ZARAGOZA.- La contratista del Yak-42, Chapman Freeborn, siniestrado en mayo de 2003
en Turquía y en el que perdieron la vida 62 militares españoles, ha
consignado los 6,2 millones de indemnización a los familiares de las
víctimas.
Tras la primera sentencia por el caso civil el 10 de febrero de 2006,
se inicia un periplo judicial, que "parece ver la luz al final del
túnel", ha indicado los abogados de los familiares en un comunicado.
El proceso civil sobre el accidente ocurrido el 26 de mayo de
2003, se inicia el 2 de febrero de 2004, en los juzgados de Zaragoza,
contra la aerolínea (UM Air), la contratista (Chapman Freeborn), y la
aseguradora (Busin Joint). El juicio se celebra el 24 de enero de 2006 y
se condena a las empresas a pagar 9,8 millones de euros de
indemnización.
La Audiencia Provincial de Zaragoza, ordena repetir el juicio
en octubre de 2007, por no haber citado correctamente a la contratista
en el proceso. En febrero de 2010 se celebra el nuevo juicio, que acaba
con la condena el 12 de marzo de 2010, a las empresas por una
indemnización menor a la primera: un monto de 6,2 millones.
Las familias no recurrieron la sentencia, pero las condenadas sí.
Así, el 25 de noviembre de 2010, la Audiencia de Zaragoza, confirma la
condena, aunque las familias aún no habían recibido la indemnización,
por el recurso que impuso en última instancia las empresas condenadas
ante el Tribunal Supremo, que fue denegado el 13 de noviembre de 2012.
La última instancia judicial en España ha sido el Tribunal
Constitucional, que ha desestimado de igual modo el recurso de Chapman
Freeborn, el 15 de abril de 2013. Tras estos resultados las familias
acuden a Alemania para ejecutar la sentencia en el país donde se emplaza
la contratista alemana.
El Tribunal de Primera Instancia de Frankfurt (Alemania) admite a
trámite el título de ejecución Europeo instado por las familias, el
pasado mes de diciembre y que ahora se ratifica con la aceptación por
parte alemana de la ejecutoria ordenada por el TS español (basado en el
convenio firmado entre ambos países el 14 de noviembre de 1983),
obligando a consignar la cantidad total adeudada de 6.2 millones, aunque
exista la posibilidad que puedan recurrir ante el Alto Tribunal alemán.
La compañía aérea ucraniana Ukranian Mediterranean Airlines (UM
Air), su reaseguradora también ucraniana BUSIN Joint-Stock Insurance y
la contratista alemana del fatídico vuelo Chapman Freeborn, fueron
condenadas civilmente de la muerte de 62 militares españoles, el 26 de
mayo de 2003 en Turquía, cuando regresaban tras cuatro meses en
Afganistán.
La primera vez, el 10 de febrero de 2006, tras el juicio celebrado
el 24 y 25 de enero de 2006, en la Feria de Muestras de Zaragoza,
comparecieron seis testigos (entre ellos uno de los imputados por
imprudencia en la tragedia), tres peritos, y dos de las empresas
demandadas, la tercera fue declarada en rebeldía por la incomparecencia.
La segunda, el 12 de marzo de 2010, tras el nuevo juicio celebrado
del 1 al 4 de febrero de 2010, en el Juzgado de Primera Instancia de
Zaragoza, comparecieron ocho testigos (entre ellos tres de los imputados
por imprudencia en la tragedia), cuatro peritos y las tres empresas
demandadas.
El 25 de noviembre de 2010, la Audiencia Provincial de Zaragoza
confirma la condena y, ahora, en segunda instancia el Alto Tribunal.
En la Audiencia Nacional se sigue otro proceso penal, por
homicidio imprudente, contra miembros del Ministerio de Defensa. La
denuncia se presenta el 31 de octubre de 2003, y aunque se archiva en
tres ocasiones, por Teresa Palacios (13-11-03), y Fernando
Grande-Marlaska (01-06-07) (02-02-12), se reabre en dos ocasiones por la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (15-07-04, y 22-01-08).
La última resolución de la Sala de lo Penal del pasado 17 de mayo
de 2012, ha confirmado este tercer archivo, en contra de la petición de
la Fiscalía. El caso se encuentra en el Tribunal de los Derechos Humanos
de Estrasburgo.
Hubo seis miembros de la cúpula militar imputados de homicidio
imprudente, entre ellos el ex Jefe de la cúpula, el JEMAD Antonio
Moreno. La causa consta de más de 43 tomos, y más de 17.000 folios y
anexos. A modo de ejemplo han comparado que el caso de las falsas
identificaciones, tuvo 19 tomos en más de 5.000 folios. "Esta
comparativa da cuenta del volumen e importancia del caso", han
subrayado.
El segundo proceso se inicia también en la Audiencia Nacional, el 5
de marzo de 2004, contra dos generales y dos comandantes acusados de
falsear la identidad de 30 de los fallecidos. Aunque también se archiva
en dos ocasiones, por Teresa Palacios (31-03-04), y Fernando
Grande-Marlaska (22-11-07), se reabre en dos ocasiones por la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional (15-07-04, y 29-4-08). Fueron procesados
finalmente tres de los cuatro de los mandos imputados en la
instrucción.
El juicio comenzó el 23 de marzo de 2009, y acabó con la condena
de tres años de cárcel al general Navarro, y 1,5 años al comandante
Ramírez, y capitán Sáez, por falsedad documental. El 17 de marzo de
2010, el Tribunal Supremo confirmó las penas.
El pasado 20 de abril de 2012 el nuevo Gobierno, indultó la
inhabilitación a los dos comandantes, para que no pierdan su condición
militar, el general falleció en junio 2010, por lo que tampoco entró en
prisión. Ambos comandantes recurrieron en amparo, la pena de cárcel al
Constitucional, y que aún no ha sido resuelto.
Se inicia antes de cumplirse el primer aniversario, cuando
prescribe la responsabilidad, ante el Ministerio de Defensa. Al
iniciarse un procedimiento penal contra funcionarios de Defensa, que
podía derivar en responsabilidad civil-subsidiaria del Estado, se
paralizó dicho expediente.
El pasado 26 de marzo de 2013 se reactiva el expediente por el
juez instructor, tras el archivo definitivo de la causa penal, y se
encuentra aún en fase de instrucción, han concluido.
