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miércoles, 23 de julio de 2014

El Congreso gasta 1,4 millones en ADSL para las casas de los diputados españoles

MADRID.- El Congreso los Diputados ha convocado un concurso para adjudicar el contrato de los servicios de telefonía móvil, fija y otras comunicaciones de la Cámara, que incluye la renovación de los móviles que utilizan los diputados, así como las líneas de ADSL de las que disponen en sus domicilios. El precio máximo de la adjudicación se ha fijado en 1.456.840 millones hasta que concluya 2016, aunque podría ampliarse un año más, con lo que se calcula que ascendería hasta 1,9 millones. 

Según los pliegos aprobados por la Mesa del Congreso,  el objeto del contrato es facilitar las comunicaciones, fijas y móviles, tanto de voz como de datos, que sean necesarias para el correcto funcionamiento y desarrollo de las tareas propias de la Cámara, así como el mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones.
La ejecución de los servicios objeto del contrato se realizará en las instalaciones ubicadas en los edificios del Congreso, en los domicilios de los 350 diputados, así como en "cualquier otro lugar dónde se deba posibilitar la comunicación del terminal móvil asociado a cada línea asignada por el Congreso de los Diputados".
En el caso de la telefonía móvil, el servicio deberá estar soportado por tecnología de última generación, la red tendrá que ser actualizada de forma continua, manteniendo en todo momento las funcionalidades más avanzadas en el servicio prestado.
La empresa que gane el concurso deberá garantizar la dotación de las terminales y su mantenimiento. En principio se adquirirán 650 líneas (425 para smartphones de última generación y 225 para smartphones básicos o de media gama). Además, tendrá que tener varios terminales, tarjetas y cargadores en 'stock'. Al final de la vigencia del contrato los móviles propiedad del Congreso serán liberados.
Además de mantener los números actuales, la compañía adjudicataria prestará mantenimiento a todo riesgo de los terminales móviles y sus accesorios.
Respecto al servicio de telefonía fija- ADSL , se valorará el coste unitario de acceso telefónico y ADSL en diferentes ubicaciones del territorio nacional, hasta un total de 350 líneas facturadas en función del número de líneas efectivamente en servicio en cada momento.
La Mesa del Congreso también ha abierto otro concurso para adjudicar el suministro de carburante de automoción en sus variantes de gasolina y diesel para los vehículos del Parque Móvil de la Cámara. En este caso, el presupuesto máximo de licitación asciende a 66.550 euros, IVA incluido. Tendrá una duración inicial de un año pudiendo ser objeto de prórroga, por un año más. De ser así el montante total sería, impuestos excluidos, de 110.000 euros.
En el precio máximo de licitación están incluidas las tasas especiales aplicables a hidrocarburos y todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole.
Los pliegos aprobados por la Mesa del Congreso especifican que el presupuesto constituye el gasto que "como máximo" podrá realizar la Cámara en cada ejercicio, que no tiene que equivaler al gasto final que efectivamente realice, que dependerá de las concretas necesidades de suministro a lo largo de cada año. La Mesa de la Cámara podrá, justificadamente, ampliar para un ejercicio el gasto máximo para este contrato.
Inicialmente se estima que se consumirán más de 44.000 litros anuales (33.000 litros de gasóleo A y 11.000 litros de gasolina de 95 octanos). El suministro se efectuará desde las estaciones de servicio de la red distribuidora de la empresa adjudicataria, que deberá tener implantación geográfica de surtidores de todos los productos que se requieren.
Las empresas, en sus ofertas económicas, indicarán el porcentaje de descuento a aplicar por litro de carburante suministrado sobre el precio de venta al público vigente en el último viernes anterior a la fecha límite del plazo de presentación de ofertas a este procedimiento.

jueves, 15 de mayo de 2014

Mantener el Parlamento Europeo en tres sedes cuesta 119,9 millones de euros al año

BRUSELAS.- La continuidad de las tres sedes de trabajo que tiene en la actualidad el Parlamento Europeo (Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo) supone un coste adicional de un total de 119,9 millones de euros, según estimaciones de la propia cámara legislativa comunitaria.

En virtud de un acuerdo alcanzado en 1992 por los países que entonces conformaban la Unión Europea, la Eurocámara tiene a Estrasburgo como sede para las sesiones plenarias y a Bruselas como sede de las comisiones y los grupos parlamentarios, mientras que Luxemburgo acoge la Secretaría General del organismo (su personal).
El uso de esta triple sede para el Parlamento Europeo comporta unos gastos adicionales de 119,9 millones de euros cada año aunque si todas las actividades de Estrasburgo se trasladaran a Bruselas, se podrían ahorrar 103 millones de euros, según un reciente estudio elaborado por la Eurocámara.
Sin embargo, el paso a una única sede del Parlamento comunitario en Bruselas conllevaría también un gasto, toda vez que se tendrían que adquirir oficinas para alojar al personal que ahora trabaja en Luxemburgo (2.482 personas).
La Eurocámara calcula que el coste de estas oficinas sería de unos 14 millones de euros al año, además de otro pago único de 58,6 millones de euros por el traslado de las actividades parlamentarias de Luxemburgo a Bruselas.
En conclusión, el Parlamento Europeo estima que el cambio a una única sede en Bruselas supondría un ahorro de 88,9 millones de euros al año, lo que supone el 4,96 por ciento de su presupuesto para 2014. Además, las emisiones de CO2 derivadas de los traslados desde y hacia las tres sedes actuales de la Eurocámara suponen al menos 11.000 toneladas.
La Eurocámara ha aprobado en esta legislatura una resolución por una amplia mayoría para exigir que Bruselas se convierta en su sede única. El texto, ratificado en noviembre de 2013 con el voto a favor de 483 eurodiputados, el rechazo de 141 y 34 abstenciones, subraya que la continua "migración mensual" de parlamentarios entre Bruselas y Estrasburgo "se ha convertido en una cuestión simbólica negativa para la mayoría de los ciudadanos de la UE" y es "perjudicial" para la reputación comunitaria, "especialmente en un momento en que la crisis financiera ha llevado a recortes graves y dolorosos del gasto en los Estados miembros".
La resolución eleva los costes anuales adicionales estimados que provoca la triple sede de la Eurocámara a entre 156 millones de euros y 204 millones, lo que supone el 10 por ciento del presupuesto anual de la cámara comunitario. También aumenta la estimación de emisiones de CO2 relacionadas con los desplazamientos a los tres lugares de trabajo a entre las 11.000 y las 19.000 toneladas.
La petición del Parlamento Europeo no se ha materializado por la oposición que ha encontrado en el Consejo Europeo. Francia rechaza el cambio a Bruselas porque no quiere renunciar a Estrasburgo y el paso a una sola sede tiene que ser ratificados por los 28 países comunitarios.
La continuidad de las tres sedes de trabajo que tiene en la actualidad el Parlamento Europeo (Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo) supone un coste adicional de un total de 119,9 millones de euros, según estimaciones de la propia cámara legislativa comunitaria consultadas por Europa Press.
En virtud de un acuerdo alcanzado en 1992 por los países que entonces conformaban la Unión Europea, la Eurocámara tiene a Estrasburgo como sede para las sesiones plenarias y a Bruselas como sede de las comisiones y los grupos parlamentarios, mientras que Luxemburgo acoge la Secretaría General del organismo (su personal).
El uso de esta triple sede para el Parlamento Europeo comporta unos gastos adicionales de 119,9 millones de euros cada año aunque si todas las actividades de Estrasburgo se trasladaran a Bruselas, se podrían ahorrar 103 millones de euros. Sin embargo, el paso a una única sede del Parlamento comunitario en Bruselas conllevaría también un gasto, toda vez que se tendrían que adquirir oficinas para alojar al personal que ahora trabaja en Luxemburgo (2.482 personas).
La Eurocámara calcula que el coste de estas oficinas sería de unos 14 millones de euros al año, además de otro pago único de 58,6 millones de euros por el traslado de las actividades parlamentarias de Luxemburgo a Bruselas.

