Las escuchas sin autorización 'tienen difícil encaje legal'

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunciará sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) el próximo día 12, cuando votará una propuesta de informe en la que se sugiere que la intervención de comunicaciones sin autorización judicial previa plantea "serias dudas de encaje constitucional".

Según ha informado hoy el CGPJ, el texto que se debatirá el día 12 ha sido elaborado por los vocales Juan Manuel Fernández, Fernando Grande-Marlaska y Rafael Mozo, y en él se valora el anteproyecto de ley remitido por el Gobierno, pero no se comparten algunos aspectos.

Los magistrados son especialmente críticos en lo referido a la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial previa para determinados casos, que, a su juicio, plantea "serias dudas de encaje constitucional".

La propuesta de informe también sugiere que debe articularse la posibilidad de calificar una causa como compleja para prorrogar el plazo de instrucción, y que esto pueda ser acordado de oficio por el juez, así como que se garantice el derecho a la asistencia letrada en la fase de diligencias policiales y durante la toma de muestras de ADN de los detenidos.

Los ponentes consideran que la valoración del texto remitido por el Gobierno "ha de ser necesariamente positiva" porque es el resultado "de una concepción ágil y moderna de la justicia penal", garantiza los derechos fundamentales y "se presenta como el baluarte de una futura y completa, al tiempo que inaplazable, regulación de la justicia penal que responda las exigencias de la sociedad actual".

Sin embargo no comparten aspectos como la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial previa, prevista por el Gobierno "en caso de urgencia" y para investigar delitos cometidos por organizaciones criminales, de terrorismo, contra menores u otros de especial gravedad.

En el texto remitido por el Ejecutivo se detalla que las comunicaciones podrán ser ordenadas por el ministro del Interior o por el secretario de Estado de Seguridad y comunicadas en un plazo máximo de 24 horas al juez, que deberá validar o anular la medida en 72 horas.

Los magistrados que han elaborado la propuesta de informe del CGPJ sostienen que los términos de la autorización judicial previa resultan claros del artículo 18.3 de la Constitución, y que el artículo 55.2 de la Carta Magna solo se refiere a la suspensión del derecho al secreto de las comunicaciones en los casos de bandas armadas o terrorismo.

Por eso "no se identifica en principio el fundamento constitucional de la intervención de la comunicación".

Los vocales ponentes también consideran preciso "reflexionar acerca del riesgo que comporta" fijar un plazo de prórroga de la intervención de las comunicaciones -por periodos sucesivos de tres meses- que puede llegar hasta los dos años.

Consideran positivo no obstante que el anteproyecto de la LECrim regule por primera vez la utilización de SMS y otros datos electrónicos en las investigaciones.

En cuanto a la fijación de un plazo máximo para la instrucción -seis meses para las causas ordinarias y dieciocho meses, prorrogables, para las complejas-, los magistrados consideran que "además de superar el anacrónico y poco realista plazo de un mes previsto" actualmente, propicia el avance del proceso hacia la fase intermedia.

Sin embargo, los ponentes consideran que "debería permitirse la prórroga del plazo máximo de la instrucción ordinaria por igual periodo de tiempo", tal y como se prevé para las causas complejas, y que esta petición pueda hacerse no solo por el fiscal, sino también por las partes acusadoras personadas y que sea acordada de oficio.

La propuesta de informe valora la regulación de las garantías procesales del detenido y del encausado que hace el texto del Ejecutivo, ya que así se incorpora al ordenamiento español la directiva europea correspondiente, pero sugiere algunas mejoras al texto del anteproyecto.

Así, los vocales entienden que el anteproyecto, que establece el derecho de comunicarse y entrevistarse reservadamente con el letrado en "cualquier momento del proceso", debería recoger la extensión de este derecho "a las diligencias policiales".

Los ponentes también señalan que, con el estado actual de la jurisprudencia, "parece que lo más oportuno sería seguir el criterio del Tribunal Supremo y no exceptuar la asistencia letrada al detenido para la toma de muestras de ADN

El fiscal Torres-Dulce garantiza que serán muy activos para combatir las injurias en la red

BARCELONA.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha garantizado hoy que serán "muy activos" y actuarán con el "máximo rigor y prudencia" a la hora de combatir la apología de crímenes y del genocidio en las redes sociales.

En declaraciones a los periodistas, tras participar en Barcelona en el acto de entrega de despacho a los 204 jueces de la 64 promoción, Torres-Dulce ha asegurado que los fiscales serán "muy activos" en perseguir este tipos de delitos en la red porque afectan "a todo aquello que puede distorsionar la convivencia".

El fiscal general del Estado ha afirmado que los fiscales actuarán con el "máximo rigor y prudencia" a la hora de combatir cualquier delito de apología de crímenes o de genocidios en las redes sociales.

El anuncio de Torres-Dulce llega después de que entidades judías de toda España presentaran ayer una denuncia ante la Fiscalía para que investigue a más de 17.000 usuarios de Twitter por los comentarios antisemitas, en su mayoría apologías del Holocausto, publicados tras la victoria del Maccabi de Tel Aviv ante el Real Madrid en la Final a Cuatro de baloncesto.

CiU pregunta cuántas diligencias ha habido en España por delitos en las redes sociales

MADRID.- CiU ha preguntado hoy al Gobierno cuántas diligencias judiciales se han abierto en la última década por supuestos delitos cometidos en internet y las redes sociales con la actual legislación de delitos informáticos y, si a la vista de esos datos, es necesaria una modificación "represiva" de la ley.

A través de una pregunta por escrito registrada por su portavoz de Interior, Feliu Guillaumes, CiU ha pedido al Ejecutivo que aclare si los datos avalan la necesidad de cambiar la legislación, como se ha sugerido, o esa sugerencia ha sido fruto una actitud "reactiva" y "represiva" del Gobierno.

Para CiU, sería "preocupante" que se tratara de un "impulso reactivo", porque un Gobierno "no puede moverse a golpe de hechos concretos o de titulares", sino que las políticas, sobre todo las que limitan las libertades, "deben producirse después de una profunda reflexión tanto técnica como política".

