Las dinastías pasan. Los pueblos permanecen. La dignidad de las personas reside en su autonomía y su derecho a decidir como individuos y como pueblos. El derecho a decidir es la base moral de la civilización en libertad.
Lo más importante que las personas deben decidir es su orden de convivencia y su forma de gobierno.
Nadie
puede arrogarse el derecho a decidir por la mayoría si no es por
determinación expresa de esta. El derecho a decidir individual y
colectivamente es originario y se actualiza cuando circunstancias
extraordinarias lo exigen. La única forma de averiguar la voluntad de
la mayoría es consultándola en un referéndum sobre la forma de gobierno
y/o sobre la organización territorial del Estado.
Este
Parlamento fue elegido para asuntos ordinarios y sostener que la
sucesión es uno de ellos cuando es fuerza aprobar una ley orgánica
por vía de urgencia, quebrantar normas de procedimiento y modificar de
hecho la Constitución es un evidente abuso. De tratarse como asunto
ordinario, la sucesión será legal pero no legítima y la monarquía,
último legado de la Dictadura, seguirá siendo ilegítima. El relevo es la
oportunidad de reconsiderar o validar la decisión que se tomó en el
pasado en otro momento de excepcionalidad. No hay razón para aceptar sin
más una forma de gobierno impuesta por circunstancias que ya no están
vigentes.
Desde
el momento en que la democracia es la igualdad de todos ante la ley, el
concepto mismo de “monarquía democrática” es una contradicción en los
términos. Cuando las personas son libres, nadie es más ni menos que
nadie.
Esta
monarquía hereditaria, basada en un principio sucesorio patriarcal, es
una afrenta al sentido de la libertad, la igualdad y la dignidad de la
conciencia contemporánea.
La República, en cambio, es la negación de todo privilegio y la garante de la igualdad ante la ley.
(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED
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