LONDRES.- La organización no gubernamental Amnistía Internacional
ha denunciado que la Policía y el Ejército egipcios han acabado con la
vida de más de 120 manifestantes en protestas celebradas desde octubre
de 2011, en las que dejaron más de 3.480, incluidos más de 50 con
heridas oculares o que incluso han quedado ciegas de por vida.
En un informe titulado 'Brutalidad impune y sin control: el
Ejército egipcio mata y tortura a manifestantes con impunidad', AI ha
asegurado que los militares y los agentes de la Policía han acabado con
la vida de 121 manifestantes y han dejado heridos a un total de 3.484
desde octubre del año pasado, cuando tuvo lugar la manifestación de
cristianos coptos en la plaza de Maspero, en El Cairo, que acabó con 27 civiles y un militar muertos.
En concreto, ha denunciado que una de las principales lesiones
sufridas por los manifestantes ha sido la pérdida de visión por el
impacto de pelotas de goma disparadas por las fuerzas de seguridad.
Según los datos recabados en un único hospital por la Iniciativa Egipcia
por los Derechos de las Personas, 60 manifestantes sufrieron heridas
oculares por la represión en las protestas de noviembre de 2011 frente a
la sede del Ministerio del Interior.
La ONG ha denunciado la represión policial y militar contra los participantes en tres episodios: la protesta de Maspero,
en la que murieron 27 cristianos coptos por disparos de munición real
por parte de las fuerzas de seguridad o atropellados por sus vehículos
blindados; la sentada de Abasiya, entre abril y mayo de 2012, en la que
murieron doce personas por la represión policial frente a la sede del
Ministerio de Defensa; y los sucesos de las oficinas gubernamentales,
cinco días de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes
que acabaron con 17 manifestantes muertos, en su mayoría por disparos.
Amnistía Internacional ha hecho especial hincapié en la
"impunidad" que tienen los agentes de Policía y los militares y ha
denunciado que sólo un mando policial y tres militares ha sido juzgados
por la muerte de manifestantes desde octubre de 2011, frente a los
12.000 civiles que han sido "injustamente" procesados ante tribunales
castrenses y los 1.007 que han sido juzgados por el mero hecho de
participar en manifestaciones.
La ONG ha criticado además la política de retiros de militares y
policías involucrados en la represión contra manifestantes que impuso la
junta militar que asumió el poder tras la caída del régimen que
presidía Hosni Mubarak el 11 de febrero de 2011.
En este sentido, ha asegurado que, desde la revolución del 25 de
enero de 2011, el movimiento que llevó a la renuncia de Mubarak, las
autoridades egipcias han "retirado" a 1.051 mandos de las fuerzas de
seguridad por su implicación en la presión y han "recolocado" a 4.000
agentes por estos mismos motivos. Desde que el actual presidente,
Mohamed Mursi, tomó posesión de su cargo, el Gobierno ha "retirado" a 70
generales del Ejército.
En su informe, AI ha subrayado que la tortura sigue sin estar
debidamente definida y contemplada como crimen en la legislación egipcia
y que la definición actual no se ajusta a los criterios de la normativa
internacional en defensa de los Derechos Humanos. En concreto, la ONG
ha afirmado que, hasta el momento, sólo cinco oficiales de la Oficina de
Seguridad Estatal han sido procesados y condenados por torturas y ha
denunciado que 41 oficiales de este órgano ya extinguido han sido
juzgados por destruir documentación y pruebas de casos de violaciones de
Derechos Humanos.
En materia de comercio de armas con Egipto, AI ha explicado que
países como Chipre, Alemania, India, Italia, Polonia, Corea del Sur,
Suiza, Turquía, Eslovaquia, Turquía y Estados Unidos han proporcionado
armas en los últimos siete años al país norteafricano y ha exigido el
cese de la venta de equipos como armas ligeras y material antidisturbios
que pueda emplearse contra manifestantes. En este sentido, ha asegurado
que Egipto ha recibido de Estados Unidos de 2005 a 2011 armas por valor
de más de 1.200 millones de dólares (930 millones de euros).
En su informe, de 59 páginas de extensión, Amnistía Internacional
ha dejado claro al presidente egipcio, Mohamed Mursi, que debe llevar a
cabo una reforma de la Policía y el Ejército para acabar con la
"impunidad" y que las fuerzas de seguridad dejen de ser una institución
temida por el pueblo para pasar a ponerse a su servicio.
En concreto, la ONG le ha exigido a Mursi que establezca una "clara cadena de mando"
en las fuerzas de Seguridad y que cree un sistema de "veto" que
garantice que ningún policía o militar permanecerá en su puesto cuando
ha sido responsable de violaciones de Derechos Humanos. También le ha
pedido que cree un órgano "independiente" para supervisar las
actuaciones policiales y militares y que garantice que la recientemente
creada Agencia de Seguridad Nacional no tiene competencias para mantener
incomunicadas a las personas que detiene.
Además de reclamar que se investiguen todos y cada uno de los
casos de supuestas torturas y abusos policiales y militares, AI ha
solicitado a Mursi que haga públicas las reglas de actuación que tienen
ambos cuerpos en el control de manifestaciones y en materia
antidisturbios. También le ha solicitado que adapte la legislación
egipcia a la normativa internacional en materia de torturas y una mejora
de las condiciones de las prisiones.
Por último, la ONG ha reclamado que todos los países "suspendan"
todas las entregas de armas ligeras destinadas a Egipto y de aquellos
equipos que sean susceptibles de ser empleados contra manifestantes por
parte de las fuerzas de seguridad.
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