Ahorro final con sede única

En conclusión, el Parlamento Europeo estima que el cambio a una única sede en Bruselas supondría un ahorro de 88,9 millones de euros al año, lo que supone el 4,96% de su presupuesto para 2014. Además, las emisiones de CO2 derivadas de los traslados desde y hacia las tres sedes actuales de la Eurocámara suponen al menos 11.000 toneladas.
La Eurocámara ha aprobado en esta legislatura una resolución por una amplia mayoría para exigir que Bruselas se convierta en su sede única. El texto, ratificado en noviembre de 2013 con el voto a favor de 483 eurodiputados, el rechazo de 141 y 34 abstenciones, subraya que la continua "migración mensual" de parlamentarios entre Bruselas y Estrasburgo "se ha convertido en una cuestión simbólica negativa para la mayoría de los ciudadanos de la UE" y es "perjudicial" para la reputación comunitaria, "especialmente en un momento en que la crisis financiera ha llevado a recortes graves y dolorosos del gasto en los Estados miembros".
La resolución eleva los costes anuales adicionales estimados que provoca la triple sede de la Eurocámara a entre 156 millones de euros y 204 millones, lo que supone el 10% del presupuesto anual de la cámara comunitario. También aumenta la estimación de emisiones de CO2 relacionadas con los desplazamientos a los tres lugares de trabajo a entre las 11.000 y las 19.000 toneladas.
La petición del Parlamento Europeo no se ha materializado por la oposición que ha encontrado en el Consejo Europeo. Francia rechaza el cambio a Bruselas porque no quiere renunciar a Estrasburgo y el paso a una sola sede tiene que ser ratificados por los 28 países comunitarios.


Leer más:  Mantener el Parlamento Europeo en tres sedes cuesta 119,9 millones de euros al año - EcoDiario.es  http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoabril/politica/noticias/5780774/05/14/Mantener-el-Parlamento-Europeo-en-tres-sedes-cuesta-1199-millones-de-euros-al-ano.html#Kku8N2dWxZDAVCBi


La continuidad de las tres sedes de trabajo que tiene en la actualidad el Parlamento Europeo (Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo) supone un coste adicional de un total de 119,9 millones de euros, según estimaciones de la propia cámara legislativa comunitaria consultadas por Europa Press.
En virtud de un acuerdo alcanzado en 1992 por los países que entonces conformaban la Unión Europea, la Eurocámara tiene a Estrasburgo como sede para las sesiones plenarias y a Bruselas como sede de las comisiones y los grupos parlamentarios, mientras que Luxemburgo acoge la Secretaría General del organismo (su personal).
El uso de esta triple sede para el Parlamento Europeo comporta unos gastos adicionales de 119,9 millones de euros cada año aunque si todas las actividades de Estrasburgo se trasladaran a Bruselas, se podrían ahorrar 103 millones de euros. Sin embargo, el paso a una única sede del Parlamento comunitario en Bruselas conllevaría también un gasto, toda vez que se tendrían que adquirir oficinas para alojar al personal que ahora trabaja en Luxemburgo (2.482 personas).
La Eurocámara calcula que el coste de estas oficinas sería de unos 14 millones de euros al año, además de otro pago único de 58,6 millones de euros por el traslado de las actividades parlamentarias de Luxemburgo a Bruselas.

Ahorro final con sede única

En conclusión, el Parlamento Europeo estima que el cambio a una única sede en Bruselas supondría un ahorro de 88,9 millones de euros al año, lo que supone el 4,96% de su presupuesto para 2014. Además, las emisiones de CO2 derivadas de los traslados desde y hacia las tres sedes actuales de la Eurocámara suponen al menos 11.000 toneladas.
La Eurocámara ha aprobado en esta legislatura una resolución por una amplia mayoría para exigir que Bruselas se convierta en su sede única. El texto, ratificado en noviembre de 2013 con el voto a favor de 483 eurodiputados, el rechazo de 141 y 34 abstenciones, subraya que la continua "migración mensual" de parlamentarios entre Bruselas y Estrasburgo "se ha convertido en una cuestión simbólica negativa para la mayoría de los ciudadanos de la UE" y es "perjudicial" para la reputación comunitaria, "especialmente en un momento en que la crisis financiera ha llevado a recortes graves y dolorosos del gasto en los Estados miembros".
La resolución eleva los costes anuales adicionales estimados que provoca la triple sede de la Eurocámara a entre 156 millones de euros y 204 millones, lo que supone el 10% del presupuesto anual de la cámara comunitario. También aumenta la estimación de emisiones de CO2 relacionadas con los desplazamientos a los tres lugares de trabajo a entre las 11.000 y las 19.000 toneladas.
La petición del Parlamento Europeo no se ha materializado por la oposición que ha encontrado en el Consejo Europeo. Francia rechaza el cambio a Bruselas porque no quiere renunciar a Estrasburgo y el paso a una sola sede tiene que ser ratificados por los 28 países comunitarios.


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La continuidad de las tres sedes de trabajo que tiene en la actualidad el Parlamento Europeo (Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo) supone un coste adicional de un total de 119,9 millones de euros, según estimaciones de la propia cámara legislativa comunitaria consultadas por Europa Press.
En virtud de un acuerdo alcanzado en 1992 por los países que entonces conformaban la Unión Europea, la Eurocámara tiene a Estrasburgo como sede para las sesiones plenarias y a Bruselas como sede de las comisiones y los grupos parlamentarios, mientras que Luxemburgo acoge la Secretaría General del organismo (su personal).
El uso de esta triple sede para el Parlamento Europeo comporta unos gastos adicionales de 119,9 millones de euros cada año aunque si todas las actividades de Estrasburgo se trasladaran a Bruselas, se podrían ahorrar 103 millones de euros. Sin embargo, el paso a una única sede del Parlamento comunitario en Bruselas conllevaría también un gasto, toda vez que se tendrían que adquirir oficinas para alojar al personal que ahora trabaja en Luxemburgo (2.482 personas).
La Eurocámara calcula que el coste de estas oficinas sería de unos 14 millones de euros al año, además de otro pago único de 58,6 millones de euros por el traslado de las actividades parlamentarias de Luxemburgo a Bruselas.

Ahorro final con sede única

En conclusión, el Parlamento Europeo estima que el cambio a una única sede en Bruselas supondría un ahorro de 88,9 millones de euros al año, lo que supone el 4,96% de su presupuesto para 2014. Además, las emisiones de CO2 derivadas de los traslados desde y hacia las tres sedes actuales de la Eurocámara suponen al menos 11.000 toneladas.
La Eurocámara ha aprobado en esta legislatura una resolución por una amplia mayoría para exigir que Bruselas se convierta en su sede única. El texto, ratificado en noviembre de 2013 con el voto a favor de 483 eurodiputados, el rechazo de 141 y 34 abstenciones, subraya que la continua "migración mensual" de parlamentarios entre Bruselas y Estrasburgo "se ha convertido en una cuestión simbólica negativa para la mayoría de los ciudadanos de la UE" y es "perjudicial" para la reputación comunitaria, "especialmente en un momento en que la crisis financiera ha llevado a recortes graves y dolorosos del gasto en los Estados miembros".
La resolución eleva los costes anuales adicionales estimados que provoca la triple sede de la Eurocámara a entre 156 millones de euros y 204 millones, lo que supone el 10% del presupuesto anual de la cámara comunitario. También aumenta la estimación de emisiones de CO2 relacionadas con los desplazamientos a los tres lugares de trabajo a entre las 11.000 y las 19.000 toneladas.
La petición del Parlamento Europeo no se ha materializado por la oposición que ha encontrado en el Consejo Europeo. Francia rechaza el cambio a Bruselas porque no quiere renunciar a Estrasburgo y el paso a una sola sede tiene que ser ratificados por los 28 países comunitarios.


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martes, 1 de octubre de 2013

Madrid propone retirar los coches oficiales... que renovó en mayo

MADRID.- El Grupo Popular va a proponer hoy en la Junta de Portavoces eliminar los coches que disponen los portavoces para que los partidos, en palabras de Ignacio González, "funcionen con los medios que los propios grupos tienen". 

