ESTRASBURGO.- El pleno del Parlamento Europeo ha subrayado la preocupante situación de las ONG en Egipto y ha instado a las autoridades egipcias a retirar de inmediato los cargos penales impuestos a varias organizaciones no gubernamentales extranjeras por cometer presuntamente actividades políticas ilegales en una resolución adoptada este jueves por amplia mayoría.
Los eurodiputados han saludado en cambio la reciente liberación de los blogueros Alaa Abd Al Fatá y Maikel Nabil Sanad y han instado a las autoridades egipcias a garantizar que los perioditas, blogueros y defensores de Derechos Humanos en el país no sean objeto de intimidaciones y acoso ni directo ni indirecto, así como "el pleno respeto por los Derechos Humanos y las libertades fundamentales".
En su resolución, los eurodiputados han mostrado su solidaridad con el pueblo egipcio en el momento "crucial" actual de la transición democrática impulsada en el país, han trasladado su firme apoyo a las reformas en marcha para establecer una verdadera democracia en el país y han subrayado la importancia de que se celebren elecciones presidenciales "libres, justas y transparentes" en los próximos meses.
Los eurodiputados también han "deplorado" la matanza en el estado de Port Said, ocurrida al término de un partido de fútbol entre el equipo cairota Al Ahly y el Al Masry de Port Said en la que murieron más de 70 personas el pasado 1 de febrero y han reconocido su preocupación por las denuncias de que los enfrentamientos estuvieron políticamente motivados. Por ello, han instado a las autoridades egipcias a impulsar "una investigación independiente" de los hechos para llevar ante la Justicia a los responsables de los mismos.
El pleno de la Eurocámara también ha aprobado otra resolución en la que insta al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, a perdonar las condenas a muerte dictadas contra Dzmitry Kanavalau y Uladzislau Kavalyou por el Tribunal Supremo el pasado 30 de noviembre y a aplicar una moratoria sobre las demás ejecuciones pendientes en el país como paso previo para abolir la pena capital en Bielorrusia, el único de Europa que todavía la aplica.
Kanavalau y Kavalyou fueron condenados a la pena capital por presuntamente cometer atentados terroristas en 2005, 2008 y 2011 en Vitebsk y Minsk, aunque organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Human Rights Watch han denunciado que las investigaciones contra ambos han estado ensombrecidas por abusos "serios" de los Derechos Humanos y han tachado de injustos los juicios en los que fueron condenados.
Los eurodiputados han vuelto a condenar además la persecución continua de los defensores de Derechos Humanos y de la oposición democrática en el país y el acoso a las organizaciones de la sociedad civil y los medios independientes en el país y han vuelto a instar al régimen de Minks a liberar a todos los presos políticos de forma inmediata e incondicional.
Igualmente, los eurodiputados han aprobado otra resolución en la que instan al ministro de Justicia japonés, Toshio Ogawa, a no autorizar ninguna ejecución en el futuro tras manifestar éste su postura contraria a mantener la política de "precaución" de su antecesor en el cargo y han reclamado que el país haga más esfuerzos para recuperar la moratoria contra la pena capital que Japón aplicó entre noviembre de 1989 y marzo de 1993.
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