BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) ha celebrado que España haya
adoptado medidas para combatir la corrupción tras los casos destapados
en los últimos años, y también le ha pedido que las aplique y vigile más
de cerca la financiación de los partidos políticos, el gasto de fondos
públicos y la contratación pública.
"Proseguir las reformas en curso y garantizar la aplicación
efectiva de las nuevas normas sobre la financiación de los partidos
políticos" es la primera de una serie de recomendaciones que la CE ha
formulado hoy a España para combatir ese problema.
Las recomendaciones siguen a una encuesta Eurobarómetro
difundida este lunes que apunta a que una media del 76% de los europeos
considera la corrupción como una práctica generalizada entre los
Veintiocho.
Según esa encuesta, Grecia e Italia son los países en que
sus ciudadanos tienen esa percepción en niveles más elevados, con el 99 y
el 97%, respectivamente, mientras que en Lituania, República Checa y
España esa cifra alcanza el 95%. Los países nórdicos son los únicos
donde sus ciudadanos creen que la corrupción es rara: Dinamarca (el 75%
de la población piensa que la corrupción es algo excepcional), Finlandia
(64%) y Suecia (54%), según esos datos.
"La corrupción debilita la confianza de los ciudadanos en
las instituciones democráticas y en el imperio de la ley, daña a la
economía europea y priva a los Estados de muchos ingresos procedentes de
los impuestos", ha señalado la comisaria europea de Justicia e
Interior, Cecilia Malmstrom, al presentar el primer estudio de la CE
sobre esa lacra. Las prácticas de corrupción cuestan anualmente a la
economía de los Veintiocho, unos 120.000 millones de euros, según datos
de la CE.
El Ejecutivo comunitario ha indicado que en España "el
marco jurídico de lucha contra la corrupción está bien implantado y la
ejecución de la legislación ha mostrados buenos resultados en la
investigación de las prácticas corruptas, incluso a altos niveles".
Entre las recomendaciones hechas a España, al igual que a
cada uno de los socios comunitarios, se concreta que es necesario
prestar más atención a la supervisión de los préstamos, así como a la
consolidación de las cuentas de los partidos, incluidas las ramas
regionales y locales y otras entidades vinculadas a las formaciones
políticas.
La CE sugiere también que se mejoren los controles
financieros internos, los del Tribunal de Cuentas y que se aplique un
régimen de sanciones reforzado. Sobre las administraciones regionales y
locales, la CE propone "desarrollar estrategias a la medida" precedidas
de evaluaciones del riesgo de corrupción. "Reforzar los mecanismos de
control, hacer más transparente el proceso de toma de decisiones y
garantizar una supervisión coherente de la calidad de la gobernanza
local y regional", es otro de los consejos.
Para garantizar la conducta ejemplar de los políticos,
Bruselas cree que deberían desarrollarse "códigos de conducta
exhaustivos para los cargos electos a nivel central, regional y local" y
reclama una rendición de cuentas adecuada e instrumentos sancionadores
de las posibles violaciones de dichos códigos. Reforzar la capacidad de
la Oficina de Conflictos de Intereses para llevar a cabo verificaciones
de forma independiente y eficaz y para aplicar sanciones disuasorias
también forma parte de las recomendaciones de Bruselas.
En cuanto a la ley de transparencia, la CE pide que se
garantice su marco de aplicación, incluido un mecanismo de supervisión
independiente de la mano de un sistema de sanciones disuasorias. Por
último, aconseja a España que tenga en cuenta las conclusiones del
Tribunal de Cuentas central y organismos similares a nivel regional en
lo que respecta a las irregularidades en los procedimientos de
contratación pública a nivel regional y local.
"Una evaluación
independiente de los grandes contratos de obras públicas y de las
decisiones de planificación urbana" es el medio que propone Bruselas
para identificar los factores de riesgo de corrupción , que también se
muestra partidaria de que las autoridades de control de cuentas puedan
llevar a cabo "controles sistemáticos y oportunos de los contratos
públicos a nivel regional y local".
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