MADRID.- Los secretarios de Estado de Seguridad y Justicia, Ignacio Ulloa y
Fernando Román, respectivamente, se reunirán esta misma semana para
estudiar las medidas propuestas para incluir en la reforma del Código
Penal español, cuyo borrador prevén tener listo para antes del verano, según han
informado fuentes del departamento que dirige Alberto
Ruiz-Gallardón.
Ambos departamentos han mantenido posiciones contradictorias en
los últimos días, en particular, en lo que se refiere a la persecución
de la resistencia pasiva, considerada hasta ahora como un delito de
desobediencia.
El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, asegura que la
reforma legal no afectará a este tipo de conductas, mientras que
Interior apuesta por tipificar los comportamientos más graves de este
tipo como un "atentado contra la autoridad".
Entre ellos, quiere imponer este delito a los manifestantes que
"se encadenen por los brazos" para impedir ser desalojados por la
Policía. Entiende que esta "resistencia pasiva" entraña una conducta
equivalente a la "agresión contra el principio del orden y de autoridad"
ejercido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La postura de Justicia se basa en castigar únicamente las acciones
que supongan agresiones contra bienes y servicios, salvaguardando
siempre el derecho constitucional de manifestación.
Desde el Ministerio del Interior se apuesta también por considerar
un delito de integración en organización criminal la convocatoria de
actos violentos por Internet y las redes sociales. Su intención es
ampliar a dos años la pena mínima de este delito para poder encarcelar
cautelarmente a los autores.
Además, pretende incluir como delitos de desórdenes públicos los
supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se
obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con
alteración del orden público a los daños que se produzcan por
interrupción o perturbación de cualquier servicio público.
Por su parte, Justicia ha defendido la introducción de la prisión
permanente revisable en el catálogo de penas para su aplicación
"exclusiva" en delitos de terrorismo. Además, aprovechará para reparar
un "error" en la penalización de los actos de 'kale borroka' detectado
recientemente por la Audiencia Nacional.
Ambos departamentos ministeriales trabajan desde hace dos meses en
la reforma del Código Penal. Las modificaciones podrían incidir en la
Ley de Seguridad Ciudadana, que regula la actuación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
Fuentes del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz calculan
que el Consejo de Ministros aprobará antes de verano el proyecto de Ley
Orgánica de reforma parcial del Código Penal con la idea de que las
Cortes Generales aprueben su tramitación en los meses de otoño.
No hay comentarios:
Publicar un comentario