miércoles, 10 de octubre de 2012

La Fiscalía descarta recurrir el archivo de la causa contra el 25S

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha confirmado que no va a recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de archivar la investigación contra los promotores de la manifestación ‘Ocupa el Congreso’, que tuvo lugar el pasado 25 de septiembre.

“El fiscal general respalda que no se vaya a recurrir el archivo contra los promotores de la manifestación del 25S”, ha dicho Torres-Dulce. Así, ante la falta de acusación, y ya que la Fiscalía era la única que podía ejercitar este derecho, el carpetazo dado por el juez Pedraz será firme y la investigación por el delito contra las instituciones del Estado será definitivamente archivada.


El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió el pasado 4 de octubre archivar la causa del 25S contra ocho de los convocantes de la protesta frente al Congreso de los Diputados. Pedraz no apreció delito contra las instituciones del Estado y así lo dejó claro un auto muy crítico con las actuaciones del Ministerio de Interior en el que, además, aludía a la “convenida decadencia de la clase política” y hacía una defensa firme del derecho de la libertad de expresión.


La dureza del auto llevó al portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, a calificar al magistrado de “pijo ácrata”. Además, Hernando hizo responsable al juez de cualquier acto de acoso o agresión a los representantes de la soberanía nacional.


La Fiscalía ha decidido no recurrir el archivo decretado por Pedraz al entender, según explican fuentes fiscales consultadas por distintos medios, que no se puede acusar a los promotores de la protesta ‘Ocupa el Congreso’ de un delito contra las altas instituciones del Estado, en contra del criterio del Ministerio del Interior.


Estas mismas fuentes reconocen que en el auto el magistrado de la Audiencia Nacional se excede en sus comentarios cuando dice que la clase política se encuentra en una “convenida decadencia” pero está dentro del ámbito jurisdiccional de un juez y por tanto no es recurrible. En todo caso, dicen, será el Consejo General del Poder Judicial el que dirima si se le debe imponer una sanción disciplinaria.

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