Insiste sin embargo CiU en condenar con rotundidad "las lamentables declaraciones que se han producido en las redes sociales después del brutal asesinato" de la presidenta de la Diputación de León y del PP en esa provincia, Isabel Carrasco, el pasado día 12.

En la pregunta por escrito, los nacionalistas catalanes se interesan por saber cuántas de esas diligencias acabaron en una sentencia firme, desglosadas por años.

El Gobierno español confirma que estudia dotar a los policías con 'Google Glass', valoradas en más de 1.000 euros cada par

MADRID.- El Gobierno español ha confirmado por medio de una respuesta parlamentaria escrita que está estudiando las posibilidades de dotar a los agentes de Policía de 'Google Glass'. Este artilugio está valorado en más de 1.000 euros cada par.

   "Con respecto al uso de las denominadas 'Google Glass', las posibles utilidades operativas de este dispositivo óptico están siendo exploradas por las distintas áreas funcionales del Cuerpo Nacional de Policía, de cara al incremento de la seguridad para los agentes y mejora de la respuesta al ciudadano", dice el Ejecutivo.

   Contesta así el Gobierno a la pregunta formulada por el diputado de IU Ricardo Sixto, quien se interesó por la "compatibilidad de la inversión en las 'Google Glass' para las patrullas policiales con la situación en la que se encuentran".

Ya el pasado mes de enero, la Dirección General de la Policía indicó que con las 'Google Glass' se avanzaría en el Plan Estratégico de la Policía que pretende la transformación del Cuerpo en una verdadera seguridad inteligente a través del proyecto denominado Policía 3.0.

   El director de la Policía, Ignacio Cosidó, se ha interesado por las características de estos dispositivos y su posible utilidad en la actuación diaria de los agentes. Según la Policía, las Google Glass permitirían la visualización en directo de las cámaras de seguridad próximas; monitorizar y registrar la actuación del agente; acceso a "Street View"; captura de imágenes y vídeos para reconocimiento facial, comprobación de datos o intercambio con otras patrullas; acceso a bases de datos policiales, o información sobre las unidades comisionadas y servicios de apoyo.

   Además, podrían integrar sistemas de reconocimiento facial, sistemas de gestión de vehículos, bases de antecedentes policiales, archivos de datos documentales, información de normativa penal, policial y procedimental, así como protocolos de actuación, entre otros.

Interior dotará a las UIP españolas de 800 cascos y 300 escudos más duros, 350 chalecos nuevos y 800 espinilleras tras el 22M

MADRID.- El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los  Diputados una serie de medidas para mejorar la protección de los agentes antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP) españolas. Según ha dicho, el Ministerio del Interior va a adquirir de manera urgente 800 cascos y 300 escudos más duros, 350 chalecos de un modelo nuevo y, por primera vez, 800 pares de espinilleras.

  "Después de los incidentes que vivimos el pasado 22 de marzo, queremos subsanar determinadas deficiencias detectadas en el actual equipamiento policial que hacen a los agentes vulnerables frente a determinadas agresiones, lo que nos ha llevado a solicitar a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación por el procedimiento de emergencia de nuevos equipos adicionales", ha explicado Cosidó en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

   Los 800 nuevos cascos "incorporan un revestimiento más resistente que el actual y una pantalla protectora de 4 milímetros que impide que los posibles impactos lleguen al rostro del funcionario". En cuanto a los escudos, en la actualidad las unidades de intervención disponen de escudos transparentes con faldón abatible.

   "Pero tras el estudio de la conveniencia de un nuevo escudo que mejore las prestaciones del actual se ha previsto la dotación de 300 nuevos modelos de conformación plana, con una plancha de policarbonato de 4 milímetros en vez del actual de 3 milímetros y de mayor longitud", ha dicho el director general.

   Por su parte, los nuevos chalecos "presentan avances como una acomodación de las dimensiones, cambio del cuello y también una nueva protección inguinal". Las espinilleras es la primera vez que se aplican a los antidisturbios y es que Cosidó ha recordado que buena parte de los policías heridos el pasado 22M fueron heridos en las piernas.

   Además, ha agregado que ya con anterioridad al 22M, para los años 2012 y 2013, se había iniciado un proceso de adquisición de 2.750 nuevas equipaciones por año, compuestas de prendas de uniformidad con características de impermeabilidad, retardantes al fuego, repelentes de ácidos y con alta resistencia al desgarro y a la abrasión.

   En los dos últimos años se han adquirido también 40 nuevos vehículos. Aunque ya estaba previsto con anterioridad, para este año se les va a dotar también de 55 nuevos cascos, 500 pantallas más resistentes, así como guantes anticorte y linternas.

   Cosidó ha adelantado además una serie de reformas para reorganizar las UIP "que las haga más operativas". Cada uno de los grupos pasará a estar formado por cuatro subgrupos -actualmente son tres- de modo que siempre estén disponibles para la actuación operativa un total de al menos 50 funcionarios por grupo.

   También se creará un grupo de intervención inmediata compuesto de dos subgrupos y jefe de grupo al frente de los mismos, con personal especialmente cualificado, dotados de vehículos que permitan su más rápida movilidad e intervención en los casos de graves disturbios o de situaciones de violencia en apoyo al resto de grupos.

   Cosidó ha lamentado que, "para actuar ante grupos violentos tan radicales, numerosos y en espacios urbanos abiertos, condiciona esa capacidad y la capacidad por subgrupos pierde su efectividad". Por ello ha anunciado que están "rediseñando los despliegues partiendo de un núcleo básico integrado por un mínimo de dos grupos operativos enlazados con el resto de los grupos intervinientes pero con movilidad de ambos grupos al unísono, especialmente cuando se intervenga ante situaciones de especial violencia".

   El tercer bloque de estas medidas para dar más apoyo a la UIP consiste en "mejorar y aumentar su seguridad jurídica". En este sentido ha anunciado la puesta en marcha, junto a la Abogacía del Estado, de iniciativas en nombre y representación de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía cuando sean objeto de agresiones. Según ha dicho Cosidó, la Abogacía del Estado representará a los policías siempre que "hayan sido objeto, como consecuencia u ocasión del ejercicio de sus funciones, de alguna infracción".

