MADRID.- El fiscal ha pedido 30 años de inhabilitación para
el juez Elpidio José Silva al considerar que "no puede ser juez" al haber
cometido "uno de los delitos más graves que puede cometer" un
magistrado, el de "imponer su voluntad sobre la ley" al encarcelar dos
veces a Miguel Blesa por una causa que "solo existía en su mente".
Así lo ha expuesto el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, en el
juicio contra Silva por un delito de prevaricación, dos contra la
libertad individual y uno de retardo malicioso en la Administración de
Justicia presuntamente cometidos durante su investigación al
expresidente de Caja Madrid.
"Con el juez Silva, la Justicia va a estar desahuciada y por eso no
puede ser juez", ha ironizado el fiscal con el título del libro del
acusado.
Ha resaltado que aquí "no se está enjuiciando a Blesa, ni a Díaz
Ferrán, ni al Ministerio Fiscal ni a sus representantes ni a los
funcionarios del Juzgado", sino a Silva "por uno de los delitos más
graves que puede cometer un juez, que es la de prevaricar e imponer su
voluntad sobre la ley de forma sistemática".
También por "retrasar de forma intencionada" la tramitación de los
recursos del abogado del exbanquero y por haberle encarcelado "violando
todos los requisitos legales no una, sino dos veces".
Así, hizo un repaso por las distintas resoluciones que dictó
durante la instrucción del "caso Blesa" que demuestran que "ha abusado
judicialmente de su función", empezando por reabrir el caso más de dos
años después de haberlo archivado sin que hubiera aparecido ningún
elemento nuevo.
Lo hizo el 7 de junio de 2012 al tener conocimiento de que un
compañero de Plaza de Castilla había recibido una querella contra
Bankia, sin saber si tenía relación con el crédito de 26,6 millones al
Grupo Marsans de Gerardo Díaz Ferrán.
"Sólo la voluntad del juez es la que le impulsó a reabrir este procedimiento", ha enfatizado el fiscal.
Un procedimiento que existía solo "en la mente del acusado", que se
basó en elementos "totalmente extrajurídicos" como la "alarma social"
para reabrirlo y convertir la concesión de un crédito en una causa
general y prospectiva prohibida por la ley al tratar de investigar toda
la gestión de Miguel Blesa.
En este sentido, ha explicado que desde noviembre de 2012 venía
siendo avisado por el fiscal del caso de que su proceder podía dar al
traste con él, como así ocurrió en junio siguiente cuando la Audiencia
Provincial de Madrid lo anuló.
Si fue "prevaricador" reabrir, también lo fueron las dos veces que
encarceló al exbanquero, cuando no se habían abierto aún las diligencias
de la adquisición del CNB, por la que le encarceló, ni tampoco estaba
personada como acusación Manos Limpias, que lo pidió.
La primera vez fue el 16 de mayo de 2013, cuando le envía a Soto del
Real sin aguardar a que el Decanato de Plaza de Castilla le diera un
nuevo número de diligencias para la causa del CNB.
"Podía haber esperado", pero "tenía prisa", ha señalado Moix.
En la segunda, el 5 de junio, había decretado el secreto sobre la
causa, lo que no impidió que volviera a encarcelarle a instancias de
Manos Limpias y sin haber devuelto aún la fianza de 2,5 millones que
abonó Blesa apenas veinte días antes.
"Se mire como se mire son prevaricadoras" estas decisiones, habría sentenciado Moix.
Por su parte, el abogado de Blesa, Carlos Aguilar, que pide 40 años
de inhabilitación, habría cuestionado la "arbitrariedad" con la que actuó el
juez excedente, dictando resoluciones que "nada tienen que ver con el
derecho", basándose en "argumentaciones vacías y artificiosas" para
"imponer su voluntad sobre la ley, con el preciso objetivo de perjudicar a
Blesa".
"Este señor no está en condiciones morales de seguir siendo juez:
quien atropella la libertad de una persona de esta manera está
cometiendo un delito", habría aseverado el letrado, que ha añadido que "toda
su carrera ha sido un cúmulo de escándalos" y que con este caso ha
tratado de "hacerse con un nombre y un prestigio", lograr "réditos
electorales" y "solventar sus expedientes en el CGPJ".
Por último, la defensa de Díaz Ferrán, que reclama 24 años de
inhabilitación y 50.000 euros de indemnización, ha coincidido en
argumentar que una "figura que concentra tanto poder como un juez
instructor no puede tomar decisiones según su capricho y conforme a su
criterio personal, de manera arbitraria".
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