Si la iniciativa sale adelante, Tomás Gómez (PSOE) y Gregorio Gordo (IU) dejarán de tener coche oficial, ya que los portavoces de PP y UPyD renunciaron a ellos. Sin embargo, fuentes del Partido Popular no han sabido concretar a El Confidencial si podrán rescindir el contrato de renting que firmaron con la empresa Finanzia Autorenting S.A., por el cual se comprometían a pagar 60.000 euros a cambio de mantener el alquiler de diez vehículos hasta mediados de 2014.
La Asamblea de Madrid tramitó el 18 de abril por la vía de urgencia la contratación del arrendamiento de los diez vehículos que mantiene en la flota. El lote fue adjudicado en mayo a la única compañía candidata, que ahora deberá revisar su contrato para verificar si, de salir adelante la petición del Grupo Popular, la Asamblea de Madrid podría deshacerse del contrato de renting vigente o, por el contrario, deberán abonar lo acordado hasta mediados del próximo año.
UPyD fue el partido que propuso el pasado octubre suprimir los coches oficiales de los portavoces de los grupos parlamentarios, miembros de la Mesa y del secretario general de la Asamblea de Madrid. Entonces, la Asamblea de Madrid mantenía 18 vehículos oficiales: cuatro Peugeots 407, un Audi A6, tres Peugeots 406 y diez Volkswagen Passat. Su portavoz, Luis de Velasco, argumentaba entonces que en una asamblea autonómica no son necesarios los coches oficiales y prescindir de ellos supondría una posibilidad de ahorrar “en un gasto superfluo”.
El líder regional de la formación magenta propuso que sólo tuviera coche oficial el presidente de la Asamblea, José Ignacio Echevarría, y como máximo hubiera tres vehículos más de incidencias. Él fue el primero en renunciar al vehículo oficial, y su ejemplo lo siguió el portavoz popular, Íñigo Henríquez de Luna. Quienes lo mantienen y a quienes afectaría la nueva medida que ayer anunció el presidente de la Comunidad, Ignacio González, como un ejercicio de “responsabilidad” afectaría al PSM, IU y a los siete miembros de la Mesa.
Dieciséis chóferes en nómina
La medida afectaría también de lleno a los chóferes que conducen los vehículos. Según los datos que maneja UPyD, había dieciséis chóferes para conducir los 18 vehículos oficiales que circulaban a nombre de la Asamblea hasta octubre de 2012. Diez de ellos eran funcionarios y seis pertenecían a personal eventual, nombrados a dedo. "¿Qué va a pasar ahora con estos trabajadores?", se preguntan ahora desde la oposición.  
El presidente de la Comunidad de Madrid mantuvo ayer una reunión con su grupo parlamentario en la que anunció esta medida. También aprovechó para solicitar que los partidos políticos publiquen sus cuentas, en un intento de mejorar la transparencia y el funcionamiento democrático. Unión Progreso y Democracia vuelve a ser el único partido representado en la Cámara madrileña que ya tiene publicada sus cuentas en su web. Fuentes del Partido Popular aseguran que quieren hacerlo de una manera mucho más "milimétrica, no tan general". La Mesa de la Asamblea de Madrid aprobó en septiembre publicar las nóminas de los diputados de todos los grupos parlamentarios en la página web de la Asamblea. De momento, solo los ocho diputados de UPyD las hicieron públicas mucho antes de aprobarse la iniciativa que ellos mismos presentaron.

sábado, 7 de septiembre de 2013

Madrid se aparta del sueño olímpico en su tercer intento consecutivo

BUENOS AIRES.-   Madrid se ha apartado por tercera vez consecutiva del sueño de albergar los Juegos Olímpicos, los de 2020, después de que cayese en un desempate en la primera votación con Estambul.

   Toda el optimismo que reinaba tras la presentación de la candidatura madrileña ante la 125ª Asamblea del Comité Olímpico Internacional (COI), que se celebra en el Hotel Hilton de Buenos Aires, se fue al traste en unos minutos.
   Así, la sorpresa saltó en la sala cuando Jacques Rogge, presidente del COI, anunciaba tras la primera ronda que había un empate a votos entre Madrid y Estambul, una candidatura con la que no se 'contaba', elevando la tensión, mientras que Tokio pasaba a la ansiada final.
   Minutos después, se celebraba otra votación para decidir la compañera de viaje del proyecto nipón. Rogge dictaba sentencia para la capital española, que perdía en el desempate por 49 votos a 45, inundando de decepción el recinto donde los responsables de la candidatura española aguardaba la decisión.
   De este modo, la sabiduría popular no siempre se cumple y prueba de ello es que a la tercera (consecutiva) no ha ido la vencida y España no ha podido escuchar el tan esperado 'Madrid' en boca del dirigente belga.
   Una delegación completamente apagada, en contraste con el lema con el que se presentaba el proyecto español, 'Illuminate the future' ('Ilumina el futuro'), hizo frente como pudo al mal trago recibido, inesperado porque al menos se esperaba, como en 2005 y 2009, llegar a la final.
   Casi cuatro años después de Copenhague y ocho desde la decepción de Singapur, la delegación de Madrid 2020 se encontró con un nuevo jarro de agua fría. Ha sido la tercera vez consecutiva que la capital apostaba por ser olímpica ya que hizo una primera intentona en el año 1972, cuando no pudo en la última votación con Múnich.
   De este modo, España únicamente puede escribir en las páginas del olimpismo que sólo pudo organizar los Juegos de Barcelona. Se da la circunstancia de que Madrid sigue siendo la única gran capital europea que no ha podido organizar una cita de estas características, ya que Londres (tres veces), París (dos), Atenas (dos), Berlín, Roma, Moscú, Ámsterdam, Estocolmo y Helsinki sí que lo han hecho.

Un "jarro de agua fría" para los empresarios y un "alivio" para los movimientos sociales

MADRID.- Un jarro de agua fría, un golpe a la recuperación económica e incluso una tomadura de pelo. Estas son algunas de las reacciones de las diferentes organizaciones empresariales contactadas por el diario  Público tras conocer que Madrid no sería la ciudad elegida para organizar los Juegos Olímpicos de 2020. “Ha sido una muy mala noticia. Un jarro de agua fría”, comentaba Antonio Gil, secretario general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. “Nos sentimos frustrados”, resumía Juan José Blardony Arranz, director general de Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid.

La decepción no es de extrañar. Madrid aparecía como favorita en muchas quinielas y, sin embargo, se ha quedado fuera a las primeras de cambio. Había muchas esperanzas en que los Juegos Olímpicos actuaran como un estímulo para la recuperación económica del país e impulsara a Madrid como referente turístico mundial. Unas ilusiones que por tercera vez consecutiva vuelven a desaparecer.

La desilusión en el empresariado contrasta con el “alivio” con el que ha sido recibida la noticia por las organizaciones sociales y ecologistas contactadas por el diario Público. El más efusivo ha sido Ecologistas en Acción, cuyo portavoz, Mariano González, ha llegado a asegurar que harán una fiesta para celebrarlo. “Estamos alegres, aunque transmitimos nuestro pésame a la ciudad ganadora”, ha señalado.

El portavoz de la Oficina Precaria, Ignacio Martín, solicita a la alcaldesa que aproveche este varapalo para apostar por “otro modelo de ciudad” que genere empleos “más estables”. Feli Velázquez, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, asegura no sentir ni alegría ni pena. “La noticia no afecta al futuro de las cinco familias que van a ser desahuciadas esta semana en Madrid por el Ayuntamiento”, asegura Feli, que pide a Botella que se preocupe por los problemas reales de la sociedad.

Antonio Gil. Secretario general de Asociación Empresarial Hotelera de Madrid
Ha sido una muy mala noticia. Un jarro de agua fría. Espero que ahora las administraciones públicas traten de aliviar este palo con una campaña promocional de la ciudad de Madrid que palíe de algún modo el impacto negativo de la no elección de Madrid. También en época de crisis es importante invertir en publicidad y Madrid necesita aumentar su número de turistas y acercarse un poco más a Barcelona en este sentido.
Si Madrid decide presentarse por cuarta vez consecutiva volveremos a mostrar todo nuestro apoyo a la candidatura. Lo hacemos convencidos de que unas Olimpiadas supondrían un enorme beneficio para prácticamente todos los sectores económicos del país. El conjunto de los beneficios que puede traer supera con crecer los pequeños perjuicios que pueda traer.

Feli Velázquez. Activista Plataforma Antidesahucios de Madrid
No es ninguna alegría que no hayan dado los Juegos a Madrid. No los quería, pero no puedo hablar de alegría cuando cinco familias van a ser desahuciadas esta semana en Madrid y la no elección de la ciudad por el COI no va a cambiar esta situación. Sin embargo, me parece muy grave que nuestra alcaldesa haya tenido en Madrid 2020 su mayor preocupación hasta el momento cuando este mes de agosto se han vendido 3.000 viviendas públicas, han despedido a 300 personas de la EMVS y, como ya he dicho, van a desalojar a cinco familias.
Creo, además, la Casa Real y el Ayuntamiento de Madrid debería explicarnos cuánto dinero ha nos ha costado al pueblo español los gastos de la delegación olímpica. Me imagino, no obstante, que no rendirán cuentas volviendo a demostrar que son unos verdaderos caciques. También quiero pedirle a la alcadesa, ahora que no tiene Juegos, que se ponga a solucionar los verdaderos problemas sociales.

