SANTIAGO DE CHILE.- Los universitarios decidieron el martes iniciar un diálogo condicionado con el gobierno para mejorar la alicaída educación chilena, pero advirtieron que seguirán con las movilizaciones, llamaron a los estudiantes a no regresar a clases y a un paro nacional para el jueves.
Los 36 dirigentes de las federaciones de las universidades estatales estuvieron reunidos todo el día en un campus académico de Santiago hasta que lograron un acuerdo entre los que favorecían las negociaciones y quienes se oponían.
"Queremos dejar claro que el inicio de este diálogo no condiciona nuestra forma de movilización. El regreso a las actividad académica dependerá de la voluntad que el gobierno tenga para responder efectivamente a las demandas del movimiento...", dijo un comunicado leído por Camila Vallejo, vocera de los dirigentes.
Otra parte de la nota leída por otro vocero, Giorgio Jackson, advirtió que "a través de la fuerza de las movilizaciones en estos casi cinco meses, haremos cumplir las garantías mínimas para un diálogo con el gobierno".
Los jóvenes exigen una educación pública igualitaria, gratuita y de calidad, el fin del lucro en las entidades privadas que reciben aportes estatales y el retorno al Estado de las escuelas administradas por las municipalidades.
El reclamo de los estudiantes cuenta con un apoyo ciudadano que supera el 75%, lo que ha derribado la popularidad de Piñera a un inédito 22%, según un sondeo divulgado el martes.
Los dirigentes también solicitaron que el gobierno "transparente" las partidas destinadas a la educación contenidas en la ley del presupuesto, antes de que sea enviada al Congreso el próximo viernes.
Los dirigentes, reunidos en la Confederación de Estudiantes de Chile, Confech, además llamaron a los estudiantes y a la ciudadanía a participar activamente en un paro nacional convocado para el jueves.
Tras una serie de desencuentros con las autoridades, el gobierno nuevamente retrocedió en sus posiciones y otorgó nuevas garantías, solicitadas previamente por los estudiantes, que se tradujeron en esta aceptación condicionada al diálogo por parte del movimiento estudiantil.
El último gesto del gobierno lo informó el martes el ministro de Educación, Felipe Bulnes, quien anunció una prórroga de 60 días en el envío al Congreso del proyecto para transferir desde las municipalidades al Estado la administración de las escuelas, una de las demandas más importantes para los estudiantes secundarios que integran el fortalecido movimiento estudiantil.
Los jóvenes se reunieron el sábado para decidir sobre el diálogo, pero dos situaciones incidieron en la cita: una carta que les envió Bulnes, ofreciéndoles nuevas garantías, y un apagón total que afectó a más de la mitad de los chilenos y que obligó a interrumpir la sesión.
Las conversaciones, que inicialmente empezarían a comienzos de septiembre, nunca se concretaron porque el gobierno rechazó de plano dos exigencias solicitadas por los universitarios: paralizar la tramitación y el envío al Congreso de proyectos de ley referidos a la educación y cambiar las fechas límites de cierre del año escolar y del semestre académico.
Sin embargo, las presiones estudiantiles llevaron al gobierno a demorar la tramitación de los proyectos de ley y cambiar las fechas de cierre. Situaciones que Bulnes les comunicó el sábado a los estudiantes.
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