Cuatro años de cárcel para un destacado activista chino de derechos humanos

PEKÍN.- Un tribunal sentenció a cuatro años en prisión a uno de los defensores de derechos humanos más destacados de China, después de que hiciera una campaña por los derechos de los niños de áreas rurales a recibir educación en las ciudades y para que los altos cargos hagan públicos sus bienes.

El encarcelamiento de Xu Zhiyong enviará una dura advertencia a los activistas de que el Partido Comunista de China aplastará cualquier intento por desafiar a su Gobierno, en especial de aquellos que buscan organizar campañas.

También reduce las esperanzas de un cambio político significativo, pese a que China ha prometido embarcarse en reformas económicas.
Por separado, uno de los disidentes más destacados de China, Hu Jia, que frecuentemente acusa a las autoridades de infringir las libertades civiles, dijo que la policía lo había citado bajo el cargo de "sospechoso de causar disturbios".
El Tribunal Intermedio Número 1 de Pekín, halló culpable a Xu de "reunir a una multitud para perturbar el orden público", dijo la corte en su blog oficial. El juicio de Xu se celebró el pasado miércoles.
El abogado de Xu, Zhang Qingfang, dijo que se reuniría con su cliente en los próximos tres días para determinar si interpone un recurso de apelación.
"Dijo (en la corte) que la poca dignidad que le queda al sistema legal chino había sido destruida", dijo Zhang a la prensa.
"No es que no podamos soportar este resultado, sino que, fundamentalmente, la sentencia de culpabilidad es ilegal, inaceptable e injusta", agregó.
Se produjeron caóticas escenas al exterior del tribunal, mientras la policía empujaba y hostigaba a la prensa internacional. Zhang fue rápidamente trasladado por la policía en una camioneta tras la audiencia.
El Gobierno ha librado una guerra contra el "Movimiento Nuevo Ciudadano" de Xu, que defiende trabajar desde dentro del sistema para presionar por un cambio. Cientos de ciudadanos han participado en actividades relacionadas con el movimiento, dijeron activistas de derechos humanos.

Prohíben a los detenidos por el 14D en Madrid acercarse al Congreso

MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº 1 de Madrid ha prohibido a cinco de los 14 detenidos por la protesta de 'Rodea el Congreso' del pasado 14 de diciembre acercarse a menos de 500 metros de la sede del Congreso de los Diputados, según se desprende del auto judicial fechado a 20 de diciembre.

Aunque el mismo sábado de los altercados se detuvo a siete personas, el pasado jueves, en el marco de la 'operación cresta', se detuvieron a otros siete, dos de ellos menores de edad. La medida cautelar afecta a estos últimos detenidos --quedan fuera los menores de edad que han pasado a la Fiscalía de Menores--, han señalado hoy fuentes policiales.

En el auto el juez, que se encontraba de guardia en el momento de las detenciones, toma esta medida cautelar después de que el Ministerio Fiscal hubiera pedido una medida de alejamiento durante la tramitación de la causa fijada en una distancia de 1.000 metros.

Acusados de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y de lesiones, los detenidos en su declaración prestada en el juzgado "reconocieron su intervención en la protesta" y, además del propio atestado que origina la iniciación de las actuaciones, hay "reconocimientos fotográficos".

El juez entiende que para adoptar esta medida no se requiere una "prueba plena" sino un "indicio razonable de la existencia del hecho punible y de la intervención" de los detenidos, además del "examen e identificación fotográfica" antes mencionada que "puede considerarse como un cato de la naturaleza expresada".

A ello se le une la "gravedad" de los hechos analizados, atentar el ejercicio de sus funciones por unos agentes de la autoridad, "encargados del mantenimiento del orden interno del Estado" y contra la "integridad física de las personas y el patrimonio de un organismo estatal". Esta gravedad, dice, "obliga a impedir la repetición futura de hechos de parecidas características".

El juez toma esta decisión con una extensión menor a la solicitada por el Ministerio Público pues aunque los detenidos residen fuera del término municipal de Madrid, salvo uno que necesita acudir a un centro educativo del barrio de Latina, cree que la distancia de los mil metros "restringiría en exceso las posibilidades deambulatorias de los afectados".

Todos los detenidos están acusados de varios delitos de lesiones, atentado a agente de la autoridad, desórdenes públicos y daños durante los disturbios. Además, se les considera responsables de causar múltiples traumatismos a 11 agentes de las Unidades de Intervención Policial, más conocidos como antidisturbios, a los que arrojaron todo tipo de objetos contundentes. Otras 13 personas resultaron heridas.

El pasado sábado 14, los manifestantes comenzaron una marcha por las principales vías de la capital, provocando problemas circulatorios de gran importancia en el centro de la ciudad. Cuando esta manifestación, no comunicada a la Delegación del Gobierno, alcanzó la Puerta del Sol, en la plaza se encontraban miles de personas.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid explicó la semana pasada que en ese momento miembros de Unidades de Intervención Policial trataron de dialogar con la cabecera de la manifestación para evitar que con la entrada de una masa de personas se pudieran generar momentos de caos y temor en los ciudadanos allí presentes.

"Lejos de dialogar, los radicales que encabezaban la marcha comenzaron a rodear a los agentes y a proferirles insultos graves. Para evitar momentos de tensión con los manifestantes, los policías decidieron replegarse. Cuando se produjo el repliegue un grupo de violentos aprovechó para agredir a los agentes, propinándoles patadas y lanzándoles botellas", detallaron desde la Policía.

Posteriormente, el grupo de manifestantes continuó su camino hasta la confluencia de las calles de Atocha y San Sebastián, donde destrozaron un vehículo de la Policía Municipal. Para socorrer a los dos agentes municipales llegaron a la zona varios agentes de la Unidad de Intervención, "que se encontraron con una masa extremadamente violenta".

Los radicales comenzaron a lanzar botellas de vidrio, piedras y otros objetos contundentes contra los policías, hiriendo de diversa consideración a once de ellos.

