 fue elegido, en las elecciones generales, diputado del PP por la provincia de Almería, provincia que como es sabido ni conocía ni estaba  hasta entonces previsto conocer.  En el Congreso fue portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y portavoz parlamentario en materia de cooperación internacional.

La Casa tuvo a bien designarle portavoz y coordinador del área de Comunicación, desde que en enero de 1999 se celebrara el XIII Congreso genovés. Desde entonces, según sopla el viento, sus intervenciones públicas no tiene desperdicio. Pero al no tener sentido del ridículo, ni mucho menos complejos visibles,  Rafa no se desanima y opina de lo humano y lo divino. Normalmente no rectifica. Es su tendencia. Siempre piensa que los que se equivocan son otros. En fin un tipo sin complejos. Peter, el del Principio,  sin dudarlo, encontraría en la trayectoria de nuestro charlatán mas PPopular un prueba científica irrefutable de que su  teoría y su trabajo  no fue en mano. Está ex casado y es padre de dos hijos.

Tras la resaca genovesa de las elecciones generales del 20-N y ante la salida masiva hacia el BOE de los genoveses más espabilados, Rafa fue premiado con el saldo de nombrarle Portavoz Adjunto en el Congreso de los Diputados.

Concluye el juicio a Carromero acusado de homicidio imprudente

LA HABANA.- El juicio al dirigente de Nuevas Generaciones del PP, el español Ángel Carromero, ha concluido la madrugada de este sábado y queda visto sentencia por homicidio imprudente en el accidente del coche que él conducía en el que murieron el pasado mes de julio los disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero.

