MADRID.- Una radiografía de la corrupción en España revela que hay casi 1.700
causas abiertas en sus diferentes órganos judiciales, más de 500
imputados en estos procedimientos y sólo una veintena cumpliendo condena
en alguna de las cárceles del territorio nacional.
Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la
administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes
han sido miembros del Gobierno --como los exministros Manuel Chaves y
Magdalena Álvarez, relacionados con el caso de los ERE fraudulentos de
Andalucía--, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y
responsables municipales.
El pasado año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró
en 1.661 las causas abiertas en los diferentes órganos judiciales
españoles por delitos relacionados con la corrupción. Éstas afectan a
tipos penales como la prevaricación, revelación de secretos, cohecho,
tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a
funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude,
estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y
contra el medio ambiente.
Pese a este abultado número de procesos, la cifra de personas que
actualmente están en prisión cumpliendo condena es muy reducida,
sobretodo debido a la dilatación de los procesos judiciales, que en
muchos casos son muy amplios y su investigación abarca un amplio periodo
de tiempo.
Por ejemplo, en el caso Gürtel sólo el extesorero del PP Luis
Bárcenas está actualmente en prisión. El resto de imputados, más de 150,
están aún a la espera de que finalice la fase de instrucción de la
causa que investiga el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. En la
cárcel está también el expresidente CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el
desmantelamiento de Marsans para evitar el pago a sus acreedores, aunque
está pendiente de ser juzgado por más causas en distintos tribunales.
Por comunidades, Baleares es autonomía en la que más políticos
están en prisión por alguna causa relacionada con la corrupción. Por
diferentes casos, están en prisión el exconseller Josep Juan Cardona, el
exdirector general Kurt Viaene, el exgerente del Consorcio Antònia
Ordinas y el exconcejal 'popular' en Lloseta Felipe Ferré. También han
acabado en prisión el exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo (PP) y el
exgerente de la empresa pública Bitel Damià Vidal, condenado a cinco
años por una trama de desvío de fondos.
De la misma manera, están también en la cárcel varios de los que
fueron responsables del extinto partido Unió Mallorquina, empezando por
la que fuera presidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca,
María Antònia Munar, condenada en firme a un total de once años y medio
por diferentes casos. También de Unió Mallorquina están en la cárcel
por condenas firmes el exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel
Nadal, los exconsellers Bartomeu Vicens y Francesc Buils y el exjefe del
Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico Antoni
Rebassa.
No es el caso del expresidente Jaume Matas, condenado a nueve
meses de prisión por tráfico de influencias en el primero de los casos
por los que ha sido juzgado y que está pendiente de que el Gobierno
resuelva su petición de indulto antes de entrar en prisión.
Caso aparte es el del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Palma Javier Rodrigo de Santos, que entró en prisión en 2009 por
malversar fondos en clubes de alterne masculinos y abusar de menores.
Desde marzo se encuentra en un Centro de Inserción Social. También en
febrero de este año entró en prisión el expresidente de Agrupación
Social Independiente (ASI) Joaquín Rabasco por desviar más de un millón
de euros del Ayuntamiento mallorquín de Llucmajor a cuatro empresas
ligadas a él.
En pleno escándalo tras salir a la luz un presunto fraude en
Andalucía con los fondos para cursos de formación, otro de los procesos
con más repercusión pública durante los últimos meses ha sido el de los
ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas 144 personas pero
sólo el exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual continúa en prisión. Se
da la circunstancia de que Pascual solicitó este miércoles su libertad,
aunque la juez Alaya aún no se ha pronunciado.
Entre los implicados en este caso, la juez Alaya ha remitido a las
Cortes Generales a través del Tribunal Supremo la "preimputación" de
los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y del
exconsejero José Antonio Viera. Además, está imputada la exministra y
exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, a quien la juez ha pedido una
fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros.
También cumplen condena el exalcalde de Marbella Julián Muñoz,
condenado a siete años en el caso en el que fue juzgado junto a sus
exparejas Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, quienes sin embargo no han
ingresado en prisión. También está en la cárcel el exasesor de Marbella
Juan Antonio Roca, principal acusado del caso 'Malaya' y también juzgado
por 'Saqueo I' y el 'caso Minutas'.
Por este último proceso está también en la cárcel el letrado y
expresidente del Sevilla José María del Nido cumpliendo una pena de
siete años por irregularidades en los encargos que le hizo el
Ayuntamiento de Marbella.
En Cataluña, este mismo año ha ingresado el exinspector jefe de
Hacienda, Josep Maria Huguet, --condenado a seis años y diez meses por
su implicación en el 'caso Hacienda'-- y también los expresidentes de
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) Antoni Herce y Enric Roig,
condenados a cuatro años y medio por malversación, aunque éste sólo va a
la prisión a dormir. Además, la Audiencia de Barcelona ha ordenado esta
semana la inmediata entrada en prisión del empresario andorrano Fidel
Pallerols y del excargo de UDC Vicenç Gavaldà, condenados por una
financiación irregular.
Además, están imputados en casos de presunta corrupción en
diferentes fases de investigación el diputado de CiU Oriol Pujol; el
presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU); el
exalcalde de Sabadell Manuel Bustos; el diputado de CiU Xavier Crespo,
el exvicepresidente del Gobierno central y expresidente de Caixa
Catalunya, Narcís Serra (PSOE); el expresidente del Palau de la Música
Fèlix Millet.
Un caso particular es el de la Comunidad Valenciana, donde hay
múltiples escándalos de corrupción abiertos pero ningún político está en
prisión. En las Cortes Valencianas, hasta cinco diputados del PP están
imputados, cuatro de ellos por el 'caso Gürtel', y la quinta, la
alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por el 'caso Brugal'. Pero también
están imputados hasta cinco exdiputados 'populares' que renunciaron al
escaño.
Tampoco en Galicia hay ningún político en prisión, aunque sí son
varios los que entraron en prisión preventiva y ahora están en libertad
bajo fianza. Es el caso de numerosos implicados en el caso Pokémon, que
afecta a políticos de PSOE y PP de varias provincias gallegas, como el
ex alcalde de Orense Francisco Rodríguez o el de Boqueixón (La Coruña),
el 'popular' Adolfo Gacio.
En Canarias, pese a la decena de regidores imputados en diferentes
casos judiciales, sólo cumple condena el fundador del Partido
Independiente de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, ya en tercer grado por
condena de ocho años de cárcel por malversación de caudales públicos por la
gestión del Complejo Agroindustrial de Teguise durante su época como
alcalde de este municipio lanzaroteño.
Murcia también cuenta con varios municipios afectados por casos de
corrupción, pero únicamente el exalcalde de Totana está en prisión,
aunque en la actualidad disfruta del tercer grado y sólo duerme en la
cárcel.
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