Cuando se produjeron los enfrentamientos violentos contra las fuerzas del orden, se encontraban en la calle Atocha numerosos vehículos de particulares y un autobús repleto de pasajeros. El medio de transporte colectivo sufrió múltiples impactos de botellazos y otros objetos "provocando momentos de gran temor y ansiedad entre sus ocupantes", según el parte policial.

Los disturbios acabaron con cuantiosos daños materiales en el mobiliario urbano, por importe superior a 15.000 euros, entre papeleras, señalización, limpieza viaria, contenedores de vidrio y papel, entre otros enseres. El día de los altercados se llevaron a cabo otras siete detenciones por desórdenes públicos y atentado.

El ruso Navalni disfrutará de libertad condicional con restricciones

MOSCÚ.- El líder opositor ruso Alexei Navalni, condenado este jueves a una pena de cinco años de prisión por malversación de fondos públicos, ha recibido la libertad condicional del tribunal de Kirov, con restricciones en sus movimientos, a la espera del resultado del recurso contra la sentencia.

   Los fiscales han pedido, inesperadamente, que Navalni --uno de los más conocidos opositores al presidente Vladimir Putin-- pueda permanecer en su domicilio de Moscú a la espera de la apelación. El objetivo de la decisión podría ser aplacar a los miles de partidarios opositores que se manifestaron ayer jueves en varias ciudades de Rusia, con un resultado de decenas de detenidos.

   Navalni ha sido declarado culpable por un tribunal de la ciudad de Kirov, a 900 kilómetros al este de la capital, de la apropiación de casi 400.000 euros de una compañía estatal mediante el comercio fraudulento de madera. Alexei Navalni, un bloguero muy conocido en Rusia por liderar las multitudinarias protestas contra Vladimir Putin en 2012, ha denunciado que los cargos en su contra tienen motivos políticos.

   La condena se produce justo un día después de que la Comisión Electoral de Moscú aceptara su candidatura a la alcaldía de la capital rusa. La condena, a menos que sea anulada en apelación, le impedirá optar a un cargo público y el propio equipo de campaña de Navalni ya ha anunciado la retirada de su candidatura.

   El otro imputado en el juicio, Pyotr Ofitserov, también ha sido declarado culpable y condenado a cuatro años de cárcel. Ofitserov dirigía la empresa maderera Vyatka y ha sido acusado de comprar madera a KirovLes por debajo de los precios de mercado, participando así en el fraude. Ambos imputados se habían declarado no culpables.

Leer más:  Navalni disfrutará de libertad condicional con restricciones  http://www.europapress.es/internacional/noticia-navalni-disfrutara-libertad-condicional-restricciones-20130719093147.html#AqZ167ggGIgYXNPx
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Libertad con cargos para los once arrestados mayores de edad durante la convocatoria para "asediar" el Congreso

MADRID.- La titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, María Esperanza Callazos Chamorro, ha dejado en libertad con cargos este viernes a los once arrestados mayores de edad durante la protesta convocada por la Plataforma ¡En Pie! para "asediar" el Congreso. También fueron detenidos otros cuatro menores de edad.

   Nueve de los once arrestados han quedado en libertad sin medidas cautelares, mientras que los dos restantes deberán personarse cada quince días en el juzgado. Sobre ellos pesa, según cada caso individual, los delitos de desórdenes públicos, atentados contra la autoridad y daños y lesiones, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

   Los cuatro menores de edad detenidos durante la protesta han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. La investigación judicial sigue abierta y la magistrada acordará nuevas diligencias según avance la instrucción.

   Los once detenidos mayores de edad llegaron a los juzgados de Plaza de Castilla sobre las siete y media de la tarde y comenzaron a prestar declaración sucesivamente ante la magistrada Callazos, en funciones de guardia, una hora después.

   Cuando abandonaron las dependencias judiciales, sobre las once de la noche, una veintena de personas recibió a los arrestados con aplausos, vítores y muestras de afecto. La mayoría de ellos, según ellos mismos explicaron, denunciaron el trato policial "violento" recibido durante su detención, aunque no así durante su estancia en la dependencias policiales de Moratalaz.

   Jesús Díaz Formoso, del Colegio de Abogados de La Coruña (ICACOR), ha anunciado que han reclamado la identificación e imputación de los policías que se excedieron en el empleo de la fuerza durante las detenciones, algo para lo que ha dicho contar con la colaboración del Ministerio Fiscal.

   "Los detenidos han sido agredidos brutalmente. A uno de ellos le pegaron esposado y en la furgoneta. Sufrieron esta situación hasta que pasaron a custodia de la Brigada de Información, donde el trato fue correcto y es de agradecer", ha apostillado el letrado.

   Asimismo, el letrado ha anticipado que pedirán el archivo de la causa, también en el caso de los cuatro menores de edad, "y que se investigue lo que hay que investigar, a esas personas que causan el temor para impedir que los ciudadanos ejerzamos nuestros derechos fundamentales".

   A su salida de las dependencias policiales, con aspecto emocionado y cansado, uno de los detenidos ha denunciado que la Policía les ha tratado "como terroristas" y ha defendido que él no había hecho nada malo. "Temí por mi vida en el momento de la detención porque vinieron cuatro policías que me confundieron con uno que estaba tirando piedras. Yo no tiré ninguna piedra. Y después me insultaron y me pisaron", ha lamentado.

   Asimismo, otro compañero al que detuvieron en la zona del Paseo del Prado "unos agentes de paisano encapuchados" ha denunciado también la actitud de la Policía y ha calificado de "montaje" los arrestos.

   "No nos resistimos, nos pusieron contra la pared y fueron agentes de paisano encapuchados y con pasamontañas. Uno de mis compañero vio cómo jugaban a piedra, papel y tijera para elegir al que les pegaría el puñetazo. Y me acusan de pegarles un puñetazo, es un montaje", ha criticado

Los socialistas acusan al PP de no escuchar a las 'mareas' y sí a los obispos

MADRID.- La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha acusado al PP de no escuchar a las 'mareas' ciudadanas que claman contra los recortes pero sin embargo sí seguir las doctrinas de la Conferencia Episcopal para poner en marcha una reforma de la ley del aborto.

