MADRID.- El Consejo de Ministros ha dado luz verde al
anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental que supone una "reforma
estructural" que conjuga, "la necesaria reforma" de los procedimientos
administrativos, para que sean más ágiles y se cumplan los plazos, con
la protección del medio ambiente, según ha explicado la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la
vicepresidenta ha dicho que esta ley es "clave" para el sector del Medio
Ambiente, pero también para el sector de la inversión. Según ha
defendido, con la reforma se conjuga la protección "más integral" del
medio ambiente con el cumplimiento de los plazos para agilizar las
evaluaciones de impacto ambiental.
"Es una regulación más clara", ha añadido Sáez de Santamaría, que
ha explicado que a partir de ahora la evaluación de impacto ambiental
será más rigurosa y estricta con los proyectos que puedan suponer un
mayor impacto en el medio ambiente y más rápida y menos costosa para
aquellos en los que se prevé unas implicaciones menores en el entorno.
A continuación, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que la nueva ley garantiza
el "máximo nivel de protección para el medio ambiente" a través de la
prevención y que unifica "todas" las leyes de evaluación ambiental e
incorpora todas las leyes de evaluación ambiental estratégica y de
evaluación ambiental vigente y de sus reglamentos de desarrollo.
En tercer lugar, el ministro ha destacado que favorece el trámite
de información pública a los ciudadanos, anunciando todos los trámites
al ciudadano en las páginas web y promoviendo la utilización de nuevas
tecnologías. Igualmente, propone que, de forma voluntaria, todas las
administraciones públicas puedan aplicar el nuevo modelo que contempla
la Ley, por lo que tratará de conseguir que todas las comunidades
autónomas desarrollen un procedimiento armonizado común a todos los
operadores.
A su juicio, esta ley será "muy positiva para la unidad de
mercado", para la agilidad y para que los procedimientos sean más
rápidos y, en definitiva, todos marchen en una misma dirección de
agilidad y simplificación.
El ministro ha señalado también que la Ley se adapta
"rigurosamente" a las directivas ambientales de la Unión Europea porque
ha tenido en cuenta las modificaciones en la normativa ambiental que
está haciendo Europa en la actualidad. "No hay una sola exigencia de la
Unión Europea en materia de evaluación ambiental que no se haya
incorporado al texto legal cuya modificación estamos proponiendo", ha
apostillado.
Asimismo, ha destacado que con la nueva norma se reducirán los
plazos para evitar "casos puntuales" que se han dado y en los que la
tramitación ha durado hasta 15 años y que ahora se tramitarán en un
plazo de entre cuatro y seis meses, frente a la media actual de 3,4 años. En
este momento, según ha explicado, hay unos 10.000 expedientes
pendientes, que podrían originar unos 80.000 puestos de trabajo por lo
que "busca solucionar estos problemas".
Arias Cañete ha puesto de ejemplo la Declaración de Impacto
Ambiental de la refinería Balboa, que llevaba 7 años pendiente y que se
resolvió tres meses después de su llegada al Ministerio de Medio
Ambiente. "Eso no se puede consentir en una sociedad moderna", ha
opinado, al tiempo que ha reiterado que la protección ambiental va a ser
"máxima".
Entre otras novedades, ha subrayado que la Ley integra los efectos
del cambio climático, que crea la "novedosa" figura de los bancos de
protección de la naturaleza (que "han funcionado bien en Estados
Unidos") y que incluye la obligatoriedad de que el fracking o fractura
hidráulica para extracción de hidrocarburos se someta a evaluación de
impacto ambiental ordinaria.
Con este Anteproyecto, el Gobierno pretende subsanar las
deficiencias del actual modelo y prevé, de acuerdo con las directivas
comunitarias, que se sometan a evaluación ambiental los planes,
programas o proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el
medio ambiente.
En este sentido, establece que la evaluación sea "especialmente
garantista" en el caso de los proyectos para los que se prevean impactos
significativos, pero más ágil y menos costosa para las iniciativas con
una menor incidencia ambiental.
Entre otras medidas, la norma especifica que la falta de
pronunciamiento del órgano ambiental en los plazos legalmente
establecidos en ningún caso podrá entenderse como una evaluación
ambiental favorable. Exige, asimismo, una mayor calidad en los estudios y
documentos sobre los que deben pronunciarse los órganos ambientales.
Según el Gobierno, la futura Ley, al tiempo que garantiza un alto
nivel de protección medioambiental, tendrá efectos positivos sobre el
crecimiento y el empleo, ya que las tramitaciones ajustadas a los nuevos
plazos incentivarán la inversión y, al simplificar los procedimientos
administrativos, también promoverá la generación de puestos de trabajo.
Por último, también promueve las nuevas tecnologías y el acceso de
los ciudadanos a la Administración electrónica y, en el ámbito de la
participación, favorece el trámite de información pública al ciudadano,
todo ello orientado, en definitiva, a sumar esfuerzos para una
protección efectiva del medio ambiente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario