VALENCIA.- Organizaciones de estudiantes, de padres de alumnos y de directores de centros educativos públicos españoles expresaron el miércoles su repulsa por la carga policial del lunes contra una manifestación de estudiantes en Valencia y anunciaron nuevas movilizaciones en solidaridad con ellos.
Además de denunciar el abandono de la educación pública, y un día después de que miles de personas se manifestaran en diferentes ciudades en solidaridad con los estudiantes valencianos, las asociaciones más representativas de la comunidad educativa definieron en una rueda de prensa conjunta como "escandalosa" e "indignante" la "desproporcionada y brutal" actuación policial, por la que exigieron responsabilidades.
"Existen motivos más que justificados para que el alumnado de los institutos haga pública su protesta", dijo José Antonio Martínez, presidente de la Federación de Asociaciones de Directores de Centros Públicos (FEDADI), que explicó que los colegios valencianos estaban viviendo en una especie de "economía de guerra", endeudados y sin poder hacer frente a los gastos más elementales.
La difícil situación económica que atraviesan las comunidades autónomas, que tienen transferidas competencias como sanidad y educación y están profundamente endeudas, ha llevado a que tengan que aplicar profundos recortes a petición del Gobierno central dentro de su plan de austeridad para reducir el déficit.
Hace unas semanas circularon por Internet imágenes de estudiantes de un instituto alicantino asistiendo a clase con mantas, al parecer porque los centros no tendrían presupuesto para calefacción.
Martínez explicó que los centros valencianos no habían recibido hasta hace unas semanas los pagos de la Consejería de Educación correspondientes al tercer y cuarto trimestre del año pasado, que necesitaban urgentemente para pagar a sus proveedores.
"Hemos de enseñar a nuestro alumnado tanto que los deberes han de cumplirse como que los derechos no se mendigan", dijo el responsable de FEDADI.
"El tratamiento dado al alumnado por determinadas autoridades de 'delincuentes o enemigos' merece no sólo la pública reprobación, sino la inmediata destitución de los responsables", añadió.
En la mira de los denunciantes de la actuación policial está la delegada de Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León, que ha ordenado una investigación al respecto, y el jefe policial valenciano Antonio Moreno, cuya declaraciones calificando a los estudiantes de "enemigos" han provocado una enorme polémica.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuya dimisión también la pide el Sindicato de Estudiantes, consideró el martes desafortunados los comentarios del responsable policial y reconoció que se podría haber producido "algún exceso" o alguna "actuación desproporcionada". Señaló que se estudiarían los casos y se actuaría en consecuencia, aunque defendió la actuación policial.
En las redes sociales se habla ya de una "primavera valenciana", en alusión a los levantamientos vividos en los países árabes el año pasado, y lema "yo también soy el enemigo" fue uno de los coreados por los asistentes a las manifestaciones del martes.
La manifestación del lunes en la que se registraron los polémicos incidentes y que se saldó con 25 detenidos, seis de ellos menores, siguió a una huelga general convocada por el Sindicato de Estudiantes en la Comunidad Valenciana el pasado 16 de febrero y otras marchas por parte del alumnado.
Para las próximas jornadas, están previstas nuevas movilizaciones en todo el país en solidaridad con los estudiantes valencianos, como un paro de 5 minutos al mediodía del próximo lunes 27 en todos los centros públicos y una "jornada de lucha" con concentraciones en ciudades de toda España el miércoles 29, coincidiendo con otra huelga general estudiantil convocada en Valencia.
Además, este miércoles por la tarde y el jueves al mediodía están previstas nuevas concentraciones ante la Consejería de Educación de Valencia.
"Nosotros no somos los enemigos, los enemigos son los estafadores, los que se llevan el dinero a raudales, por millones de euros y que impiden que haya servicios públicos como la sanidad y la educación y que son necesarios para que una sociedad pueda avanzar", dijo Tohil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes.
"Los jóvenes somos el futuro, y vamos a luchar por él", añadió.
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