   En rueda de prensa tras la Comisión Ejecutiva Federal que ha celebrado el PSOE, Valenciano ha recordado la postura contraria de la formación a la reforma del aborto que prevé abordar el Gobierno y ha avisado de que este asunto centrará una de las campañas socialistas "de mayor intensidad" durante los próximos días.

   En este sentido, ha censurado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ni siquiera vaya a esperar al dictamen del Tribunal Constitucional sobre la reforma aprobada por el Gobierno socialista y tenga previsto aprobar una legislación "que haría de España el país con una de las legislaciones más reaccionarias del mundo occidental".

   Por ello, ha insistido en que el PSOE "no va a asistir pasivamente" a este "retroceso" y hará frente a lo que considera "una tropelía" contra los derechos y la libertad de las mujeres.

   Pero además, ha lamentado el "protagonismo" que ha cobrado de nuevo la Conferencia Episcopal. Valenciano ha denunciado que, mientras el Gobierno "no escucha" a quienes defienden una educación y una sanidad pública o los que protestan contra los desahucios, "los obispos sí son escuchados en primer término".

   "Si se consuma esta fechoría contra las mujeres vamos a estudiar fórmulas para pedir que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede y defender la autonomía de España y las mujeres", ha dicho antes de que el portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, Ramón Jáuregui, haya explicado que plantearían una revisión de los actuales acuerdos con el Vaticano.

   El diputado socialista ha explicado que actualmente ya hay situaciones que "vulneran" los principios sobre los que están constituidas las relaciones con la Iglesia, como por ejemplo la asignatura de religión. A su juicio, esto hace necesaria una revisión porque "no se pueden mantener invariables" los términos del "viejo acuerdo" de 1979.

   "Gobierna la derecha porque así lo ha querido la soberanía popular, eso no lo vamos a discutir -ha reconocido Valenciano--. Pero sí podemos poner en discusión que los obispos influyan en las decisiones. Como les vimos juntos en manifestaciones contra la ley del aborto, no nos extraña nada que en la revisión de esa ley también vayan a ir de la mano".

En 2012 fueron ejecutadas casi 700 personas en el mundo

LONDRES.- Al menos 682 personas fueron ejecutadas en todo el mundo a lo largo de 2012, según ha informado Amnistía Internacional (AI), que ha vuelto a situar a Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irak e Irán como los países que más aplican un castigo cuyo efecto disuasorio "no está demostrado en modo alguno". Asimismo, la organización ha recordado el caso de Pablo Ibar, el único español "condenado a muerte en el mundo" y que se encuentra en el corredor de la muerte en Florida desde 2000.

   La organización ha emitido este miércoles su informe sobre la Pena de Muerte en 2012, en el que indica que la aplicación de la pena capital continúa "restringida a un grupo aislado de países" y que, en todas las regiones del mundo, se han observado "avances hacia su abolición".

   En 2012, según el informe, se documentaron ejecuciones en 21 países del mundo. La cifra coincide con la de 2011, pero es inferior a la de 2003, cuando se registró la aplicación de la pena de muerte en 28 países. "Una vez más", según AI, los cinco Estados que llevaron a cabo mayor número de ejecuciones en el mundo fueron Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irak e Irán.

   Asimismo, ha proseguido la organización, el año pasado se registró la reanudación de las ejecuciones en varios países que llevaban tiempo sin aplicar la pena de muerte, principalmente Gambia, India, Japón y Pakistán, así como "un alarmante aumento de las ejecuciones en Irak".

   "El retroceso observado en 2012 en algunos países es decepcionante, pero no invierte la tendencia mundial contra el uso de la pena de muerte", ha declarado el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty.

   "En muchas partes del mundo, las ejecuciones empiezan a ser cosa del pasado" y solo "uno de cada diez países del mundo aplica la pena de muerte", ha proseguido. "Sus mandatarios deberían preguntarse por qué siguen aplicando una pena cruel e inhumana que el resto del mundo ha dejado atrás", ha manifestado Shetty.

   Según la organización, un importante estudio realizado en Estados Unidos en 2012 concluyó que no debía esgrimirse el argumento del efecto disuasorio para justificar el uso de la pena de muerte. "Los Gobiernos que siguen aplicando la pena de muerte se han quedado sin argumentos para justificarse", ha advertido Shetty. "No está demostrado en modo alguno que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio especial frente al delito", ha asegurado.

   "La verdadera razón del uso de la pena de muerte suele encontrarse en otro sitio", ha declarado el secretario general de AI, quien ha recordado que a lo largo de 2012 la organización ha expresado su "honda preocupación" por las ejecuciones aparentemente cometidas "con fines políticos en algunos países, como medida populista o directamente como instrumento de represión".

   En 2012, según Amnistía, se tuvo conocimiento de al menos 682 ejecuciones en el mundo, dos más que en 2011, y se pudieron confirmar al menos otras 1.722 sentencias de muerte dictadas en 58 países, en comparación con las 1.923 dictadas en 63 países el año anterior. Estas cifras, no obstante, "no incluyen los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional cree que se llevaron a cabo en China, que mantiene los datos en secreto".

   Respecto a los métodos de ejecución aplicados en 2012, el informe incluye la horca, la decapitación, el fusilamiento y la inyección letal. En Arabia Saudí se exhibió en una "crucifixión" el cadáver de un hombre ejecutado por decapitación.

   Asimismo, en 2012 se dictaron penas de muerte por causas muy diversas, como delitos económicos y relacionados con drogas, pero "también por 'apostasía', 'blasfemia' y 'adulterio'", unos actos que "ni siquiera deberían considerarse delitos", ha denunciado AI.

   Por regiones, el informe da cuenta de "algunos retrocesos decepcionantes" en Asia y Oceanía, y recuerda que en noviembre de 2012 se llevó a cabo en India la primera ejecución desde 2004, "con el ahorcamiento de Ajmal Kasab, uno de los hombres armados que perpetraron los atentados de 2008 en Bombay".

