MADRID.- El diputado nacional de IU Alberto Garzón ha alegado este miércoles que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, "prevarica y atenta contra los derechos humanos"
cuando su departamento interpone multas administrativas a los
participantes en concentraciones o protestas no comunicadas como la del
pasado 27 de octubre ya que, según ha argumentado, "ninguna manifestación es ilegal".
Así lo ha explicado hoy Garzón, junto al también parlamentario de
IU Ricardo Sixto, tras interponer una querella criminal, en nombre de la
coalición de izquierdas, en los Juzgados de Plaza de Castilla contra
Cifuentes en relación a las "identificaciones arbitrarias, detenciones
indiscriminadas y un fenómeno de represión policial, administrativa y
económica que no tiene otro objetivo que asustar a la gente y meterle
miedo".
Garzón ha indicado que su partido recoge "lo mejor que han hecho otros movimientos sociales previamente, como la Comisión de Legal del 15M" y así ha anunciado que colgarán en la web de IU Federal un modelo de recurso a estas multas, "que no tienen fundamento ninguno".
"Tiene mucho sentido esta querella para ponernos en frente de
quienes vulneran los derechos fundamentales y constitucionales y tratan
de hacer política por la vía policial y de sanción económica. En muchos
de los casos (hubo personas multadas) que ni si quiera aparecieron en la
manifestación y estuvo identificando a muchas personas con mucha
antelación al lugar donde era la concentración", ha indicado.
El diputado de IU esgrime que dichas sanciones "quieren hacer creer que hay manifestaciones ilegales cuando no existe una manifestación ilegal. "Existe
una manifestación convocada o no, por lo tanto, el redactado de la
multa tiene el objetivo de engañar a la ciudadanía para meterle miedo.
Es un despropósito y una barbaridad que necesitaba una respuesta
judicial, además de las políticas que IU viene acometiendo", ha añadido.
Además, Garzón ha anunciado que va a hacer extensible esta
querella a otros delegados del Gobierno, como los de Valencia, Andalucía
y Castilla-La Mancha por hechos similares. "Estamos recopilando todas las multas de concentraciones parecidas al 27-O en Madrid",
ha añadido. No obstante, de momento solo conocen las cifras aportadas
por la propia Cifuentes el día después del 27-S, que habló de 300
personas identificadas, que recibirían una propuesta de multa de 500
euros.
El parlamentario nacional de IU ha esgrimido, como base legal de
la querella, que la Delegación del Gobierno ha cometido un delito contra
la administración pública por prevaricación (artículo 404 del Código Penal) "porque
sabe que no pude identificar a personas por el simple hecho de aparecer
en una manifestación, además de forma tan discriminada".
Le imputa también otro delito de falsedad documental (artículo 390.1) pues "la multa intenta dirigirse a obstaculizar el tráfico, cuando en esa manifestación no se salió de la Plaza de España" y un tercer delito cometido por autoridad o funcionario públicos contra la Constitución (artículo 542 del Código Penal).
La querella apunta a que el 27 de octubre, día en el que
manifestaron cientos de ciudadanos, convocados por el movimiento 25-S,
entre Plaza de España y Plaza de Neptuno, "identificaron a cientos de personas con la amenaza de que de no hacerlo serían detenidas "sin
que se registrase ni un solo incidente violento ni daño alguno sobre
personas o bienes". Algunos ciudadanos denunciaron que fueron
identificados si ni siquiera participar en la marcha, cerca de Plaza de
España.
"Esta forma de actuar parece responde a un plan trazado
previamente, en el que la decisión de desvelar la identidad y sancionar a
quienes se manifiestan críticamente contra el Gobierno está tomada
previamente a la manifestación o reunión y con independencia de cómo se
desarrolle el encuentro", señalan en la querella.
En la misma presenta también un vídeo en el que el secretario
general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, declaró que desde el
Gobierno "se les está obligando a realizar identificaciones masivas e indiscriminadas" y declaraciones de las propia Cifuentes en una entrevista en Telemadrid en la que, según los denunciantes, "admitió públicamente la existencia de un listado de supuestos manifestantes inconformistas con el sistema actual".
El parlamentario nacional de IU ha esgrimido, como base legal de
la querella, que la Delegación del Gobierno ha cometido un delito contra
la administración pública por prevaricación (artículo 404 del Código Penal) "porque
sabe que no pude identificar a personas por el simple hecho de aparecer
en una manifestación, además de forma tan discriminada".
Le imputa también otro delito de falsedad documental (artículo 390.1) pues "la multa intenta dirigirse a obstaculizar el tráfico, cuando en esa manifestación no se salió de la Plaza de España" y un tercer delito cometido por autoridad o funcionario públicos contra la Constitución (artículo 542 del Código Penal)
porque, a juicio de los querellantes, la actuación de la delegada
"conculca el derecho fundamental a la intimidad personal y a la
interdicción de obligar a declarar sobre su ideología o creencias de los
ciudadanos quienes, desvelada su identidad y simpatía hacia ciertas
ideas políticas, pasarían a formar parte del listado de personas que
controla la Delegación y cuyo paradero se desconoce".
La querella también alude al artículo 23.c de la Ley Orgánica 1/92
sobre Protección de Seguridad Ciudadana dice, en referencia a las
sanciones por acudir a una protesta no comunicada, que "en ningún caso pueden ser sancionados los participantes, sólo los convocantes".
"Es una estrategia deliberada por parte del Ministerio del
Interior para amedrentar y poner multas a la opinión pública y a la
ciudadanía que en una situación de crisis tan terrible está cada vez
saliendo más a la calle para protestar y defender sus derechos", ha
asegurado el diputado de IU Ricardo Sixto.
Por todo ello, los querellantes quieren que el juez tome declaración a Cristina Cifuentes,
que se aporten todos los expedientes de personas sancionadas en los
alrededores de la manifestación del 27-O, que se cite a declarar como
testigo a Alfredo Perdiguero y a uno de los sancionados y que se aporte
la grabación de la entrevista de Cristina Cifuentes en Telemadrid antes mencionada.
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