MADRID.- La plataforma de Solidarios con Garzón junto
con asociaciones de la memoria histórica y un grupo de abogados han
pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que abra una
investigación sobre la participación de magistrados del Tribunal Supremo
en actividades retribuidas por empresas o despachos de abogados, entre
ellos los defensores de la trama 'Gürtel', al considerar dicha
vinculación "claramente perturbadora".
Una quincena de representantes de los colectivos han entregado
este jueves al órgano de gobierno de los jueces dos escritos en los que
muestran sus "serias dudas" sobre el cumplimiento del régimen de
compatibilidades y prohibiciones por parte de jueces del alto tribunal
que intervinieron en los tres procesos seguidos contra Baltasar Garzón.
El escrito, remitido al presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos
Dívar, señala que la relación "continuada" en actividades "evidentemente
retribuidas" al servicio de "sociedades o empresas mercantiles públicas
o privadas de cualquier género" puede crear "vínculos personales que
perturben la necesaria imparcialidad sin han de tomar decisiones en
procesos en que dichas entidades, directa o indirectamente, sean parte",
lo que ve "preocupante" en su garantía de imparcialidad.
"Todas estas cosas están desacreditando a la Justicia y nunca
mejor dicho en un día como hoy", ha destacado la exdiputada y abogada
Cristina Almeida a las puertas del Consejo.
El primer texto cita a los magistrados Juan Saavedra, Miguel
Colmenero, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza y Manuel Marchena y
desglosa que intervinieron en masteres o cursos organizados, entre
otros, por el Instituto de Práctica Jurídica 'Schola Iuris', la
Universidad Rey Juan Carlos o la Fundación FAES, presidida por el
expresidente del Gobierno y presidente de honor del PP José María Aznar.
Además, añade, algunos magistrados han participado en eventos
propiciados por la Fundación Wolters Kluwer, en cuyo consejo consultivo
asesor figuran los exministros José María Michavila y Ángel Acebes.
Cristina Almeida ha señalado que "fundamentalmente" la relación
destaca "el nombre de Marchena porque es el que ha levantado la liebre
sobre un posible cohecho por los cobros de Nueva York", la causa seguida
contra Garzón por su participación en actividades desarrolladas en el
Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York, financiadas por
el Banco Santander, entre otras entidades.
Al entender que ello no sólo afecta a la ética profesional de los
jueces sino también a su imparcialidad, piden que se esclarezcan estos
hechos por si pueden incidir en la validez de sus decisiones judiciales
y, en consecuencia, a su posible nulidad.
El segundo escrito hace referencia a la "generosa aportación" de
entidades de crédito que reciben las asociaciones judiciales y que
representan un "indudable beneficio económico" para los asociados
respecto de gastos de hospedaje como de manutención. Aluden a
patrocinios de congresos organizados por Jueces para la Democracia, la
Unión Progresista de Fiscales o la Asociación Profesional de la
Magistratura.
"Es un ejemplo de cómo la magistratura, sin duda en consideración
de sus cargos, es beneficiada por los poderes económicos mediante
dádivas o regalos que aceptan de buen grado y que, como hemos dicho,
reportan un indudable beneficio personal", dice, tras indicar que
algunas entidades bancarias ofrecen ofertas a jueces.
Los textos, suscritos por el exfiscal Anticorrupción Carlos
Jiménez Villarejo o la abogada Cristina Almeida, instan a abrir
diligencias informativas para conocer el número de actos y la cuantía de
las retribuciones por razones de "justicia y transparencia".
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