MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
ha acordado este jueves por unanimidad "dejar constancia de su
disposición" de comparecer ante las Cortes Generales y ante el Tribunal
de Cuentas para dar cuenta de su actividad, lo que según la portavoz de
este órgano, Gabriela Bravo, incluye también las labores realizadas en
el pasado, como son los viajes.
Además, durante el Pleno celebrado este jueves, el órgano de
gobierno de los jueces ha escuchado un informe de su Secretario General,
quien da fe de todas las actividades del Consejo, que concluye que no
ha habido viajes de vocales en fin de semana a lugares distintos a su
residencia habitual ni tampoco situaciones análogas a las disfrutadas
por su presidente dimitido, Carlos Dívar.
Con estas resoluciones, además de la aprobación de un plan de
austeridad y transparencia, los 20 vocales del Consejo pretenden
"disipar las sombras de duda" y poner distancia con la polémica surgida
tras conocerse que Dívar realizó hasta 32 viajes de fin de semana
largos, de hasta 4 días, parte de cuyos gastos fueron cargados al CGPJ.
No obstante, y pese a la insistencia de los periodistas, Bravo
señaló que no se dará cuenta a los periodistas de información
pormenorizada sobre los viajes que ha realizado cada vocal y tampoco
quiso aclarar si esta posibilidad fue abordada durante el Pleno,
alegando que las deliberaciones son "secretas".
Respecto de la comparecencia en las Cortes, el Pleno ha rechazado
igualmente, al obtener únicamente 5 votos frente a 15 abstenciones, una
propuesta de los vocales Margarita Robles, Inmaculada Montalbán, Carles
Cruz y Félix Azón para que el CGPJ se dirigiera a los presidentes de
las Comisiones de Justicia del Congreso y el Senado para ponerse a
disposición de estos órganos con objeto de dar cuenta de sus
actividades.
Esta propuesta, que además de los votos de los cuatro proponentes
sumó la de la vocal designada a propuesta el PNV, Margarita Uría,
supondría un paso más al adoptado por la mayoría, ya que sería el propio
Consejo el que se dirigiría a las Cortes en vez de dejar simplemente
constancia de esta intención.
Sobre los viajes internacionales realizados por los vocales,
algunos de los cuales ha salido a la luz pública durante los últimos
días, Bravo ha recordado que siempre responden a actividades propias del
Consejo y son precedidos por un informe de "idoneidad" y aprobados por
la Comisión Permanente.
El plan de transparencia se presenta para reformar el actual
régimen de gastos tras el escándalo de los viajes en fin de semana que
costó el puesto a Dívar e incluye, entre otras medidas, que los vocales
no puedan alargar sus viajes más allá del día anterior y posterior al
día del evento al que acuden y deben justificar, o que aquellos
consejeros que son de fuera de Madrid no puedan cargar al Consejo más
que un viaje de ida y vuelta a su domicilio a la semana.
Durante un encuentro celebrado el pasado viernes entre periodistas
y el vocal de la Comisión Presupuestaria Ramón Camp, se dio cuenta los
altos cargos del Consejo (los vocales más el secretario general)
emplearon a lo largo de 2011 un total de 470.645 euros en
desplazamientos por el territorio nacional y gastos de protocolo.
A esta cifra habría que sumar la parte correspondiente a los
viajes de los vocales cargada al capítulo de relaciones internacionales,
que ascendió a un total de 360.088,59 euros en 2011; y lo pagado por el
órgano de gobierno de los jueces para viajes de personal de su parque
móvil y la manutención de los escoltas con los que el Ministerio del
Interior dota los desplazamientos de estos altos cargos, que sumaron
otros 295.271,04 euros más.
El texto elaborado por los vocales Ramón Camp y Claro-José
Fernández-Carnicero aprobado este jueves sustituirá a la actual, de
1996, que no obligaba a los altos cargos del órgano de gobierno de los
jueces a especificar el motivo de sus viajes. Ahora deberán hacerlo,
además de tratar que algunos puedan sustituirse por videoconferencias
para evitar el gasto.
Supone una actualización completa de las normas sobre
indemnizaciónes y desplazamientos no sólo de los altos cargos, sino
también de los jueces y magistrados en general y del personal del parque
móvil.
Junto a los conductores y con las mismas normas referidas a dietas
el documento incluye a los escoltas, y ello a pesar de que los vocales,
excepto su presidente, no disponen desde ayer de este servicio que les
brindaba el Ministerio del Interior. La razón es que el documento que se
somete al Pleno tiene "vocación de futuro" y no se sabe si algún día
deberán volver a necesitarlo, según las mismas fuentes.
El texto alude a la Ley de Transparencia presentada recientemente
por el Consejo de Ministros y prevé la no disponibilidad de un total del
20 por ciento de los gastos previstos para protocolo. Del total del
presupuesto para 2013, que se prevé alcance los 67,2 millones de euros,
se prevé una minoración del 5 por ciento, la misma que se ha aplicado a
los de este año.
Otras medidas de austeridad, dirigidas a controlar el gasto y
reconquistar la confianza de los ciudadanos y de la propia Carrera
Judicial, pasan por revisar los convenios firmados con distintas
entidades en materia de formación y reducir progresivamente el personal
de la casa (que actual asciende a 446 personas).
En el capítulo de viajes, además de limitar las estancias al día
anterior y posterior del evento en particular (útil en los casos en los
que el acto en cuestión comience a primera hora de la mañana o termine
muy tarde), la nueva norma prevé que los desplazamientos se realicen en
clase turista, con el personal del Consejo imprescindible y que los
hoteles escogidos no superen los 102 euros por noche.
Con respecto a los vocales cuyo domicilio está fuera de Madrid,
que son un total de 15, los viajes de ida y vuelta a casa se limitarán a
uno por semana, festivos y vacaciones.
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