Alfonso Tezanos. Presidente de la Federación Empresarios de Madrid.
Intuía que nos iban a volver a tomar el pelo. No sé por qué pero parece que en el COI no tenemos mucha influencia. La no designación de Madrid es una gran putada para nuestros intereses. No lo digo por la cuestión sentimental de España y la bandera sino porque los Juegos Olímpicos constituían un gran aliciente para nuestra máquina económica. Tendremos menos inversiones públicas y menos visitantes, por lo que se acaba de escapar una gran posibilidad para mejorar la situación de crisis actual.
Barajas tiene ahora mismo un 7% menos de pasajeros y parece que la tendencia es que siga cayendo. Necesitamos una inversión importante en el nombre y en la marca de Madrid y estos Juegos Olímpicos eran la oportunidad perfecta. Ahora habrá que buscar otras alternativas.

Mariano González Tejada. Portavoz de Ecologistas en Acción
Es una verdadera alegría. Aunque tengo que decir que lo siento mucho por los ciudadanos de Tokio. La celebración de los Juegos suponía, en nuestra opinión, un nuevo ejemplo de estafa y despilfarro. Suponía continuar recortando en Sanidad y Educación para al mismo tiempo seguir construyendo infraestructuras inútiles para la ciudadanía.
Pedimos que cese el actual modelo de desarrollo de construir enormes infraestructuras. Una vía que está muy asociada a los sobresueldos y la corrupción. También es una buena oportunidad para que Madrid recupere el 30% del presupuesto para deportes que ha recortado sólo en el año 2013. Haremos una fiesta para celebrar de la que nos hemos librado.

Juan José Blardony Arranz. Director general de Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid
Seguiremos apoyando a Madrid si decide presentarse una cuarta vez. Lo hemos hecho las tres anteriores y no será diferente ahora. Nos sentimos frustrados porque teníamos muchas ilusiones puestas en este proyecto. Tenemos la sensación de haber perdido una oportunidad muy importante. Necesitábamos estos Juegos para tener una luz al final del túnel y subirnos la moral.
Quizá la palabra más adecuada sea la de desilusión. También pensamos que para perder las oportunidades hay que jugarlas y Madrid ha jugado bien. Ahora habrá que buscar nuevos estímulos para nuestra economía.

Ignacio Martín. Portavoz de Oficina Precaria
La no designación de Madrid me produce, en cierto modo, una sensación de alivio porque se evita un nuevo pelotazo a costa de la gente de Madrid. Sin embargo, la realidad sigue ahí. Ni se detiene Eurovegas ni se detiene una política cuyo único objetivo es conseguir grandes eventos que sirvan para el enriquecimiento de la minoría y la precarización de la mayoría. Este modelo no se ampliará con los JJOO, pero se mantiene.
Nosotros pedimos otro modelo de ciudad. Queremos unas políticas públicas que apuesten por el desarrollo de sectores estratégicos que permitan empleos de calidad y con condiciones dignas. Además, no hay que olvidar que gracias, en parte, al deseo olímpico ya tenemos una deuda pública enorme en Madrid y que ahora esa deuda la tendrán que pagar los madrileños.

jueves, 5 de septiembre de 2013

Cien millones de euros gastados en el sueño olímpico

MADRID.- En medio de la peor crisis económica de España, hablar de fastos olímpicos lleva asociado, irremediablemente, la coletilla de las cifras que se van en este estipendio. La candidatura de "la austeridad" como promulgan desde el Ayuntamiento de Madrid, supone un desembolso en infraestructuras de casi 6.000 millones de euros

Pero a esta brocha gorda de gastos acompañan otras partidas que, aunque menores, cuentan. Los costes de competir, tres veces, por el sueño olímpico se ha llevado al menos 100 millones de euros, aunque las cifras exactas son difíciles de dar por el continuo baile entre lo que se anunció, lo que apareció en los presupuestos y lo que finalmente se ejecutó. La mitad habría salido de las arcas municipales.
La mayoría de estos presupuestos se van en publicidad, hacer lobby, márketing, viajes de prensa o en apostar por otras competiciones deportivas que sirvan de tarjeta de presentación para la ciudad. Es decir, un gasto a fondo perdido. Aunque según el exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, este dinero no ha sido gasto, sino "inversión" en promocionar la ciudad por el mundo y en mejorar su imagen.
La candidatura de Madrid 2012 es la más opaca, también la más alejada en el tiempo, ya que su presupuesto se remonta al año 2003. Según publicaron los medios de la época, la fase I (ciudad solicitante) se presupuestó en 7,5 millones de dólares y la fase II (ciudad candidata), en algo más de 8,1 millones. Al cambio unos 11,8 millones de euros. Pero la cifra de gasto público realizado en el programa "Madrid 2012" ascendió a 25,6 millones de euros, según un informe resumen del director general de Deportes de Pablo Buján fechado en 2005 y que recorría "la gestión deportiva del Ayuntamiento de Madrid entre 1951 y 2005".
Según varias fuentes municipales, es casi imposible saber con certidumbre cuánto se gastó en aquella candidatura, ya que se dio "barra libre" a la organización de la primera carrera olímpica y la preparación se trufó de ingeniería financiera. Algunos medios elevaron el coste aspiracional de Madrid a hasta 60 millones de euros, aunque la diferencia la habría puesto la financiación privada.
La aportación privada es clave en las aspiraciones de la villa, que para Madrid 2016 se gastó 37,8 millones de euros en preparar una misión casi imposible. De aquella cifra, 16,8 millones de euros corrieron a cargo de las arcas públicas del Ayuntamiento de Madrid, diez millones enteros desembolsados en el primer año de crisis, 2008.
Madrid 2020 redujo drásticamente el apoyo a la campaña de las candidaturas. En los presupuestos municipales de 2012 se destinaron siete millones de euros públicos a dotar de recursos la Fundación que se encarga de gestionar la candidatura y en el año siguiente las arcas municipales desembolsaron otros 3,9 millones de euros. A esta aportación de 11 millones de euros pública hay que sumar la parte privada que no está claro a cuánto asciende finalmente ya que se abrió el plazo para acoger nuevos patrocinadores hasta el 1 de septiembre.
La suma está en línea con lo presupuestado al inicio de la candidatura, que elevaba el precio de participar en la competición a 38,6 millones de dólares (casi 30 millones de euros), y en la que se aseguraba que el 38% saldría de fuentes públicas, lo que supondría que las empresas deberían aportar alrededor de 18 millones de euros.

Beneficios fiscales para empresas y negocio

La aportación privada es indispensable en estos eventos que, por supuesto, tienen contraprestación para las empresas. Los que se consideren patrocinadores pueden desgravarse hasta un 15% de su inversión en publicidad si se adhieren a este evento que, al igual que otros muchos como el Xacobeo por ejemplo, son declarados de interés público.
Un reciente cambio de la ley pone tope a esta deducción fiscal, que no puede superar el 90% de lo aportado a patrocinar al evento. En este caso, la aportación máxima de empresas como la de Telefónica, cuyas facturas publicitarias son ingentes, es de 800.000 euros, por lo que se podrían desgravar en impuestos hasta 720.000 euros. Hay que tener en cuenta que estas empresas patrocinan muchos eventos a la vez, y estos cheques fiscales se van sumando.
En la estructura de la Fundación Madrid 2020 se puede ser patrocinador socio (800.000 euros), preferente (400.000 euros), oficiales (200.000 euros) colaboradores (50.000 euros) y amigos (10.0000 euros). También hay un listado de "donantes" que no tienen obligación de hacer publicidad del acto (y viceversa, ya que no aparecen en el listado de patrocinadores oficial). Son BBVA (800.000 euros), El Corte Inglés (400.000), Iberdrola (300.000) y Renault (200.000).
Se da el caso de que estos patrocinadores y/o donantes pueden además optar a hacer negocios con la Fundación Madrid 2020. Así, la última licitación pública fue la de los trajes que llevará el comité español el sábado en Buenos Aires y que se presupuestaron en casi 43.000 euros. La firma encargada de su provisión es El Corte Inglés. La consultora "Bovis", que es patrocinador oficial, se llevó también la realización del dosier de presentación de la candidatura, presupuestado en 720.000 euros (puso 200.000 en el patrocinio) y el despacho de abogados Garrigues se quedó con la representación jurídica por más de 300.000 euros pese a ser patrocinador socio. Con todo, la licitación más elevada de esta última candidatura ha sido la de la agencia de comunicación internacional que se adjudicó el servicio por 2,4 millones de euros.

domingo, 28 de abril de 2013

El Parque Móvil del Estado cuenta con 603 vehículos al servicio de la Administración General y de las altas instituciones

MADRID.- Moncloa cuenta en la actualidad con 92 vehículos oficiales que prestan servicio a la Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia y al Ministerio de la Presidencia, 16 menos de los que había en noviembre de 2011, al término del mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

