MADRID.- La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional
de Policía concluye en un informe
que "con la información de la que se dispone en estos momentos" no es posible establecer "una vinculación directa"
entre las donaciones al Partido Popular (PP) que realizaron las
empresas referidas en la supuesta contabilidad B del extesorero Luis Bárcenas y los contratos que obtuvieron de las administraciones públicas.
"La
vinculación directa entre las donaciones recibidas y anotadas en la
contabilidad de Luis Bárcenas con origen en aportaciones de personas
relacionadas con empresas adjudicatarias de contratos públicos no es
posible establecerla con la información de la que se dispone en estos
momentos", señala el informe policial, que analiza las aportaciones
económicas a los 'populares' que realizaron 15 constructoras que obtuvieron contratos públicos entre los 2002 y 2009 por valor de 7,5 millones de euros. Esa relación probaría un supuesto delito de cohecho.
El documento, remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el marco de la causa en la que investiga la supuesta contabilidad B del PP,
precisaría de "un conjunto de elementos cuantitativos, subjetivos y
temporales que permitan llevar a cabo una inferencia lógica a partir de
los mismos", como se ha conseguido demostrar, según la UDEF, en la pieza
principal del 'caso Gürtel' en relación con las comisiones pagadas por las adjudicaciones que recibieron las empresas de Francisco Correa.
La
UDEF detalla que empresas como Licuas y Aldesa obtenían más del 80 por
ciento de las adjudicaciones de contratos públicos de administraciones
gobernadas por el PP; Assignia y Asedes entre el 50 y el 80 por ciento; y
Bruesa, FCC, OHL y Sacyr entre el 30 y el 50 por ciento. Entre las que
obtenían menos del 30 por ciento de las adjudicaciones se encuentran
Azvi, Cyopsa, Degremont, Romero Polo, Rubau, Sando y Sorigue.
En
relación con el volumen de las operaciones, a la cabeza se situaban FCC,
OHL y Sacyr, con más de 10.000 millones de euros. Más de 5.000 millones
en contratos públicos obtuvo Sando mientras que en la franja entre esta
cuantía y los 1.000 millones se situaron Aldesa, Assignia, Azvi,
Bruesa, Rubau y Sorigue. Más de 300 millones y menos de 1.000 fueron los
obtenidos por Asedes, Cyopsa, Degremento, Romero Polo y Licuas.
Los
investigadores también sostienen que las anotaciones de entradas de
fondos en los papeles manuscritos del extesorero "no siguen una misma
secuencia definida para el conjunto" sino que "cada persona vinculada a
una de las empresas que figuran como aportantes de fondos, según consta
en el apartado de entradas, presenta una evolución dispar".
Existe,
por ejemplo, "una continuidad en las entregas" en los casos de Aldesa,
Assignia, Azvi, Cyopsa, Degremont, FCC, Romero Polo, OHL, Sacyr, Sando y
Sorigue; y en otros, como Asedes, Bruesa, Licuas y Rubau, "una
concentración en un momento determinado". "A la hora de efectuar el
análisis se han definido los procesos electorales celebrados en este
periodo de tiempo estableciendo la relación temporal o no con los
mismos", señala el informe.
En términos generales la UDEF señala que el conjunto de empresas "ha obtenido adjudicaciones de las administraciones públicas de forma continua durante la serie histórica".
"El número de contratos y el volumen de adjudicación han seguido con
carácter general la evolución de la licitación pública en esos años,
presentando un crecimiento en sus valores desde 2002, si bien a partir
de 2008 se observa una reducción que se acentúa en el año 2008", apunta.
El
estudio, realizado a partir de la información que Ruz solicitó a las
empresas, detalla que todas las sociedades analizadas pertenecen "al
sector de la construcción de obra pública y otros vinculados con el
tratamiento de residuos, suministro y saneamiento de aguas o
infraestructuras". En algunos casos tenían posiciones como "líderes" de
sus mercados y en otras ocupaban "un segmento medio merced a su dimensión empresarial".
Los
investigadores también refieren que el sector de la construcción ha
experimentado "una senda de fuerte crecimiento desde los años noventa
incrementando su participación en el conjunto de la economía nacional".
"Este
hecho ha estado correlacionado de forma directa con los procesos de
desarrollo de infraestructuras emprendido desde las administraciones
públicas, en especial la Administración General del Estado a través de
los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente", señala el informe antes
de poner de relieve que esta tendencia también se siguió por
administraciones autonómicas y locales.
Este informe de la UDEF amplía uno presentado en mayo pasado en le que se avanzaba que las empresas citadas en la contabilidad B de Bárcenas
recibieron más de 12.000 millones de euros entre los años 2001 y 2012
en contratos adjudicados por administraciones públicas gobernadas por el
PP. En él se detallaba la existencia de "19 donantes identificados", de
los que 16 habrían realizado aportaciones supueriores al límite legal
de 60.000 euros contemplados por la Ley Electoral.
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