MADRID.- El Gobierno español cree que el "celo" que están
mostrando las entidades financieras a la hora de conceder crédito a las
pequeñas y medianas empresas está justificado, recordando que su función
es "la concesión de financiación a la demanda solvente" para no poner
en riesgo su propia estabilidad.
Así lo señala en respuesta al diputado de la Izquierda Plural
(IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, quien en una pregunta
parlamentaria criticaba que los bancos se "preocupen más de la posible
morosidad de los beneficiarios que de la concesión de créditos" e
instaba al Ejecutivo a tomar medidas para que la liquidez llegue a pymes
y microempresas, proponiendo por ejemplo un fondo estatal de
microcréditos gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con
la ayuda de las entidades nacionalizadas.
En su respuesta, el Ejecutivo recuerda
que las entidades financieras deben conceder crédito a proyectos
solventes, más si cabe en el caso de los bancos nacionalizados, que
tienen que ajustar sus decisiones a los planes de reestructuración
aprobados por la Comisión Europea (CE).
"Un celo insuficiente respecto de la solvencia de sus clientes
podría aumentar las ratios individuales de morosidad, comprometiendo de
nuevo su grado de capitalización y, en última instancia, su valor de
mercado y los recursos que pueda recuperar el contribuyente ante una
eventual venta por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB)", añade el Gobierno.
El Gobierno también defiende las altas garantías patrimoniales que
exigen los bancos para acceder a las líneas ICO, recordando que el
instituto está sujeto a una normativa de equilibrio financiero y que
"cualquier quebranto" que se produjera en sus cuentas por sufrir un
"elevado número de préstamos impagados debería ser compensado con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado", lo que implicaría "distribuir
el coste de una mala gestión financiera entre todos los contribuyentes".
"Cabe destacar que se han modificado los términos de colaboración
entre las entidades de crédito y el ICO para aumentar los incentivos de
las primeras a intermediar y consumir las líneas de mediación", añade la
respuesta parlamentaria.
Asimismo, no ve "oportuno" crear un fondo como el que propone
Llamazares dado que "no existe ningún importe mínimo para las
operaciones" que pueden financiar las líneas de mediación del instituto,
por lo que "los microcréditos a autónomos y emprendedores pueden ser
actualmente tramitados".
En otra respuesta parlamentaria, dirigida en este caso al
diputado de CHA, Chesús Yuste, el Gobierno argumenta por qué no se
potencia la actividad del ICO obteniendo dinero barato del Banco Central
Europeo (BCE) para prestarlo a las administraciones públicas y a las
empresas con el objetivo de conseguir que fluya el crédito.
En el texto, el Gobierno recuerda que la
gestión del ICO debe ser "sólida" e "integral" en todo lo que se refiere
a los riesgos que asume, lo que es particularmente importante en
relación con las refinanciaciones de créditos, con las que se debe
"asegurar en todo momento un adecuado equilibrio entre los plazos de la
actividad de préstamo y los de la financiación".
Sin embargo, los préstamos del BCE son a corto plazo, de unos tres
meses como máximo, por lo que la financiación sistemática de las
operaciones del ICO (de medio y largo plazo) por esta vía provocaría "un
notable riesgo" para su balance, lo que podría incluso "afectar a la
capacidad del instituto para poder seguir ofreciendo de forma recurrente
financiación al tejido productivo en condiciones preferentes".
No obstante, el Gobierno recuerda que en diciembre de 2011 y
febrero de 2012 el ICO accedió "de forma puntual" a una operación
excepcional de crédito del BCE con plazos de tres años, atendiendo tanto
al coste de la financiación como a que "no implicaba riesgo de
refinanciación ya que un plazo de tres años casa adecuadamente con el
vencimiento medio de las operaciones de préstamo" del instituto.