   Éstos son los datos que el Gobierno ha facilitado a los diputados del PSOE Felipe Jesús Sicilia y José Zaragoza, quienes pedían conocer el número de vehículos con el que cuenta el Parque Móvil del Estado y los asignados a cada uno de los departamentos ministeriales.
   En total, el Gobierno especifica que a finales de diciembre de 2012 la flota de vehículos al servicio de la Administración General del Estado era de 400 (de los cuales 152 corresponden a servicios a direcciones generales) y 203 para las altas instituciones del Estado.
   En concreto, el Ejecutivo puntualiza que la Presidencia del Gobierno dispone de 50 vehículos (de representación, incidencias y motoristas), quince menos de los que había en la etapa socialista, y que son 42 (36 de ellos de incidencia) los que están a disposición de la Vicepresidencia del Gobierno y del Ministerio de la Presidencia, sólo uno menos que los que había en el Gabinete de Zapatero.
   Asimismo, el Gobierno informa de que el Parque Móvil del Estado tiene asignados actualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 59 vehículos y 81 conductores; 32 vehículos y 55 conductores al de Asuntos Exteriores y Cooperación; 13 vehículos y 22 conductores al de Justicia; 13 vehículos y 16 conductores al de Defensa; y 8 vehículos y 15 conductores al de Interior.
   En sus contestaciones, el Ejecutivo puntualiza, además, que los servicios periféricos integrados en las distintas delegaciones y subdelegaciones del Gobierno tienen asignados 564 vehículos y 272 conductores.
   Éstas son algunas de las cifras de las que da cuenta el Gobierno tras la reforma que realizó en noviembre de 2012 del Parque Móvil del Estado, una reforma que se aplicará durante el trienio 2012-2014 para conseguir unos ahorros de hasta 10,5 millones de euros --7,93 millones a nivel nacional y 2,6 millones en la administración periférica de la Administración General del Estado--.
   Dicha reforma, que el Gobierno dice que llevó a cabo dada la actual coyuntura de crisis económica, no afectaba, sin embargo, ni a los servicios de automovilismo de las Fuerzas Armadas, ni de la Guardia Civil, ni la Policía ni del Parque de Maquinaria, pero tampoco a los asignados a empresas y organismos públicos.

jueves, 4 de abril de 2013

El Gobierno español se gastó más de 100.000 euros en cambiar los nombres de los ministerios y sus respectivos departamentos

MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy se gastó un total de 103.426 euros en  cambiar los nombres de los ministerios y sus respectivos departamentos administrativos tras ganar las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. Sólo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas destinó a este objetivo casi 40.500 euros.

   Así consta en la respuesta que el Ejecutivo ha dado al exministro de Fomento, exportavoz del Gobierno y ahora diputado del PSOE José Blanco, quien se interesaba en conocer el coste que había supuesto para las arcas públicas las modificaciones de nomenclatura de los diferentes departamentos ministeriales.
   Máxime después de que el Gobierno, según comentaba Blanco en su pregunta, ha convertido el cumplimiento del objetivo de déficit "en única meta" de su política económica, llevando "hasta la irracionalidad" su política de austeridad, y está exigiendo a los ciudadanos "día sí y día también" nuevos "sacrificios" en forma de "más impuestos y menos y peores servicios públicos".
   La llegada del PP al poder conllevó cambios en las denominaciones de hasta seis ministerios: el de Educación, Cultura y Deporte; el de Empleo y Seguridad Social; el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; el de Economía y Competitividad; el de Hacienda y Administraciones Públicas, y el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
   En su respuesta, el Gobierno especifica la partida que destinó a estos cambios en cada 'nuevo' ministerio, siendo el departamento que dirige Cristóbal Montoro, con 40.485 euros, el que más dinero ha desembolsado para este fin.
   Detrás del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se encuentra el de Empleo y Seguridad Social, cuya reestructuración ministerial supuso un coste de 16.332,38 euros, y el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que pagó 14.714,88 euros en el cambio de rotulaciones y señalizaciones de las sedes de su departamento.
   El Gobierno precisa que los costes de las acciones tomadas en relación con los sistemas informáticos y de comunicaciones de este Ministerio por el cambio de denominación resulta "difícil" de cuantificar, puesto que se trata de acciones "puntuales" que han sido abordadas con sus propios medios "sin que hayan supuesto un incremento de gasto".
   De su lado, el Ministerio de Economía y Competitividad destinó 13.200 euros a sus gastos de señalización, carteles, papelería y otros tales como sellos de caucho; el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 7.174.40; el de Energía, Industria y Turismo, 6520.13, y el que regenta José Ignacio Wert, alrededor de los 5.000 euros.
   Eso sí, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se puntualiza que pese al incremento en los gastos de señalización y cartelería respecto a los producidos en 2011, ha tenido lugar una rebaja de unos 1.000 euros en los de papelería, pese a la renovación de dicho material para adaptarlo a la nueva nomenclatura, "debido a las medidas de austeridad aplicadas a lo largo del ejercicio presupuestario" en dicha cartera ministerial.

lunes, 11 de marzo de 2013

Un cátering de altura para el Rey y Rajoy: 321.250 euros para los vuelos VIP

MADRID.- El ministerio de Defensa ha presupuestado unos 321.250 euros para el suministro de comidas del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas de España, la unidad que transporta al Rey, al presidente del Gobierno y a los ministros, según revela 'El Mundo'.

El servicio durará en torno a un año, hasta el 30 de junio de 2014. Las empresas podrán pujar por el contrato hasta abril de este año, licitación en la que se valorarán los precios ofrecidos, el servicio y la capacidad para suministrar los alimentos a tiempo.
A pesar de los recortes, esta dotación está en línea con los 300.000 euros presupuestados por Defensa para 2011/12, cuando Mariano Rajoy fue investido presidente. Sin embargo, el gasto se elevó aquel curso a unos 340.000 euros, según publicó 'Interviu'.
El contrato exige la preparación de hasta 75 comidas en cuatro horas para los vuelos del A310 (T22) del Ejército del Aire y 18 en dos horas para los viajes en Falcon 900 (T18).
El catering prevé decenas de platos diferentes para las altas personalidades que viajan en el Grupo 45, desde ibéricos a cochinillo y varios tipos de tartas. Sin embargo, en el presupuesto no figura el coste de las bebidas, que en 2012 era de 3,5 euros para las miniaturas de Chivas de 12 años y 1,5 euros para los Beefeater.
Defensa presupuesta para este año, por ejemplo, hasta 250 euros para el kilo de jamón ibérico de denominación de origen y 100 para el kilo de jamón ibérico de cebo. No obstante, estos productos puntúan menos en la licitación que el lomo ibérico de origen, para el que prevé hasta 120 euros por kilo.
Otros platos son el cochinillo a la segoviana (20 euros la unidad), el medallón de cordero lechal (20 euros la unidad), la lubina a la bilbaina (19 euros) o la mousse de pato con lomo ibérico (15 euros).
Otros platos más ligeros son el melón con jamón ibérico (22 euros por unidad), la ensalada de pasta con roast beef (14 euros la unidad) o la bandeja de sándwiches (25 euros).
Para desayunar, Defensa pide zumo de naranja natural (8 euros el litro), bandejas de bollería (20 euros), flanes de huevo (4 euros la unidad) y fruta de la estación cortada en rodajas (cuatro euros la unidad).
La empresa que gane el concurso tendrá que estar disponible las 24 horas del día para tramitar los pedidos "tanto para el procedimiento habitual como para los pedidos de urgencia".
Cualquier deficiencia, como menos cantidad de comida de la pedida, mala calidad o cambios de menus no autorizados, tendrá que ser repuesta y la empresa será sancionada con el impago del servicio "deficientemente prestado" y, cuando corresponda, con una penalización del 25% del coste.
Ante la "especial naturaleza de los usuarios finales del producto", la empresa tendrá que garantizar que sus trabajadores "no generen ninguna situación que pudiera representar una amenaza" para ellos. El 45 Grupo se guarda el derecho de exigir la sustitución del empleado "rehusado" por mal comportamiento o falta de rendimiento.

martes, 29 de enero de 2013

El Gobierno catalán critica al Estado el gasto en cubertería de embajadas

BARCELONA.- El consejero de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha asegurado este martes que la Generalitat "intensificará" su acción exterior, y ha reprochado al Estado que se gaste 330.000 euros en cubertería y mantelería para sus embajadas.

