MADRID.- La Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSI-F) ha dirigido una carta de tres páginas al ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que le insta a interceder ante el
Grupo Popular para que modifique la reforma laboral en el Senado y se
excluya de la posibilidad de despedir a empleados públicos por causas
técnicas, organizativas y de producción a aquellos que obtuvieron su
plaza mediante oposiciones.
La organización también ha remitido la misiva a los presidentes de
las comunidades autónomas para que los barones 'populares' también
intervengan coincidiendo con el trámite final de la reforma y ésta
incorpore una enmienda 'in extremis'.
La carta enviada incluye el texto que el sindicato pide añadir a
la disposición adicional segunda de la reforma, por la que, según
señala, se abre la puerta al despido de 700.000 trabajadores en el
conjunto de las administraciones públicas pese a haber aprobado unas
oposiciones.
"Que en ningún caso, lo establecido en esta disposición adicional
segunda, sea de aplicación al personal laboral que ha adquirido esta
condición por el procedimiento selectivo de ingreso establecido al
efecto", puntualiza el sindicato.
De esta manera, CSI-F señala la necesidad de acordar una redacción
alternativa "que deje claro que el acceso mediante un proceso selectivo
realizado bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Básico del
Empleados Público, sea elemento diferenciador".
En el argumentario que CSI-F incluye en la carta, el sindicato
recuerda que "el actual déficit que atraviesa España no ha sido generado
ni por los servicios públicos ni por sus empleados", que, sin embargo,
"han ocupado páginas y páginas en los medios de comunicación, como si
fueran la causa y la solución viniera de la destrucción de la calidad en
los servicios públicos y con la degradación de las condiciones
laborales".
"Creemos que se hace necesario buscar soluciones que no sean bajar
el sueldo a los empleados públicos, ni reducir una administración con
un tamaño homologable a los estándares europeos", añaden, para
apostillar que "probablemente los 'mercados' tengan más información que
los ciudadanos sobre las causas de la actual situación y vean que las
medidas adoptadas sobre la función pública no hacen sino generar un alto
grado de inestabilidad económica en los trabajadores públicos con una
contraproducente repercusión al provocar un importante descenso del
consumo".
Asimismo, CSI-F pone el acento en "muchos gastos realizados por
las administraciones públicas en muchos conceptos que no son servicios
públicos" o en "algunas empresas públicas que sólo existen para burlar
los controles públicos del gasto y de la contratación".
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