MADRID.- Las asociaciones de la memoria histórica pedirán al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que abra una investigación sobre las actividades extrajudiciales de los magistrados del Tribunal Supremo y, especialmente, las financiadas por despachos de abogados que interponen recursos sobre los que deben resolver, como ocurrió con los letrados de la trama Gürtel que provocaron la inhabilitación de Baltasar Garzón.
En el Ateneo de Madrid, los abogados Cristina Almeida y Manuel de la Rocha han anunciado esta iniciativa entre un catálogo de medidas propuestas para denunciar el "desamparo jurídico" y "político" que sufren las víctimas de la dictadura franquista.
Entre ellas, han avanzado que aportarán "datos" al órgano de gobierno de los jueces para que investigue la compatibilidad de los magistrados del Alto Tribunal ya que "muchos" de los que condenaron al exjuez Baltasar Garzón en la 'causa de las escuchas' son "pagados por los propios abogados de la Gürtel en cursos o conferencias".
"Nos rebelamos ante una condena que ha demostrado intereses ocultos en la Justicia", ha proseguido Almeida, para quien resultará "curioso saber cómo son los jueces" que condenaron a Garzón en la red de presunta corrupción y "quienes les pagaban para dar las charlas".
La exdiputada ha destacado que el exjuez de la Audiencia Nacional "se arriesgó en nombre de las víctimas" para lamentar que "ha terminado machacado por el interés de los políticos más corruptos". "No vamos a archivar a Baltasar Garzón porque de la condena se ha descubierto una escalada de corrupciones a todos los niveles que ha culminado con su expulsión", ha añadido.
Solidarios con Garzón presentará el próximo domingo el escrito que presentará ante el Consejo General del Poder Judicial en un acto público que tendrá lugar en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid. "Ha caído por la democracia y depurar responsabilidades en nuestra Justicia es avanzar en la credibilidad de la Justicia", ha remachado Almeida.
Con todo, las asociaciones han dado protagonismo a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo ante el "abandono" que sufren por parte de operadores jurídicos y representantes políticos. Por ello, solicitarán una entrevista con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para pedirle que unifique e incentive la acción de los fiscales en el levantamiento de fosas.
De la Rocha ha denunciado que los fiscales, los jueces ni tampoco las autoridades acuden a los actos de levantamiento de fosas, en los que las familias se quedan "aisladas".
Ante esta situación, las asociaciones hacen una "exigencia" a los poderes públicos del Estado, de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que se comprometan en la investigación y el levantamiento de las fosas y estén presentes en estos actos dado que son "representantes populares de esas instituciones".
Piden así que no las consideren actuaciones "residuales ni marginales" y presten el "reconocimiento, acomodo y apoyo" que merecen los familiares. Para Almeida, las víctimas están "abandonadas a la suerte de lo que cada juez territorial hace".
Las asociaciones también censuran el recorte de la partida destinada a la memoria histórica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012, que pasa de 6,2 millones en 2011 a 2,5 millones. "El Gobierno de Mariano Rajoy se suma a la derecha española que quiere eliminar el estudio de la interpretación de la Guerra Civil y el franquismo desde la perspectiva de las víctimas", han agregado.
Para finalizar, los representantes de las asociaciones han apelado a la "gran deuda" con los afectados, quienes quieren "cerrar heridas con esparadrapo democrático" bajo su derecho a obtener "verdad, justicia y reparación".
"Es una obligación solidaria histórica y humana", han concluido.
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