PALMA DE MALLORCA.- El juez que instruye el caso Over Marketing,
José Castro, ha imputado al expresidente del Govern Jaume Matas, al
exdelegado del Gobierno central en Baleares y exconseller de Interior,
José María Rodríguez, y al cuñado de Matas y extesorero del PP balear,
Fernando Areal, dando así un paso más en el marco de la causa que
estalló recientemente en torno a la presunta financiación ilegal del
partido en las islas y el supuesto amaño de contratos en favor de Over.
En concreto, según el auto dictado por el titular del Juzgado de
Instrucción número 3 de Palma,
Rodríguez ha sido citado para el próximo 12 de noviembre, a las 10.30
horas, mientras que Matas y Areal -quienes ya fueron imputados por el
mismo magistrado dentro del caso Palma Arena- han sido emplazados para
el día 13 a partir de las 9.30 y 11.00 horas, respectivamente.
De acuerdo a la resolución judicial, Matas, investigado por otro lado
en el caso Palma Arena a raíz del enriquecimiento presuntamente ilícito
del que gozó cuando era presidente, y condenado a seis años de cárcel en
una de las piezas de esta causa, será interrogado en torno a sus
relaciones con Over y con su administrador Daniel Mercado,
principalmente en relación a la financiación de las campañas electorales
del PP de 2003 y 2007, cuya creatividad asumió esta empresa
publicitaria.
Y es que, tal y como confesó ante el juez el
propio Mercado en lo que se refiere a la primera de estas campañas,
pactó con Matas poder cobrar parte de los gastos en dinero negro e
incluso manifestó que existía el acuerdo con el exministro de que parte
de los gastos electorales que se debían cobrar en negro y no se
cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de
contratos públicos que se le prometían.
Mercado explicó cómo Areal establecía los pagos en dinero A y B -opaco
al fisco-, si bien en una ocasión fue Rodríguez quien efectuó el pago de
dinero negro, en las antiguas oficinas del partido. "Pero el grueso de
los pagos en negro me los hizo Areal, a quien supongo que Matas ya le
había dado instrucciones", apuntó el declarante.
Al hilo de lo
anterior, Mercado recordó que quien dirigía la campaña electoral era el
propio expresidente, si bien los interlocutores directos con él eran la
exconsellera de Obras Públicas Mabel Cabrer y el exconcejal de Urbanismo
en Palma Javier Rodrigo de Santos. Y es que, apuntó, cuando Matas era
ministro "tenía muy poco tiempo para atenderme, por lo que el trato más
directo lo tenía con Cabrer y De Santos".
Incidiendo en el
papel de Rodríguez, quien ya estuvo a punto de ser imputado en el marco
de otra causa de presunta corrupción, el caso Andratx, Mercado apuntó
que se trataba del dirigente que "realmente tomaba las decisiones en el
PP". Según recordó, los presupuestos que presentaba a los exaltos cargos
del PP en relación con los comicios eran supervisados por Rodríguez, ya
que éste tenía "una gran experiencia en costes de campañas
electorales".
Precisamente, respecto a Rodríguez, los
investigadores tienen en sus manos un documento con la anotación
'Reclamar pagos pendientes: José María Rodríguez 80.000', lo que, según
explicó Mercado, obedecía a que "este resto" se le tenía que abonar "en
concepto de los servicios electorales". "Consigné el pago para
reclamárselo a Rodríguez porque entendía que en el organigrama del PP el
señor Areal era un mero ejecutor, y quien tomaba realmente las
decisiones era Rodríguez", aseveró.
Rodríguez, exsenador por
Baleares y exsecretario genera del PP en las islas, ya se vio las caras
con la justicia cuando en junio de 2010 el juez Francisco José Pérez le
citó como testigo en la causa de corrupción urbanística conocida como
caso Andratx, para ser interrogado sobre si fue él quien alertó al
exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo -quien cumple condena por este
proceso- de que iba a ser detenido, todo ello la misma mañana de los
hechos.
De hecho, tan sólo dos días antes -sábado por la mañana-, Rodríguez e
Hidalgo mantuvieron varias llamadas para concretar la reunión que, por
la tarde, mantendrían con Matas en la sede de la Presidencia del Govern
balear, donde el expresidente insinuó al alcalde que algo iba a suceder
en su Ayuntamiento y que, en ese caso, debía dimitir.
Al día
siguiente, domingo, Hidalgo acudió al Consistorio para destruir
documentos que posteriormente fueron encontrados por la Guardia Civil en
la basura. Durante la declaración de Rodríguez, el magistrado le
advirtió en varias ocasiones de que podía ser imputado por un delito de
falso testimonio ante las contradicciones en las que el exconseller
estaba incurriendo durante el interrogatorio.
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