Merkel y Rajoy coinciden en más reformas para asegurar el crecimiento

SANTIAGO DE COMPOSTELA.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy y la canciller alemana, Ángela Merkel, coincidieron el lunes en avanzar en las reformas estructurales para consolidar un crecimiento todavía incipiente en Europa y rechazaron las crecientes críticas a las políticas de austeridad en la región.

"Hay que seguir con políticas de consolidación fiscal (...) las reformas estructurales a veces son duras, pero son las que aumentan la competitividad de las economías", dijo Rajoy en una rueda de prensa conjunta con Merkel tras una visita de dos días de la mandataria alemana a la ciudad natal del presidente del gobierno español.

"Nosotros en España vamos a seguir haciéndolas a lo largo de lo que queda de legislatura", dijo Rajoy que, al igual que Merkel, rehusó hacer comentarios sobre la dimisión en bloque esta mañana del Gobierno francés después de duras críticas a las políticas de austeridad.

"Yo deseo al presidente francés todos los éxitos en su agenda de reformas, ha propuesto pasos muy valientes (...) por supuesto no vamos a comentar los hechos, esto lo hará Francia", dijo Merkel.

Aunque España ha acelerado la tímida recuperación iniciada el año pasado con tasas de crecimiento en el PIB durante cuatro trimestres consecutivos, el último a la cabeza de Europa con una tasa del 0,6 por ciento, el crecimiento en Europa parece haberse estancado, con datos decepcionantes en Italia, Francia y Alemania.

"Si no pasa nada dramático, espero que nuestra tasa de crecimiento anual sea buena", dijo Merkel tras reconocer que la crisis de Ucrania va a afectar a la economía alemana, que en el segundo trimestre sufrió una inesperada contracción del 0,2 por ciento.

La canciller abogó por aumentar la competitividad para generar crecimiento y mejorar el empleo. "Hay un malentendido, muchas veces se dice que para el crecimiento se necesita más y más dinero y eso no es siempre cierto", dijo.

"Con menos burocracia, aumentando el mercado único, con el libre comercio, a través de inversiones en investigación y desarrollo se puede generar crecimiento".

Merkel también dijo que apoyará en el próximo consejo europeo la propuesta del Gobierno español para tener un mercado energético único más interconectado y competitivo, especialmente en electricidad, con el fin de que España y Portugal puedan exportar a través de Francia la energía que generan.

"El principal tema es el mercado único de electricidad, hay que eliminar las barreras y el mercado se va a crear por sí solo ... apoyo todas las demandas españolas en ese contexto".

Mientras tanto, Rajoy quiso dejar claro que la actuación del BCE, en relación a los tipos de depósito negativos y a una nueva ronda de financiación ultrabarata a los bancos en septiembre y diciembre para impulsar el crédito a las pequeñas y medianas empresas, apoyarán el crecimiento en la zona.

Tanto Merkel como Rajoy insistieron en la necesidad de avanzar en una política común y en la integración de una Europa que en ocasiones progresa de forma lenta.

Mientras que Merkel apoyó los esfuerzos económicos de los españoles, Rajoy mostró consenso en relación con las crisis internacionales y destacó que en que la única solución posible a la crisis de Ucrania es diplomática.

"Solo puede haber una solución política a esta crisis", para añadir: "hemos de saber combinar firmeza y prudencia".

Los técnicos de Hacienda aseguran que las clases medias españolas pagarán la última reforma fiscal

MADRID.- Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que la reforma fiscal del Gobierno es "regresiva" porque serán las clases medias españolas las que amortiguen una vez más la rebaja a las grandes fortunas, atentando así contra el artículo 31 de la Constitución que establece cómo el sistema tributario debe aportar recursos suficientes para garantizar el estado del bienestar y cómo cada ciudadano debe contribuir con progresividad en función de su capacidad económica.

En un comunicado, Gestha asegura que la progresividad es la "gran perjudicada" de la reforma al simplificar de siete a cinco los tramos actuales del IRPF. A su parecer, los principales beneficiarios de la reforma no sumarán más de 73.000 contribuyentes. Por el contrario, los 11,5 millones de trabajadores y pensionistas que ganan menos de 11.200 euros anuales no se verán afectados por la rebaja fiscal propuesta por Moncloa, ya que actualmente no tributan.

"El Gobierno, al no bajar otros impuestos que soportan los ciudadanos, como el IVA o los impuestos sobre los Hidrocarburos o la Electricidad, no puede afirmar con la rotundidad que lo hace que la presión fiscal haya bajado para todos. Tampoco podemos hablar de una reforma integral del sistema fiscal sino sólo parcial", ha señalado el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.

De hecho, Gestha explica que la rebaja en el primer tramo de la escala del IRPF y el aumento de las cuantías de los mínimos personales y familiares afectan a todos los contribuyentes por igual, por lo que los 8,8 millones de ciudadanos que cobran entre 12.450 y 33.000 euros amortiguarán el impacto de la rebaja fiscal de las grandes fortunas, con un aumento de sus tipos de entre 0,25 y 1 punto sobre la tarifa vigente.

Por otro lado, los Técnicos consideran que comparar los efectos de esta nueva reforma con la tributación de 2011 tiene "trampa" y lleva a equívoco a la ciudadanía, ya que "tapa" la mayor bajada para las rentas más altas.

Mollinedo ha criticado también que el Gobierno no haya precisado cómo se financiará la caída de ingresos y considera posible que se compense con otras fórmulas como el copago o la privatización parcial de entes públicos como AENA, que reportará unos 2.500 millones. A su parecer, y de confirmarse este último punto, se trataría de vender acciones de empresas públicas rentables para rebajar impuestos que, además, perjudican la progresividad y la suficiencia del sistema tributario.

Sobre la bajada de la tributación de rentas del capital, Gestha cree que beneficia a las mayores fortunas y afecta negativamente a la progresividad porque quien obtenga más de un millón de euros en dividendos pagará proporcionalmente igual que un trabajador o autónomo que gane 50.000 euros.

En cuanto a la rebaja de Sociedades, los técnicos dicen que sólo beneficiará a las grandes empresas que, según ha explicado, tributan a una media del 3,5%, ocasionando una pérdida recaudatoria de 26.000 millones. A su parecer, "acercar el tipo nominal al efectivo no debería hacerse bajando tipos y la reducción de las deducciones no es suficiente para compensar la caída en la recaudación. Así, piden analizar el efecto que tiene en las compañías que facturan más de seis millones.

Finalmente, considera "positiva" la publicación de la lista de deudores tributarios, siempre y cuando se complete con la lista de delitos fiscales y los nombres de la multinacionales que eluden impuestos. No obstante, echan en falta medidas adicionales para reducir la elevada tasa de economía sumergida en España, del 24,6% del PIB.

Por este motivo, apuesta por intensificar la lucha contra el fraude, centrando la investigación y persecución del fraude en las grandes empresas y fortunas, que son responsables del 72% de la evasión total, muy por encima de pymes, microempresas y particulares, a pesar de que solo concentran el 20% de los esfuerzos del fisco, tanto en plantilla como en recursos.

Al mismo tiempo, propone cambios impositivos para reducir la elusión fiscal, como un Impuesto a las Transacciones Financieras, cambios en las SICAV y en las sociedades patrimoniales, reducir la dualidad fiscal de rentas del trabajo y del autónomo respecto de las rentas del capital y más control de los paraísos fiscales. Igualmente, reclama ampliar la limitación del uso de efectivo para operaciones superiores a 1.000 euros y que quien incumpla no pueda deducir el gasto en el IRPF, Sociedades e IVA.

El Gobierno español prevé ahorrar 37.700 millones con la reforma de la Administración

MADRID.- El Gobierno español de Mariano Rajoy calcula un ahorro de 37.700 millones de euros con las medidas de racionalización de las administraciones públicas, la reforma de la administración local y las medidas estructurales sobre el empleo público, entre el año 2012 y hasta 2015, cuando se prevé la completa implantación. 

  Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha presentado las medidas que contienen el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), algunas de las cuáles ya adelantó hace dos días el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Si se aplicasen las 217 medidas recogidas en ese documento, el ahorro sería de 6.500 millones

  Sáenz de Santamaría ha avanzando que el Ejecutivo ha creado además una Oficina de seguimiento de este proyecto, puesto que su aplicación se plantea a largo plazo. Al frente de la misma estará Angelines Trigo, inspectora de los servicios de la Administración General del Estado y que tendrá rango de subsecretaria, que realizará un informe cada tres meses sobre la implantación de la reforma y anualmente presentará un "análisis exhaustivo y global de lo hecho y de lo que queda por hacer".

  La portavoz del Ejecutivo ha explicado que 37.000 millones es la cifra "global" del ahorro incluyendo desde el 2012 al 2015, y todo el "adelgazamiento" de las administraciones públicas, esto es, las medidas de la CORA, la reforma local -cuyo ahorro se aproxima a los 8.000 millones de euros-- y las medidas estructurales sobre empleo público --alrededor de 19.000 millones--.

   Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno ha calculado lo que ahorra la administración y lo que ahorra el ciudadano. Según ha dicho, hasta su completa implantación en el 2015 la reforma genera a las administraciones públicas un ahorro de 6.500 millones y al ciudadano de 16.300 millones.

   Sin embargo, muchas de esas medidas dependen de la voluntad de las comunidades autónomas, a las que se les ofrece "una guía" de recomendaciones y sugerencias para ahorrar y mejorar su situación financiera en el cumplimiento de los objetivos de déficit. De hecho, el informe del Gobierno incluye en concreto 120 medidas sobre duplicidades.

   Fuentes gubernamentales han admitido que en los 6.500 millones de euros que calcula el Ejecutivo se han contabilizado las medidas sobre duplicidades como la supresión de defensores del pueblo autonómicos, tribunales de cuentas o agencias de protección de datos. Las mismas fuentes han explicado que el Gobierno tiene cálculos sobre lo que cuesta tramitar una queja ante el Defensor del Pueblo Nacional, que ascendería a unos 400 euros, y lo que cuesta ante el mismo órgano a nivel autonómico, que se elevaría a unos 800 euros.

  Sáenz de Santamaría ha subrayado en la rueda de prensa que el objetivo del Gobierno es hacer una administración "más racional, más eficaz y eficiente", así como que "funcione mejor" y de una "manera más barata".

   En parecidos términos se ha expresado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que ha señalado que es una reforma dotada de "autenticidad" que pretende hacer más eficaces a las administraciones para que sean "trampolines" para salir de la crisis económica.

Aznar exige a Rajoy una bajada de impuestos y reducir la administración

MADRID.- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha enumerado este lunes un "profundo" programa de reformas que debe llevar a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy para "dar continuidad al proyecto nacional que formuló el PP ante los españoles". Dentro de ese "reformismo de alta intensidad", ha citado medidas como una reducción del tamaño de las administraciones públicas que ordene "eficientemente" el reparto de competencias y un sistema fiscal "al servicio del empleo y el crecimiento".

Aznar ha hecho estas consideraciones durante su intervención en el Club Siglo XXI en el marco del ciclo de conferencias organizado por el exministro Eduardo Zaplana con motivo del trigésimoquinto aniversario de la Constitución, un acto que ha contado con la asistencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Industria, José Manuel Soria. En representación del PP ha acudido el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano.

Entre los asistentes también se encontraban su esposa y alcaldesa de Madrid, Ana Botella; los empresarios Luis de Rivero, Fernando Fernández Tapias y Enrique Cerezo; el exportavoz del Ejecutivo Pío Cabanillas; el exsecretario de Comunicación del PSOE Fernando Moraleda; el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty; y los parlamentarios Gabriel Elorriaga, Ana Torme y Pilar Marcos, entre otros.

Alrededor de mil personas han escuchado esta conferencia de Aznar, que se produce tres semanas después de las duras críticas que él mismo lanzó en una entrevista en Antena 3 contra la gestión de Mariano Rajoy. En aquella aparición televisiva pidió bajar ya los impuestos, cumplir el programa electoral y llevar a cabo una acción política más decidida frente a la "languidez de la resignación". También dejó abierta la posibilidad de volver a primera línea de la política activa, una opción que no ven viable en su partido.

Aznar, más suave en las formas en su conferencia de hoy, ha recordado que el PP es el partido "que ha mantenido un voto más fiable incluso en las circunstancias menos favorables" y ha añadido que "la responsabilidad" con los electores y con España en las elecciones generales de 2011 es "histórica". Y por eso ha dicho que ese voto debe entenderse como "un mandato para retomar un programa de reformas tan profundo como lo requiere el contexto nacional e internacional" y para dar continuidad al proyecto nacional que formuló el PP ante los españoles y en el que los votantes se reconocieron".

Dicho esto, el expresidente del Gobierno ha dedicado el grueso de su intervención a enumerar las medidas que deben emprenderse para "revitalizar los cinco compromisos fundamentales que definieron la Transición". A su entender, hay que "renovar para actualizar los objetivos históricos de la Transición", así como "atender y encauzar la voluntad de cambio de la que está dando muestras inequívocas la sociedad española".

En primer lugar, José Maria Aznar ha pedido dejar claro que "no está abierta la discusión sobre la Nación española ni sobre su soberanía", asegurando que "cualquier acuerdo nuevo se haga para reforzar la nación y no para debilitarla".

En segundo lugar, ha apostado por "renovar y fortalecer" el funcionamiento del sistema democrático y el respeto al Estado de Derecho, ya que, según ha señalado, hay una crisis política que exige soluciones y reformas políticas. "Reformas incisivas para reforzar y modernizar la democracia representativa, no para liquidarla", ha avisado, para precisar que esas reformas significan "mucho más que el adelgazamiento del aparato público o el incremento de la eficacia administrativa".

Se trata, ha proseguido, de asegurar la división de poderes, mejorando los procedimientos democráticos, corrigiendo la fragilidad de numerosas instituciones y reformando a fondo la organización y funcionamiento de la Justicia. Es más, ha dicho que los partidos tienen que ser "el cauce de las reformas", "no su dique de contención".

Y en medio de los numerosos casos de corrupción que salpican la vida política española, ha defendido la necesidad de llevar a cabo reformas para "asegurar el cumplimiento de la ley y la honradez en la gestión de lo público". Según ha dicho, "sin ley no hay democracia" y los que dicen "apelar a la democracia para que se prescinda de la ley están amenazando gravemente los fundamentos más elementales del Estado democrático de derecho".

En tercer lugar, el expresidente ha urgido a "estabilizar definitivamente la estructura territorial", de modo que, garantizado la unidad nacional tanto como la autonomía, se "supere el vaciamiento creciente de lo común y se asegure la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos y la solidaridad de todos los españoles". En su opinión, es hora de incrementar la racionalidad organizativa y económica del modelo territorial, tanto en lo que se refiere al Estado Autonómico como a los entes locales.

Según Aznar, reducir el tamaño de las administraciones públicas, restablecer la estabilidad y el control presupuestario de todas ellas, garantizar la unidad de mercado y ordenar "eficientemente" el reparto de competencias "parece hoy indispensable" para consolidar el Estado de las Autonomías. "Y habrá que instrumentar para ellos los cambios normativos que resulten precisos", ha indicado.

Sáenz de Santamaría, que escuchaba atentamente su conferencia en primera fila, presentará antes del 30 de junio el informe sobre la reforma de las administraciones públicas del Gobierno en el que un grupo de trabajo liderado por el subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, lleva trabajando desde hace varios meses.