   Asimismo, se reanudaron las ejecuciones en Japón después de un lapso de 20 meses, y el número de personas ejecutadas en China "volvió a ser superior a la cifra total de ejecuciones en el resto del mundo". No obstante, "debido al secreto que rodeaba al uso de pena de muerte en el país, no fue posible obtener datos precisos sobre la aplicación de la pena capital".

   El documento destaca también que el 99 por ciento de las ejecuciones cometidas en las regiones de Oriente Próximo y norte de África se registraron en cuatro países, Arabia Saudí, Irak, Irán y Yemen, aunque también reconoce que el conflicto de Siria ha impedido confirmar si se había aplicado la pena de muerte en este país en 2012.

   El informe de AI asegura que, "en particular", en 2012 se registró un preocupante incremento del uso de la pena capital en Irak, donde fueron ejecutadas al menos 129 personas, casi el doble que las 68 ejecutadas en 2011.

   Asimismo, Irán volvió a ocupar el segundo lugar del mundo en cuanto a mayor número de ejecuciones, después de China. Las autoridades reconocieron oficialmente 314 ejecuciones, "pero el número real es casi seguro muy superior, ya que se documentaron otras muchas decenas de ejecuciones que no fueron oficialmente reconocidas", ha indicado AI.

   El documento de AI revela que en Estados Unidos se registraron en 2012 un total de 43 ejecuciones, una cifra idéntica a la de 2011, y destaca que la pena capital se aplicó únicamente en nueve estados de la unión, por debajo de los trece del año anterior. Connecticut se convirtió en abril de 2012 en el decimoséptimo estado abolicionista, mientras que el referéndum celebrado en noviembre en California para la abolición de la pena de muerte no prosperó "por un estrecho margen".

   Amnistía Internacional ha destacado también los "avances" registrados en África subsahariana, como ocurre en los casos de Benín, que ha eliminado varias barreras legales que impedían su abolición, y Ghana, que tiene previsto abolir la pena de muerte en su nueva Constitución. En Sierra Leona ya no hay ninguna persona condenada a muerte.

   No obstante, entre 2011 a 2012 aumentó considerablemente el número de ejecuciones y sentencias de muerte dictadas en la región debido a las cifras de Sudán y Gambia.

   En agosto se llevaron a cabo nueve ejecuciones en Gambia, las primeras cometidas en el país en casi tres décadas. Tras las protestas internacionales, el presidente Yahya Jammeh anunció una moratoria "condicional" de las ejecuciones que se "levantaría automáticamente" si aumentaban los índices de delincuencia. Aparte, en Sudán hubo al menos 19 ejecuciones y 199 condenas a muerte.

   La organización ha revelado también que Bielorrusia sigue siendo el único país de Europa que aplica la pena de muerte, y que lo hace "en estricto secreto", con la ejecución de al menos tres hombres en 2012.

   Asimismo, Amnistía recuerda el caso de Pablo Ibar, el único español "condenado a muerte en el mundo". De doble nacionalidad, estadounidense y española, Ibar fue condenado a muerte en el año 2000 en Estados Unidos, y desde entonces se encuentra en el corredor de la muerte de la penitenciaría de Starke, en Florida.

   "Pablo Ibar sigue declarándose inocente", ha recordado AI. El 13 de febrero de 2012, el juez Jeffrey R. Levenson desestimó el recurso planteado por la defensa de Pablo Ibar en el que pedía la anulación y repetición del juicio que le condenó a muerte. Después de esta decisión, la defensa de Pablo Ibar ha apelado ante el Tribunal Supremo de Florida.

Cifuentes no quiere convertir Madrid "en una ciudad tomada por la Policía"

PARACUELLOS DEL JARAMA.-   La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este lunes que perseguirá los escraches pero "no tiene ninguna intención de convertir Madrid en una ciudad tomada por la Policía".

   Tras la Junta de Seguridad celebrada en Paracuellos del Jarama, Cifuentes ha afirmado que no le gusta hablar de escraches, sino "directamente de lo que son: coacciones e intimidaciones, una forma de ejercer una presión que además en muchos casos es violenta".

   "La violencia mediante le amenaza y la coacción es también un tipo de violencia y me parece que este tipo de actuaciones no son compatibles con el Estado de Derecho ni la democracia. Creo en el derecho que tiene cualquier ciudadano a salir a la calle y protestar, un derecho constitucionalmente protegido y que los poderes públicos tenemos que proteger. Pero nada tiene que ver el derecho de manifestación con la coacción", ha esgrimido.

   En el caso de que se incremente la presión en los escraches, Cifuentes ha indicado que su departamento "va a actuar con la Ley en la mano, impidiendo que las protestes se realicen de manera violenta".

 "Todo lo que tiene que ver con el derecho de reunión será protegido siempre y cuando se practique de forma pacífica. Si una protesta deviene en violenta, deviene automáticamente en ilegal y entonces se aplicará la Ley", ha añadido.

   Tras el escrache practicado el viernes a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, la delegada ha indicado que "no tiene ninguna intención de convertir Madrid en una ciudad tomada por la Policía".

   "Creo que es una ciudad abierta, donde se permite que sin ningún tipo de cortapisas se puedan manifestar (los ciudadanos) como prueban las 3.419 manifestaciones y concentraciones del año pasado y las más de mil este año, pero todo tiene que hacerse de manera pacífica y conforme a las leyes", ha añadido.

   "Con la Policía que hay es suficiente, pero es evidente que si aumentan estas actuaciones violentas y coactivas la Policía hará lo que se hizo el viernes, que es identificar a los promotores de una concentración ilegal e iniciar el correspondiente expediente administrativa sancionador", ha proseguido.

   Concretamente, Cifuentes ha destacado que el escrache del viernes el exsecretario general de Alianza Popular, Jorge Vestrinje, "encabezaba ese movimiento, como ha aparecido de manera patente en los medios de comunicación y de la propia emisión de los miembros de la comisión de audiovisuales de Sol del 15M, que lo estuvieron retransmitiendo en directo".

   De hecho, ha indicado que en esas imágenes se puede ver quién eran los cabecillas y a quienes se enfrentaron con la Policía cuando les instó a disolver esta concentración porque no había sido comunicado, "tal y como la Constitución y las propias leyes dicen que se tiene que hacer".

Los Mossos intervendrán ante 'escraches' que vulneren el derecho a la privacidad

BARCELONA.- El conseller de Interior, Ramon Espadaler, ha explicado este sábado que los Mossos d'Esquadra intervendrán ante 'escraches' que superen la "frontera" de vulnerar el derecho a la privacidad y la intimidad.

   "Allá donde haya un 'escrache', estará el cuerpo de los Mossos d'Esquadra", ha resumido en declaraciones a Catalunya Informació, destacando que estarán atentos al desarrollo de este fenómeno.

   También ha remarcado que, de momento, no han tenido que intervenir en ningún 'escrache' organizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Cataluña, y tampoco se plantean dar escolta a los dirigentes del PP catalán.

Cosidó insta a la Policía a ser independiente de los políticos en un Código Ético

MADRID.- El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha creado un Código Ético para la institución en el que, entre otras cosas, se insta a los agentes a actuar con independencia del poder político al tiempo que se les informa de que no habrá sanciones para quienes desobedezcan órdenes de sus superiores que sean ilegales.

   El documento consta de 26 artículos y será presentado este viernes en la reunión del Consejo de la Policía. Concretamente en su artículo 18 sobre el "Principio de responsabilidad personal y discrecionalidad" se establece que "la Policía debe actuar con la suficiente independencia respecto del poder político conforme a criterios profesionales y no de mera oportunidad política".

   Incluso este Código Ético deja claro que no habría represalias para aquellos que desobedeciesen órdenes que fuesen ilegales: "cada policía debe ser personalmente responsable de sus actos, de sus omisiones y, en su caso, de las órdenes dadas a sus subordinados. No incurrirá en responsabilidad el policía que incumpla una orden cuyo contenido sea ilegal".

   Insiste en el siguiente artículo sobre los "Principios de jerarquía, autoridad y subordinación" que "la Policía debe regirse por" estos principios y que "el personal de Policía debe ejecutar las órdenes dadas por sus superiores", pero aclara que "ninguna orden cuyo contenido constituya una infracción penal deberá ser cumplida".

   Este documento añade además que "los policías deben ser apoyados por sus superiores y sus compañeros cuando den cuenta de cualquier acto de corrupción o violación de los principios éticos profesionales. Incurrirán en este tipo de actos tanto los que los realicen como los que los toleren, o los que conociéndolos no actúen para impedirlos o no los denuncien".

   En cuanto a las investigaciones policiales, el Código Ético recuerda que "se pueden realizar por el mandato y decisión de la autoridad judicial, por denuncia ciudadana", pero también "por propia iniciativa policial ante la existencia de sospechas razonables de que una infracción se ha cometido, se va a cometer, o en prevención de la misma, actuando siempre según lo previsto por la ley".

 "Los policías serán objetivos e imparciales en las investigaciones", añade.

   El documento también establece una serie de normas de actuación de la Policía especialmente en su relación con los ciudadanos y en cuanto al uso de la fuerza. Así, indica que "deberán actuar con empatía, imparcialidad, autocontrol y elegancia, utilizando un lenguaje verbal y no verbal correcto, comprensible y respetuoso en todas las actuaciones".

   "Los policías se abstendrán de cualquier ingesta de alcohol u otro tipo de sustancias estupefacientes, farmacéuticas o psicotrópicas que alteren el control de su personalidad o impliquen una reacción inapropiada para el desarrollo del servicio", dice el texto en el que también se incluye el rechazo a la tortura entendida "como cualquier acto violento, físico o psíquico, realizado contra una persona que se encuentre bajo custodia policial con la finalidad de obtener una información".

   Incide en la cuestión de las identificaciones puntualizando que "los policías tienen que identificarse en todas sus intervenciones, de conformidad con los principios de transparencia y legalidad" y reitera que "el uso de la fuerza es una medida coactiva a la que sólo se puede recurrir en caso de absoluta necesidad y únicamente en la medida en que se requiera para conseguir un objetivo legítimo".

El SUP tacha de "pantomima" el nuevo Código Ético de la Policía

MADRID.- El Sindicato Unificado de la Policía ha manifestado su rechazo al Código Ético para la institución que se presentará ante el Consejo de la Policía este viernes. Lo califica de una "pantomima" al tiempo que denuncia los ceses de mandos policiales por investigar a dirigentes del PP.

   "No entendemos que se pueda jugar a hacer política, a conseguir titulares o campaña mediática con estas cosas. Si el Gobierno quiere hacer un código ético para la Policía que refunda, en un texto con rango legal y por lo tanto de obligado cumplimiento, las disposiciones contenidas en los textos antes citados. Pero hacerlo en un documento sin ningún rango es simplemente un despropósito", ha dicho el sindicato por medio de un comunicado.

   El SUP considera esta iniciativa "una simple percha para obtener publicidad" y considera que "habría que empezar por impedir las amenazas a los policías forzándoles a llevar a cabo millones de identificaciones anuales, que vulneran los derechos civiles de los ciudadanos y ponen en riesgo la seguridad jurídica de los policías (de la escala básica la mayoría)".

   "Y habría que dejar de cesar a mandos policiales por investigaciones sobre casos de corrupción que pudieran afectar a responsables políticos del partido que gobierna", añade la nota. Por este motivo zanjan que el SUP no va a actuar de "florero en el decorado de una pantomima preparada para mayor gloria publicitaria del peor director general de la Policía de la democracia, Ignacio Cosidó".

   El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha creado este Código Ético en el que, entre otras cosas, se insta a los agentes a actuar con independencia del poder político al tiempo que se les informa de que no habrá sanciones para quienes desobedezcan órdenes de sus superiores que sean ilegales.

Los antidisturbios españoles llevarán una identificación de mayor tamaño y posiblemente en la espalda

MADRID.- Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional o antidisturbios llevarán su número identificativo más visible, con un tamaño mucho mayor al actual y posiblemente en la espalda, según han informado fuentes de Interior.

El Ministerio del Interior está ultimando una modificación sobre la identificación de estos agentes en manifestaciones, después de que el Defensor del Pueblo recomendase en su último informe anual que sea más visible.