   Después de cerca de once horas de comparecencias en las que han declarado, entre otros, trece peritos y ocho testigos, la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Granma, con sede en Bayamo, en el sureste de Cuba, ha declarado la conclusión del juicio, cuya sentencia será anunciada en los próximos días.
   La fiscal, Isabel Barzaga, ha ratificado la petición de siete años de cárcel --tres años y medio por cada víctima-- por el fallecimiento de los dos opositores cubanos en el accidente de tráfico. "Estamos en presencia de una persona verdaderamente temeraria", ha aducido la fiscal, citada por Reuters.
   El cónsul español en La Habana, Tomás Rodríguez-Pantoja, permanece en Bayamo, según han confirmado fuentes diplomáticas. Sin embargo, no han podido concretar si el tribunal se atendrá a la Ley de Procedimiento Penal cubana, que establece un plazo de seis días hábiles para que los jueces dicten la sentencia o bien puedan superar dicho límite, autorizado en caso de acumulación de trabajo.
   El bloguero oficialista Yohandry Fontana ha apuntado que, en el transcurso del juicio, el tribunal, compuesto por cinco jueces --tres profesionales y dos populares--, ha examinado "abundantes pruebas documentales, testificales y periciales" a propuesta de la acusación y de la defensa, quien pide su absolución alegando que Carromero "no iba de verdad a exceso de velocidad", de acuerdo con la emisora cubana Martí Noticias.
   En la vista oral, el dirigente de Nuevas Generaciones del PP, que ha mantenido la versión de los hechos realizada en la fase de instrucción, ha expresado su pesar y ha lamentado haber "perdido muchas cosas en este tiempo", aunque "no tiene comparación con el sentimiento de dolor de las familias" de los fallecidos.
   El Gobierno cubano tiene la potestad de dejar en libertad a Carromero expulsándole del país aun cuando el tribunal que le juzga le imponga una pena de cárcel.
   El Código Penal cubano, o Ley 62, estipula en su artículo 46.3 que el Consejo de Ministros "puede decretar la expulsión del extranjero antes de que éste cumpla la sanción principal impuesta", que se declarará "extinguida". Es decir, que Carromero podría regresar a España sin que tuviera que responder aquí de ninguna responsabilidad penal.
   Este sería el mejor de los escenarios para el español si fuera condenado pero, en caso de que el régimen castrista no quisiera expulsarle, a Carromero le quedaría otra opción. Podría beneficiarse de un traslado para cumplir en España la condena, siempre según "los casos y en la forma establecidos en los tratados", dice la Ley 62.
   España y Cuba tienen un convenio bilateral para el traslado de personas condenadas que data de 1998 y podría aplicarse en el caso de Carromero.
   Carromero permanece encarcelado, en régimen de prisión provisional, en el centro de seguridad del Estado '100 y Aldabó', en la capital cubana, desde el pasado 22 de julio, día en el que el vehículo conducido por el dirigente de NNGG se salió de la vía en el kilómetro 724 de la carretera que comunica Las Tunas con Bayamo, en la provincia de Granma.
   Además de Payá y Cepero, en el coche también viajaba el joven político sueco Jens Aron Modig, que inicialmente fue retenido por las autoridades cubanas pero que pudo volver a los pocos días a su país. Modig alegó que dormía en el momento del siniestro y dijo tener recuerdos borrosos.
   Familiares y amigos del dirigente de NNGG confían en que esté de regreso en España como muy tarde en noviembre, según han informado fuentes de su entorno que no han podido dar detalles de las condiciones del posible retorno.
   Según las fuentes consultadas, el sector más optimista entre los familiares y amigos de Carromero espera su regreso a España "a partir del 15 de octubre" mientras que los más pesimistas, que temen que pueda haber un retraso del juicio o algún otro contratiempo, hablan de "finales de noviembre como muy tarde".
   La defensa de Carromero contratada por su familia está integrada por un equipo de abogados del Bufete Internacional de La Habana, según han precisado fuentes de la disidencia.
   Los ministros de Asuntos Exteriores de España y Cuba, José Manuel García-Margallo y Bruno Rodríguez, respectivamente, se reunieron el pasado 27 de septiembre en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas para tratar, entre otros temas, la situación de Carromero.
   El canciller cubano trasladó a su homólogo español el compromiso de su Gobierno para que la sentencia se dicte en un periodo "razonablemente corto de tiempo". Ambos ministros quedaron en volver a hablar una vez que haya sentencia final para evaluarla.
   Las autoridades cubanas atribuyen el accidente a la velocidad excesiva con que supuestamente conducía Carromero y, en un vídeo difundido por el Gobierno de la isla días después de su arresto, el dirigente de NNGG admitió que perdió el control del vehículo al entrar en un bache, si bien no aclaró a qué velocidad circulaba.
   En dicha grabación, cuya veracidad ha cuestionado la disidencia cubana, Carromero pidió a la comunidad internacional que evitase utilizar el caso con fines políticos y negó que otro vehículo les golpeara por detrás.
   La familia de Payá, sin embargo, ha alertado de un supuesto complot para matar al que fuese responsable del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) y ha llegado a decir que uno de los dos supervivientes alertó a sus allegados a través de un SMS de que un coche les venía siguiendo y les embistió varias veces.
   La viuda de Payá, Ofelia Acevedo, ha exculpado a Carromero de cualquier responsabilidad y ha pedido saber "la verdad" de lo ocurrido. Ni los parientes de Payá ni los de Cepero han presentado denuncia alguna contra el político español.

El juez Andreu rechaza imputar a Blesa, Fernández Ordóñez y Segura por Bankia

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado imputar al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, en la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la entidad Bankia. 

   El magistrado no ha aceptado, por el momento, la imputación que el solicitaba uno de los querellantes, Manos Limpias, aunque advierte, en un auto, que la demanda fue presentada en primera instancia ante el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, que se inhibió a su favor, por lo que será en el ámbito de la cuestión de competencia cuando se pronuncie "sobre si los hechos guardan relación con lo ya investigado".
   El sindicato solicitaba al juez que investigara a estos dos ex altos cargos, al exconsejero de la entidad y expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y a los consejeros tanto de Caja Madrid como de Bankia durante las presidencias de Blesa y de Rodrigo Rato, por la presunta comisión de delitos societarios, de administración desleal, apropiación  indebida, estafa, falsedad en documento mercantil e imprudencia grave en el control de las sociedades.
   Manos Limpias acusaba en su querella a Blesa de conceder un crédito doloso por importe de 26,6 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como "garantía un holding empresarial que se encontraba en quiebra". La querella asegura también que Blesa concedió otro crédito irregular, en este caso al promotor inmobiliario Martinsa-Fadesa. Manos Limpias consideraba, además, que el exgobernador del Banco de España Fernández Ordóñez cometió una imprudencia grave "al no prestar la diligencia debida como órgano supervisor y de control".
   El magistrado asegura en un auto que el sindicato "presenta los hechos de una forma muy genérica y sin ninguna concreción" y pretende de este modo la ampliación del procedimiento "a cuestiones que no le son conexas, ni objetiva ni subjetivamente".
   Además, asegura que Manos Limpias dirige la acción penal "sin ningún tipo de soporte fáctico, ni siquiera indiciario, de unos hechos que están todavía por determinar y de un incierto alcance penal".
   A pesar de ello, el juez Andreu acepta la personación en la causa del sindicato bajo la condición de que actúe bajo la misma dirección y representación de una de las partes ya personadas, la formación Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