Ante el órdago soberanista de Artur mas, ha afirmado rotundo que el esfuerzo que los españoles han realizado para alcanzar el compromiso que equilibra unidad y diversidad en el Estado Autonómico "no puede ser malbaratado por la gravísima deslealtad de algunos".

 "Y en nuestra Constitución, tanto como en la decidida voluntad de convivencia de los españoles, hay resortes suficientes para evitarlo", ha proclamado.

En cuarto lugar, Aznar ha apostado por "flexibilizar y estabilizar la economía" alegando que es "lo que necesitan las clases medias y lo que hará posible el bienestar". Y en este punto, ha pedido de nuevo una bajada de impuestos.

"Nuestro sistema fiscal no se adapta a la sociedad de hoy. Es necesario cambiarlo y ponerlo al servicio del empleo y del crecimiento, no al servicio de las administraciones. No podemos resignarnos a ser la sociedad que nuestras administraciones nos imponen. Ellas tienen que servir a la sociedad que queremos", ha aseverado.

Además, el expresidente del Gobierno ha asegurado que es "preciso" renovar el pacto social para adaptarlo a tres circunstancias que no se votan en las elecciones sino que son realidad: la unión monetaria, una economía global y una demografía y una esperanza de vida que "obligan a cambiar políticas y modelos" para hacer sostenible el Estado de Bienestar.

Finalmente, como quinto objetivo nacional Aznar ha asegurado que hay que "recobrar" la posición de España en Europa y en el mundo. "Alcanzar esos objetivos exige de todos una actitud constructiva y decidida, la actitud de no estar contra nadie sino de estar con los españoles", ha proclamado.

Durante su intervención, Aznar ha lanzado duras críticas contra el PSOE y la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero, acusando a la izquierda de no adaptarse a los cambios globales, no "anticipar" la crisis e iniciar, junto al nacionalismo, "el camino de vuelta hacia políticas de exclusión" como el Pacto de Tinell.

El Gobierno no suprime concejales y permite sueldos de hasta 100.000 euros

MADRID.- La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno ha ido perdiendo por el camino las pretensiones iniciales expresadas por el propio Ejecutivo. Así ha ocurrido al menos en dos asuntos tan llamativos como el número de concejales y las retribuciones de los alcaldes, ya que se ha pasado de anunciar una eliminación del 30 por ciento de ediles a no tocar ninguno y de rebajar a unos 70.000 euros los sueldos máximos de los alcaldes a permitir que alcancen los 100.000 euros.

   Ambos aspectos figuraban en el informe aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado y han desaparecido del nuevo informe que este viernes ha visto el Consejo de Ministros.

   El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comenzó a trabajar en esta reforma nada más arrancar la legislatura, hace un año, y ha mantenido negociaciones con todas las administraciones territoriales, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la oposición, especialmente con el PSOE.

   El camino ha sido tortuoso y le ha granjeado al Gobierno las críticas de alcaldes de su propio partido, discusiones con las autonomías por una posible invasión de competencias, dudas de la FEMP y el rechazo absoluto de los socialistas.

   Conforme han avanzado los meses, las negociaciones y la contestación, algunos asuntos muy destacados de la reforma inicial se han eliminado. Es el caso de la reducción de concejales, situada en un 30 por ciento en julio del año pasado, cuando se aseguró que ningún pleno municipal contaría con más de 35 asientos; hace unos días, esa rebaja se situaba ya en el 10 por ciento y hoy se ha reducido a cero.

   En cuanto a las retribuciones de los alcaldes, se anunció su equiparación, para los de las ciudades mayores, al sueldo de un secretario de Estado; esto es, 68.981 euros. No se dijo entonces lo que hoy ha aclarado el ministro Cristóbal Montoro, que ese sueldo lleva añadidos varios complementos que elevan la retribución final a los casi 100.000 euros.

   Pese a todo, se ha multiplicado el ahorro que según el Gobierno se puede lograr con esta reforma: 7.129 millones de euros, el doble de los 3.500 previstos inicialmente. Fundamentalmente, porque cada competencia será ejercida por una sola administración y porque desaparecerán empresas públicas y entidades intermedias, como las mancomunidades.

   El proceso de reforma, en cualquier caso, va a ser largo y aún caben nuevas modificaciones. Fuentes del Gobierno aseguran que la iniciativa, que por el momento es solo un informe, no se convertirá en ley probablemente hasta el año que viene, es decir, en vísperas de las próximas elecciones municipales de 2015. Será en la próxima legislatura local cuando todas estas novedades empiecen a surtir efectos.

   Habrá tiempo por tanto para retomar negociaciones rotas y profundizar en las que el Gobierno aún mantiene. El departamento que dirige Antonio Beteta, secretario de Estado de Administración Local, ha recibido cientos de aportaciones de comunidades autónomas, de expertos, de diputaciones, ayuntamientos y partidos políticos.

   Las negociaciones han sido intensas también con el PSOE desde el principio del proceso. Ambas partes intercambiaron propuestas y las relaciones han sido fluidas entre los dos principales partidos del país, con Javier Arenas (PP) y Gaspar Zarrías (PSOE) a la cabeza.

   Pese a todo, las posturas se han distanciado ante la convicción socialista de que el interés principal del Gobierno es privatizar servicios que ahora son públicos. Así las cosas, y al entender que sus propuestas no eran escuchadas, el PSOE dio por rota la negociación.

   No han sido tampoco fáciles las cosas con los propios municipios del PP; primero, con los de tamaño menor, que en un principio se vieron abocados a la desaparición. Finalmente, los que no sean eficientes dejarán de prestar servicios, que serán ofrecidos por la diputación, pero no se disolverán.

   La reforma ha tenido otros aspectos que no han gustado a los ayuntamientos, al margen de su color político; por ejemplo, que los interventores municipales vuelvan a responder ante Hacienda y no ante el alcalde.

Casi cuatro de cada diez españoles apuesta por acabar con las CCAA

MADRID.- Casi cuatro de cada diez españoles son partidarios de un Estado con un único Gobierno central y sin comunidades autónomas o mantenerlas pero restándoles autonomía, según se desprende del último Barómetro de Opinión realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

   La encuesta se basa en 2.483 entrevistas realizadas en 238 municipios de 48 provincias entre los pasados 4 y 14 de enero, en pleno debate sobre el proceso de autodeterminación iniciado en Cataluña por CiU y ERC.

   Los resultados que arroja el sondeo correspondiente al mes de enero no difieren apenas del de diciembre. Así, al ser preguntados por el modelo de Estado que prefieren, la posición mayoritaria, elegida por el 32,1 por ciento de los encuestados, sigue siendo la de dejar las cosas como están, esto es, con un Estado con comunidades autónomas.

   Sin embargo, hasta un 24,2 por ciento prefiere acabar con las autonomías, un porcentaje muy similar al de hace un mes (24,6 por ciento), mientras que un 14,5 por ciento apuesta por mantener las comunidades pero que estás tengan menos autonomía, una posibilidad que aumenta algo más de dos puntos con respecto a diciembre (12,3 por ciento).

   En el otro lado de la balanza, un 11 por ciento de los ciudadanos defienden comunidades con mayor autonomía que en la actualidad, casi un punto más que en el barómetro de hace un mes, y un 9,2 por ciento apoya un modelo en el que las autonomías puedan decidir si quieren la independencia (en diciembre este cifra era de un 9,4 por ciento).

   Asimismo, el sondeo refleja que más de la mitad de los encuestados se sienten tan españoles como de su comunidad autónoma (54,5 por ciento). Además, un 14,7 por ciento declara sentirse únicamente español, un punto menos que en la última encuesta, y un 6,3 por ciento asegura sentirse únicamente de su comunidad autónoma, también ligeramente inferior al porcentaje reflejado en la encuesta de diciembre.