   "No solo continuaremos con lo que hacíamos, sino que lo intensificaremos. Haremos más actividad exterior que nunca", ha resaltado en rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo, justificándolo por afrontar la crisis y por el proceso soberanista de Cataluña.
   Ha explicado que para ello utilizarán los instrumentos a su disposición, pero ha dejado claro que su concepto de política exterior dista mucho de la del Gobierno central: "Lo que no haré nunca es gastarme 330.000 euros en cubertería".
   Homs ha criticado la ley que ultima el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, para tutelar la actuación en el extranjero de las autonomías, destacando que "pensar que esto de salir afuera es como un capricho no es del siglo pasado, sino de hace dos siglos atrás".
   A su juicio, el Gobierno central debe entender la importancia de poder hacer política exterior porque así lo exige la economía y el mundo actual para ser competitivos: "Hay que jugar la liga de la globalización; si no, no hay recorrido".
   Homs, que explicará la estrategia en exteriores en la comisión respectiva del Parlament, también ha explicitado que, de momento, no han notado cambios en esta cuestión, por lo ve que "hay un cuerpo diplomático muy profesional y unos miembros del PP muy beligerantes".

martes, 8 de enero de 2013

Cada hogar español tira 76 kilos de comida al año, pero sólo un 9% lo reconoce

MADRID.- Cada hogar desperdicia un promedio de 76,4 kilos de comida al año, aunque sólo un 9 % de ellos reconoce que tira alimentos a la basura con cierta frecuencia, según un estudio de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop).

Para ello, se visitaron 413 hogares -escogidos de forma aleatoria- durante siete días consecutivos y en horarios distintos del mes de noviembre y se entrevistó a 3.454 personas de todas las comunidades encargadas de la alimentación de cada casa, según explica un comunicado de Eroski, perteneciente a Hispacoop.
Los hogares sometidos a análisis tiraron 554 kilos de alimentos en una semana, de los que un 19 % eran pasteles, cereales y pan; un 17 %, frutas, verduras, leche y derivados, y un 13 %, pasta, arroces y legumbres.
La comida del mediodía es el momento en el que se tiran más alimentos (un 35 % del total), seguida de la cena (27 %) y el desayuno (20 %).
De los resultados de una semana, el análisis deduce que cada español arroja a la basura 32,2 kilos de alimentos al año, lo que supone 1,52 millones de toneladas entre toda la población.
También se preguntó en el estudio a los responsables de los hogares la diferencia entre fecha de caducidad (en qué momento el producto deja de ser seguro para tomarlo) y consumo preferente (cuando pierde sus cualidades sin riesgo para la salud).
Así, uno de cada cuatro entrevistados confundía ambos conceptos, lo que puede suponer que alimentos válidos para el consumo acaben en la basura.
El tipo de hogar donde se tiran más alimentos está compuesto por dos personas donde el responsable de la comida tiene más de 60 años, mientras que los hogares con cuatro o más miembros son los que destrozan menos.
La gravedad del desperdicio de alimentos es especialmente relevante, según la nota, si se tiene en cuenta que la comida que se tira en Estados Unidos y la Unión Europea podría alimentar a los 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo.
En los países desarrollados, 200 millones de toneladas de alimentos acaban en los vertederos cada año.

sábado, 5 de enero de 2013

El exministro español Blanco pide que se revele el coste del cambio de nombre de los ministerios

MADRID.- El exvicepresidente y exministro español de Fomento y diputado del PSOE por Lugo, José Blanco, quiere que el Gobierno de Mariano Rajoy revele el coste que ha supuesto para las arcas públicas el cambio de nombre de los ministerios que ha llevado a cabo a su llegada al poder, así como la reestructuración de los departamentos que los integran.

   En una pregunta registrada en el Congreso, Blanco justifica la presentación de este interrogante ante la necesidad de conocer el impacto económico que estas modificaciones de nomenclatura que han sufrido la mayoría de las áreas ministeriales conllevan en materia de señalización, cartelería o papelería.
   Y, sobre todo, porque, según el también exsecretario de Organización socialista, el actual Gobierno ha convertido el cumplimiento del objetivo de déficit en "única meta" de su política económica, "llevando hasta la irracionalidad su política de austeridad a ultranza sin contrapartida en políticas de impulso al crecimiento".
   De ahí que Blanco vea fundamental que el Ejecutivo del PP especifique el coste global que han traído consigo tales cambios teniendo en cuenta que está exigiendo a los ciudadanos "día sí y día también" nuevos "sacrificios" en forma de "más impuestos y menos y peores" servicios públicos.

Las administraciones públicas españolas tienen 10.200 contratos de luz con recargos del 20%

MADRID.- Las administraciones públicas españolas tienen 10.270 contratos de electricidad que han perdido el derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR) y que, sin embargo, siguen siendo suministrados a tarifa porque no han encontrado comercializadora en el mercado libre.

   Estos contratos, 533 de ellos en alta tensión y otros 9.737 en baja tensión, no solo sufren las penalizaciones disuasorias del 20% contempladas para estos casos, sino que además se encuentran sometidos desde el 1 de enero a una completa incertidumbre y podrían incluso interrumpirse porque ya no tienen derecho ni siquiera a suministro bajo TUR.
   El Ministerio de Industria, Energía y Turismo había elaborado un borrador de orden ministerial de revisión de peajes eléctricos en el que ampliaba en un año, hasta el 31 de diciembre, el plazo de permanencia de estos clientes sin derecho a tarifa en un suministrador de último recurso.
   No obstante, la orden de peajes no ha sido todavía publicada, de modo que desde el 1 de enero la continuidad del suministro a todos estos clientes depende solamente de la voluntad de su comercializadora de último recurso, siempre y cuando no se trate de un "suministro esencial", al que está prohibido cortar la luz.
   La Comisión Nacional de la Energía (CNE) calcula que en la actualidad hay 46.553 puntos de suministro sin derecho a TUR que son suministrados por una comercializadora de último recurso, de los que 432 son grandes consumidores, 10.270 administraciones públicas, 12.732 pymes y 22.847 hogares con más de 10 kilovatios (kW) de potencia contratada.
   Esta cifra es, sin embargo, muy inferior a los 354.636 consumidores que se encontraban en este régimen transitorio en 2010, el primer mes en el que existen cifras acerca de este perfil de consumidores.
   El regulador indica además que, de los 46.553 usuarios que se encuentran en esta situación, el 16%, o 7.440, corresponde a suministros esenciales, de forma que en ningún caso se les podría suspender el servicio eléctrico.
   El Ministerio de Industria, Energía y Turismo calcula que solo el recargo del 20% por no haber pasado al mercado libre supondrá unos ingresos en 2013 para la tarifa eléctrica de cerca de 60 millones de euros.
   A la idea de Industria de ampliar en un año el régimen transitorio para evitar cortes de suministro, aún no publicada en el BOE, la CNE ha replicado que resulta más adecuado establecer un precio disuasorio permanente que no obligue a la ampliación sistemática de plazos cada año.

jueves, 27 de diciembre de 2012

Resultan de escándalo los sueldos de los alcaldes españoles

MADRID.- Quince alcaldes españoles de capital de provincia cobran actualmente más de los 67.055 euros que percibe un secretario de Estado, con lo que deberían rebajarse el sueldo en el caso de que se materialice el principio de acuerdo alcanzado por el PP y el PSOE para limitar los ingresos de los regidores.

El Gobierno pretende establecer la nómina de los alcaldes en relación con la población de su municipio, que en ningún caso podrá superar el sueldo de un secretario de Estado, cantidad que actualmente rebasan los responsables municipales de Barcelona, Madrid, Bilbao, Zaragoza, Valladolid, Valencia, San Sebastián, Vitoria, Málaga, Castellón, Burgos, Santa Cruz de Tenerife, Huelva y Orense.
En el marco de las negociaciones para la reforma de la Administración Local, y tras el principio de acuerdo alcanzado por los dos principales partidos en el punto que afecta a las retribuciones, Efe ha recopilado -consultando con fuentes municipales- los salarios de los alcaldes de las 50 capitales de provincia españolas y de los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El barcelonés Xavier Trías es el alcalde de capital de provincia que más cobra (109.939 euros, menos la paga de Navidad), seguido de la madrileña Ana Botella (94.703), el zaragozano Juan Alberto Belloch (91.812), el bilbaíno Iñaki Azkuna (96.399 euros menos el 7 por ciento equivalente a la paga de los funcionarios), el vallisoletano Javier León de la Riva (88.000) y la valenciana Rita Barberá (86.000 euros). Superan también los 70.000 euros los alcaldes de San Sebastián (80.803 euros), Vitoria (79.398 euros), Málaga (77.673) y Castellón (74.000 euros), según fuentes municipales consultadas.
 
