España blinda la frontera Cataluña-Francia para evitar que entren los antisistema

GERONA.- El tratado de Schengen, que garantiza la libre circulación de los ciudadanos de la UE, ha quedado suspendido en la frontera entre España y Francia por Cataluña para evitar la entrada de antisistema que puedan provocar altercados durante la cumbre del 3 de mayo del Banco Central Europeo (BCE) en Barcelona.

La suspensión, que es una medida temporal y excepcional, ha arrancado esta pasada medianoche y ha originado durante esta mañana algunas colas en pasos fronterizos por carretera como el de La Junquera (Gerona), donde los agentes de seguridad paraban al azar algunos vehículos y los registraban si levantaban sospechas. La Policía francesa también ha desplegados puntos de control al otro lado de la raya fronteriza con España.

El subdelegado del Gobierno central en Gerona, Carles Jaume Fernández, ha justificado el cierre del espacio Schengen, que se mantendrá hasta las 24 horas del 4 de mayo, asegurando que se debe preservar la seguridad de la cumbre y garantizar la buena imagen que Barcelona, Cataluña y España "deben proyectar a toda Europa".

"Considero que la decisión es totalmente positiva y necesaria porque la cumbre de BCE es capital. No sólo porque es la institución financiera de toda Europa sino porque la cita debe ser un éxito de cara a Europa", ha dicho hoy el subdelegado.

Por su parte, el comisario del Cuerpo Nacional de Policía y coordinador de Fronteras terrestres de Gerona, Jesús María Gómez, ha explicado que el objetivo es "poder detectar aquellos elementos susceptibles de pertenecer a movimientos antisistema o gente que pueda promover disturbios o actuar en contra de la seguridad".

Ha añadido que las inspecciones se hacen para "ver qué tipo de objetos llevan" y, en el caso de detectar algún elemento peligroso, "se levantan actas de incautación de los objetos peligrosos".

La Policía dispone en la frontera de La Junquera de ordenadores con bases de datos para también poder detectar a las personas con antecedentes, "o que se mueven en el mundo de la algarada o antisistema", ha referido el comisario.

La Policía Nacional, que define los controles como "disuasorios", también ha informado de que durante estos días se han multiplicado por cuatro los agentes en la frontera y que disponen de más de 300 funcionarios.

El comisario ha informado además de que, hasta este mediodía, las "previsiones se están cumpliendo" y que el tráfico es "fluido".

El Ministerio del Interior refuerza las fronteras terrestres con Francia en los pasos de La Junquera, Port Bou, Puigcerdá, Camprodon, Les y Canfranc.

Para evitar al máximo la entrada a España de activistas antisistema de otros países, efectivos de los cuerpos de seguridad también se han desplegado en algunas estaciones de tren en Barcelona como en la Estación de Francia, donde se está controlando en especial la llegada de trenes procedentes de Milán, Zurich y París.

En el aeropuerto de El Prat de Llobregat (Barcelona) también se han restablecido desde la pasada medianoche los controles de seguridad, donde los viajeros deben enseñar su documentación, lo que también se ha hecho en el aeropuerto de Gerona.
La reunión del BCE, que habitualmente se celebra en Fráncfort, reúne a los seis miembros de su junta ejecutiva además de a los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los 17 países de la eurozona, y se espera que sea el centro de la ira de los manifestantes.
El consejo de gobierno tenía pensado escapar del frío y la lluvia del norte de Europa y hacer un poco de turismo por la ciudad mediterránea, pero el miedo a una protesta violenta les ha llevado a cancelar la ruta en autobús, según un informe.
El tratado Schengen cubre toda la Unión Europea a excepción de Irlanda y Reino Unido, además de Islandia, Lietchenstein, Noruega y Suiza.

El texto del acuerdo de Schengen establece que la libre circulación de personas por la Europa sin fronteras puede interrumpirse temporalmente en el caso de que se dé "una seria amenaza al orden público o a la seguridad interior".

Desde que entró en vigor en 1985, y a petición unilateral de alguno de sus miembros, el acuerdo se ha interrumpido momentáneamente por motivo de la celebración de grandes acontecimientos, desde bodas reales hasta importantes eventos deportivos, pasando por cumbres internacionales.
El Gobierno conservador de Mariano Rajoy teme que activistas de otros países se unan a los manifestantes españoles para protestar contra las medidas de austeridad durante la reunión del 3 de mayo, después de los incidentes violentos ocurridos durante la huelga general del 29 de marzo.
"Estamos trabajando en un endurecimiento de la respuesta penal por cuanto no es posible que determinadas manifestaciones públicas impidan al resto de manifestantes ejercer con absoluta libertad y tranquilidad su derecho a manifestarse, y a los que no quieran, que no sufran ningún tipo de daño en su propia persona o en sus bienes", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en una rueda de prensa reciente.
Pero Fernando Lezcano, portavoz del principal sindicato del país, CCOO, dijo que el Gobierno no debería disuadir las protestas pacíficas.
"(El Gobierno) pretende vincular la respuesta sindical y ciudadana a las políticas de recortes a desórdenes callejeros y violencia urbana, ignorando el carácter social y pacífico de la misma", explicó el sindicalista.
 na economía que no ha crecido más de medio punto porcentual en cuatro años, una tasa de paro del 24 por ciento y el 50 por ciento de los jóvenes sin trabajo, han llevado las protestas a la calle aunque, a diferencia de Grecia, Italia y Reino Unido, no han sido violentas.
Sin embargo, después de que jóvenes encapuchados tirasen piedras y quemasen contenedores de basura en el centro de Barcelona durante las manifestaciones de la huelga general del 29 de marzo, que la policía respondió lanzando pelotas de goma para dispersar a los manifestantes, la seguridad ha sido reforzada de cara a la reunión del BCE.
De las 800.000 personas que se estima participaron en las manifestaciones de la huelga general de marzo en toda España, 176 fueron detenidas y 116 resultaron heridas.