El Gobierno español retrasa la aprobación de la reforma local

MADRID.- La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que se retrasa la aprobación del anteproyecto de ley de reforma local ante las "observaciones" expresadas por varios ministerios sobre su contenido, y no por evitar presentarlo en medio de la polémica surgida por las informaciones sobre el llamado 'caso Bárcenas'.

   Así se ha pronunciado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno trabaja desde hace un año en la reforma de la administración local y se espera que apruebe un anteproyecto en breve. El propio Mariano Rajoy llegó a poner la fecha del pasado 25 de enero, pero la iniciativa se retrasó y cabía la posibilidad de que fuera aprobada hoy.

   La portavoz ha sido preguntada por la posibilidad de que el Gobierno haya preferido esperar a dar a conocer su propuesta ante la evolución del citado 'caso Bárcenas', que afecta al PP, pero lo ha negado. Según ha dicho, el miércoles por la mañana, antes de la publicación por El País de una supuesta contabilidad B de ese partido, ya era poco probable que el Consejo de Ministros viera hoy el tema.

   "Tiene observaciones de distintos ministerios", ha explicado Sáenz de Santamaría, que están revisando el reparto competencial de la nueva ley y tienen "preocupación de que quede bien detallado".

 "Hay asuntos que se deben perfilar. No hay ninguna causa sobrevenida", ha zanjado.

El Foro de la Sociedad Civil quiere una España unitaria: 300 circunscripciones electorales

MADRID.- El Foro de la Sociedad Civil -que preside el ex ministro Ignacio Camuñas- ha hecho público este miércoles en la Asociación de la Prensa de Madrid un Manifiesto para reformar la Constitución y la Ley Electoral en el que aborda la quiebra que sufre nuestro Estado Autonómico y la creciente pérdida de credibilidad y desafección que padece la clase política en estos momentos, según www.hispanidad.com
Ignacio Camuñas, durante el acto de presentación, ha pedido públicamente el apoyo de la Sociedad Civil al Manifiesto a través de la página web de la organización (www.forosociedadcivil.org) ya que, según sus palabras, “solamente si la sociedad civil presiona adecuadamente, las fuerzas políticas se verán impelidas a iniciar la reforma de la Constitución a la que hasta ahora se han mostrado totalmente remisos”.
El Manifiesto aborda dos cuestiones de máxima actualidad. La primera hace referencia al Estado Autonómico para el que se solicita su supresión y sustitución por un Estado Unitario, con un solo Gobierno, un único Parlamento y un Tribunal Supremo para todo el territorio de nuestro país.
El Foro justifica esta petición afirmando que la vigente estructura del Estado ha demostrado ya con creces ser disgregadora de la unidad nacional, ineficiente y tendente al despilfarro. Además, según se afirma en el Manifiesto, esta estructura no ha sido capaz de asegurar la igualdad de derechos y obligaciones entre todos los españoles y ha ocasionado la ruptura de la unidad de mercado tan necesaria para el correcto funcionamiento de la actividad económica de nuestro país.
La segunda cuestión afecta al procedimiento de elección y selección de nuestra clase política. Según el texto, las listas de partido cerradas y bloqueadas han dado lugar a un sistema representativo insatisfactorio en donde los electores no conocen en la mayoría de los casos a sus representantes, limitándose éstos a obedecer por lo general las consignas del mando y actuando así, tantas veces, de espaldas a las verdaderas aspiraciones e intereses de los representados.
El Manifiesto defiende sustancialmente un sistema electoral mayoritario con circunscripciones de pequeño tamaño para la elección de 300 diputados, conservándose para la elección de los 50 restantes, el sistema proporcional en elección única a escala nacional.
El Foro propone, a este respecto, suprimir las subvenciones públicas a los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales para favorecer la necesaria relación y dependencia de estas organizaciones con sus respectivos afiliados.
El Manifiesto concluye afirmando que la reforma que propone, además de la virtualidad política que encierra, supondrá así mismo un considerable ahorro de Gasto Público tan importante siempre y más en estos momentos en que España se encuentra sumida en un grave crisis económica que sufren la mayoría de los ciudadanos y, especialmente, los sectores más jóvenes de nuestra sociedad.
El Foro de la Sociedad Civil pretende ser un foro de estudio y debate permanentes, un lugar de encuentro abierto a la pluralidad de realidades de nuestro país y una plataforma de lanzamiento de nuevas ideas y propuestas que ayuden al proceso continuado de modernización y avance de España en las próximas décadas, de tal manera que trate de convertirse en el germen de un movimiento de renovación de la vida democrática en España.

Los alcaldes españoles cobrarán en función de la población del municipio

MADRID.-  El Gobierno fijará el salario de los alcaldes españoles en función de la población del municipio que gobiernan y estará en relación con lo que cobran los altos cargos del Estado. De acuerdo con esta homologación salarial, ningún regidor cobrará más que un secretario de Estado, cuya retribución en los actuales Presupuestos Generales del Estado ronda los 68.000 euros, según han informado fuentes de la negociación. Esta retribución será para los alcaldes de las grandes ciudades, el resto cobrará por debajo de ese tope, modulado según el número de habitantes.

   El establecimiento de ese tope salarial implicará una rebaja sustancial en la remuneración que reciben muchos regidores, especialmente los de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, ya que Ana Botella y Xavier Trias superan los 100.000 euros anuales.

   El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está trabajando en unas tablas salariales en las que se homologarán los sueldos municipales a los de los altos cargos de la Administración del Estado y se tendrá en cuenta el número de habitantes de la corporación local.

   A la espera de concretar los tramos, los regidores de los grandes municipios con más de un millón o millón y medio de habitantes --como Madrid o Barcelona-- tendrán una retribución similar a la de un secretario de Estado (68.365 euros).

   En el segundo escalafón, aunque está por definir la horquilla de población, cobrarán como un subsecretario de Estado (59.451 euros) y en el tercero, el sueldo será como el de un director general (50.832 euros), un tramo en el que previsiblemente se situarán la mayoría de los alcaldes de las capitales de provincia. Eso sí, habrá más tramos para los regidores de municipios más pequeños, a los que se les pagará como a un director general menos un determinado porcentaje en función de la población del consistorio.

   Las retribuciones de los concejales también se ajustarán a estos baremos, de forma que si el alcalde de un municipio cobra como un secretario de Estado sus concejales percibirán un sueldo un poco menor, que se fijará restando un determinado porcentaje al sueldo del regidor.

   El Ejecutivo también trabaja en una reducción del número de concejales, que no será una disminución generalizada del 30 por ciento como se dijo el pasado verano sino que se modulará en función de las circunstancias del consistorio.

   Las fuentes consultadas barajan que esa reducción pueda oscilar entre el 20 y el 30 por ciento y para ello se tendrán en cuenta algunas variables como la población del municipio o los presupuestos del mismo.

   Paralelamente, el Gobierno quiere aprovechar estos cambios para rebajar el número de ediles con dedicación exclusiva, de tal manera que sólo cobrarían un suelo los liberados, mientras que el resto percibiría dietas por asistencia a los Plenos.

   Aparte de los sueldos municipales, uno de los principales asuntos en los que está volcado el Gobierno es la clarificación de competencias, ya que evitar duplicidades y solapamientos constituye la principal fuente de ahorro de la reforma local.

   Así, la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local delimitará "en positivo" cuáles son las competencias de los ayuntamientos, con el fin de corregir las llamadas competencias impropias que asumen la mayoría de los consistorios en este momento.

   Junto a esas competencias exclusivas, los ayuntamientos podrán ejercer otras contando con financiación suficiente y teniendo previamente resuelta la financiación de las suyas propias. Además, las comunidades autónomas podrán cederles alguna competencia siempre que vaya acompaña de la financiación necesaria y de un convenio que fije el número de años que la ejercerá, explican las fuentes consultadas.

