MADRID.- El Ministerio de Fomento ha incluido en el
Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 un programa para impulsar un parque
público de viviendas protegidas para el alquiler social, con una renta
máxima que rondará los 400 euros mensuales, para albergar a familias con
ingresos no superiores a 1.600 euros durante un máximo de dos años.
Así aparece en el borrador del Real Decreto que regulará el que se
ha denominado Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016.
Según explica Fomento, el plan contempla ayudas estatales para
organismos y empresas públicas, sociedades mercantiles partícipes
íntegra o mayoritariamente por las administraciones públicas u
organizaciones no gubernamentales y demás entidades privadas sin ánimo
de lucro que promuevan viviendas para destinarlas a este uso durante al
menos 30 años.
Las ayudas ascenderán a un máximo de 18.000 euros por vivienda y
no podrá superar el 20% del coste final de la edificación, con
independencia de la co-financiación que puedan aportar otras
administraciones públicas.
Ahora bien, estas viviendas habrán de destinarse a inquilinos con
ingresos no superiores a tres veces el Iprem, es decir, unos 1.600 euros
mensuales, para su uso entre uno y dos años, con lo que se trata de un
parque de viviendas en rotación. Además, estas viviendas protegidas
habrán de ser edificadas en suelos cedidos por los ayuntamientos y
tendrán una superficie no superior a los 90 metros cuadrados.
Así, en tanto que el precio del alquiler será "proporcionado" a la
superficie de la vivienda, sin que pueda superar los 4,5 euros por
metro cuadrado de superficie útil al mes, la renta no superará en ningún
caso los 400 euros mensuales.
Por otro lado, el documento que maneja Fomento prevé que el 25% de
la oferta de estas viviendas sociales se reserve a familias que estén
siendo atendidas por los servicios sociales de las comunidades autónomas
y de los ayuntamientos, o por ONGs o entidades privadas sin ánimo de
lucro, que por su menor nivel de renta no puedan beneficiarse de otras
ayudas al alquiler que contempla el Plan.
Para evitar un mal uso de este programa de ayudas, el borrador
prevé la transferencia de las ayudas a los promotores de estas viviendas
en dos plazos. El primero, en el que se aportará el 60% de la ayuda,
una vez aportada la licencia municipal de obra, la calificación
provisional como vivienda protegida para alquiler social y el
certificado de inicio de obra.
El segundo plazo, por importe del 40% de la subvención, se dotará
cuando conste el certificado de final de obra y la calificación
definitiva como vivienda protegida para alquiler social.
Además, entre ambas entregas no podrá mediar un plazo superior a 24
meses, salvo que se trate de promociones de más de 80 viviendas, en
cuyo caso el plazo se podrá extender a 30 meses. En el caso de no
cumplirse este plazo, el beneficiario de la ayuda tendría que reintegrar
la primera parte de la subvención que le fue abonada.
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