MADRID.- El presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha afirmado
este miércoles que las protestas que han llevado a cabo algunos
ciudadanos junto a viviendas de políticos y cargos públicos no están
siendo violentas y, por lo tanto, constituyen un ejemplo de la libertad
de manifestación.
"Los escraches, en tanto en cuanto no sean violentos, y como no lo
son, son un ejemplo de la libertad de manifestación", ha declarado en
una entrevista en la cadena SER. Sin embargo,
"en tanto en cuanto ofendan o atenten contra la intimidad de las
personas u otros derechos fundamentales, me parecen rechazables", ha
añadido.
Sobre la convocatoria que anima a "asediar" el Congreso de los
Diputados este jueves hasta conseguir que se disuelvan las Cortes
Generales, Moliner ha dicho que siempre ha luchado por la libertad de
expresión y de manifestación. "Por lo tanto, no me importan estos
actos", ha indicado.
No obstante, ha reconocido que no se siente "nada cómodo" con esa
"actitud" de algunos ciudadanos respecto al Parlamento y ha expresado su
deseo de que entre el Parlamento y la ciudadanía hubiera "una mejor
conexión".
Por otro lado, el magistrado ha señalado que, en el contexto
actual de crisis socioeconómica, el poder judicial puede "tratar de
acomodar la legislación" vigente a las "situaciones reales" que afectan a
los ciudadanos, pero "siempre partiendo de su respeto a las normas".
Así, ha puesto como ejemplo el problema de los desahucios, ante el
cual los jueces están "aplicando la doctrina" que emana de la
sentencia, "muy interesante" en su opinión, dictada el pasado marzo por
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que critica la normativa
española sobre préstamos hipotecarios y desahucios.
El próximo 8 de mayo, se celebrará una reunión de alto nivel en la
que los jueces españoles analizarán la solución que dio el tribunal
europeo con el fin de interpretarla de una manera uniforme. Pero "no
será más que un criterio orientativo", ha aclarado Moliner.
Respecto a las reformas legislativas impulsadas por el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el presidente del CGPJ ha dicho que
opina lo mismo que sobre la reforma laboral, en cuya elaboración hubo, a
su juicio, una "falta de consenso" que hace que esté "abocada al
fracaso".
"Lo mismo me parece ahora con respecto a las reformas orgánicas"
en materia judicial, aunque "no puedo manifestarme a favor ni en
contra", ha declarado. Moliner ha asegurado que está intentando fomentar
el consenso entre las fuerzas políticas "para que al final salga una
ley en interés de los ciudadanos".
En este contexto, ha recordado que ante todas esas reformas, el
CGPJ ha emitido un informe crítico y que el Gobierno y el Parlamento
"han aceptado en alguna medida las opiniones" del órgano de gobierno de
los jueces. Sin embargo, ha subrayado que "hay que respetar al
legislador" y que el poder judicial "tiene que defender su parcela de
independencia sin introducirse en los cotos de los demás".
Moliner ha enmarcado las protestas de jueces y fiscales contra las
reformas del Gobierno en un contexto de crisis cuyas consecuencias
están soportando "todos". Pero "sigo trabajando para que se minimicen
las consecuencias de estas leyes y se acomoden a una situación más
equitativa", ha agregado.
Por último, ha vuelto a criticar algunos de los cambios que quiere
realizar Gallardón en el CGPJ, insistiendo en que hay ciertas
competencias reglamentarias que este órgano "debe tener" y expresando su
confianza en que así sea.
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