   El Ministerio de Hacienda, el PP y el PSOE está perfilando aún cuáles serían esas competencias municipales, uno de los aspectos de la reforma local en los que el Partido Popular espera que haya consenso, según fuentes 'populares'.

   En principio, el borrador que se presentó este verano --sobre el que se está trabajando-- propone que los ayuntamientos dejen de tener competencias en materia educativa y sanitaria y se centren en el resto de las que ya realizan, como el urbanismo, la asistencia social primaria o el abastecimiento de agua.

   La reforma local eliminará buena parte de las mancomunidades, que deberán presentar sus cuentas en tiempo y forma, es decir, cumplir la ley y reunir unos estándares de calidad para no desaparecer. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha explicado en diversas ocasiones que las diputaciones son la "mancomunidad natural", según la Constitución, entidades que prestan servicios agrupados a distintos ayuntamientos y reducen así los costes.

   En España existen 1.432 mancomunidades y el 71,3 por ciento no cumple su obligación de presentar cuentas anuales según el informe de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el anteproyecto de reforma de esta ley. El cálculo del departamento es que el ahorro por la supresión de estas entidades puede ascender a 700 millones de euros.

  Las fuentes consultadas consideran que el Consejo de Ministros aprobará esta reforma de la Ley de gobierno local en la primera quincena de enero, dejando estas semanas de Navidad para lograr el máximo consenso con los socialistas.

   Si la reforma de la Administración Local entra en vigor el próximo verano, como calculan las fuentes consultadas, los consistorios dispondrán de cierto respiro económico con el ahorro que implica la clarificación de competencias.

  El Ejecutivo no tiene previsto aprobar por el momento una reforma de la Ley de Haciendas Locales, un tema que se pondrá encima de la mesa cuando se revise la financiación autonómica, algo que empezará a abordar a partir de 2013.

El Gobierno español abrirá un buzón de sugerencias sobre la reforma de las administraciones públicas

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este martes que el Ministerio de la Presidencia abrirá en su página web un buzón para recoger las opiniones de los ciudadanos sobre la reforma de las Administraciones Públicas, según han informado hoy fuentes 'populares'.

   Se trata de que "las Administraciones escuchen a los administrados", en palabras de la portavoz del Ejecutivo. Sáenz de Santamaría ya puso en marcha una iniciativa similar antes de aprobar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que recibió centenares de aportaciones ciudadanas.

   Ésta ha sido una de las propuestas que se han puesto encima de la mesa en la reunión que han mantenido en 'Génova' miembros del Gobierno y de PP para dar un impuso a la reforma de las administraciones, con la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende racionalizar estructuras, procedimientos y recursos.

   Aparte de Sáenz de Santamaría, han asistido el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; y el vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido, Javier Arenas.

   La secretaria general del PP ha puesto de manifiesto la necesidad de que se lleve a cabo una reforma estructural de las Administraciones Públicas mientras que Arenas ha señalado que el objetivo es hacer una "revisión autocrítica" de las administraciones después de más de 30 años.

   Según el responsable de Política Autonómica y Local del Partido Popular tiene que desaparecer "lo que no hace falta". Se trata de eliminar lo que "sobra" y lo que sea "ineficiente", según han indicado las mismas fuentes.

El Gobierno y PP intentan avanzar en la reforma de administraciones públicas españolas

MADRID.- El Gobierno y el Partido Popular intentarán dar un impulso a la reforma de las administraciones públicas españolas que ha puesto en marcha Mariano Rajoy con el objetivo de racionalizar estructuras, procedimientos y recursos. Para ello se han convocado sendas reuniones, una en Moncloa más centrada en el ámbito local y otra en 'Génova' con carácter más autonómico.

   Así, el presidente del Gobierno recibirá en el Palacio de la Moncloa al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, que le trasladará la disposición de las entidades locales para trabajar en la reforma de la administración con "la máxima lealtad institucional, consenso y diálogo".

   A la misma hora, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; y el vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido, Javier Arenas, abordarán la reforma de las administraciones públicas en la sede del PP.

   A este encuentro asistirán también los consejeros de Presidencia y de Administraciones Públicas de las comunidades en las que gobierna el PP; así como los portavoces del PP de estas materias de las CCAA en las que no gobiernan. El objetivo es "coordinarse" y poner en común propuestas para racionalizar recursos y reducir estructuras.

   Cospedal ha explicado este lunes que pretenden introducir el criterio de eficacia en todas las administraciones, mediante la eliminación de duplicidades y la limitación de competencias que cada una debe asumir. Se trata, ha proseguido, de introducir el criterio de sostenibilidad en la gestión pública para hacerla lo más eficiente posible.

   La 'número dos' del PP ha señalado que están trabajando en propuestas que quieren compartir y estudiar "en el buen sentido con el PSOE en aras de conseguir un gran acuerdo". Por el momento, los responsables de Política Municipal de los dos principales partidos ya han mantenido algún contacto para dar pasos en la reforma de la administración local.

   Fuentes del PP han explicado que la vicepresidenta del Gobierno informará este martes de los trabajos de la comisión de estudio para la reforma integral de las Administraciones Públicas que se constituyó hace pocas semanas y que tiene que elevar una propuesta formal antes del próximo 30 de junio.

   El objetivo de esta comisión es auditar de "abajo a arriba" las administraciones para hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien" pero que es "insostenible" en tiempos de crisis, en palabras de Sáenz de Santamaría.

   Una de las primeras propuestas de esa comisión ha sido la reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado, que supondrá un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años.

   Por su parte, Montoro dará cuenta en esta reunión en 'Génova' de cómo marchan los trabajos para la reforma de la Administración Local, que pretende clarificar competencias municipales para evitar duplicidades (supondrá un ahorro de al menos 3.500 millones de euros).

   Esa reforma apostará también por la supresión de más de 3.000 entidades locales menores y mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no está asegurada y la eliminación de más de 21.000 concejales en las próximas elecciones municipales.

   Precisamente, Cospedal y Arenas mantuvieron el pasado jueves un encuentro con representantes de distintas federaciones de municipios del país, en el que subrayaron la apuesta del PP por reducir el número de concejales y los sueldos, así como mejorar la financiación municipal, aclarar las competencias, reforzar las diputaciones y eliminar buena parte de las mancomunidades.

   Fuentes del PP han asegurado que se trata de una reunión "ordinaria" en el marco de las muchas que organiza cada semana el partido para "coordinarse" con el Ejecutivo y han señalado que el objetivo de esta cita no es dar el visto bueno a ningún texto concreto que vaya a ir ya al Consejo de Ministros.

   En principio, desde el Gobierno se tiene intención de aprobar antes de que acabe el año la reforma de la Ley de Gobierno Local, clave en el marco de reformas estructurales anunciadas por Mariano Rajoy para esta legislatura.

España, ante el reto de adelgazar la burocracia regional

MADRID.- Las comunidades autónomas españolas se verán abocadas a reducir sus estructuras administrativas para adaptarlas a los tiempos de crisis, previsiblemente mediante la centralización de algunos sevicios y la privatización de otros, dijo el presidente de la comisión encargada de reformar las administraciones públicas.

El subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, que desde el Palacio de la Moncloa supervisará el trabajo de esta comisión, se mostró convencido de que se lograrán los consensos necesarios tanto con las comunidades autónomas (CCAA) como con la oposición para sacar adelante el proyecto, pese a que podría toparse con la resistencia de algunos gobiernos regionales.

"Estas cosas siempre cuestan, pero es que hay que hacerlas", dijo Pérez Renovales en una entrevista con Reuters, recordando que las regiones tienen unos estrictos objetivos de déficit que cumplir y por tanto pocas opciones de rechazar potenciales ahorros de gasto.

"A lo mejor es un problema a corto plazo reducir el tamaño de lo que tienen o juntarlo con lo que tiene el Estado, pero no creo que haya una resistencia enorme", afirmó.

