MADRID.- Los dos principales sindicatos policiales españoles, el
SUP y la CEP, han cargado este jueves contra el Ministerio del Interior
al que culpan de la confusión creada en torno a los delitos de los que
se acusa a los detenidos en el 25-S. Desde el Sindicato Unificado de la
Policía (SUP) censuran al Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz
por haber buscado el delito a imputar antes que la prueba, mientras que
desde la Confederación Española de la Policía (CEP) lamentan lo que ven
como un nuevo caso de aceleración verbal por parte del Ministerio.
"El proceso de Interior ha sido ir al Código Penal, ha buscado un
delito que les viniera bien y eso no encaja", ha denunciado el secretario general del SUP, José Manuel
Sánchez Fornet, quien cree que "Interior, en esta estrategia lo está
haciendo bastante mal".
"Para acusar de un delito tan grave como un delito contra los
altos organismos de la Nación tienes que tener pruebas suficientes", ha
añadido. A su juicio "no se puede acusar así, linealmente de un delito
tan grave".
En la misma línea se ha manifestado el secretario general de la
CEP, Ignacio López quien cree que "una vez más" Interior "peca de no
haber mantenido un prudente silencio o haberse remitido a los
profesionales de la policía que son los que tienen que determinar el
alcance de las acusaciones". Según ha dicho, "es una falta de respeto
hacia la Policía y la ciudadanía anunciar por anticipado una posible
imputación y que después no se haga".
"Lo que no se puede hacer es con el trabajo policial y con
situaciones tan críticas aprovecharse para obtener réditos políticos o
mediáticos. Una vez más condenamos la aceleración verbal que desde el
Ministerio del Interior se produce ante la actuación policial ante
determinados asuntos", ha zanjado.
Pese a que desde el Ministerio del Interior y el propio director
general de la Policía, Ignacio Cosidó, anunciaron que los detenidos iban
a ser acusados de un delito contra los altos organismos del Estado, el
propio atestado policial descarta este extremo. Por este motivo el juez
de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha remitido la causa a los
juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla.
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