MADRID.- El proyecto de ley de Medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y
alquiler social ha quedado este viernes visto para su aprobación
definitiva en el Pleno del Senado de la próxima semana tras rechazarse
los tres vetos presentados por PSOE, PSC e ICV, y aprobarse con el
respaldo 'popular' el dictamen, que no incorpora ningún cambio con
respecto al texto que llegó del Congreso.
El esquema seguido en el Congreso se ha vuelto a repetir en el
Senado, donde el proyecto de ley Antidesahucios llegó prácticamente
cerrado tras fusionarse la propuesta del Gobierno con la iniciativa
legislativa popular (ILP) de dación en pago y con medio centenar de
cambios que introdujo el Grupo Popular para reflejar el "espíritu" de
las enmiendas de la oposición.
La Comisión de Economía aprobó entonces con competencia
legislativa plena --es decir, sin necesidad de volver a debatir el texto
en el Pleno-- y por la vía de urgencia el proyecto de ley, que sólo
contó con los votos favorables del PP frente al rechazo de toda la
oposición. Ahora, en el Senado se ha repetido tanto el procedimiento
como los argumentos y los posicionamientos.
De esta manera, los 'populares' han tumbado los tres vetos en la
Comisión de Economía del Senado, aunque aún deberán ser debatidos la
próxima semana en sesión plenaria, lo mismo que las 275 enmiendas
parciales. De no introducirse cambios en el proyecto, como es
previsible, éste no tendrá que volver al Congreso, por lo que quedaría
aprobado definitivamente con ese trámite.
El socialista Juan Manuel Fernández ha ironizado con que el
proyecto va en línea con toda la gestión del Gobierno 'popular', ya que
"se opta por recortar" tanto en el tiempo de debate como en los
contenidos, que considera "raquíticos". "Es un proyecto de querer y no
poder, insuficiente para un problema que está generando una enorme
herida social", ha dicho, pronosticando que pronto habrá que volver a
legislar sobre el tema porque estas soluciones no serán suficientes.
Además, ha reprochado que no se incluyan medidas de segunda
oportunidad y que se fijen unos intereses de demora en el 12% cuando el
Banco Central Europeo (BCE) acaba de bajar los tipos al mínimo histórico
de medio punto, "24 veces menos".
"No estamos haciendo lo suficiente,
no se aborda el problema de fondo. El Gobierno sólo está aplazando y
empeorando el problema", ha añadido.
El senador Jordi Guillet, de la Entesa, ha defendido los dos vetos
de su grupo (PSC e ICV) argumentando que el proyecto "es del todo
insuficiente" ya que no prevé una segunda oportunidad, aplica "de forma
arbitraria" la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, "no resuelve" los
procedimientos de ejecución en curso y tampoco "repara el daño
producido" a quienes ya han sido desahuciados, y se mantiene un Código
de Buenas Prácticas "tan estricto que excluye a casi todos".
Además, ha criticado el procedimiento de tramitación "por la vía
de urgencia", con "falta de diálogo" y presentando un texto que "muy
poco tiene que ver" con la iniciativa legislativa popular (ILP) de
dación en pago. "Si el PP consideraba que la ILP no se adaptaba a sus
criterios sobre cómo tratar este problema tenía que haber votado en
contra, pero no aprobarla y luego transformarla en un proyecto en las
antípodas", ha zanjado.
Ramon Alturo, de CiU, ha lamentado que se haya desaprovechado la
ocasión para hacer de este proyecto "la ley del consenso, de los grandes
pactos", por lo que ha pedido al PP que aproveche los días que aún
quedan hasta el Pleno de la próxima semana para negociar sobre las
enmiendas de la oposición. "El PP tiene la mayoría absoluta pero la
razón absoluta difícilmente la tenga. Alguna propuesta habrá que sea
positiva", ha añadido.
El senador del PNV Jokin Bildarratz cree que "no es normal" que
prácticamente no haya habido debate en la Cámara Alta porque el texto
llegó ya sin posibilidades de cambio, y ha reflexionado sobre si los
poderes públicos han gestionado la política de suelo y de vivienda en
pro del interés general, tal y como estipula la Constitución. Además,
cree que es "momento de exigir a las entidades financieras que devuelvan
a la sociedad lo que ésta le ha dado con creces".
José Manuel Mariscal, de Izquierda Unida, ha comenzado reconocido
que en este tema "ya está todo el pescado vendido" y ha lamentado que el
"fraude político" cometido con la ILP no va a permitir "rescatar a las
personas empobrecidas".
"Podrá ser absolutamente legal lo que hacen con
este texto pero es absolutamente ilegítimo. El tiempo nos dará la razón,
porque con este texto no se van a paralizar los desahucios ni el drama
social. Con esto no se resuelve el problema", ha añadido.
El portavoz 'popular' de Economía, Francisco Utrera, ha reprochado
a la oposición que, tras haber acordado en el Congreso la unión del
proyecto de ley del Gobierno y la ILP, ahora "se quejen del
procedimiento porque no les ha gustado su resultado", y ha recordado que
si "todos acordaron" esta vía fue para "evitar una demora en la
aplicación de unas medidas muy importantes".
Además, ha recordado que el PSOE rechazaba la dación en pago
cuando estaba en un Gobierno que "no hizo nada de nada" para solucionar
este problema cuando ya empezaba a apuntar, por lo que ha pedido a los
socialistas "humildad, sensatez y modestia" ante un texto que da
respuesta a muchos de los afectados y que supone un paso adelante en la
mejora de la regulación hipotecaria.
"El proyecto de ley incluye ventajas indudables, sobre todo si las
contrastamos con la nada que había antes", ha llegado a decir, dejando
abierta la puerta a que los intereses de demora bajen con los próximos
Presupuestos, donde se podría "relajar" el precio del dinero en línea
con la baja de tipos del BCE.
Finalmente, Utrera ha justificado su voto en contra de los vetos
en que "no recogen ninguna propuesta novedosa" y ha asegurado que su
grupo estudiará "una a una y con detenimiento" las 275 enmiendas
parciales de la oposición para "incorporar a la ley durante el debate en
Pleno del miércoles todas las que supongan una mejora del texto". No
obstante, el PP ha renunciado a la presentación de propuestas de cambio
en el articulado.
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