Tras años de intensa descentralización, los gobiernos regionales se han convertido en la mayor de las administraciones públicas españolas, con más de la mitad de su personal y un tercio de su gasto total, gestionando servicios públicos clave como la sanidad o la educación.

El deterioro de su calidad de crédito y las estrictas condiciones de los mercados han dejado además a muchas de las regiones a expensas del Estado, que ha diseñado un plan de dos años para atender a sus necesidades de liquidez mientras las 17 comunidades se han comprometido a ahorrar 18.350 millones de euros en 2012.

Durante las "vacas gordas", las CCAA recibieron ingresos extraordinarios derivados del 'boom' inmobiliario que pasaron en muchos casos a ser gastos recurrentes, algo que la crisis ha hecho insostenible y las ha llevado a aprobar estrictos ajustes presupuestarios.

La comisión de reforma administrativa se enmarca en el plan reformista del Gobierno español, tras los cambios abordados en el mercado laboral o el sector financiero, en medio de una profunda recesión económica mientras el país trata de cumplir los objetivos de déficit pactados con Bruselas.

Uno de los objetivos de la comisión, que carece de una estimación de ahorro de gasto público y debe presentar sus conclusiones antes de mediados de 2013, es reducir la estructura administrativa allí donde se encuentren funciones duplicadas entre distintos departamentos o niveles de la administración.

Sin embargo, Pérez Renovales subrayó que en la estructura estatal, donde hay unos 237.000 empleados públicos, "no hay mucho margen" de adelgazamiento, por lo que la mayoría de los cambios tendrán que venir de las CCAA, en cuyas administraciones trabajan alrededor de 1,4 millones de personas.

"Las comunidades autónomas ya están ajustando (...) (pero) Lo que va a hacer este trabajo es darles muchísima más información y muchas propuestas para reducir su administración pública o para hacerla más eficiente", añadió.

El Gobierno insiste en que el objetivo es simplificar los cuerpos administrativos y no dar marcha atrás en el estado de las autonomías, aunque Pérez Renovales sí habló de "centralizar en el mejor sentido de la palabra".

El subsecretario puso como ejemplo la centralización de servicios como la gestión informática, la confección de nóminas o de selección de proveedores, al estilo de lo realizado en el ámbito de la sanidad con los procesos de compras centralizados de medicamentos.

Tampoco descartó que de la evaluación de algunos de los servicios analizados se concluya que no es necesaria la participación ni de la Administración central ni de la autonómica, y pudiera encomendarse al sector privado.

"Seguro que descubrimos que tanto aquí como allí hay funciones que pueden estar desempeñando dos organismos estatales y de la comunidad autónoma a la vez y puede que no tenga que desempeñarse por ninguno", declaró Pérez Renovales.

"Al final se trata de tener una administración que tenga justo el tamaño para hacer lo que la función pública te exija que hagas", afirmó.

Aunque las propuestas de la comisión no serán vinculantes, subrayó que los gobiernos regionales podrían verse "abocados" a asumirlas para cumplir con sus objetivos de déficit, ya que bajo la estricta ley orgánica de estabilidad presupuestaria, el Estado dispone de mecanismos para sancionar a las comunidades incumplidoras, y "hay total voluntad de aplicar la ley".

La reforma de las estructuras regionales irá de la mano de cambios en la Administración local, donde se está ultimando un proyecto de ley que clarificará las competencias de los ayuntamientos y que aspira a modificar radicalmente la prestación de los servicios municipales para hacerlos más eficientes.

"Siempre se dice que de las crisis pueden salir grandes proyectos de reforma, pues este es un ejemplo claro", aseguró Pérez Renovales, mostrándose convencido de que las reformas emprendidas sentarían las bases para un buen crecimiento futuro de España.

Rajoy augura una "larga senda de reformas" y "muchas batallas"

VALENCIA.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha manifestado este martes que queda aún una "larga senda de reformas" y "muchas batallas" que acometer, algunas de ellas "muy importantes" a nivel europeo, con el único objetivo de "recuperar la economía y que pronto se produzca crecimiento y empleo". De hecho, ha augurado que "la economía española volverá a crecer en 2014".

   Así lo ha señalado en su intervención en la apertura del II Congreso Nacional de Directivos de la APD, en la que ha estado acompañado por el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, entre otras autoridades de la Comunidad Valenciana y líderes empresariales. En su discurso, no ha realizado mención alguna a la huelga general convocada por los sindicatos para este miércoles.

   Rajoy ha indicado que "la situación aún es muy grave y el esfuerzo por realizar todavía es muy elevado", pero ha valorado que existen ya "algunos datos positivos que demuestran que se están corrigiendo nuestros tradicionales desequilibrio y que eso, además, se está haciendo a buen ritmo".

   Sin querer "caer en el optimismo", pero con el "alentador" convencimiento de volver a crecer en 2014, se ha mostrado "convencido de que se alcanzará la meta" si se evita dejarse "abatir por el desánimo" y ha recalcado, en este sentido, que el Gobierno "tiene fijado el rumbo" y serán "capaces de mantenerlo". También ha garantizado que librará esas importantes "batallas" pendientes "porque sabe perfectamente cuál es su objetivo, cuál es su rumbo y cuáles son los objetivos que tiene que poner en marcha".

   En su intervención, Rajoy ha admitido que su Ejecutivo ha adoptado "medidas dolorosas, que a nadie le gusta adoptar y que muchas no figuraban" en su programa.

 "Soy absolutamente consciente", ha dicho. No obstante, ha argumentado que "si no somos capaces de reducir el déficit y conseguir el equilibrio de nuestras cuentas, todo lo demás se vendrá abajo porque ni tendremos dinero ni tendremos quien nos lo preste".

 "Por eso estamos actuando, y no solo a corto plazo, sino forjando los cimientos necesarios para el futuro", ha sentenciado.

Garzón insta a los jueces a "no proteger a los reptiles depredadores que son los bancos"

PALMA DE MALLORCA.-  El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha manifestado que es en los asuntos sobre desahucios por falta de recursos económicos, entre otros ámbitos, donde los jueces "tienen una gran labor" que hacer en lugar de "proteger a los bancos, reptiles depredadores y tiranos".

   Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención ante los medios en un acto organizado por Proyecto Hombre Baleares con motivo de la conmemoración de su XXV aniversario, donde ha considerado que el sistema judicial español "tiene que evolucionar" para que la sociedad pueda confiar en él.

   Al ser preguntado en concreto por su confianza en los jueces, Garzón ha aseverado haber comenzado "a recuperar, en algún aspecto, la confianza" en ellos, aunque ha apuntado que se trata de algo "difícil" puesto que "hay muchos jueces que han demostrado no merecer que se confíe en ellos".

   En este contexto, Garzón ha apuntado que el sistema debe avanzar principalmente en el sentido de que las víctimas "sean debidamente protegidas" y la elección de la cúpula de la judicatura "cambie de modo que no exista la percepción de que a algunas personas no se les puede tocar".

Garzón  ha apelado a que se exija "una investigación exhaustiva y hasta las últimas consecuencias" en los casos de presunta corrupción que están siendo instruidos, al considerar que "si los jueces no dan la talla y se protege a quien más daño ha hecho, estarán actuando en perjuicio de la credibilidad y la transparencia".

Y  ha exigido "el máximo rigor y contundencia" en la instrucción y enjuiciamiento de las distintas causas que afectan a políticos actuales o exaltos cargos.

Garzón ha destacado el hecho de "tener la fuerza mental y la convicción en momentos difíciles para continuar trabajando en la línea que crees que debes seguir", tras lo cual ha apuntado que la solidaridad ha sido "el motor que me ha sustentado en los anteriores ámbitos".

   En este contexto, al ser preguntado por si una persona necesita ganar el reconocimiento de los demás, el exmagistrado ha respondido tajante que no, como tampoco "debe buscarse".

