MADRID.- Los 19 acusados de asediar el Parlamento catalán en 2011 se han negado a declarar ante el tribunal de la Audiencia Nacional que les juzga por la comisión de un delito contra las Instituciones del Estado.
Todos ellos se han acogido a su derecho a no responder a las preguntas
formuladas por la Fiscalía y el resto de acusaciones y tampoco han
querido contestar a sus abogados o los del resto de acusados.
El presidente del tribunal, Fernando Grande Marlaska, ha dado por finalizado la sesión del juicio para este lunes por lo que la vista oral se reanudará mañana con las declaraciones de los agentes de la Policía Autonómica presentes durante el asedio.
La Fiscalía pide cinco años y medio de prisión para cada uno de ellos y reclama que se les imponga, además, una multa de 7.500 euros. Por su parte, la acusación popular reclama 9 años de prisión ya que imputa a los manifestantes, además, un delito de atentado contra la autoridad y otro de asociación ilícita.
Los fiscales Teresa Sandoval y José Perals consideran que los manifestantes provocaron "un fundado temor en la seguridad" de los diputados
que intentaban entrar en la Cámara catalana. En sus conclusiones
preliminares destacan que los diputados --incluido el presidente de la
Generalitat, Artur Mas, que debió acceder al recinto con el "método
absolutamente inhabitual" del helicóptero-- fueron rodeados e increpados
por grupos de personas que les impedían el acceso, con empujones,
golpes, lanzamiento de objetos e insultos.
Tras señalar que los acusados tuvieron una activa intervención en
estos hechos, los fiscales apuntan a que todos ellos desarrollaron "comportamientos y actitudes violentas e intimidatorias"
para impedir la asistencia de los diputados al pleno, que empezó con un
retraso de 11 minutos y con la presencia únicamente de 70 de los 135
diputados.
Está previsto que Mas declare el jueves 3 de abril por videoconferencia
desde su despacho en el Parlament, y entre los hechos que describe la
Fiscalía en su escrito de acusación está el acoso al que fue sometido
cuando su vehículo fue interceptado en unas vías del tranvía.
Uno de los acusados interceptó el coche oficial colocando sus
manos encima del capó, al que se subió y empezó a golpear; unos metros
más adelante, el coche fue nuevamente golpeado y uno de los manifestantes trató de abrir la puerta, lo que "no pudo conseguir por tener conectado el cierre centralizado".
Al no lograrlo, arrojó un cono de plástico contra uno de los otros coches de la comitiva
cuyos integrantes se vieron obligados a buscar un lugar seguro para
posteriormente trasladar al presidente en helicóptero, método que
también utilizó la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert, que declarará el miércoles también por videoconferencia.
Los manifestantes también "increparon y acorralaron mediante amenazas e insultos"
al diputado invidente de CiU Josep Maria Llop, y golpearon "repetidas
veces con los brazos en alto" a Alfons López Tena (SI), y también
sufrieron acoso los diputados Joan Boada, Gerard Figueras, Ernest
Maragall, Ana Isabel Marcos, Salvador Milà y Santi Vila.
Los incidentes se produjeron en el contexto de una manifestación
convocada bajo el lema 'Paremos el Parlament. No dejaremos que aprueben
recortes' y después de que durante la noche desconocidos pusieran
materiales de obra --como vallas, hormigón, cuerdas y maderas-- en las
puertas de acceso al recinto parlamentario para evitar el acceso de los
diputados.
Ante la "concentración masiva" de personas y el "bloqueo" de los
acceso al parque de la Ciutadella, los diputados accedieron por la calle
Pujades, en la que se concentraron 600 personas que "arrojaron objetos contundentes contra los parlamentarios y agentes policiales que les protegían".
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