Siete detenidos en una protesta contra los recortes frente al Congreso portugués

LISBOA.- La Policía portuguesa ha detenido este a última hora de este viernes a siete personas en una manifestación convocada frente al Congreso, con sede en Lisboa, y a la que han acudido varios cientos de personas.

   En una protesta de similares características a la española de 'Cerco al Congreso', los cientos de manifestantes han permanecido desde primera hora de la tarde frente al Congreso portugués, en medio de un gran despliegue de seguridad.
   Las detenciones se han producido después de que un reducido grupo de manifestantes lanzaran botellas y petardos contra los agentes de la Policía, según ha informado el periódico luso 'Publico'.
   La protesta, que ha sido convocada a través de las redes sociales, ha alcanzado uno de los principales momentos de tensión a media tarde, cuando los manifestantes han derribado las vallas que acordonaban el acceso principal a la calle donde está ubicado el Congreso.
   Acto seguido, la irrupción de la Policía antidisturbios ha degenerado en forcejeos y varios choques con los asistentes a la protesta.
   Los manifestantes han clamado consignas como 'El pueblo, unido, jamás será vencido' y han reclamado a los agentes que se unieran a la protesta contra los recortes aprobados por el Gobierno portugués. Pasada las 22.00 hora local (21.00 hora peninsular española), menos de un centenar de personas permanecían en las inmediaciones del Congreso.

jueves, 4 de octubre de 2012

Según el presidente del TC, quien no esté de acuerdo con el juez Pedraz puede recurrir

VALENCIA.- El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pascual Sala, ha manifestado que respeta el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que archiva las diligencias abiertas contra los organizadores de la manifestación del pasado 25S, como el resto de resoluciones judiciales, y ha añadido que "quien no esté de acuerdo con ellas tiene medios en el ordenamiento jurídico para recurrirlas". 

   Sala ha realizado estas manifestaciones antes de presidir en Valencia un acto en memoria del recientemente fallecido juez Manuel Peris, exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, a preguntas de los medios sobre su valoración del auto de Pedraz.
   Al respecto, ha asegurado que respeta la resoluciones judiciales pero ha matizado que esa resolución en concreto "no la conoce".
 "Por consiguiente, emitir juicios abstractos no me corresponde", ha agregado.
   Interrogado por la referencia a la "decadencia de la clase política" que hace el juez de la Audiencia, ha apuntado que "no basta con una expresión que figure en el auto" sino que hay que tener en cuenta "el contexto" de todo el escrito.
   "Emitir opiniones al aire no es costumbre de Pascual Sala --ha proseguido--, las resoluciones judiciales son respetables y quien no esté de acuerdo con ellas tiene medios en el ordenamiento jurídico para recurrirlas y la crítica no corresponde hacerla a otro juez a no ser que sea a través de otra resolución; yo siempre para criticar u opinar sobre una cosa necesito conocerla previamente".
   Cuando se le ha planteado si todas las manifestaciones son constitucionales, Sala ha aseverado que, "desde el derecho fundamental de manifestación, las autorizadas naturalmente y las que sean pacíficas y sin armas".
   Acerca de la del 25S ha agregado que "sí, siempre y cuando se compagine con la inviolabilidad de las cámaras que componen las Cortes Generales en España, que es un derecho fundamental en una democracia y tiene una importancia capital cuando se trata de salvaguardar la inviolabilidad en las instituciones pues tiene que compaginarse", ha argumentado.