 "Esto también se puede encontrar en un apretón de manos o en un abrazo, que te llenan más que un premio falso en un acto donde hay muchas caras amables que en realidad no lo son". 

"Los reconocimientos buenos son los de la gente auténtica", ha sentenciado.

Los entes públicos podrán hacer despidos colectivos con 20 días por año

MADRID.- Los entes, organismos y entidades públicas podrán acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas (con indemnizaciones de 20 días por año trabajado) para desprenderse de personal laboral si la Administración Pública de la que forman parte hubiera tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior y si el crédito presupuestario del ente, organismo y entidad afectada se hubiera minorado en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

   A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   El reglamento, en vigor desde este miércoles, describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran hacer ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de reducción de jornada, y regula además el procedimiento que deberá utilizar el sector público en estos mismos casos y sólo con efectos sobre su personal laboral.

   En cuanto a los ERE del sector público, en el reglamento se especifica que se entenderán que concurren causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente" para la financiación de los servicios públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos.

   Se precisa, no obstante, que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando se den las siguientes circunstancias: que la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario en el ejercicio anterior y "que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores".

   Se podrá iniciar un procedimiento de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 días, el despido colectivo afecte al menos a diez trabajadores en aquellos departamentos ministeriales, entes y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la Administración Local que ocupen a menos de 100 trabajadores.

   También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de más de 300 trabajadores.

   El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo. Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad autonómica equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las circunstancias.  

   El procedimiento de despido colectivo se iniciará por escrito mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores y, con independencia de la causa alegada (económicas, técnicas, organizativas o de producción), dicha comunicación deberá contener una memoria explicativa de las causas del despido "y su relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria", así como los criterios que se han tenido en cuenta para el establecimiento de la prioridad del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo.

   En los despidos colectivos por causas económicas, las administraciones públicas deberán acreditar que existe la mencionada situación de insuficiencia presupuestaria, los presupuestos de los dos últimos ejercicios y, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios, la plantilla del personal laboral, el plan de ordenación de recursos humanos (si éste se ha tramitado), y una certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable donde conste que concurre la citada insuficiencia presupuestaria.

   Además de a los representantes de los trabajadores, el organismo promotor del despido tendrá que enviar una copia de la comunicación de apertura del procedimiento a la autoridad laboral. También tendrá que informar al Ministerio de Hacienda o a la autoridad autonómica equivalente en el caso de que el despido afecte, respectivamente, al personal laboral de la Administración General del Estado o a las comunidades autónomas, quienes podrán acordar la aplicación de la prioridad antes mencionada, con carácter vinculante, y emitir informe sobre el procedimiento.

   El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en los ERE del sector público se regirá por normas similares a las fijadas para los procedimientos iniciados por empresas privadas: al menos dos reuniones en empresas de menos de 50 trabajadores y al menos tres en empresas de 50 o más trabajadores. En el primer caso, el periodo de consultas no podrá superar los 15 días naturales y en el segundo no podrá sobrepasar los 30 días.

   No obstante, el periodo de consultas podrá darse por finalizado cuando las partes alcancen un acuerdo o cuando no se vean capaces de alcanzarlo, lo que deberán comunicar expresamente a la autoridad laboral.

   Las empresas públicas (también las privadas) que pretendan un despido colectivo de más de 50 trabajadores deberán incluir en la documentación inicial un plan de recolocación externa para los afectados por el ERE. En el caso del sector público, dicho plan será elaborado por el servicio público de empleo y en el caso de las empresas privadas, por empresas de recolocación autorizadas.

   Al finalizar el periodo de consultas, se informará del resultado a la autoridad laboral competente, al Ministerio de Hacienda (en el caso de que el despido afecte a la Administración General del Estado) o a la Dirección General competente (en el caso de comunidades autónomas).

El BCE asegura que las protestas no detendrán las reformas en España y Portugal

LISBOA.- Los planes de ajuste anunciados en España y Portugal no deberían verse afectados por las protestas de la ciudadanía en las calles debido a la fortaleza de los gobiernos de estos países para aplicar su agenda de reformas, aseguró el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Vitor Constancio.

  "Los gobiernos cuentan con mayorías parlamentarias tanto en Portugal como en España y tres o más años todavía por delante antes de nuevas elecciones", destacó el banquero portugués en una entrevista concedida a 'MNI'. "No creo que vayan a hacer descarrilar los programas", añadió.

   Por otro lado, el vicepresidente del BCE afirmó que los actuales tipos de interés, situados en el 0,75%, se encuentran a un nivel apropiado, defendiendo que un nuevo recorte de la tasa rectora del euro no tendría apenas impacto en la economía.

  "No tendría mucho, ciertamente... Los tipos ya son bastante acomodaticios, bastante bajos", aseguró Constancio.

Ministro Montoro: "Tenemos que seguir reformando para salir de la crisis" en España

GANDIA.- El ministro español de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha valorado el esfuerzo que "todos" están haciendo en España para salir de la crisis pero, "no vayamos a engañarnos", ha advertido el ministro, "no hemos llegado ni a una meta volante" y "tenemos que seguir reformando para salir de la crisis".

   Montoro se ha expresado de esta manera en la escuela de verano que el PP celebra en Gandia (Valencia) durante la conferencia 'Europa y el euro en el camino de la recuperación de la economía española', en presencia del presidente del Congreso, Jesús Posada, la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

   Así, el titular de Hacienda ha recalcado que "no hemos llegado  a término" y por eso "estamos haciendo una política de ajuste para que podamos tener una recuperación viable y segura pero que salvaguarde la cohesión social" y esto "lo tenemos que explicar", ha pedido.

   En este sentido, Montoro ha señalado la necesidad de "equilibrar las cuentas públicas porque "nos va en ello la salida de la crisis" ya que "un país que debe tanto dinero necesita eliminar el déficit de sus administraciones para seguir creciendo y que las administraciones sean impulsores del crecimiento y no compitan por el crédito". Por eso, la reforma del sector público es "fundamental".

   En este sentido, ha insistido en la reforma de las administraciones para evitar duplicidades, de manera que una administración suponga una competencia. Montoro ha apuntado  que la Ley de Bases de Régimen local "entrará en la definición de las competencias de todas las administraciones públicas".

   Por otro lado, el ministro ha defendido que Europa es el camino de salida de la crisis porque el euro proporciona "estabilidad" y, en este sentido, ha apuntado que "es cierto que muchas veces el mensaje que viene de Europa es de sacrificio y de retroceso económico y social, pero esa no es la Europa que estamos construyendo".

   Montoro ha declarado al respecto que "no estamos en Europa para que nuestros jóvenes no tengan trabajo, o haya un dominio de la desconfianza de lo que significa ser europeos", sino que Europa "es el gran proyecto moderno que va a demostrar que, a través de la integración económica, va a abrir el periodo de paz, respeto y libertades más largo de la historia de Europa".

   Ante esa Europa, el ministro Montoro ha destacado la necesidad de que España demuestre que "somos un país fiable y que nuestros ajustes "no merman la cohesión" del país; "ni es cierto -ha agregado-- que lleven a una sociedad más desequilibrada socialmente". Ese es un discurso que conviene "a los que perdieron las elecciones", ha afirmado.

   Montoro  que ha destacado las cifras conocidas esta semana sobre las deudas de las comunidades autónomas, ha aprovechado para criticar el "cliché de que las comunidades van a su aire y que el Gobierno el que hace esfuerzos"  porque los datos mencionados "demuestran que no es así".

   Por otro lado, Montoro ha realizado una defensa de Estado de las autonomías al recordar que en España "tenemos una democracia basada en el Estado de las autonomías". En este punto, ha señalado que "no son tiempos de recuperar modelos del pasado". Al contrario, "hay que demostrar que el modelo de las autonomías es gobernable", ha afirmado.

   Tras Montoro ha intervenido el presidente del Congreso, Jesús Posada, que, igual que el ministro, ha señalado que el Estado autonómico "ha sido un acierto para España con unos niveles de avance político a los que no hubiéramos llegado de otra forma".

   Posada, no obstante, ha señalado que se han creado "una serie de insuficiencias y solapamientos de gastos que hay que afrontar, aunque no es nada fácil" y "cuando decimos que una competencia, una administración, eso es difícil pero hay que hacer algo", ha apostillado.

Pérdida de la mayoría

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado por su parte que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "ha perdido ya la mayoría social" porque "justamente ha gobernado contra los valores mayoritarios de nuestro pueblo, de los ciudadanos de España y también de los de Euskadi".

   El dirigente socialista ha criticado que Rajoy "nos dice una y otra vez que para salir de la crisis tenemos que renunciar a la sanidad universal, a la escuela pública de calidad, a los derechos de los trabajadores".

   Rubalcaba ha participado este sábado en Vitoria, junto al candidato del PSE-EE a la reelección a la Lehendakaritza, Patxi López, en el acto de presentación de las candidaturas de los socialistas vascos a las elecciones del próximo 21 de octubre en Euskadi.

   En su intervención, Rubalcaba ha criticado que Rajoy "quiere salir con ideología de la crisis, pagando los que siempre pagan y dejando atrás a aquellos que no puedan salir porque finalmente, dicen, es el precio del progreso". Esta es, a su juicio, "una salida inmoral y económicamente disparatada".

   Según ha dicho, el PSOE está este sábado "con los miles de ciudadanos que en Madrid le están diciendo a Rajoy si piensas que la enseñanza es cara imagínate lo cara que es la ignorancia, que le están diciendo a Rajoy si tú piensas que la solidaridad es cara imagínate lo caro que es la falta de cohesión, la injusticia social y la pobreza".

   "Hay miles de ciudadanos que le están diciendo a Rajoy no, que esas políticas sólo han creado desempleo, sufrimiento y no han permitido a nadie salir de la crisis y con esos miles de ciudadanos estamos los socialistas como siempre hemos estado", ha manifestado, para afirmar que el presidente del Gobierno "escondió sus promesas electorales porque, si las hubiera dicho, no estaría donde está".

   Rubalcaba ha insistido en que Rajoy ha gobernado la crisis "con muchísimos errores, con mucha ineficacia, con muchas mentiras y con una extraordinaria falta de sensibilidad social". "Son unos malísismos gestores", ha añadido.

   El secretario general de los socialistas ha señalado que los vascos conocen perfectamente "la mentira que encierra eso de que el proyecto de salida de la crisis es sólo el que la derecha y Rajoy quieren imponernos" porque, mientras Rajoy "recortaba profesores, Patxi, en Euskadi, lo que hacía era tratar de recortar el fracaso escolar, mientras Cospedal recortaba ambulancias, hospitales y quirófanos", los socialistas en Euskadi "lo que intentaban era recortar las listas de espera".

   "Los ciudadanos en Euskadi saben que hay otro modelo y en España nos esforzamos en explicar que hay otro modelo" porque "no somos lo mismo" que el PP y "no vamos a permitir que digan que somos lo mismo".

 

Los gestores públicos que falseen cuentas u oculten datos en España podrán ir a prisión

MADRID.- Los gestores públicos que falseen las cuentas, oculten datos o los divulguen siendo falsos, generando con ello un perjuicio económico para la Administración, podrán ser condenados a penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados entre tres y diez años. 

   Así consta en la reforma penal que acompaña al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, después de incorporar las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

   En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha "reforzado" la respuesta penal a la "mala gestión de los recursos públicos", ya que, aparte de  las sanciones por infracciones graves y muy graves que ya recogía la Ley de Transparencia, se "ha dado un paso más" al incluir penas de prisión. Hasta ahora, el texto que manejaba el Ejecutivo incluía una pena de inhabilitación de hasta diez años para los malos gestores que gasten sin tener competencia o crédito.

   Pero en el proyecto aprobado se introduce un nuevo delito con dos tipos en el Código Penal (normal y agravado) mediante los que se castigará la conducta de la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, falsee su contabilidad, documentos o información que deban reflejar su situación económica o divulgue información falsa por cualquier medio.

   En estos casos se aplicarán penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y penas de multa de mayor o menor extensión en función de si se llegara a causar el perjuicio económico a la entidad pública, supuesto en el que podrá imponerse además pena de prisión de uno a cuatro años, según ha informado el Gobierno.

   Además, esta norma incluirá una "pequeña" modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que sea "causa de inelegibilidad" haber sido penado por la comisión de una infracción muy grave de las previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que recoge la Ley de Transparencia.

   Estarán sujetas a esta norma todas las Administraciones y poderes públicos -Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial-, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y a las instituciones autonómicas análogas.  También lo estarán las sociedades mercantiles en que la participación pública sea de más de un 50 por ciento con independencia de cuál sea su régimen.

   Otra de las novedades, según ha explicado Sáenz de Santamaría, es que se establecen una serie de obligaciones de publicidad activa más amplias que las contempladas actualmente. "Es un elemento fundamental de control de los recursos públicos y para evitar publicidades", ha dicho, para añadir que el objetivo es que se pueda conocer "cómo se convenia, cuánto cuestan los convenios y qué competencias están conveniando".

   Además, ha informado que se amplía el ámbito de las publicaciones de retribuciones y de declaraciones de incompatibilidad, al tiempo que se refuerza la independencia y garantías de control en la Agencia Estatal de Transparencia, cuyo presidente será nombrado por el Consejo de Ministros pero previa comparecencia en el Congreso, donde será refrendado por mayoría absoluta.

   Al ser preguntada por el hecho de que la Ley de Transparencia no permita conocer la agenda de actividades y reuniones del presidente del Gobierno, Sáenz de Santamaría ha subrayado que esta norma es "mucho más que la anécdota de saber que hace en cada momento el presidente del Gobierno".

   Aunque ha admitido que en Estados Unidos la agenda del presidente es pública, ha explicado que Mariano Rajoy tiene reuniones públicas pero "otras" son privadas, bien porque lo prefiera el interlocutor, bien porque se puede estar negociando algo y se requiera "sigilo y discreción".

 "Cómo contemos lo que hacemos las 24 horas del día, daría para mucho pero no cumpliríamos el objetivo de la ley, que es cambiar de cultura a la administración y saber que pueden controlarse los actos administrativos del principio al final", ha aseverado.

   La portavoz del Gobierno ha destacado que esta norma es "un elemento clave para luchar contra la corrupción" porque lo fundamental es que, a partir de ahora, cuando entre en vigor los ciudadanos podrán ver desde el primer al último trámite todos los contratos administrativos.

   "Eso a lo  mejor no tiene tanto interés mediático, pero tiene un interés público absoluto porque va a permitir conocer determinadas prácticas que a veces se hacen y que dificultan mucho saber cómo se están gestionando los recursos públicos", ha recalcado.

    En este sentido, ha señalado que lo importante de esta ley es que a partir de ahora un alto cargo que no gestione debidamente los recursos públicos y "oculte facturas en el cajón", sepa que "puede ser sancionado y destituido".

 "España merece cargos públicos que gestionen adecuadamente", ha añadido.

   Sáenz de Santamaría ha asegurado que la Ley de Transparencia es una "nueva filosofía de lo público" y ha confiado en que sea una norma "de consenso". Según ha añadido, va a suponer "un cambio de cultura administrativa muy importante".

   Finalmente ha informado de que han atendido a la "inmensa mayoría" de las sugerencias del Consejo de Estado, CGPJ y Agencia de Protección de Datos, lo que ha permitido que la norma "gane en rigor y en fortaleza", ya que "es una ley amplía que tiene que aplicarse a distintas administraciones".