MADRID.- “Algunas personas de mi partido fueron condenadas hace 20 años por
financiación ilegal y por esa época ustedes estaban en lo mismo pero por un truco judicial se libraron”. En su intervención de ayer en el Debate sobre el estado de la Nación, el portavoz del partido socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, recordó a Mariano Rajoy y al Partido Popular que, 20 años antes del 'Caso Bárcenas', otro tesorero díscolo, Rosendo Naseiro, hizo tambalearse al PP de José María Aznar, recuerda www.lainformacion.com
Naseiro, militante popular, empresario y coleccionista de arte, fue nombrado secretario de finanzas del partido en 1987,
cuando el presidente era Antonio Hernández Mancha. A penas un año
después, ya se vio envuelto en una trama político-financiera de
financiación irregular descubierta de manera accidental por la Policía.
En noviembre de 1988, la brigada de narcóticos investigaba por narcotráfico al hermano del concejal valenciano Salvador Palop.
Los agentes pincharon el teléfono del político para tratar de recabar
pruebas de actividades ilegales relacionadas con el tráfico de
estupefacientes.
Sin embargo, lo que se descubrió acabó siendo mucho más jugoso e
inesperado: las grabaciones policiales recogieron las conversaciones
mantenidas entre importantes cargos del Partido Popular, entre ellos
Naseiro, y que revelaban varios negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo y que, presuntamente, tenían como última finalidad financiar al PP de manera irregular.
A lo largo de más de dos años de investigación, la Policía escuchó, y grabó, 5.240 llamadas -una media de 40 diarias-, que se recopilaron en medio centenar de cintas y se pusieron en manos de la fiscalía.
El 'caso Naseiro' estalló en plena Semana Santa de 1990. El 9 de abril se ese año, solo ocho días después de que Manuel Fraga nombrase a José María Aznar presidente del PP,
el juez Luis Manglano, entonces titular del juzgado de instrucción
número dos de Valencia, ordenó la detención de Rosendo Naseiro y
Salvador Palop, principales cabecillas de la trama.
También fueron imputados Luis Janini, delegado de Dragados y
Construcciones en la Comunidad Valenciana y el arquitecto municipal de
Cullera, Luis Latorre. El juez Manglano ordeno su detención al encontrar
indicios de una presunta concesión irregular de licencias de construcción a empresas a cambio de comisiones que se empleaban para financiar al partido.
Tras varios días tomando declaración a los detenidos, el magistrado decidió inhibirse en favor del Tribunal Supremo al estar implicadas personas aforadas, como el entonces diputado popular por Valencia, José Luis Sanchís.
Inicialmente, el fiscal del Tribunal Supremo consideró los hechos constitutivos de un delito de cohecho en grado de conspiración, por los que pidió para los tres políticos populares un total de nueve meses de prisión y 31,5 millones de pesetas de multa.
Pese a todo, el asunto acabaría archivado en una polémica decisión
tomada por el alto tribunal el 18 de junio de 1990. El Supremo estimó la
petición de los abogados defensores de que se anulara como prueba de
cargo las conversaciones telefónicas que habían mantenido los tres
políticos y el empresario, al considerar que estas habían vulnerado el derecho a la intimidad de los acusados.
Al parecer, las escuchas autorizadas por Manglano estaban destinadas a
una investigación policial relacionada con el narcotráfico y dirigida
contra un hermano del concejal Salvador Palop. Con las grabaciones
invalidadas, el fiscal acabó por retirar la acusación y el 15 de Julio el Tribunal Supremo absuelve a los acusados.
Ese fue el “truco judicial” que, según Rubalcaba, evitó que altos
cargos del PP acabasen condenados por corrupción, algo que sí sucedió en
el PSOE con el 'caso Filesa'.
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