MADRID.- La Audiencia Nacional ha absuelto a los 19 acusados de un delito contra las instituciones del Estado por el asedio al Parlament catalán en 2011 al
entender que la protesta estaba amparada por el derecho de
manifestación y dirigida a dar voz a "los desfavorecidos por las
políticas denominadas de austeridad".
La sección primera de la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en
una sentencia que solo condena a uno de ellos a cuatro días de
localización por una falta de daños, por pintar la espalda a la diputada
Montserrat Tura.
La sentencia cuenta con el voto particular
discrepante del presidente, Fernando Grande-Marlaska, que proponía
sentenciar a diez de los acusados por el delito contra las instituciones
del Estado.
Los fiscales pedían cinco años y seis meses de prisión para los 19 acusados por
los incidentes registrados durante una concentración contra los
recortes sociales convocada por el movimiento 15M ante el Parlament, que
derivó en situaciones de asedio a parlamentarios, entre ellos los
presidentes de la Generalitat, Artur Mas, y de la Cámara, Núria de
Gispert.
Los magistrados Manuela Fernández Prado y Ramón Sáez
Valcárcel (ponente) consideran que "la libertad de expresión y el
derecho de reunión y manifestación prevalecen en este caso", ya que
"para muchos sectores sociales la reunión y la manifestación es el único
medio por el que expresar y difundir sus pensamientos y opiniones".
"Cuando
los cauces de expresión y acceso al espacio público -indican- se
encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando
sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o
para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir
cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o
manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica".
En
este caso en concreto, afirman, "se dan todos los elementos
mencionados: la convocatoria estaba destinada a hacer coincidir
voluntades individuales para expresar una subjetividad colectiva,
coincidiendo con la sesión del órgano legislativo de la comunidad
autónoma en la que habían de decidir el contenido y el destino de las
cuentas públicas".
"La finalidad era divulgar mensajes de protesta
en relación a las decisiones legislativas", inciden los magistrados, y
para ello se trataba de ocupar los alrededores del Parlament "para
dirigir a los diputados, a los medios de comunicación y a la sociedad el
rechazo de tales medidas de recorte del gasto social en detrimento de
los servicios públicos y de la efectividad de los derechos sociales".
Para los magistrados, que también consideran que no hay pruebas suficientes de su participación en los hechos, la protesta suponía la defensa de la Constitución y
los participantes "no trataban de cambiar el marco de relaciones
jurídico-políticas, sino plantear que se estaba operando un vaciamiento
de los derechos fundamentales".
La sentencia señala también que la
protesta, que forzó a los diputados autonómicos a entrar en la Cámara
en furgones policiales e incluso en helicóptero (como fue el caso de Mas
y otros 29), hubiera requerido que se estableciera un perímetro para
hacer compatible la acción de los piquetes y de los manifestantes.
Los
participantes, indica, "buscaban confrontarse físicamente y dialogar
con los representantes parlamentarios, trasladándoles el malestar y las
consecuencias de los presupuestos que se iban a votar".
"De esta
manera, se hubiera delimitado la acción colectiva, sus contenidos y,
sobre todo, el espacio físico y simbólico de la confrontación", añade el
escrito.
El tribunal entiende que la confrontación se produjo debido al cierre de todos los accesos al Parlament salvo la entrada del Parc de la Ciutadella,
"donde confluyeron los piquetes, provocando no solo la contaminación
física entre unos y otros, sino la necesidad de los parlamentarios de
abrirse camino".
La concentración, convocada con el lema "Paremos
el Parlament", no había sido comunicada, y finalmente el pleno de la
Cámara comenzó a debatir las cuentas de la Comunidad con retraso con
aproximadamente la mitad de parlamentarios.
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