MADRID.- Los grupos parlamentarios del Congreso han
cerrado este jueves el listado de la docena de expertos que comparecerán
durante este mes en la Comisión Constitucional para trasladar a los
diputados su visión sobre la corrupción en España y las medidas que
consideran adecuadas para mejorar la lucha contra esta lacra y para
avanzar en la regeneración democrática.
La celebración de estas comparecencias --entre las que figura el
fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce--, es la primera fase
del plan de trabajo que el Gobierno y los grupos parlamentarios
acordaron el pasado 19 de marzo en una reunión convocada por la
vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con vistas a explorar un
pacto de Estado contra la corrupción.
Según han informado fuentes parlamentarias, la Mesa
y los portavoces de la Comisión Constitucional han acordado este jueves
tanto los nombres de las personas que citará el Congreso como el
calendario de las tres jornadas en las que podrán ser interrogados por
los miembros de la este órgano.
En total, de los 27 nombres que pusieron sobre la mesa entre PP,
PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y CiU, sólo una docena han pasado la
criba. Así, expondrán su visión sobre estos temas cinco auspiciados por
los 'populares', cuatro planteados por los socialistas, dos propuestos
por Izquierda Plural y uno sugerido por CiU.
Fuera de la lista de comparecientes ha quedado el único que plantó
UPyD, que quería citar al exdiputado 'popular' Jorge Trías Sagnier, que
reconoció públicamente ante el juez Pablo Ruz, instructor del 'caso
Bárcenas' la existencia de sobresueldos en el partido. El PP se ha
opuesto, con el aval del resto de la oposición, alegando que los grupos
habían acordado no recabar la opinión de ninguna persona que haya estado
relacionada con asuntos que están en los tribunales, como es el caso de
Trías Sagnier.
Aunque PSOE e Izquierda Plural sí incluyeron algunas mujeres en
sus respectivas listas, al final todos los elegidos para ilustrar a sus
señorías han sido hombres.
Los encargados de abrir las comparecencias, 23 de abril por la
tarde, serán el director del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, y el presidente del Tribunal de
Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ambos a propuesta del PP, y que ya
comparecieron el año pasado ante el mismo órgano durante la tramitación
de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
En esta primera sesión de comparecientes de corte institucional se
ha incluido también al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.
El PSOE había solicitado la presencia de algún miembro de la Fiscalía
Anticorrupción que dirige Antonio Salinas, pero sin proponer ningún
nombre concreto, y al final ha accedido a que sea Torres Dulce.
Fuentes socialistas han explicado que su intención
era que algún miembro de Anticorrupción expusiera a la comisión aspectos
técnicos sobre las investigaciones de esta Fiscalía especial, sobre
todo en lo relativo a su coordinación con otros órganos, como la
inspección de Hacienda y de Trabajo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, o a sus relaciones con otros países en el marco de los
tratados internacionales que tiene firmados España.
La segunda tanda de comparecencias se ha programado para el 24 de
abril. Por la mañana desfilarán dos catedráticos de Derecho
Administrativo: Andrés Betancor, a instancias del PP, y Marcos Vaquer,
propuesto por el PSOE, mientras que la tarde se ha reservado para los
expertos en Derecho Penal: Javier Gómez Lanz, invitado por el PP y
Jacobo Dopico, dentro del cupo del PSOE.
La tercera sesión expertos tendrá lugar la semana siguiente, el 28
de abril, con los constitucionalistas Eloy García López (PP) y Miguel
Presno (Izquierda Plural); el director del Instituto de Investigación de
Mercados y Opinión Pública (CIMOP) Fernando Conde (PSOE), el abogado
Rafael Ortiz Cervelló (CIU), responsable del Departamento Laboral de
Barcelona de J&A Garrigues y Miguel Ongil, analista económico
experto en financiación de partidos y miembro del colectivo Cuentas
Claras, propuesto por IU-ICV-CHA.
Una vez que hayan comparecido todos los expertos, los partidos se
centrarán de lleno en la precampaña y la campaña para las europeas por
lo que no retomarán hasta junio los trabajos sobre las medidas a pactar.
Así, será después de los comicios cuando vuelvan a reunirse para tratar
de sellar los eventuales acuerdos que habrán de tramitarse como
iniciativas legislativas en el último trimestre del año.
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