Reforma de la Administración Local
El Gobierno negocia con los partidos y con la Federación Española de Municipios y Provincias una regulación de los salarios de los alcaldes que iría en paralelo con la reforma de la Administración Local y que limitaría las nóminas tomando como baremo la población del municipio, con el sueldo tope de un secretario de Estado.
Por comunidades autónomas, en Andalucía, los partidos mayoritarios fijaron en 2010 unos topes en los salarios en función de la población, y en el caso de las capitales de provincia andaluzas el sueldo de los alcaldes es equivalente al de un consejero del Gobierno andaluz (68.630 euros anuales). El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez (PP), era el que percibía el sueldo más alto -en 2010 cobraba 97.182 euros anuales-, aunque desde la anterior legislatura se ha bajado su asignación en dos ocasiones hasta los 67.892 euros anuales. No obstante, el de Málaga cobra 77.673 euros.
Por su parte, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), no percibe remuneración como regidor, sino como parlamentario autonómico con un sueldo de 3.113,26 euros brutos mensuales (13 pagas) a los que hay que sumar otros 1.794,98 euros mensuales por su condición de presidente del grupo parlamentario popular. Al igual que Zoido, los alcaldes que han optado por el sueldo de parlamentario perciben ese mismo dinero más una indemnización semanal por gastos de manutención y alojamiento que varía en función de la distancia entre su residencia habitual y la sede de la Cámara regional en Sevilla, que va desde los 200 euros cuando no supera los 100 kilómetros hasta los 410 euros si son más de 300.
En Aragón, Juan Alberto Belloch cobra 91.812,28 euros como alcalde de Zaragoza, más dietas por asistencia a consejos de administración de patronatos o sociedades municipales y el Senado. La alcaldesa de Huesca, Ana Alós (PP) tiene un sueldo bruto de 34.343 euros y el de Teruel, Manuel Blasco (PP) sólo cobra del Senado. El alcalde de Santander y presidente de la FEMP percibe un sueldo municipal de 59.689 euros. Los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, cobran 63.255 y 68.500 euros anuales brutos, respectivamente.
 
Valencia y Castellón, entre los mejor pagados
Ninguno de los alcaldes de capital de provincia de Castilla-La Mancha cobra actualmente más que un secretario de Estado. La primera edil de Albacete, Carmen Bayod, percibe 62.810 euros -menos una mensualidad por la supresión de la paga extra- y Juan Ávila, alcalde de Cuenca, gana unos 56.000 euros al año. La alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y Antonio Román, de Guadalajara, renunciaron a sus sueldos municipales tras ser elegidos diputados nacionales en noviembre de 2011. Román mantiene su actividad como médico privado en una consulta propia.
Tampoco cobra del Ayuntamiento Emiliano García-Page, elegido senador por designación autonómica tras las elecciones de mayo de 2011. En Castilla y León, el vallisoletano Javier León de la Riva (PP) es el que más cobra, 88.000 euros brutos, de los que 12.000 son por ser funcionario de la administración. El responsable de Ávila percibe 51.350 euros, el de Burgos 69.133, el de León 57.897, el de Palencia 44.162 euros, el de Salamanca 63.700 euros y el de Segovia 53.519. La alcaldesa de Zamora ingresa 55.977, y el de Soria 48.226 euros, cantidad que supera el alcalde de la localidad salmantina de Castellanos de Moriscos (unos 1.500 vecinos), que percibe 50.000 euros brutos anuales.
En Cataluña reside el alcalde que más cobra, que el de Barcelona, pero su homologo de Gerona renunció a su sueldo para quedarse con el de diputado - 2.378 euros brutos al mes-, mientras que de Lérida, Àngel Ros, cobra unos 65.000 euros mensuales y el de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, 54.651. En la Comunidad Valenciana, mientras que los alcaldes de Valencia y Castellón se sitúan en el ránking de los 15 mejor pagados, la alicantina Sonia Castedo renunció a su sueldo como responsable municipal por ser diputada en Les Corts, por lo que percibe 45.000 euros, a los que suma unos 11.000 por asistencia a comisiones.
En el caso extremeño, el alcalde de Badajoz percibe alrededor de 42,156 euros netos anuales mientras que la de Cáceres cobra como senadora y cobra dietas municipales. En Galicia, teniendo en cuenta las siete principales ciudades, el alcalde con un salario más alto es el de Orense, que cobra 67.822 euros al año, y el más bajo el de Ferrol, con 44.234 euros.
Los sueldos de otros regidores son: Santiago de Compostela, 65.988; La Coruña, 65.220 euros; Lugo, 64.260 euros; Pontevedra, 63.831 euros, y Vigo en torno a 60.000 euros. En cuanto al resto de autonomías con una sola capital, el alcalde de Palma de Mallorca, Mateo Isern, recibe 58.539 euros, la de Logroño 51.035, el de Pamplona 65.338 y el murciano Miguel Ángel Cámara 66.751 euros. El presidente de la Ciudad autónoma de Ceuta cobra 5.204 euros al mes mientras que su homólogo en Melilla, Juan José Imbroda, únicamente recibe ingresos como senador.

miércoles, 26 de diciembre de 2012

Los gastos absurdos más abultados de los políticos españoles en 2012

MADRID.- En plena época de derroches, los políticos españoles de todos los partidos al frente de las distintas administraciones siguen gastando a espuertas el dinero de los ciudadanos en proyectos que, en el mejor de los casos, son discutibles. En otras ocasiones son directamente desembolsos absurdos o producto de una pésima gestión de los asuntos públicos. El sitio web 'Con mi dinero.com' ha ido recopilando muchos de estos ejemplos de despilfarro a lo largo de 2012 y los ha sometido a la votación de sus lectores --El gasto público más innecesario de 2012 en España--. Periodista Digital ha recogido los más deseables. Son todos los gastos generados en 2012, o a los que ha habido que enfrentarse en dicho año, que han igualado o superado el millón de euros.

El caso viene de antiguo, desde hace 12 años. Los dueños de un solar de 25.000 metros no han podido desarrollarlo debido al plan urbanístico del municipio canario de Telde. Tras un litigio de iniciado en 2000 debido a la calificación del terreno, la Justicia ha dictaminado que los propietarios tienen que ser indemnizado con 7 millones. Para colmo, el terreno no ha sido utilizado en todos estos años.
2. Cartas más caras que una mala mano de póquer, 3,2 millones: El Gobierno ha gastado 3,2 millones de euros en el envío de cartas a los pensionistas.
Informar a los pensionistas sobre cuánto les sube la pensión y cómo les afecta a la declaración de la renta ha salido realmente caro, 3,2 millones de euros
Lo de menos con los cambios de frecuencia de emisión de algunos canales de la TDT son las molestias que causan a los usuarios. El Gobierno ha decidido gastar 2,6 millones de euros en explicar a los usuarios como sintonizar de nuevo sus televisores.
La limpieza de los rastros de orina en las calles catalanas sale cara, 2,2 millones anuales para ser precisos.
Después de 60 años, el águila pescadora vuelve a sobrevolar tierras andaluzas. Eso sí, ha costado 1,6 millones de euros.
Formar a 120 personas en gestión cultural para expandir el mercado del flamenco en Marruecos no sale barato: 1,3 millones de euros tanto en el país norteamericano como en Andalucía. Eso sí, el gobierno marroquí no paga nada.
Es cierto que un gasto anual de 22 millones de euros en telecomunicaciones por parte de la Junta de Extremadura es excesivo. Pero pagar 1,276 millones para que te digan cómo gastar menos tampoco parece una buena idea.
El Metro de Valencia tiene una línea en la que lo único que circula es el dinero que cuesta mantenerla. Un millón de euros para el mantenimiento de unos túneles en los que no circula ningún treen.
El Gobierno autonómico pretende aumentar su recaudación en 48 millones anuales con una tasa progresiva, el canon, a los grandes consumidores de agua. Para gestionarlo, paga un millón de euros anuales por un servicio de asesoría.

lunes, 24 de diciembre de 2012

España aporta cuatro millones de euros para pagar los sueldos de funcionarios palestinos

JERUSALÉN.- España aportó ayer cuatro millones de euros para pagar los salarios de noviembre de más de 84.000 funcionarios y pensionistas de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), en el marco de una contribución de cuatro países europeos.

