MADRID.- El Gobierno ha asegurado que, aunque la
Constitución admite que, conforme a las leyes, mediante la
correspondiente indemnización y siempre que existan causas justificadas
de utilidad pública, se podría expropiar la antigua Mezquita y Catedral
de Córdoba, existen "numerosas razones" que "impiden" hacerlo, entre
ellas, la "falta de recursos" y la actual situación de crisis económica.
"Sería difícil de explicar a los ciudadanos andaluces y al
conjunto de la sociedad que en la actual situación de crisis,
especialmente grave en esa comunidad, las administraciones públicas
destinaran una ingente cantidad de dinero, que habría que sustraer de
otras partidas más necesarias, a expropiar la Catedral de Córdoba",
precisa el Gobierno en una respuesta parlamentaria por escrito al grupo
Izquierda Plural.
Otra razón, según apunta, sería que no se da ninguna de las
circunstancias previstas en la Ley de Patrimonio Histórico Artístico que
justifiquen ese fin social necesario para que se pudiera expropiar.
Además, precisa que, si se expropiara, el coste anual de su
mantenimiento y los gastos extraordinarios de conservación también
deberían ser asumidos por el Estado, todo ello, sin que se modificara el
régimen de acceso a dicho monumento.
En el Consejo de Ministros del pasado viernes, se aprobó el
proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria en el que se elimina el
actual sistema especial de inmatriculación de bienes de la Iglesia
Católica. Con la futura normativa se homogeneizan los requisitos, de
forma que esta institución pasará a equipararse al resto de la sociedad y
las inscripciones de su propiedad se trasladarán al procedimiento
normal de inmatriculación.
Según explica el Ejecutivo, el actual sistema, "fruto de unas
circunstancias históricas y legislativas muy determinadas, ha dejado de
tener sentido en la actualidad". En la memoria del proyecto, explicaba
que esta autorización se otorgó en un contexto socioeconómico "muy
diferente" del actual, influenciado aún por los efectos de las leyes
desamortizadoras.
Además, el Gobierno justifica la desaparición de este tratamiento
especial indicando que ha transcurrido "un tiempo suficiente" desde la
reforma del reglamento hipotecario de 1998, que ya permitió la
inscripción de los templos al culto católico, proscrita hasta entonces. A
esto se suma, según apunta el Ejecutivo, la "facilidad y normalidad
actual en la obtención de una titulación adecuada para la
inmatriculación de bienes".
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