El Defensor del Pueblo había recibido quejas de colectivos y ciudadanos que denunciaban que en diferentes movilizaciones los antidisturbios llevaban el número en tamaño muy pequeño y en ocasiones oculto bajo el chaleco antitrauma, lo que imposibilitaba su identificación.

Fuentes de Interior han explicado que, a falta de ultimar algunos detalles, se ha tomado la decisión de que el tamaño del número sea mucho mayor, de manera que se pueda ver desde una distancia media, y los agentes lo llevarán probablemente en la espalda.

La identificación de los miembros de la UIP sería así similar a la de los agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, que según anunció recientemente el conseller de Interior catalán, lucirán en la espalda de su uniforme un código alfanumérico que permitirá que sean identificados, aunque este código no será su número profesional.

La CEP ve "paradójico" que Interior pida indentificar a los que hacen escraches

MADRID.- El secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López, ha señalado que la Instrucción que hizo llegar este jueves la Secretaría de Estado de Seguridad a las comisarías en la que se ordena identificar y detener a quienes participen en actos de hostigamiento a políticos, un fenómeno conocido como escrache, no tiene "nada de excepcional" pero considera "paradójico" que el Ministerio tenga estos "reflejos cuando afecta a diputados y no cuando afecta al común de los ciudadanos".

   "No hay nada que chirríe pero sí resulta paradójico los reflejos que tiene la Secretaría de Estado y el Ministerio en hacer este tipo de recordatorios cuando les afecta a los diputados o a miembros de partidos políticos, cuando, sin embargo, en otras ocasiones que afectan al común de los ciudadanos, adolecen de esos reflejos", ha remarcado.

   En cualquier caso, ha apuntado que la instrucción es la aplicación de la normativa vigente, es decir, "nada excepcional, salvo que se trata de un recordatorio".

Colau lamenta que envíen a la policía contra los desahuciados en España y no contra los corruptos

BARCELONA.- La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha lamentado este viernes que la Secretaría de Estado de Seguridad pida que se identifique a las personas que participen en hostigamiento a políticos, el conocido 'escrache', que protagonizan los desahuciados, y no envíen a la policía a identificar o detener en casos de corrupción "gravísimos".

   En una entrevista de Ràdio 4, Colau ha valorado: "Hay casos de corrupción gravísimos, hay acoso y hostigamiento de las entidades financieras contra las personas más vulnerables y aquí en ningún caso se ha enviado a la policía a identificar ni se han hecho detenciones".

   En este sentido, ha criticado que en cambio "contra los ciudadanos honrados que solo han dejado de pagar la hipoteca porque no pueden porque se han quedado en el paro, contra éstos envían todas las fuerzas del orden y el peso de la ley".

   Colau ha hecho estas afirmaciones después de que la Secretaría de Estado de Seguridad haya hecho llegar a las comisarías por medio de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional una instrucción en la que se ordena identificar y detener a quienes participen en actos de hostigamiento a políticos.

   Este movimiento de la Secretaría de Estado se produce después de los actos de acoso a diversos dirigentes políticos llevados a cabo en los últimos días por representes de la PAH.

El Gobierno vasco no dará orden expresa a la Ertzaintza para actuar contra los "escraches"

BILBAO.- El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco no ve "necesidad" de dar una orden expresa a la Ertzaintza para actuar contra las personas que participen en actos contra políticos, conocidos como "escraches", que últimamente están protagonizando los movimientos antidesahucios.

   Según han informado fuentes del Departamento dirigido por Estefanía Beltrán de heredia a Europa Press, la Ertzaintza actuará en cada caso que se pueda dar de "escrache" conforme a la Ley y según la necesidad de cada incidencia.  

   Por su parte, la Secretaría de Estado de Seguridad ha hecho llegar a las comisarías por medio de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional una Instrucción en la que se ordena identificar o detener a quienes participen en actos de "hostigamiento y acoso a miembros de Partidos Políticos, sedes de partidos, etc".

   Precisamente, la plataforma Stop Desahucios Vizcaya ha anunciado que la próxima semana comenzará una campaña de "escracher", que se limitarán a "lo actos o lugares públicos" a los que asistan el diputado del PP por Vizcaya Leopoldo Barreda y el presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti, aunque ha asegurado que "nunca" irán a concentrarse enfrente de sus domicilios.

   La iniciativa de movilización estará dirigida a Leopoldo Barreda "por la campaña de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)" para implantar la dación en pago, y a Antonio Basagoiti, "por las desafortunadísimas declaraciones" que realizó sobre el movimiento contra los desahucios, a quienes, a su juicio, "llamó terroristas".

   Por su parte, Leopoldo Barreda ha asegurado que pedirá "el amparo de la Justicia" si Stop Desahucios incurre en comportamientos de "coacción e intimidación" contra él, mientras Antonio Basagoiti ha afirmado que Stop Desahucios "está en su derecho de ir a los actos públicos que quiera", si no acude a los domicilios de los políticos "a amedrentar como los batasunos" y no traspasa la legalidad.

Interior difunde una Instrucción que ordena identificar y detener a quienes hagan escrache a políticos españoles

La Secretaría de Estado de Seguridad ha hecho llegar a las comisarías por medio de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional una Instrucción en la que se  ordena identificar y detener a quienes participen en actos de hostigamiento a políticos, un fenómeno conocido como escrache.

   "Contra quienes ejercen actos de hostigamiento y acoso a miembros de Partidos Políticos, sedes de partidos, etc. Se procederá en primer lugar a identificar para sanción a quienes participen en estos actos, con arreglo a la Ley de Seguridad Ciudadana o bien, si se tratará de actos constitutivos de delito se procederá a la detención de dichas personas conforme a la legislación vigente", dice la Instrucción.

   En esa misma nota de apenas un párrafo y firmada por la Dirección Adjunta Operativa que dirige Eugenio Pino "se ruega máxima difusión".

   Este movimiento de la Secretaría de Estado se produce después de los actos de acoso a diversos dirigentes políticos llevados a cabo en los últimos días por representes de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH).