MADRID.- El fiscal Manuel Jesús Dolz ha solicitado a la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo que pida el suplicatorio al Congreso de los Diputados
para proceder contra el exministro José Blanco por los delitos de
tráfico de influencias y prevaricación de los que está imputado en
relación con la presunta trama de tráfico de influencias para la
obtención de ayudas públicas desarticulada en la "Operación Campeón".
Los citados delitos estarían relacionados con sus gestiones para la
obtención por la empresa Azkar de una licencia para instalar un almacén
próximo al aeropuerto de El Prat, en el término de Sant Boi de Llobregat
(Barcelona) .
Con esta petición, la Fiscalía da por finalizada la instrucción del
magistrado José Ramón Soriano del "Caso Campeón" en el Tribunal Supremo e
insta la petición al Congreso para poder sentar en el banquillo al
mandatario socialista, que cuenta con aforamiento por su condición de
diputado.
El Ministerio Público descarta, por tanto, la existencia de indicios
contra Blanco por un presunto delito del cohecho del que le acusó el
empresario farmacéutico Jorge Dorribo, en relación con un supuesto pago
al exministro socialista de 200.000 euros efectuado en una gasolinera de
Guitiriz (Lugo) a cambio de gestiones ante el Ministerio de Sanidad.
La petición fiscal se produce pese a que la finalización formal de la
instrucción de Soriano se encuentra aún pendiente de concluir, ya que
faltaba la remisión de un último informe encargado a la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre las cuentas del mandatario
socialista y de su esposa Isabel Mourenza entre 2006 y 2011, en relación
con la compra de su chalet en Las Rozas (Madrid).
En su escrito, de 29 páginas, el fiscal hace mención a la relación de
amistad que une a Blanco con el vicepresidente de Azkar, José Antonio
Orozco, ya que ambos nacieron en Palas del Rei (Lugo) y se conocen desde
la infancia.
Añade el escrito que esta amistad se incrementó hace quince años y
que eran frecuentes los contactos personales entre ambos, lo que
propiciaba que Orozco hiciera partícipe al mandatario socialista "de
proyectos empresariales, propios y ajenos, y se haya prestado a ofrecer a
empresarios amigos la actuación del señor Blanco ante Administraciones
Públicas pertenecientes a la Administración Central del Estado para la
consecución de los mismos".
Uno de esos proyectos empresariales era el de Dorribo, administrador
solidario de Laboratorios Asociados NUPEL, S.A. "el cual pretendía, por
un lado, que se le autorizase por el Ministerio de Sanidad la
dispensación de medicamentos en formato unidosis y, por otro lado, el
establecimiento de una sociedad en el Principado de Andorra, llamada
SALUT D*INNOVACIÓ, S.A. para la reutilización y exportación de
medicamentos vinculada al llamado SIGRE (Sistema Integrado de Gestión y
Recogida de Envases, S.L.), que consiste en el sistema de recogida de
medicamentos de la red farmacéutica", destaca igualmente el escrito.
Orozco también habría trasladado al exministro socialista, según la
Fiscalía, la problemática de una empresa vinculada al primero por
razones comerciales incursa en proceso de expropiación con motivo de la
ampliación del aeropuerto de La Coruña, ubicada en Culleredo (La Coruña)
propiedad de la empresa Grafoplas del Noroeste S.A.
Sobre el asunto de Sant Boi, el escrito de la Fiscalía concreta que
la petición de influencia se concretó el 15 de diciembre de 2010, y que
el cumplimiento de los requerimientos municipales le habrían supuesto a
Azkar un coste económico de 175.000 o de 500.000 euros.
Añade que la influencia de Blanco para la obtención de la licencia
ambiental favorable para la empresa Orozco se articuló a través del
Secretario de Transportes del Ministerio de Fomento, Isaías Taboas,
miembro del mismo partido político que el del Alcalde de Sant Boi, que
es el PSC.
Las gestiones de Blanco, de las que la Fiscalía considera que hay
indicios suficientes según las conversaciones telefónicas y mensajes SMS
aportados a la causa, sirvieron, por un lado, para que se cambiara la
nomenclatura formal de la actividad para la que se solicitaba la
licencia sin variar su objeto, de forma que con ello AZKAR ya no tendría
que hacer frente a los costes económicos derivados del cumplimiento de
los requerimientos municipales anteriores y, por otro lado, se excluyó
de la licencia la autorización del parking.
El escrito también apunta que, una vez allanados los obstáculos que
impedían la concesión de la licencia ambiental, Orozco también llamó a
Blanco en febrero de 2011 "para que actuara en su propio Ministerio con
objeto de que se dictara por parte de AENA Y AESA las resoluciones
favorables que le permitieran obtener la licencia de obra mayor que
tenía solicitada ante el mismo Ayuntamiento". Los permisos se obtuvieron
un mes después.
Entre las comunicaciones intervenidas, la Fiscalía destaca una entre
Orozco y un empleado de su empresa, de 15 de diciembre de 2010, en la
que el empresario señala que "van a presionar por todas las vías" para
conseguir su propósito porque "tiene maneras" para "buscarle la vuelta"
al alcalde de Sant Boi. Días más tarde señala a este empleado: ""Voy,
voy a, voy a llamar al Pepe Blanco a ver si manda algo allí o allí van
por libre o como carallo hacen".
En la causa constan otras conversaciones entre Blanco y Orozco,
concretamente del 30 de diciembre de ese año, en las que el exministro
contesta a su amigo sobre este asunto: "Yo hablo con ellos, no te
preocupes eh". Posteriormente a esta conversación, el empresario
reconoce a uno de los suyos que en el Ayuntamiento les han confeccionado
"hasta el escrito de alegaciones" que había que presentar por el asunto
de la licencia.
El 10 de febrero de 2011, tras obtener su reunión con el alcalde, el
vicepresidente de Azkar comentó a otro subordinado por teléfono que
"siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno de tu país". Finalmente,
en fecha 10 marzo 2011, Orozco le agradece a Blanco su actuación
mediante un SMS, según destaca igualmente el Ministerio Público.
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