MADRID.- El movimiento ciudadano 15M presentó el jueves en
Madrid la tercera querella contra los responsables de Bankia, entre
ellos su ex presidente Rodrigo Rato, por su papel en la gestión de la
entidad intervenida.
La campaña 15MpaRato, que recaudó dinero para financiar
la acción judicial a través del 'crowfunding', presentó la querella
ante la Audiencia Nacional como acusación particular y en representación
de 13 accionistas que han visto cómo sus ahorros se evaporaban.
"Creemos que los indicios contables son suficientes
para iniciar una investigación. Tenemos plena confianza", dijo el
abogado independiente Juan Moreno Yagüe en rueda de prensa en Madrid.
"Representamos a accionistas perjudicados que han perdido cientos de miles de euros", añadió.
Esta acción, la tercera de este tipo presentada en la
Audiencia, pide entre 1 y 6 años de prisión y multas por delitos que
incluyen el de falsedad contable para Rato, que supervisó la salida a
bolsa de Bankia en julio pasado como presidente y dimitió en mayo, poco
antes de que el banco pidiera 19.000 millones de euros en ayuda estatal.
"Esta estafa tiene nombre y apellido como responsables y
que hay que empezar a perseguir a los responsables de esta crisis,
empezando con Rodrigo Rato y vamos siguiendo con otros objetivos", dijo
una mujer anónima durante la rueda de prensa.
Bankia, fruto de la unión entre Caja Madrid, Bancaja y
otras cinco entidades que han sufrido por sus activos en el ladrillo, se
ha convertido en la principal protagonista de una crisis bancaria que
ha obligado al país a buscar ayuda internacional.
Miles de pequeños accionistas, que se vieron atraídos a
participar en la salida a bolsa de Bankia tras una agresiva campaña de
marketing en televisión y en las sucursales, han visto cómo sus
inversiones se evaporaban al hundirse la acción en bolsa, lo que sumó
más argumentos a la irritación popular.
"Todos mis ahorros los ingrese ahí y me he dado cuenta
de que me siento engañada. No encuentro en este momento una palabra en
el diccionario que defina mi estado de hartazgo", dijo una accionista de
Bankia de 62 años presente en la rueda de prensa.
A falta de la apertura de una comisión de investigación
oficial por la negativa del Partido Popular, pese a los numerosos
llamamientos realizados al respecto desde diversos ámbitos políticos y
sociales, se están sucediendo las iniciativas para que sea la justicia
la que actúe e investigue si en la gestión de Bankia y su salida a bolsa
hubo irregularidades.
Protesta ante Delegación del Gobierno
Decenas de personas relacionadas con el movimiento 'indignado' han reclamado durante este jueves en Delegación de Gobierno el archivo de las sanciones policiales en las manifestaciones y otro tipo de acciones de protesta desde el inicio de este movimiento el pasado 15 de mayo de 2011.
Protesta ante Delegación del Gobierno
Decenas de personas relacionadas con el movimiento 'indignado' han reclamado durante este jueves en Delegación de Gobierno el archivo de las sanciones policiales en las manifestaciones y otro tipo de acciones de protesta desde el inicio de este movimiento el pasado 15 de mayo de 2011.
Convocados por la Comisión de Legal de Acampada Sol, unas cuarenta
personas han hecho cola a partir de las 12 horas frente al registro de
la institución madrileña dirigida por Cristina Cifuentes, y en grupos de
seis han accedido a estas dependencias para entregar escritos, tanto si
habían recibido sanción como si no.
La entrega conjunta, denominada '#Cifuarchiva', tiene como
objetivo que la Delegación comunique el número de expedientes
sancionadores abiertos relativos a las acciones vinculadas con el
movimiento 15-M, así como la retirada de los mismos.
La acción ha estado fuertemente vigilada por la Policía, presente
con hasta seis furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en
las inmediaciones de Delegación del Gobierno.
Las sanciones aludían al cumplimiento a la Ley Orgánica 1/1992 de
Protección de la Seguridad Ciudadana, y la mayoría tenían una cuantía de
300 euros. Sin embargo, tal y como ha explicado un
miembro de la Comisión de Legal presente en el lugar, han conocido casos
de personas sancionadas con 3.600 euros por colocar carteles, al estar
moviendo o tapando señales, según la justificación de la Policía.
Desde la Comisión de Legal tienen constancia de más de 400
denuncias, además de las 350 personas que, según ha comunicado
Delegación de Gobierno, serán sancionadas por participar en las acciones
de protesta entre los días 12 y 15 de mayo.
Para esta comisión, el aumento de las sanciones va en consonancia
con una estrategia de "represión de baja intensidad" por parte de las
autoridades, mientras desciende el número de detenciones, al ser "más
visibles".
"Llaman más la atención. Es una represión más silenciosa",
han dicho. Así, han constatado que las concentraciones desarrolladas por
este movimiento se saldan con una horquilla de entre 20 y 80
identificaciones.
Según han comentado varias de las personas que esperaban a
entregar sus escritos, no todas las personas identificadas por la
Policía reciben finalmente su sanción. Tampoco todas las personas
presentes en las protestas son requeridas por su identificación.
Desde Legal también han criticado la cuestión económica que supone
pagar por estas sanciones, "especialmente en una situación de crisis".
"Parece que para manifestarte y exigir tus derechos va a ser necesario
preparar un fondo común", han ironizado.
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