BARCELONA.- El juez José Castro tiene tan controlado el caso Nóos que es capaz de condensar en diez únicos puntos las presuntas corruptelas que Iñaki Urdangarin
y su exsocio Diego Torres perpetraron en las comunidades de Valencia y
Baleares a costa de la Administración pública y del dinero de los
ciudadanos. En un auto en el que también reprende con dureza a los
responsables políticos por plegarse sin condiciones a los deseos y
exigencias del yerno del Rey, el juez describe las circunstancias que
permitieron al duque de Palma y a su exsocio embolsarse grandes sumas de
dinero a través del instituto Nóos, según 'El País'.
El punto de partida es la situación privilegiada de Urdangarin, que aprovecha su “parentesco con la Casa Real” para “acudir a altas instancias políticas,
puenteando escalones y trámites que para cualquier ciudadano serían
insoslayables”. Esa tarjeta de visita le permitió adjudicarse, entre
2004 y 2006, la organización de dos eventos de carácter
turístico-deportivo: el Illes Balears Forum y el Valencia Summit.
El esposo de la infanta Cristina y el exprofesor de Esade desviaron
buena parte de esos fondos públicos: 2,3 millones del Gobierno de
Baleares y 3,7 de la Generalitat Valenciana.
“Con las mismas excusas”, recoge el segundo punto del auto, “se
desprecia la correcta aplicación” de la ley que rige los contratos con
las Administraciones. En contraste con los presupuestos que se aportan,
que son “ridículos”, los importes de las adjudicaciones son siempre
elevados. En los puntos cuarto y quinto de su resolución, Castro subraya
que Urdangarin y su exsocio lograron “imponer” sus condiciones, que
fueron “aceptadas sin discusión por los responsables políticos” de la
Comunidad Valenciana y de Baleares, ambas en manos del PP.
Sin el triste papel jugado por los políticos
no puede entenderse que el duque de Palma y Torres hicieran negocios
tan lucrativos ni que estos quedasen fuera de control. La reprimenda del
juez a los políticos es palmaria en los puntos sexto a noveno. Castro
les reprocha que “no se preocuparon de constatar, para descontarlos”,
los patrocinios privados que lograron los organizadores. Además, al
optar por la fórmula del convenio de colaboración, pudieron “excluir
constreñimientos administrativos” y, sobre todo, evitar la participación
de terceros. La adjudicación de ambos eventos se dio como un “hecho
consumado”.
Hasta tal punto están enlazados los sucesos de Valencia y de Baleares
que los convenios firmados en uno y otro lugar son, “con la salvedad de
las obligadas variables”, dice el juez, “calcados unos de otros”. Un
corta y pega en toda regla que, presuntamente, pasó desapercibido. A
nadie “se le ocurrió exigir a Urdangarin y a Torres rendición de
cuentas”, remacha el auto, firmado ayer.
Las reflexiones del juez vienen a cuento de la petición de uno de los
imputados —el exsecretario de Turismo de la Generalitat valenciana Luis Lobón—
para que decline su competencia en favor de los juzgados de esa ciudad.
Castro rechaza la idea con el argumento de que los presuntos delitos
cometidos en Valencia y Baleares son “conexos”. En el último apartado
del decálogo, el juez recuerda al imputado, con cierta sorna, que la
extensión de las indagaciones a Valencia “no fue fruto de un
imperialista afán instructor”, sino de las facturas que aportó en su día
Torres, defendido por el letrado Manuel González Peeters.
En esa documentación sobre el Illes Balears Forum se hallaron
facturas que, presuntamente, corresponden a una de las ediciones del
Valencia Summit. Ambos eventos fueron, en su día, “sobradamente
conocidos”, por lo que, previsiblemente, “generaron debates” políticos
con los grupos de la oposición. Y, pese a todo, concluye el juez —que
expresa su “absoluto respeto” por las instituciones de Valencia—, “no
consta que se haya presentado ninguna denuncia para investigar los
hechos”.
Según Castro, es “fácilmente deducible” que las mismas facturas
se utilizaron para justificar, indistintamente, gastos de uno y otro
evento. Ese cruce de facturas es la clave de bóveda del caso y una de
las pruebas más sólidas del presunto fraude.
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