MADRID.- Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha solicitado al juez de la
Audiencia Nacional Fernando Andreu que embargue dos pensiones de
jubilación por importe total de 3.432 euros brutos que debe percibir el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa a partir del mes de diciembre.
El exbanquero remitió al magistrado, que le investiga por el uso de tarjetas opacas al
fisco de la entidad y la emisión de participaciones preferentes, un
escrito en que detallaba ambas pensiones y solicitaba mantenerlas en su
totalidad o cobrar al menos la parte de cada una correspondiente al
salario mínimo interprofesional, 645,39 euros.
Blesa tomó la
decisión de jubilarse ante "la falta total de ingresos y capacidad de
disposición de fondos" que sufre después de que el juez ordenara el
embargo de sus bienes para responder a la fianza en concepto de
responsabilidad civil por 16 millones de euros en la causa de las 'tarjetas black' y que "eran su única fuente de ingresos".
La
primera de las pensiones responde al abono de la prestación de
jubilación del Plan Universal de la Abogacía, por el que percibe 1000
euros brutos mensuales. Según la documentación adjunta, Blesa se dió de
alta en la mutualidad del 1 de julio de 1985 y comenzó a aportar dinero para el plan en noviembre de 2005, hasta alcanzar los 89.714 euros.
El
expresidente de la caja madrileña recibió la primera mensualidad de
este plan a 1 de noviembre de este año. Dado que contempla un importar
bruto anual de renta financiera a percibir de 12.000 euros, la provisión
de fondos prevista alcanza para algo más de siete años.
Blesa detallaba también en su escrito que ha comunicado a la Seguridad Social "su necesidad de jubilarse". Según resolución del INSS fechada el 20 de noviembre la prestación aprobada asciende, en este caso, a 2.432,89 euros.
El
exbanquero, que ha abierto "a los únicos efectos" de recibir el importe
de sus pensiones· una nueva cuenta en Bankia, pedía que no le fuera
retenido este dinero y que se comunique al banco que debe permitir su
disposición.
Para el caso de que el juez no acceda a esta
petición, la defensa de Blesa proponía mantener al menos un ingreso
mínimo de 1.290 euros en aplicación de lo contemplado por la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
UPyD considera en un escrito presentado al juez que su solicitud es "improcedente"
y destaca que la cantidad de 3.432 euros "supera ampliamente lo que
pueda ganar cualquier trabajador cualificado". Se opone también a que
perciba el salario mínimo de ambas prestaciones al considerar que
deberían acumularse "para deducir de una sola vez la parte
inembargable".
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