La delegación en Jerusalén de la Unión Europea anunció la aportación total de 7,4 millones de euros, en la que también participan Suecia y Holanda (con 1,2 millones cada uno) e Irlanda (un millón).
"La Unión Europea ha contribuido con más de 145 millones al pago de salarios de la ANP y pensiones durante 2012, incluidos 130 millones de la Comisión Europea", señaló en un comunicado.
La ANP atraviesa una profunda crisis económica particularmente agravada por la reciente decisión israelí de retener las tasas y aranceles que recauda en su nombre y estaría obligada a transferirla en virtud de los Acuerdos de Oslo (1993).
La apropiación de los fondos, en represalia por la admisión de Palestina como Estado en la ONU el pasado día 29, está dificultando aún más al Gobierno de Ramala abonar los sueldos a los trabajadores públicos, tanto en Cisjordania como en Gaza.
Los funcionarios de Cisjordania protagonizaron de hecho esta semana dos días de huelga, en protesta por no haber cobrado los salarios de noviembre.
La retención israelí durará unos tres meses, hasta que cubra una deuda de la ANP con la compañía eléctrica israelí por valor de unos 700 millones de shékels (unos 141 millones de euros).

lunes, 17 de diciembre de 2012

El Tribunal de Cuentas sugiere que se ahorre 900.000 euros en subvenciones a sindicatos y patronal

MADRID.- El Tribunal de Cuentas ha apuntado al Gobierno la posibilidad de ahorrar anualmente casi 900.000 euros en subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales sólo con incluir al Consejo Económico Social (CES) dentro de los órganos consultivos en los que se remunera la participación.

   Así se recoge en el informe sobre el CES relativo a 2010 que la entidad fiscalizadora acaba de remitir a las Cortes.
   Según recuerda el Tribunal, un real decreto de 2008 regula la concesión de forma directa de subvenciones a las distintas organizaciones sindicales y organizaciones empresariales por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (el Servicio Público de Empleo Estatal, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, entre otros).
   A través de un sistema de módulos, se compensa la participación en un órgano consultivo nacional por un importe de 2.838 euros por representante y año, y por participación en un órgano consultivo regional, por un importe de 2.245 euros anuales por representante.
   En 2007, la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas pidió "ajustar normativamente la auténtica naturaleza jurídica de las compensaciones económicas" para similar finalidad y ahora la institución ha concluido aconsejando incluir al Consejo Económico y Social dentro de esa lista de organismos por cuya participación el Gobierno otorga subvención.
   A su juicio, las subvenciones que otorga el CES por asistir a sus órganos colegiados tienen una finalidad similar, pero existe una diferencia del 573,7% superior entre la compensación estipulada en el decreto de 2008 (de 2.838 euros por representante y año) y la recibida por las organizaciones representadas en el Consejo Económico y Social (19.119 euros por representante y año). "El ahorro que se conseguiría con la modificación normativa ascendería a 879.174 euros anuales", sostiene el Tribunal de Cuentas.
   Además, subraya que en todo caso sindicatos y patronal perciben otro tipo de subvenciones en el CES, con lo que en realidad, en lugar de los 19.119 euros por consejero y año, en 2010 se abonó, para todas las organizaciones representadas en el Consejo, un total de 26.829,59 euros por consejero, un importe un 40,2% superior.
   En sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas "considera conveniente que el Gobierno valore la posibilidad de incluir a los órganos colegiados del Consejo Económico y Social en el real decreto que regula la concesión de forma directa de subvenciones a las distintas organizaciones sindicales y empresariales por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social".
   En el mismo informe, la institución fiscalizadora considera que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social debe normalizar la situación jurídica en la que se encuentra el edificio utilizado por el Consejo Económico y Social como sede, dado que actualmente es propiedad de dicho Ministerio, así como regularizar, en su caso, la cesión a las organizaciones representadas en el Consejo, que actualmente disponen de tres plantas para su libre disposición.

domingo, 9 de diciembre de 2012

Las regiones españolas mantienen 25 'embajadas' en el exterior

MADRID.-   Las comunidades autónomas españolas (regiones) mantienen un total de 25 delegaciones políticas ubicadas en diferentes puntos del extranjero, sobre todo en Bruselas, y sólo cinco autonomías han atendido al ofrecimiento del Gobierno para integrar sus 'embajadas' en la red estatal de oficinas y así ahorrar costes.

   Las delegaciones en el extranjero son utilizadas por las comunidades autónomas como vehículo de cooperación política con el país en el que están ubicadas, así como medio de promoción y difusión de su cultura y su lengua. Además, todas las autonomías contaban con oficinas propias en Bruselas para formar parte de las negociaciones que se desarrollan en el ámbito de la Unión Europea.
   Sin embargo, la crisis económica cuestionó la existencia de estas 'embajadas' y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ofreció a las comunidades cerrar sus oficinas e integrar su personal en las embajadas españolas para ahorrar los costes de alquiler de edificios y otros gastos fijos.
   Pese a este ofrecimiento, las autonomías mantienen aún 25 oficinas propias en el extranjero, doce de ellas ubicadas en Bruselas porque consideran imprescindible su presencia en la capital belga, máxime en el actual contexto de negociación de los fondos europeos. Asturias, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha sí han aceptado la oferta del Gobierno y han integrado sus delegaciones en Bruselas en la embajada española.
   Al margen de Bruselas, hay algunas autonomías que mantienen también abiertas oficinas en otras ciudades tanto de Europa como de América. Es el caso de Cataluña, que no sólo no se plantea cerrar estas delegaciones sino que el Gobierno de Artur Mas durante la pasada legislatura defendió la necesidad de reforzar su presencia internacional, con la apertura de nuevas sedes.
   En la actualidad, Cataluña cuenta con 'embajadas' en París, Berlín, Londres, Nueva York y Buenos Aires. Si embargo, la crisis también ha hecho mella en este ámbito y la Generalitat optó por no abrir nuevas delegaciones y la más reciente, la de Buenos Aires, no cuenta con personal propio más allá de su delegado.
   Por su parte, el País Vasco, además de la delegación de Bruselas ante la Unión Europea, tiene abiertas sedes en Nueva York, México, Argentina, Chile y Colombia. El propio Gobierno vasco explica que las delegaciones de Euskadi en el exterior son "el órgano de representación de la comunidad en materia de cooperación al desarrollo, de relaciones con las Colectividades Vascas y de defensa y promoción de intereses multisectoriales en el ámbito de las competencias que a ésta le corresponden".
   También Galicia cuenta con sedes en Uruguay y Argentina, países que acogen las colonias más importantes de emigrantes gallegos. Tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta, ambas fueron trasladadas a dependencias de los centros gallegos en esos países, a fin de reducir costes en el alquiler de las oficinas que ocupaban.
   Por su parte, Canarias tiene delegación en Caracas (Venezuela) con el objetivo de consolidar su presencia en el ámbito internacional y en respuesta a la "creciente actividad" que la comunidad desarrolla en el exterior.
   Además, el Gobierno de Extremadura abrió una delegación en Lisboa, inaugurada en junio de 2009 pero que cerró en julio de este año y las personas que trabajaban en ella se trasladaron a la embajada española. El edificio que la albergaba se encuentra actualmente desocupado y próximamente saldrá a subasta, ya que una primera realizada quedó desierta.
   Cinco autonomías tienen también delegaciones en Madrid para favorecer y ampliar sus relaciones con las instituciones del Estado ubicadas en la capital. Se trata de Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Canarias; mientras que otras comunidades han optado por cerrar estas oficinas, como es el caso de Asturias, Navarra, Aragón o la Comunidad Valenciana.
   Además de estas representaciones de carácter político, las comunidades cuentan con otras 120 oficinas comerciales en el exterior, aunque está previsto que a finales de este año casi la mitad se integren en las dependencias de las oficinas comerciales del Estado.
   Por ejemplo, Canarias dispone de oficinas sectoriales de carácter comercial en Agadir (Marruecos) y Dakar (Senegal), mientras que la Xunta de Galicia firmó un convenio con la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) para gestionar, por 18 millones de euros, la red Pexga de oficinas en el exterior. En total, son 14 las oficinas existentes en distintos países extranjeros para prestar asesoramiento y hacer labores de acompañamiento.
   Por su parte, la Generalitat Valenciana disponía al inicio de la actual legislatura de 27 oficinas propias del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) en países extranjeros, aunque tiene en marcha una reestructuración de la red que contempla cierres e integración de oficinas. A final de año se habrán cerrado 12 oficinas y para el resto se ha firmado un convenio de colaboración por el que 13 oficinas se integrará en la Red ICEX, que ya está cumplido al 40 por ciento.
   En el caso de Cataluña, aunque en ningún caso son delegaciones, la Generalitat cuenta con la Casa de la Generalitat en Perpinyà (Francia), representaciones de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, una red de oficinas de promoción económica, oficinas de turismo, el Institut Ramon Llull dedicado a la difusión internacional de la lengua y cultura catalanas, y del que hasta hace un mes también formaba parte Balears, y el Institut Català d'Empreses Culturals (ICEC, organismo autónomo de la consejería de Economía).